María Guadalupe Salazar Sánchez

Expediente 1491/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1491/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
26/12/2022

Partes del expediente

  • María Guadalupe Salazar Sánchez
  • Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tabasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA 9-- VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista, tomando en consideración que en el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, en el que se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado. Por otra parte, de la certificación que antecede, se advierte que en esta misma fecha se archiva físicamente como asunto totalmente concluido el presente juicio de amparo. De igual forma, que en términos del párrafo segundo, del artículo 25 del acuerdo general del pleno del consejo de la judicatura federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa, se encuentra digitalizado y la versión electrónica coincide en su totalidad con la impresa. Notifíquese.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación secretarial, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que María Guadalupe Salazar Sánchez, hubiera recurrido la sentencia dictada el trece de octubre de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1491/2022-9, promovido por **********, contra los actos que reclama del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tabasco, por estimarlos violatorios del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por oficio 504-PI recibido el siete de septiembre de dos mil veintidós, por la Oficina de Correspondencia Común en la misma data y turnado a este órgano jurisdiccional en el ocho siguiente, la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito remitió el testimonio de la ejecutoria del impedimento civil 32/2022, de su registro, dictado en la sesión de plano de uno de septiembre de dos mil veintidós; así como el original del juicio de amparo 1118/2022-IV del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. Constancias de las cuales se advierte que el citado colegiado federal, calificó legal el impedimento planteado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco para conocer del citado juicio de amparo indirecto, por lo que por orden de turno tocó conocer a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en el cual María Guadalupe Salazar Sánchez presentó demanda el once de julio de dos mil veintidós, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado por la Oficina de Correspondencia Común, en la cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del actos y la autoridad que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS "a) La omisión de la autoridad responsable en pronunciarse respecto del escrito presentado desde el 18 de abril de 2022, a través del cual desahogamos la vista otorgada por auto de fecha 06 de abril de 2022, dictado en el Incidente sobre Medidas Cautelares derivado del juicio oral mercantil 116/2022, situación que ocasiona una abierta dilación procesal en mi perjuicio." (sic) "b) La omisión de la autoridad responsable en pronunciarse respecto del desahogo de la vista otorgada a la contestación de demanda, por escrito presentado desde el 21 de abril de 2022, situación que ocasiona una abierta dilación procesal en mi perjuicio, al no citar a las partes al desahogo de la audiencia preliminar dentro del plazo de 10 días hábiles establecido en el artículo 1390 Bis 20 de Código de Comercio, en autos del juicio oral mercantil 116/2022." (sic) AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El nueve de septiembre de dos mil veintidós, se radicó y admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 1491/2022-9; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación adscrito; dada la naturaleza negativa de reclamo, no se reconoció carácter de tercero interesado a persona alguna; no se ordenó el trámite del incidente de suspensión, por no así haberlo solicitado la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión del Juzgado responsable de acordar los escritos presentados el veintiuno de abril de dos mil veintidós en el juicio oral mercantil 116/2022 y el dieciocho de abril de dos mil veintidós en incidente sobre medida cautelar relativo al mismo procedimiento. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado precisado en el considerando precedente, dado que así lo manifestó la Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tabasco, al rendir el informe con justificación. [Foja 53] Afirmación que guarda sustento con la copia certificada de los autos de seis de octubre de dos mil veintidós, dictados en el expediente 116/2022 y en el incidente sobre medida cautelar relativo, ya que fue en tales proveídos que proveyó los escritos presentados por la quejosa el veintiuno y el dieciocho de abril de dos mil veintidós, además de fijó fecha para la audiencia preliminar en el expediente principal y para la emitir la resolución del incidente; cuyo retraso constituye la fuente del reclamo en la presente controversial constitucional. Documental a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su arábigo 2°. Resulta aplicable el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En ese tenor, se colige que la existencia de los actos reclamados por la parte quejosa, se encuentran plenamente probados. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, este juzgador estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, de las documentales remitidas por la Sala responsable, al rendir su informe justificado, se desprende que mediante auto de seis de octubre del año en curso, dictado el juicio oral mercantil 116/2022, proveyó lo relativo al escrito presentado por la parte actora el veintiuno de abril dos mil veintidós, por el cual la tuvo desahogando la vista otorgada en el diverso acuerdo de once de abril anterior en relación a la contestación de demanda, además señaló las diez horas con treinta minutos del trece de febrero de dos mil veintitrés para que tenga verificativo la audiencia preliminar. Por otro lado, del acuerdo de seis de octubre presente, emitido en el incidente incidente sobre medida cautelar relativo al expediente 116/2022, se advierte que se proveyó el escrito presentado por la parte actora -aquí quejosa-, el dieciocho de abril de dos mil veintidós, respecto del cual se le tuvo desahogando la vista de contestación al incidente, por lo que se fijaron las catorce horas del diecisiete de octubre de dos mil veintidós para dictar la resolución correspondiente a esa vía incidental. En mérito de lo anterior, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, el once de julio de dos mil veintidós, indudablemente existía la conducta incoada a la autoridad responsable ya que no había proveído los escritos presentado por el quejoso el dieciocho y veintiuno de abril de dos mil veintidós, ni tampoco había señalado fecha y hora para la audiencia preliminar ni para el dictado de la resolución incidental dentro del procedimiento mercantil natural; sin embargo, en la fecha en que esta juzgadora resuelve este sumario constitucional, los efectos de dicho acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado. Como se anticipó, se surte la causal de improcedencia a la que alude la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y sujeto a escrutinio en este considerando. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." En las relatadas circunstancias, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITEENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), si bien la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Es ilustrativa la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, libro 4, marzo de dos mil catorce, tomo I, materia constitucional, correspondiente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de nueve de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las parte quejosa que, en término del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, no se hará la publicación de su nombre, ni de sus datos personales, por tanto, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *********, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto: agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio recibido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), signado criptográficamente por la Jueza de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante, las constancias digitalizadas que anexó del Incidente de Medida Cautelar 116/2022-II y del Juicio Oral Mercantil 116/2022-II, de las que se hará relación al celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese.

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