María Guadalupe Rojas Castro

Expediente 832/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 21 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
832/2014
Año
2014
Actuaciones
21
Última actuación
04/05/2016

Partes del expediente

  • María Guadalupe Rojas Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se aboque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de ocho de abril de dos mil dieciséis, que declaró cumplida la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de garantías y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo, del que se advierte que por auto de treinta de marzo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con las constancias que al efecto, envió la autoridad responsable Tesorera del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, con relación al cumplimiento dado al fallo protector y, debidamente notificados, la parte quejosa no desahogó la vista contenida en el citado acuerdo. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia de veintiséis de mayo de dos mil catorce, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a MARÍA GUADALUPE ROJAS CASTRO, respecto del sistema normativo que regula el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, previsto en los artículos 94 Bis a 94 Bis-12, de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos, así como lo relativo al impuesto adicional sobre ese impuesto municipal que se aplicó al quejoso, y que se le reclamaron al Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" y, así como respecto al cobro de la cantidad de $11,025.00 (once mil veinticinco pesos 00/100 moneda nacional); en aplicación de las normas legales citadas, que se reclamó del Tesorero del Municipio de Cuernavaca, Morelos; asimismo, contra el contenido del artículo 77, fracciones II y IV, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, que se le reclamó al Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" y, así como respecto al cobro de las cantidades de $6,615.00 (seis mil seiscientos quince pesos 00/100 moneda nacional), y $1,716.30 (mil setecientos dieciséis pesos 30/100 moneda nacional), en aplicación de la norma legal citada, que se reclamó al Secretario de Hacienda del Estado de Morelos y Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, precisando los efectos siguientes: "En conclusión se concede el amparo y protección de la justicia de la unión a la quejosa María Guadalupe Rojas Castro, por cuanto al sistema normativo que regula el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, previsto en los artículos 94 Bis a 94 Bis-12, de la Ley General de Hacienda Municipal para el Estado de Morelos. En el entendido de que, con motivo de la concesión del amparo, a fin de restituirla en el goce de la garantía individual violada, como lo prevé en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, deberán reintegrársele las cantidades pagadas por tal concepto, es decir: $11,025.00 (once mil veinticinco pesos 00/100 moneda nacional). Dicho monto incluye la cantidad cobrada por concepto de adicionales, equivalentes al veinticinco por ciento sobre el monto del impuesto, ello en virtud de que al ordenarse la devolución de lo pagado por el impuesto impugnado, no existe base para el cobro del impuesto adicional, dada su estrecha vinculación. .. En atención a todo lo anteriormente expuesto y al resultar inconstitucional el sistema legal relativo al pago del derecho por inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Morelos, debe otorgarse el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en torno a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, en particular respecto al artículo 77, fracciones II y IV, de la Ley General de Hacienda para el Estado de Morelos, para el efecto de que no se le aplique tal disposición en la porción normativa que contiene los vicios de constitucionalidad. En el entendido de que, con motivo de la concesión del amparo, a fin de restituirlo en el goce de la garantía individual violada, como lo prevén en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, deberá serle reintegrada las cantidades pagadas por tales conceptos, es decir, $6,615.00 (seis mil seiscientos quince 00/100 moneda nacional), y $1,716.30 (mil setecientos dieciséis pesos 30/100 moneda nacional), cuya primer cifra incluye la cantidad equivalente al veinticinco por ciento (25%) por concepto de impuesto adicional, ello en virtud de que al ordenarse la devolución de lo pagado por el derecho de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de Morelos, no existe base para el cobro adicional." Por auto de diecisiete de junio de dos mil catorce, causó ejecutoria el fallo protector del amparo y se requirió a las referidas autoridades, el cumplimiento de la sentencia constitucional El catorce de abril del dos mil quince, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo únicamente por cuanto a las autoridades responsables Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y Subsecretario de Ingresos dependiente de dicha dependencia, toda vez que restituyó a la parte quejosa el monto cobrado por concepto de pago improcedente de derechos de inscripción de compraventa ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, por la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales. Por otra parte, en virtud de que la autoridad responsable Tesorero del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, no había dado cumplimiento a la sentencia de amparo no obstante los diversos requerimiento realizados por este jugado, se dio trámite al incidente de inejecución de sentencia, el cual fue radicado en el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, bajo el número 67/2015, en el cual por sesión de dieciséis de octubre de dos mil quince, ordenó la devolución del expediente relativo al juicio de amparo 832/2014-II, a efecto de agotar el procedimiento de ejecución de sentencia. Mediante acuerdo dictado el veinticuatro de febrero del dos mil dieciséis, se requirió a la actual Tesorera Municipal, así como a su superior jerárquico Presidente Municipal, ambos del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, para que dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En acatamiento a lo anterior, la autoridad responsable Tesorero del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, mediante oficio recibido el veintinueve de marzo del dos mil dieciséis, remitió copia certificada del cheque número 0000815, de fecha diecisiete de febrero del año actual, a favor de María Guadalupe Rojas Castro, por la cantidad de $11,025.00 (ONCE MIL VEINTICINCO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por concepto del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Por acuerdo de treinta de marzo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, solicitándole a dicha parte que informara dentro del mismo término si había cobrado el cheque; sin que a la fecha lo haya comunicado, no obstante que se encuentra debidamente notificada, como se advierte de autos. Documentales que fueron expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Por consiguiente, al poner a disposición de la parte quejosa, el citado monto cobrado por la aplicación de las normas inconstitucionales en este juicio de amparo, la sentencia de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido. Sin que sea óbice a lo anterior, que no obre constancia de la que se advierta que la parte quejosa a la fecha no se haya presentado a recoger el cheque correspondiente, en virtud de que la autoridad responsable ya puso a su disposición el referido título de crédito, además con dicha situación se dio vista a la parte quejosa, como se advierte de los presentes autos; por consiguiente sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por el citado concepto del impuesto reclamado. Sustenta lo anterior, el criterio que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el incidente de inejecución de sentencia 584/2015, derivado del juicio de amparo 2053/2014-IV del índice de juzgado, mediante proveído cinco de enero de dos mil dieciséis, estableció lo siguiente: "CUARTO. Con fundamento en el artículo 297, fracción 11, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, requiérase a la parte quejosa, para que dentro de los tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste ante el Juzgado de Distrito del conocimiento si cobró el cheque 0046346, por el monto de $13,041.94 (trece mil cuarenta y un pesos 94/100 M.N.), apercibida que de no hacerlo se determinará el cumplimiento de la sentencia de amparo respecto del Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, y del Tesorero de Xochitepec, Morelos, con las constancias que obren en autos." [Lo subrayado es propio de este juzgado]. Es decir, para el Máximo Tribunal la omisión del quejoso de pronunciarse sobre el cumplimiento, cuando se ha expedido el cheque respectivo a su favor y se puso a su disposición, sin que manifestara si lo recibió, es motivo suficiente para que este Juzgado con base en las constancias de autos, como es el cheque 0000815, de fecha diecisiete de febrero del año actual, a favor de María Guadalupe Rojas Castro, por la cantidad de $11,025.00 (ONCE MIL VEINTICINCO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por el banco BBVA Bancomer, es suficiente para tenerla por cumplida; pues como se precisó, basta que la quejosa acuda a recogerlo en el horario que se le indicó para que la autoridad municipal haga entrega del mismo, y tomando en cuenta, por analogía, la ejecutoria de la Jurisprudencia P/J16/2012 (10a), de la Suprema Corte de Justicia del Nación: Tesis: P./J. 16/2012 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2001883 1 de 1 Pleno Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1 Pag. 10 Jurisprudencia(Común) "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE AMPARO. MEDIOS IDÓNEOS PARA ACREDITARLO RESPECTO DE LAS QUE CONCEDAN LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, Y DE SUS ACTOS DE APLICACIÓN." Se llega a la conclusión que la expedición del cheque por parte de la autoridad resulta un medio idóneo para tener por acreditado el cumplimiento del fallo, pues el hecho de que la parte quejosa no acuda a recogerlo no impide que se tenga por cumplido el fallo protector, ya que tal cuestión no es atribuible a la autoridad mencionada; además, de que este Juzgado Federal no puede coaccionar a la parte quejosa a efecto de que acuda a recoger el referido cheque, toda vez que la Ley de Amparo no regula de manera expresa algún medio de apremio para obligar al quejoso a recoger el multicitado cheque. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido; asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que por oficio recibido el dieciocho de febrero del año en curso, José Fernando Aguilar Palma, en su calidad de Presidente Municipal y María Concepción Cárdenas Fuan en su calidad de Tesorera Municipal, ambos del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, informaron que no se encontraba certificado el título de crédito, toda vez que el área donde certifican los cheques tienen carga excesiva de trabajo, debido que han dado cumplimiento en diversos juicios de amparo, por lo que solicitaba una prórroga para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, este juzgador requiere de nueva cuenta a la María Concepción Cárdenas Fuan, quien funge como Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, para que dentro del término de QUINCE DÍAS, siguientes a las que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, remita copia certificada del cheque expedido a favor de la parte quejosa por la cantidad de $11,025.00 (once mil veinticinco pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de cobro de impuesto adicional que se aplicó bajo una tasa del 25% derivado del Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Cabe precisar que el término de QUINCE DÍAS, se fija en virtud de que, para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo la autoridad deberá realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tiene conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; razón por la cual, el término señalado es improrrogable. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que le ordene a cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere al Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (José Fernando Aguilar Palma), en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, para que dentro del término de QUINCE DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de febrero de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio signado por José Fernando Aguilar Palma, en su calidad de Presidente Municipal y María Concepción Cárdenas Fuan en su calidad de Tesorera Municipal, ambos del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, mediante el cual, informa que no se encuentra certificado el título de crédito con el que se da cumplimiento al requerimiento ordenado, toda vez que el área donde se certifican los cheques cuentan con carga excesiva de trabajo, debido que han dado cumplimiento en diversos juicios de amparo, por lo que solicitan una prórroga para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo; agréguese a los autos para que obre como corresponda, toda vez que a la fecha actual se encuentra transcurriendo el término de veinte días otorgados por auto de trece de enero del año en curso, por lo que una vez fenezca dicho termino se procederá acordar lo conducente. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

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