María Guadalupe Rodríguez Vázquez

Expediente 635/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 16 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
635/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
30/11/2023

Partes del expediente

  • María Guadalupe Rodríguez Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Agréguese el escrito de la parte tercera interesada; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81 fracción I inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto; remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que por turno corresponda, así como el escrito de expresión de agravios para la substanciación del referido recurso, previa formación del cuaderno de antecedentes. Distribúyase entre las partes copia simple del mismo, dejando en esta Secretaría la de la contraria. Se instruye al actuario de la adscripción para que, previo al envío del recurso interpuesto al Tribunal Colegiado respectivo, efectúe las notificaciones necesarias y las vincule al expediente electrónico, para que la superioridad esté en condiciones de consultarlas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se ordena que, una vez que se tenga información de quién es el Tribunal que conocerá del mismo, se haga disponible este asunto en el sistema aludido. NOTIFÍQUESE

  2. Principal

    En la *****, siendo las nueve horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 635/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la *****, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuacYa ión se hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Los oficios por los cuales las autoridades responsables rindieron su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que la tercera interesada los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 635/2023, promovido por ******* contra actos de la Quinta Sala, Juez y Actuaria adscritos al Juzgado Vigésimo Noveno, todos de lo Civil de la ******; y, ****** R E S U L T A N D O: *PRIMERO. Demanda. La parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades citadas por considerarlos violatorios de los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión. El Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la ******, admitió la demanda; señaló parte tercera interesada; requirió informe justificado, y el veintidós de mayo de dos mil veintitrés, ordenó remitirlo al suscrito por conocimiento previo. El ocho de junio posterior, se radicaron los autos ante este órgano jurisdiccional; se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se ordenó la notificación a las partes. La representante social de la Federación adscrita formuló intervención; se tuvieron por rendidos los informes justificados; se emplazó a la parte tercera interesada; finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la ******, es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución General de la República; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza civil, tramitado ante un Juzgado dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados conforme lo dispone el artículo 74, párrafo primero, fracción I, de la Ley de Amparo. El quejoso se ostenta tercero extraño por equiparación al juicio ordinario civil ****** del índice del Juzgado Vigésimo Noveno Civil de Proceso Escrito de la *****, y reclama todo lo actuado, así como la orden de desocupación y entrega del inmueble denominado como "*****". TERCERO. Existencia. La Sala responsable aceptó la existencia de los actos reclamados. Lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio de origen; las cuales, por tener el carácter de actuaciones judiciales, tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Certeza que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos la Actuaria responsable, en virtud de que al rendir su informe manifestó que se adhería al de su titular. Por su parte, el a quo no aceptó ni negó el acto reclamado, empero, indicó que el emplazamiento se realizó por conducto de la secretaria actuaria, esto es, reconoce que se practicó el llamamiento en el proceso natural, por tanto, debe tenerse por cierto el acto que se le atribuye. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV- Julio de 1994, página 391, que dice: *"ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron a los actos reclamados: I. El veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, *** inició juicio ordinario civil reivindicatorio contra ****. II. El juez de origen, previo desahogo, admitió a trámite el juicio el diez de mayo posterior y ordenó emplazar a la parte demandada. III. El veintidós de mayo de dos mil diecinueve, se practicó el emplazamiento a través de cédula en los términos siguientes: "TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO *****EXP. ***** En la *****, siendo las siete horas, con CUARENTA Y OCHO MINUTOS, del día veintidós de mayo de dos mil diecinueve, la Suscrita C. Secretaria Actuaria licenciada Esperanza Leguizamo Leal, adscrita al Juzgado Vigésimo Noveno Civil, me constituí legalmente en el inmueble ubicado en calle *******, *****, el inmueble es de **** en busca de ***** a fin de diligenciar el auto de fecha veintinueve de abril y diez de mayo de dos mil diecinueve, y cerciorada de que este es el domicilio buscado por así indicármelo una placa metálica con el nombre de la calle, colonia y número de la fachada que me indica que es el buscado, y por así señalarlo la parte actora bajo protesta de decir verdad y cerciorada de que en este lugar vive el buscado y ser ratificado por el dicho de quien dijo llamarse ***, vive en el domicilio ser PERSONALMENTE de la persona buscada, cuyas características físicas son: sexo; femenino, de aproximadamente ******, sin seña (s) particulares a la vista, le requiero la presencia de la persona buscada y si encontrándose el buscado, con quien me identifico a su entera satisfacción con credencial número 4286 expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la *****, procedo a la continuación de la diligencia leyéndole en voz alta y explicándole los autos señalados con anterioridad en su totalidad, requiriéndole a su vez se identifiqué y no haciéndolo dijo que no tiene con que hacerlo, en consecuencia le notifico los autor señalados con anterioridad en su totalidad y certifico la entrega del original de la cédula de notificación respectiva, así como también certifico la entrega de 71 copias de traslado debidamente selladas, foliadas y cotejadas con su original, le corrí traslado y emplacé a juicio a la parte demandada haciéndole saber expresamente que se le concede un plazo de QUINCE días para producir su contestación, APERCIBIDA de que en caso de no hacerlo así, se tendrá por fictamente confesa de los hechos de la demanda que se dejen de contestar. Se previene a la demandada para que señale domicilio dentro de esta jurisdicción, apercibida que, de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, le surtirán sus efectos por medio de boletín judicial. Le requiere de su consentimiento escrito para publicar sus datos personales en el entendido que la omisión a desahogar dicho requerimiento constituirá su negativa para que dicha información sea pública. Así mismo le hice saber de la existencia de la mediación como forma alterativa de soluciones y del centro de justicia con que cuenta el Tribunal Superior de Justicia de la ***** y del domicilio en que se localiza. Le hago de su conocimiento que una vez que concluya el presente asunto, se procederá a la destrucción del mismo, así como de los documentos exhibidos en el presente, por lo que contara con un término de NOVENTA DÍAS NATURALES para recogerlos. NO firma de recibido dijo que no quiere hacerlo, se agrega a la presente razón una fotografía de la persona que atiende la diligencia. Razón con la que doy cuenta a la C. Juez, para los efectos legales conducentes. Doy fe.****C. SECRETARIA ACTUARIA ******* Lic. Esperanza Leguizamo Leal." IV. En cinco de octubre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva donde se declaró procedente la vía y se condenó a la parte demandada a la entrega del inmueble materia del juicio. V. Determinación que se confirmó en segunda instancia el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. *VI. El siete de marzo de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la diligencia de lanzamiento. *El emplazamiento citado y las actuaciones en el proceso de origen constituyen los actos reclamados. *QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa aduce que se vulneraron en su perjuicio los derechos consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 133 de la Constitución Federal, en razón de que se violaron las formalidades esenciales del procedimiento, pues el emplazamiento en el juicio natural debe practicarse con todos los formalismos legales, no obstante, se omitió realizarlo. Son sustancialmente fundados los conceptos de violación suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo.* *Al constituir el emplazamiento a juicio la violación procesal de mayor magnitud, y al ser de un orden público los Jueces Federales están obligados a analizar de oficio si éste se efectuó correctamente o no.* Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Séptima Época, de la entonces Tercera Sala del Alto Tribunal, que dice: *"EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO. La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los Jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no y sí, en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia."* También la jurisprudencia P./J.149/2000, de la Novena Época, del Tribunal Pleno, de registro 190656, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XII, Diciembre de 2000, materia común, Página 22, que dice: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón." *El emplazamiento es un acto procesal que tiene por objeto hacer del conocimiento de la parte demandada la existencia de una demanda presentada en su contra, para darle la posibilidad de contestarla y ejercer sus derechos procesales; de tal suerte que esta figura jurídica, ha sido considerada como una de las más importantes del proceso, tan es así que su falta de verificación o la hecha en forma contraria a las disposiciones aplicables, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, atendiendo a que origina la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio. *El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, establece: *"Artículo 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho."* *El artículo transcrito establece que las autoridades judiciales están obligadas a observar los requisitos que señala la norma secundaria aplicable, y así cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, a fin de respetar este derecho fundamental. Entre los diversos derechos humanos que integran la genérica de seguridad jurídica, reconocidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, destaca, por su primordial importancia, el de audiencia previa. Este mandamiento impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para cumplir con una serie de formalidades esenciales, previo a un acto de privación, necesarias para oír en defensa a los afectados, a saber: *Que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite. Se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones.* Cuando se agote dicha etapa probatoria se le dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes. Y que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Lo anterior conforme a la jurisprudencial 1a./J. 11/2014 (10a.) Primera Sala Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, febrero de 2014, Tomo I, página 396 Registro digital: 2005716 Décima Época, que dice: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." Las formalidades previstas en el artículo 14 (a las que se unen a las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 constitucional), se constituyen como elementos fundamentales y útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Por ello, el emplazamiento es una de las formalidades esenciales del procedimiento de mayor trascendencia, pues permite al demandado conocer las reclamaciones que se le hacen y además, estar en condiciones de ejercer la defensa de sus intereses; es decir, de la legalidad del acto depende que las demás etapas de un proceso, se desarrollen con apego al marco constitucional. *Los artículos que regulan el emplazamiento en el Código de Procedimientos Civiles para la **** derivan las normas para practicarlo, mismas que deben entenderse como enunciativas y no limitativas, pues por la trascendencia del llamamiento al proceso, debe el Actuario proceder a fin de que éste se practique de la forma más cuidadosa y detallada posible, para darle efectividad; en esa medida, los lineamientos mínimos indispensables para la validez de la diligencia de emplazamiento son los siguientes: los medios por los cuales se aseguró de que es el lugar correcto y que corresponde al domicilio del buscado.* *Posteriormente, se identificará ante la persona con la que entienda la diligencia; requiriendo a ésta para que a su vez se identifique. Si se entienden con el interesado, su representante, mandatario, procurador o autorizado en autos, se dejara cédula donde se hará constar la fecha y hora de la entrega, la clase de procedimiento, el nombre y apellidos de las partes, el juez o tribunal que manda practicar la diligencia; transcripción de la determinación que se manda notificar, nombre y apellidos de la persona a quien se entrega, además de proporcionar copia simple de la demanda y sus anexos, debidamente sellada y cotejada con los originales. Se levantará acta de la diligencia, a la cual se agregará copia de la cédula entregada, procurando recabar la firma de aquél con quien se entiende la actuación, donde además de asentarse los requisitos exigidos en la legislación, se deberá certificar que se entregaron copias de traslado debidamente selladas y cotejadas con sus originales, así como describir cuáles fueron los documentos que se agregaron a la demanda. Notificación que debe constar en un documento público y cumplir con ciertas formalidades porque las actuaciones públicas deben probar su legalidad por sí mismas, lo que impone la necesidad de que la diligencia se ajuste a los lineamientos establecidos en la ley, como el único medio de que su eficacia se encuentre asegurada y surtir todos sus efectos. En el caso, de la diligencia de emplazamiento practicada a la parte quejosa en el juicio de origen, se corrobora que la Actuaria responsable la realizó con desapego a las normas rectoras de tal acto jurídico, porque al describir cuáles fueron las constancias que entregó a la accionante de amparo, se limitó a señalar que consistía en un traslado de setenta y un copias debidamente selladas, foliadas y cotejadas. Lo anterior permite concluir que no es posible sostener que la demandada (aquí quejosa) contó con todos los documentos necesarios para ejercer su derecho a la defensa ante la potestad común, y que resulta indispensable para tal efecto, en la medida que con ellos se dan a conocer todos los planteamientos de la parte actora en su demanda y los documentos en los que apoya la acción, pues sólo así se puede dar una contestación eficiente y jurídicamente razonada. Para ello, debe considerarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación define que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta (como ocurre en el caso de los juicios ordinarios civiles, conforme al artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles para la *****), ello debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Conforme al criterio de jurisprudencia 1a./J. 39/2020 (10a.) de la Décima Época, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, en Materia(s): Civil, intitulada: "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO.", donde el criterio sostenido fue el siguiente: "Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado." ******** Y en la especie, al realizar el emplazamiento, se aprecia que, en torno a dejar los documentos, la Actuaria asentó: "(.) certifico la entrega del original de la cédula de notificación respectiva, así como también certifico la entrega de 71 copias de traslado debidamente selladas, foliadas y cotejadas con su original, le corrí traslado (.).". Con lo anterior impide establecer con toda exactitud que a la parte quejosa le fueron entregados todos los documentos relacionados al inicio de la acción e incluso la demanda; pues si bien precisó que se le entregó un traslado constante de setenta y un fojas debidamente sellado, foliado y cotejado, lo cierto es que omitió certificar la recepción de los anexos y del escrito inicial, por ejemplo, del documento base de la acción, ya que sólo se indicó que se entregaba un legajo de copias. Esto cobra relevancia si se toma en cuenta, que en las constancias del juicio de origen se advierte que con la demanda se acompañó: Copia del contrato de compraventa de veinte de febrero de dos mil dieciocho. Reproducción certificada de las diligencias de jurisdicción voluntaria ..., del índice del Juzgado Octavo Civil de la *****. Ello, como se desprende de las constancias del juicio de origen que remitió el Juez responsable en justificación del acto reclamado, así como de lo descrito en la demanda que dio origen a la contienda; y que pueden constituir materia de excepción, prueba o contradicción en el litigio; de modo que, si no se tiene plena certeza de la entrega de dichas piezas, entonces el llamamiento se torna irregular dada la incertidumbre en cuanto a lo que fue entregado como traslado. Es así, pues para una adecuada defensa es primordial que se tenga conocimiento de la totalidad de los escritos iniciales (donde se precisa la vía, prestaciones y el motivo del desacuerdo entre las partes), documentos fundatorios de la acción (títulos, facturas o contratos donde consta la obligación de las partes) y, en el supuesto respectivo, del poder con que el actor acredita su personalidad, para que el demandado pueda planear sus excepciones y defensas. De ahí que, lo asentado por la Actuaria responsable no permite determinar que se haya corrido traslado con el escrito inicial, aclaratorio, documento base y anexos, puesto que sólo refirió que entregó un legado constante de setenta y un fojas de copias selladas, foliadas y cotejadas. Analógicamente se cita la tesis III.2o.T.183 L, de la Novena Época, con registro: 174254. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Septiembre de 2006, en Materia(s): Laboral, Página: 1480, intitulada: "EMPLAZAMIENTO AL JUICIO LABORAL. ES ILEGAL SI EL ACTUARIO NO ENTREGA AL DEMANDADO COPIAS COTEJADAS TANTO DE LA DEMANDA COMO DEL ESCRITO ACLARATORIO." Así, ante tal irregularidad no es posible concluir que la impetrante estuviera en condiciones de conocer completamente el motivo de que originó la tramitación del procedimiento natural, pues la fedataria fue omisa en hacer constar que entregó la demanda, escrito aclaratorio y documentos fundatorios de la acción; lo que impide tener conocimiento directo e indubitable de porqué se entabló el juicio en contra de la impetrante, para que esté en condiciones de señalar lo conducente en la diligencia relativa.**** Al efecto se invoca la tesis XX.65 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "EMPLAZAMIENTO IRREGULAR. CONSTITUYE UNA DE LAS VIOLACIONES PROCESALES DE MAYOR MAGNITUD Y DE CARÁCTER MAS GRAVE EL. El emplazamiento por su naturaleza y trascendencia, debe ser siempre cuidadosamente hecho, y los vicios del mismo deben ser tomados en cuenta ineludiblemente por la autoridad federal porque su ilegalidad implica una extrema gravedad por las consecuencias que puede acarrear a quien en forma defectuosa fue llamado a juicio, o bien, no lo fue. Por ello la falta de emplazamiento o su realización en forma contraria a las disposiciones legales aplicables constituye una de las violaciones procesales de mayor magnitud y de carácter más grave, que imposibilita al demandado para poder defenderse." La suma de esos razonamientos es suficiente para concluir que el emplazamiento es irregular; y siendo así, se impone conceder la protección constitucional a la parte peticionaria por una violación al debido proceso legal. En congruencia con lo anterior, con fundamento en el artículo 77 fracción I de la Ley de Amparo, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos humanos violados y restablecer las cosas al estado que guardaban con anterioridad al emplazamiento reclamado, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, a fin de que el juez responsable: a) Deje insubsistente el emplazamiento que se practicó a la parte quejosa; así como todo lo actuado en el juicio de origen. b) Reponga el procedimiento y ordene el llamamiento de la parte impetrante conforme a la normativa aplicable. *El efecto precisado se funda en el criterio de jurisprudencia 1a./J. 99/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con registro 2015693, que establece: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la *****, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Asimismo, la concesión debe extenderse a los codemandados, como lo dispone la jurisprudencia 9/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO, SUS EFECTOS DEBEN HACERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ESTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO.". *Es así, ya que en el proceso de origen, la parte actora solicitó la reivindicación del inmueble a ******. Lo anterior implica que la causa de origen debe seguirse con la pluralidad de demandados y la sentencia que eventualmente se dicte, tendrá, indefectiblemente que vincular a las partes que fueron llamadas a juicio. *Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/98 Novena Época, registro 195672, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 63, que señala: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO. El litisconsorcio pasivo necesario tiene lugar, entre otros supuestos, cuando un tercero demanda la nulidad del contrato en cuya celebración y, en su caso, formalización, intervinieron varias personas. Luego, si el efecto principal del litisconsorcio pasivo necesario, es que sólo puede haber una sentencia para todos los litisconsortes, es claro que se debe llamar a juicio a todos los contratantes y, en su caso, al notario, por lo que el tribunal de alzada está en posibilidad de realizar oficiosamente el examen correspondiente, a fin de no dejar inaudito a ninguno de los interesados." Igualmente, sirve de apoyo la Jurisprudencia III.3o.C. J/10, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Octava Época, registro 210947, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 79, Julio de 1994, página 49, de rubro y texto siguientes: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO. Si como lo refiere la doctrina, "El litisconsorcio necesario, tiene lugar aunque la ley no lo establezca expresamente, en los siguientes casos: Cuando se ejercitan acciones constitutivas que tengan por objeto constituir un nuevo estado de derecho que sólo puede existir legalmente con relación a diversas personas;... cuando se demanda... la nulidad de los acuerdos tomados por varias personas..." (Diccionario de Derecho Procesal Civil de don Eduardo Pallares, cuarta edición, 1963, página 504), es incuestionable que encaja precisamente en esa figura, el caso en que se demanda la nulidad de un acuerdo (una compraventa) concertado entre varias partes, sin oír a una de ellas. Luego, si el efecto principal del litisconsorcio pasivo necesario, es el de que sólo puede haber una sentencia para todos los litisconsortes, está claro que el tribunal de alzada está en posibilidad de realizar oficiosamente el examen correspondiente." *Finalmente, es ilustrativa la Tesis: XVII.18 C, de la Novena Época, registro 179861, Semanario Judicial de la ********************Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, página 1373, que establece: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. CASO EN QUE SE ACTUALIZA DICHA FIGURA AUNQUE LA LEY NO LA ESTABLEZCA EXPRESAMENTE. El litisconsorcio pasivo necesario es una figura que se actualiza, aunque la ley no la establezca expresamente, cuando se ejercitan acciones que tienen por objeto constituir un nuevo Estado de derecho que sólo puede existir legalmente con relación a diversas personas, como en el caso en que se demanda la nulidad de un contrato de compraventa concertado entre varias partes; lo anterior, por no ser factible resolver sobre ellas sin llamar a todos los interesados que intervinieron en los actos objeto de la controversia, fundamentalmente por la imposibilidad de resolver parcialmente la litis, toda vez que por la relación de estrecha comunidad en que se encuentran inmersos los litisconsortes, han de obtener, necesariamente, una misma sentencia." En la inteligencia de que la presente concesión no implica dejar insubsistente el emplazamiento practicado a *******, pues el llamamiento de cada uno se verifica de manera independiente. Apoya lo expuesto por analogía, la jurisprudencia 1ª/J.72/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 933 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 2, libro I, octubre de 2011, Décima Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO. El principio de relatividad que rige al juicio de garantías ordena que la sentencia de amparo solamente se ocupe de los individuos que lo hubiesen solicitado, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto reclamado. Tal principio admite como excepción el supuesto en que exista litisconsorcio necesario, en cuyo caso, el beneficio de la concesión se extiende al resto de los litisconsortes, pues por su naturaleza misma, atinente a la indivisibilidad del derecho sustantivo litigioso, se hace imprescindible oír a todos los interesados que se encuentren en la comunidad jurídica respecto de la materia de la controversia, para que se pueda dictar una sentencia válida. Sin embargo, la reposición del procedimiento como efecto de la sentencia de amparo que concede la protección de la justicia federal solicitado por la falta de llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes, no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de aquellos que sí fueron emplazados de forma legal, para que éste se verifique de nueva cuenta, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que en ese preciso tema ha de atenderse al principio de relatividad explicado." Protección constitucional extensiva a todos los actos posteriores a la diligencia analizada, incluyendo sus consecuencias; porque desde el origen, es decir, desde el citatorio y emplazamiento, existen vicios que dejaron sin defensa a la parte accionante de amparo, por lo que lo actuado con posterioridad también queda sin efectos, pues resultan ser una consecuencia directa del emplazamiento reclamado. Finalmente, por lo que ve a los alegatos formulados por la tercera interesada, no se contestan, pues no forman parte de la litis constitucional, conforme con el artículo 74 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Tiene aplicación la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS. El juez de Distrito está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo. Visible en la página 27, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice de 1995." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se* R E S U E L V E: Único. La justicia de la unión ampara y protege a ******** contra actos de la Quinta Sala, Juez y Actuaria adscritos al Juzgado Vigésimo Noveno, todos de lo Civil de la ******, precisados en el segundo considerando, por las razones y para los efectos indicados en el diverso último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por el motivo asentado en la certificación de cuenta; en consecuencia, se difiere y se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Considerando que esta determinación no contiene requerimiento con apercibimiento o petición para las autoridades responsables, ni actualiza algún supuesto del artículo 26 de la Ley de Amparo, no es necesario enviarles oficio, y con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificarles por lista este auto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Se tiene por hecha la certificación secretarial de cuenta; visto el oficio del Juez responsable, por medio del cual remite las constancias que refiere, con las que se da vista a las partes para los efectos legales correspondientes. Acorde al estado procesal de autos y conforme a la certificación de cuenta, fórmese el cuaderno auxiliar III, e infórmese a las partes que su consulta podrá realizarse físicamente en este órgano jurisdiccional; lo anterior con fundamento en el artículo 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. NOTIFÍQUESE.

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