María Guadalupe Romero Ayometxi
Expediente 1130/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1130/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 28/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- María Guadalupe Romero Ayometxi
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Acusa recibo. Agréguese el oficio signado por la Actuaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, por medio del cual acusa recibo, de la copia certificada de las constancias que obran en el Juicio Ejecutivo Mercantil 152/2014-A, del índice de la autoridad oficiante; de lo que éste órgano de amparo toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintitrés de marzo de d so mil veintiuno (fojas 138 a 147), en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Incidente de suspensión. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue concedida la medida provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción l, inciso a), del mismo Acuerdo; por tanto, es susceptible de depuración. En consecuencia, una vez transcurrido el plazo de conservación precisado en el penúltimo párrafo del artículo 18 del citado acuerdo (tres años), dentro de los noventa días siguientes a que se haya cumplido el término en comento deberá depurarse el citado incidente; por lo que se conservará la resolución relativa al otorgamiento de la medida cautelar. Duplicado del Incidente de suspensión En diverso aspecto, como lo dispone el numeral 20, fracción II, inciso a), de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. De igual forma, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documentos originales. Asimismo, tomando en consideración que la parte quejosa adjuntó documentos originales a su demanda de amparo, mismos que obran en la secretaría de este juzgado; con fundamento en el segundo párrafo del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte; requiérasele para que dentro del término de noventa días hábiles comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, los referidos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Se ordena devolución de documental. Por otra parte, se ordena devolver al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 152/2014-B, de su índice (obra por separado en tomo de pruebas), mismas que fueron allegadas como apoyo a su informe justificado, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
RELACIÓN DE CONSTANCIAS Enseguida, en cumplimiento a lo ordenado por el Juez, el Secretario con quien actúa hace relación de las constancias de autos y da cuenta con lo siguiente: La demanda de amparo y anexos (fojas 2 a 19); La diligencia de vinculación al procedimiento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado (fojas 26); Las constancias de emplazamiento de los terceros interesados: Fernando Suarez Quintanilla, en carácter de apoderado legal de "Sistema de Crédito Automotriz, Sociedad Anónima de Capital Variable", ubicado en calle Primero de Mayo, número ocho, interior ocho altos, colonia Centro, Tlaxcala (fojas 35 y 36); y, José Luis González Bello (fojas 116 a 117). Los informes con justificación que rindieron las autoridades responsables siguientes: Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala (fojas 29); y, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala (fojas 30). Con el auto de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 31 a 33), por el cual se dio vista a la parte quejosa para que en el plazo de quince días manifestara si era su deseo ampliar o no su demanda de amparo, atento a los contenidos de los informes con justificación que rindieron las autoridades responsables; lo cual no aconteció, por lo que en diverso auto de veintiocho de enero de dos mil veinte (fojas 50 y 51), se hizo efectivo el apercibimiento y se ordenó continuar el procedimiento respecto de los actos reclamados y autoridades responsables inicialmente señaladas; Proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada Irma Rivera Romero, a través de edictos a costa del quejoso, por lo que se dejaron a su disposición los mismos en la secretaría de este juzgado para que en el plazo de veinte días legalmente computados acreditara recogerlos y entregarlos para su publicación (fojas 118 a 121); y, Con el auto de ocho de febrero de dos mil veintiuno, por el que se reanudó el procedimiento en el presente juicio de amparo, luego de la suspensión de labores de los Juzgados y Tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación, por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 (fojas 123 a 124). Finalmente, se hace constar que el término de veinte días concedido a la quejosa María Guadalupe Romano Ayometzi en proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte (fojas 118 a 121), para que acreditara haber recogido los edictos para emplazar a la tercera interesada Irma Rivera Romero, y entregarlos para su publicación, ha transcurrido como a continuación se representa: Parte Notificación Surte efectos Inicia y concluye término Días inhábiles en términos del artículo19 de la Ley de Amparo Quejoso 30 de noviembre de 2020 (foja 122) 1 de diciembre de 2020 Del 2 al 18 de diciembre de 2020 (trece días), y del 12 al 22 de febrero de 2021 (siete días) 19, 20 de diciembre, así como del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021 en términos de la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Secretario de la Comisión de Receso y Especial; del 19 al 25 de enero de 2021, en términos de la circular SECNO 4/2021; del 26 al 31 de enero de 2021 con base en la circular SECNO/6/2021; 1 de febrero en términos del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo; y 13, 14, 20 y 21 de febrero. Todo lo anterior obra en autos. En diverso aspecto, el secretario CERTIFICA: 1.- Que no existen promociones pendientes por acordar recibidas hasta la fecha y hora señaladas para el desahogo de la presente audiencia , tanto de la Oficialía de Partes Común como de la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito. 2.- El presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado, es decir, todas las partes están debidamente emplazadas y las constancias que remitieron las autoridades responsables se encuentran completas, en orden cronológico, certificadas, selladas y foliadas. Doy fe. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de las constancias de autos. Ahora bien, en atención a la certificación de cuenta, se advierte que no fue posible efectuar el emplazamiento de la tercera interesada Irma Rivera Romero, toda vez que previas las investigaciones para localizar su domicilio sin resultados positivos, se ordenó su emplazamiento por edictos, a costa de la parte quejosa María Guadalupe Romano Ayometzi, sin que haya comparecido ante este tribunal a recogerlos para su publicación dentro del término de veinte días a que se refiere el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, no obstante el apercibimiento que se le hizo en el sentido que, de no hacerlo, se podría decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías; por tanto hágase efectivo en la presente sentencia el apercibimiento decretado. Con lo anterior se cierra dicha etapa y se abre el período de pruebas. PERÍODO PROBATORIO En este periodo, el Secretario da cuenta con las documentales ofertadas por la parte quejosa (foja 8 a 19), así como la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana que también ofreció. Las documentales allegadas por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, relativas a las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 152/2014-B, de su índice (tomo de pruebas que obra por separado). El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas de referencia, dada su propia y especial naturaleza; sin más pruebas por recibir, se cierra el período de pruebas. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la etapa de alegatos, en la que el Secretario da cuenta con los que formuló el tercero interesado Fernando Suarez Quintanilla, en carácter de apoderado legal de "Sistema de Crédito Automotriz, Sociedad Anónima de Capital Variable", ubicado en calle Primero de Mayo, número ocho, interior ocho altos, colonia Centro, Tlaxcala (foja 47 a 49, 107 a 108 y 133). El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones formuladas y al no existir más alegatos por relacionar, se cierra la fase respectiva. CONCLUSIÓN DEL ACTA Al no existir promoción pendiente de acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, se da por concluida la presente audiencia, quedando el asunto en estado de dictar la sentencia que en derecho corresponda. S E N T E N C I A V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 1130/2019; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. María Guadalupe Romano Ayometzi, por su propio derecho, por escrito presentado el seis de diciembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito residentes en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, promovió demanda de amparo contra las autoridades y actos reclamados siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES A) ORDENADORA 1.- JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO DEL ESTADO DE TLAXCALA. B).- EJECUTORAS: 2.- ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DEL ESTADO DE TLAXCALA. [.].". (sic) ACTO RECLAMADO: "IV.- ACTOS RECLAMADOS PRIMERO: El requerimiento de la entrega de la posesión del bien inmueble de fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. SEGUNDO: La aplicación de las medidas de apremio respecto a la falta de entrega del bien de fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. TERCERO: Violación al principio de legalidad Establecido en el artículo 16 Constitucional. CUARTO: El principio de certidumbre, expresa que el impuesto que cada individuo está obligado a pagar, "debe ser cierto y no arbitrario, pero no solo respecto a la cantidad sino también al tiempo de pago, la forma de pago y la cantidad a pagar; todo esto debe ser claro y preciso.". (sic) SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La promovente del amparo manifestó que se violan en su perjuicio los derechos humanos protegidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relató los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de nueve de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 20 a 23), se admitió a trámite la demanda, la que se registró bajo el expediente 1130/2019, se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó dar la legal intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, así como efectuar el emplazamiento de los terceros interesados, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Ampliación de demanda. Mediante auto de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 31 a 33), se dio vista a la parte quejosa para que en el plazo de quince días manifestara si era su deseo ampliar o no su demanda de amparo, atento a los contenidos de los informes con justificación que rindieron las autoridades responsables; lo cual no aconteció, por lo que en diverso auto de veintiocho de enero de dos mil veinte (fojas 50 y 51), se hizo efectivo el apercibimiento y se ordenó continuar el procedimiento respecto de los actos reclamados y autoridades responsables inicialmente señaladas. QUINTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede (previo diferimiento). C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Presupuestos procesales (competencia, procedencia y vía). Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala tiene competencia constitucional para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La competencia por materia de este órgano de control constitucional tiene su fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de tratarse de un Juzgado de Distrito mixto, es decir, no tiene jurisdicción especial para conocer en específico de algunos de los asuntos a que se refieren los artículos 50 al 55 de la misma ley. La competencia por territorio tiene su fundamento en los artículos 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados deben tener ejecución dentro de esta entidad federativa, en donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Vía y procedencia. La vía y la procedencia del presente juicio de amparo indirecto tienen su fundamento en los artículos 2º y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa se ostenta con el carácter de tercero extraño aun Juicio Ejecutivo Mercantil. Lo anterior, sin perjuicio de las causas de sobreseimiento o improcedencia que, en su caso, se puedan actualizar, lo cual se analizará más adelante en el considerando respectivo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial, así como a las constancias integrantes del juicio natural -remitidas en fotocopia certificada por la autoridad responsable, las que constituyen documento público por estar certificadas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, al que se le da valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo-, se concluye que la parte quejosa reclama: El requerimiento realizado en autos del juicio ejecutivo mercantil 152/2014-B, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, relativo a la entrega de la posesión respecto del bien inmueble identificado como la quinta fracción de una fracción del terreno ubicado en el pueblo de San Bartolomé Cuahuixmatlac, municipio de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala. Señalado el acto reclamado, por cuestión de técnica, se analizará la certeza o inexistencia del mismo, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, en la tesis aislada de título: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez y Actuaria Judicial, ambos adscritos al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, al rendir su informe justificado respecto a los actos reclamados precisados en la demanda (fojas 29 y 30), aceptaron la existencia de los mismos, por lo que se tienen por ciertos. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Certeza que se corrobora con las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 152/2014-B, de su índice; a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en su numeral 2°, párrafo segundo. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. Causales de sobreseimiento del juicio de amparo. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o que este juzgador lo advierta de oficio, debe realizarse el pronunciamiento correspondiente previo al estudio de fondo del acto reclamado; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de La Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En ese sentido, establecida la existencia del acto reclamado, el suscrito estima que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II, del artículo 63, en relación con los numerales 5, fracción III, inciso b), 26, fracción I, inciso b) y 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó; [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [...] III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: [.] b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; [.]" "Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: I. En forma personal: [.] b) La primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable; [.]" "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: [.] b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. [.]." Del artículo 27, fracción I, inciso b), trascrito queda patente que: a) El emplazamiento a juicio del tercero interesado se hará mediante notificación personal. b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio. c) Si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. De lo trascrito y señalado, se advierte que la Ley de Amparo establece concretamente la forma en que debe ser emplazado a juicio el o los terceros interesados, lo cual debe hacerse mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si se ignora aquél. Entonces, de la fracción II, del artículo 63, en relación con los numerales 5, fracción III, inciso b), y 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se llega al convencimiento de que la contumacia en que incurre el quejoso al no exhibir la publicación de los edictos ordenada para emplazar a juicio al tercero interesado, impide cumplir con un presupuesto procesal, que se erige con formalidad esencial del procedimiento, que hace que no se pueda pronunciar sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, con lo que se actualiza una causa de sobreseimiento. En efecto, el numeral 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, dispone que si se desconoce el domicilio del tercero interesado, se deben dictar las medidas pertinentes para que se investigue aquél y si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, impone al quejoso la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos al tercero interesado. De lo expuesto claramente se desprende que si el quejoso no acredita sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo, haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de la ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento del juicio de garantías tal y como lo dispone el numeral 63, fracción II, del citado ordenamiento legal (antes trascrito). Lo anterior es así, porque este órgano jurisdiccional realizó las investigaciones necesarias para lograr la localización de Irma Rivera Romero, sin que se hubiesen obtenido resultados favorables; pues al respecto, para lograr su localización se realizó lo siguiente: 1. Por auto de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 31 a 33), derivado de un análisis a las constancias relativas al juicio ejecutivo mercantil 152/2014-B, del índice del juzgado responsable, se requirió a la parte quejosa para que proporcionara el domicilio actual y correcto de la tercera interesada de referencia, en virtud de que no se advirtió domicilio alguno para efectuar la diligencia en comento. 2. Sin embargo, la parte quejosa María Guadalupe Romano Ayometzi, fue omisa en desahogar el requerimiento antes precisado; por lo que, ante la falta de domicilio para emplazar a la tercera interesada de referencia el treinta y uno de enero de dos mil veinte (foja 52), a fin de allegarse de algún domicilio donde pudiera ser emplazada, se giraron oficios a diversas autoridades y dependencias de esta localidad 1) Comisión Federal de Electricidad, 2) Gerente General de Teléfonos de México, 3) Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, 4) Instituto de Catastro, 5) Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 6) Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 7) Comisión Estatal de Agua de Tlaxcala, 8) Instituto Mexicano del Seguro Social, 9) Procuraduría General de Justicia, todos en el Estado de Tlaxcala, a efecto de que comunicaran si en los archivos a su cargo existía algún domicilio en el que pudiera ser emplazada la tercera interesada. 3.- Recibidos dichos informes por todas y cada una de las autoridades señaladas en el párrafo que antecede, el diecinueve de agosto de dos mil veinte (fojas 97 y 98), se ordenó emplazar a la tercera interesada por conducto del Actuario Judicial adscrito en el domicilio ubicado en Avenida Morenos, número dieciocho, Santa María Ixtulco, Tlaxcala, no obstante, mediante razón actuarial de veintiséis de agosto siguiente, manifestó la imposibilidad de efectuar dicha diligencia (foja 99). 4.- Atento a lo anterior, en proveído de dos de septiembre de dos mil veinte (fojas 101 y 102), se ordenó emplazar a la tercera interesada en el diverso domicilio ubicado en calle Progreso Poniente, número treinta y cuatro, Villa Alta, Tepetitla de Lardizabal, Tlaxcala (único domicilio en el que no se había ordenado su emplazamiento); sin embargo, por razón actuarial de dieciséis de octubre de dos mil veinte (foja 113), se tuvo al Actuario Judicial adscrito a esta juzgado asentando los hechos y razones respecto a la imposibilidad de realizar el emplazamiento encomendado. En consecuencia, en virtud de que se agotaron los medios legales con los que contaba este Juzgado de Distrito para localizar el paradero de la referida tercero interesada, y conforme a lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en relación con el 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, el pasado veintisiete de noviembre de dos mil veinte (fojas 118 a 121), se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada Irma Rivera Romero, por medio de edictos a costa del quejoso. Edictos que se dejaron a disposición de la parte quejosa en la Secretaría de este tribunal, quedando obligada a recogerlos dentro del término de veinte días y de acreditar fehacientemente, para la fecha de la audiencia constitucional, que se hicieron las publicaciones mencionadas con la oportunidad suficiente para que la tercero interesada pudiera comparecer al juicio de garantías; bajo apercibimiento que en caso de no efectuar la diligencia necesaria para la publicación de los edictos ordenados, con fundamento en el artículo 63, fracción II, en relación con el 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se decretaría el sobreseimiento del presente juicio de garantías. Determinación que fue notificada a la parte quejosa el treinta de noviembre de dos mil veinte (foja 122), sin que hasta este momento exista constancia de que haya comparecido a este órgano jurisdiccional a recoger los edictos para su publicación. Por tanto, si dicha notificación surtió efectos el uno de diciembre posterior, el plazo a que se alude transcurrió de la siguiente manera: Parte Notificación Surte efectos Inicia y concluye término Días inhábiles en términos del artículo19 de la Ley de Amparo Quejoso 30 de noviembre de 2020 (foja 122) 1 de diciembre de 2020 Del 2 al 18 de diciembre de 2020 (trece días), y del 12 al 22 de febrero de 2021 (siete días) 19, 20 de diciembre, así como del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021 en términos de la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Secretario de la Comisión de Receso y Especial; del 19 al 25 de enero de 2021, en términos de la circular SECNO 4/2021; del 26 al 31 de enero de 2021 con base en la circular SECNO/6/2021; 1 de febrero en términos del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo; y 13, 14, 20 y 21 de febrero. En consecuencia, si no hay constancia de que la parte quejosa haya acudido a recogerlos, ni que acreditó que haya realizado el pago de la publicación correspondiente, procede a decretar el sobreseimiento del presente juicio en términos de la fracción II, del artículo 63, en relación con los numerales 5, fracción III, inciso b), y 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Lo anterior porque, de considerar lo contrario, se contravendría lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues con la no publicación del edicto ordenado queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo cual se entorpecería la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, lo que es de orden público, cuyo interés se encuentra encima del interés particular. Por los motivos apuntados, no se entrará al estudio del fondo de los conceptos de violación, en virtud de la actualización de la causa de sobreseimiento estudiada, razón por la que, nada obliga a efectuar el análisis del fondo del asunto, circunstancia que deriva de una lógica elemental, pues ante ella se ha presentado una razón de mayor peso, como lo es una causa de sobreseimiento, que resulta preferente para su estudio y, al ser fundada, operó como una razón excluyente de todas aquéllas restantes que lo llevarían a efectuar el estudio de la litis planteada, es decir, una vez encontrado el impedimento procesal para conocer de determinado negocio, ilógico resultaría analizar su fondo; por ello, se disipa que no se trata de un pretexto para no entrar al estudio de las cuestiones de fondo, tampoco se traduce en una negación de justicia. Respalda el criterio anterior la jurisprudencia 509 de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1130/2019-ll, promovido por María Guadalupe Romano Ayometzi, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, precisados en el resultando primero de esta sentencia, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, diez de marzo de dos mil veintiuno. Razón actuarial. Agréguese a los autos la razón de cuenta signada por el actuario judicial adscrito a este juzgado, por el que manifiesta la imposibilidad de notificar el proveído de ocho de febrero de dos mil veintiuno, al tercero interesado José Luis González Bello por las razones que expresa en la misma. Efectivo apercibimiento a tercero interesado. Ahora bien, visto el estado procesal de las presentes actuaciones y en atención a la certificación de cuenta, de los que se advierte que el tercero interesado José Luis González Bello, no dio cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintiuno de octubre de dos mil veinte (fojas 31 a 33), en el sentido de señalar domicilio en la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, ante este Juzgado Federal, con el apercibimiento que de no hacerlo así en el término de tres días contados a partir de la fecha en que quedara notificado del proveído en comento, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harían por medio de lista. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho proveído; por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones de los proveídos de ocho de febrero de dos mil veintiuno, la presente, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado. Alegatos tercero interesado. Finalmente, agréguese a los autos el escrito signado por Fernando Suárez Quintanilla, apoderado legal de Sistema de Crédito Automotriz, Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante el cual realiza diversas manifestaciones; en consecuencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse las mismas a manera de alegatos, los que serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese; y por lista al tercero interesado José Luis González Bello el proveído de ocho de febrero de dos mil veintiuno. Apizaco, Tlaxcala, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como los Acuerdos Generales 21/2020, 25/2020 y 37/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y, las Circulares CAP/3/2020, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/8/2021, emitidas por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial, así como la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, ambos del Consejo de la Judicatura Federal, ambos del Consejo de la Judicatura Federal, que en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituyen un hecho notorio para este juzgador y demás partes en este asunto. Ahora, atendiendo a que a través de la Circular CAP/3/2020, emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal se decretaron diversas medidas de contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, entre ellas, la suspensión de labores de los Juzgados y Tribunales integrantes del Poder Judicial del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; asimismo, por circulares, SECNO/6/2021 y SECNO/8/2021, emitidas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó que debían reanudarse las actividades jurisdiccionales, con excepción de algunos circuitos; lo anterior, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Se reanuda procedimiento. En consecuencia, en vista de que fueron suspendidos los plazos y términos procesales en los diferentes asuntos de este órgano jurisdiccional; y, por lo mismo, no fue factible continuar con la tramitación de este procedimiento, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, en relación con los Acuerdos Generales 21/2020, 25/2020 y 37/2020, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y, la Circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se levanta la suspensión de los plazos y términos procesales en el presente juicio de amparo, y por ende, se reanuda el procedimiento en el punto en que quedó pausado. Tal circunstancia deberá comunicarse a las partes de manera personal para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Audiencia constitucional. Precisado lo anterior y atendiendo al estado que guardan los presentes autos, se aprecia que en la fecha programada para el desahogo de la audiencia constitucional, no fue posible emitir pronunciamiento alguno, toda vez que aconteció durante el periodo de suspensión total de labores previsto en los Acuerdos Generales citados en el primer párrafo, por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En tal virtud, dado que con esta fecha se reanuda el procedimiento, se fijan las TRECE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. En el entendido que las partes podrán presentar sus alegatos por escrito o a través de firma electrónica, haciéndoles saber además, que, para el caso que deseen estar presentes en la audiencia constitucional, deberán hacerlo saber al juzgado con tres días de anticipación, por lo menos, para los efectos prescritos en los artículos 25 y 26 del precitado Acuerdo General 21/2020, relativo al desahogo de diligencias y celebración de audiencias mediante el uso de videoconferencia. Se ordena notificación personal. A fin de que las partes queden debidamente enteradas de la presente determinación, por conducto del actuario de este juzgado, notifíqueseles de manera personal, lo cual deberán realizar dentro de los plazos contemplados en el artículo 24 de la Ley de Amparo, además conforme lo permitan las cargas de trabajo, con excepción de los casos previstos en el artículo 2, fracciones III y IV del invocado Acuerdo General 21/2020, los cuales se regirán por dicho precepto y a los que específicamente ya se hizo referencia en párrafos precedentes; ello de conformidad con el numeral 2, del apartado II, de la Circular SECNO/8/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal.
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