María Guadalupe Rodríguez Quiroz
Expediente 596/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 596/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- María Guadalupe Rodríguez Quiroz
- Ignacio Vélez Vélez
Actuaciones
- Principal
De la certificación que antecede se advierte que el plazo de cinco días conforme a los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del uno al siete de julio de dos mil veintidós, sin que la parte quejosa haya presentado promoción alguna mediante la cual interpusiera recurso de queja en contra del auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, en que se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario el tomo de constancias formado con motivo del expediente original 19-1078-119C, remitido por el Juez Primero Mixto Civil, Familiar y Mercantil del Segundo Partido Judicial del Estado con sede en Tecomán, Colima, devuélvanse dichas constancias para los efectos legales conducentes, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.
- Principal
Colima, Colima, veintidós de junio de dos mil veintidós. Recepción de oficio. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo el oficio 760/2020, que suscribe la actuaria del Tribunal Colegiado de este Trigésimo Segundo Circuito con sede en el Estado de Colima, al que anexa el expediente original del juicio civil sumario de terminación de contrato 19-1078-119C, trece copias de la demanda de amparo y el expediente del juicio de amparo directo 587/2022 promovido por María Guadalupe Rodríguez Quiroz e Ignacio Vélez Vélez. Acepta competencia. En tales condiciones, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Colegiado de este Circuito, con fundamento en lo establecido en los artículos 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, se aboca a conocer de la demanda en cuestión. Acuse de recibo. Líbrese el acuse de recibo correspondiente. Registro. Regístrese en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 596/2022-I. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones previas. Del análisis integral del escrito de demanda y documentos que se anexaron, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución interlocutoria de treinta y uno de enero de dos veintidós, emitida en el juicio civil sumario de terminación de contrato 19-1078-119C, por el Juez Primero Mixto Civil, Familiar y Mercantil del Segundo Partido Judicial del Estado con sede en Tecomán, Colima, en la que se resuelve el incidente de liquidación de gastos y costas promovido en el contradictorio de origen, que fue notificada a la parte quejosa, por conducto de su autorizada Brenda Guadalupe Ortega Valencia, mediante cédula de notificación de dos de febrero de dos mil veintidós. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y nueve, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Así, en el presente juicio la parte quejosa reclama reclama la resolución interlocutoria de treinta y uno de enero de dos veintidós, emitida en el juicio civil sumario de terminación de contrato 19-1078-119C, por el Juez Primero Mixto Civil, Familiar y Mercantil del Segundo Partido Judicial del Estado de Colima, con sede en Tecomán, en la que se resuelve el incidente de liquidación de gastos y costas promovido en el contradictorio de origen, que fue notificada a la parte quejosa por conducto de su autorizada Brenda Guadalupe Ortega Valencia, mediante cédula de notificación de dos de febrero de dos mil veintidós. En ese entendido, este órgano de control constitucional advierte que se materializa un supuesto de improcedencia de la demanda de forma manifiesta e indudable, que impide conocerla, previsto en el artículo 61, fracción XIV, de la ley, consistente en que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente. Ahora bien, sobre el tema se precisa destacar que el elemento que materializa la extemporaneidad del amparo es el consentimiento tácito de la parte quejosa, lo que acontece cuando no impugna el acto de autoridad dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la ley de la materia, en los términos prescriptivos siguientes: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De conformidad con el primer párrafo de este precepto, el plazo genérico para impugnar cualquier acto de autoridad es de quince días, excepto en aquellos supuestos enumerados en las fracciones I, II, III y IV, de los cuales prevé un plazo distinto. En el caso analizado, el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en las fracciones de referencia, debido a que se reclama la resolución interlocutoria de treinta y uno de enero de dos veintidós, emitida en el juicio civil sumario de terminación de contrato 19-1078-119C, por el Juez Primero Mixto Civil, Familiar y Mercantil del Segundo Partido Judicial del Estado con sede en Tecomán, Colima, en la que se resuelve el incidente de liquidación de gastos y costas promovido en el contradictorio de origen; de modo que su impugnación se rige en términos del plazo genérico de quince días; por tanto, solo resta determinar la forma en que se debe computar. En ese orden, el artículo 18 de la ley prevé: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En términos de esta disposición, los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, se computan a partir del día hábil siguiente en que acontezca alguno de los supuestos siguientes: a) Cuando surta sus efectos la notificación de la resolución o el acuerdo impugnado, conforme a la ley que lo regula. b) Desde el momento en que la parte quejosa conozca los actos reclamados. c) A partir de que la parte quejosa se ostente sabedora de los actos que le agravian o de su ejecución. d) Al momento de la entrada en vigor, cuando se traten de disposiciones de carácter general. Al respecto, el Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero Mixto Civil, Familiar y Mercantil del Segundo Partido Judicial del Estado de Colima, con sede en Tecomán, certificó en el informe justificado rendido por el Juez Primero Mixto Civil, Familiar y Mercantil del Segundo Partido Judicial del Estado de Colima con sede en Tecomán, que la parte quejosa ?María Guadalupe Rodríguez Quiroz e Ignacio Vélez Vélez? fue notificada de la resolución interlocutoria de treinta y uno de enero de dos veintidós, emitida en el juicio civil sumario de terminación de contrato 19-1078-119C, el dos de febrero de dos mil veintidós. Entonces, el supuesto para computar el plazo que tuvo para promover la demanda de amparo es el descrito en el inciso a), esto es quince días a partir de que surta sus efectos la notificación de la resolución o el acuerdo impugnado, conforme a la ley que lo regula. En ese sentido, del escrito inicial de demanda se advierte, como se mencionó, que la resolución interlocutoria de treinta y uno de enero de dos veintidós, emitida en el juicio civil sumario de terminación de contrato 19-1078-119C, fue notificada a la parte quejosa por conducto de su autorizada Brenda Guadalupe Ortega Valencia, mediante cédula de notificación de dos de febrero de dos mil veintidós, por lo que, la notificación surtió efectos el día siguiente en la que se practicó de conformidad con el artículo 111 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, el cual establece lo siguiente: "Artículo 111.- Las notificaciones se harán personalmente, por cédula, por lista, por edictos o por cualquier otro medio tecnológico que se disponga y surtirán efectos al día siguiente del que se hayan practicado, conforme a lo dispuesto en los artículos siguientes." Por lo tanto, es inconcuso que a partir del cuatro de febrero de dos mil veintidós, en que se notificó la resolución reclamada en el presente juicio constitucional, la parte quejosa se encontraba en posibilidad de promover el juicio de amparo en contra de la resolución interlocutoria de treinta y uno de enero de dos veintidós, emitida en el juicio civil sumario de terminación de contrato 19-1078-119C, pues no existe circunstancia que justifique el impedimento para así hacerlo. Entonces el plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo transcurrió del cuatro al veinticinco de febrero de dos mil veintidós, sin contar el cinco, seis, siete, doce, trece, diecinueve y veinte de febrero del presente año, (al ser sábados y domingos), así como por tratarse de días inhábiles de acuerdo al artículo 19 de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que la parte quejosa manifieste en su escrito de demanda, una fecha diversa de notificación como lo es el uno de marzo de dos mil veintidós, pues la fecha de conocimiento del acto reclamado debe establecerse con base en las constancias que obren en dicho juicio y sólo en el caso de que de las mismas no se advierta una fecha distinta a la manifestada por el peticionario de garantías debe tenerse por cierta la señalada en la demanda de amparo, sin embargo, como se advirtió en párrafos precedentes la resolución reclamada fue notificada el dos de febrero de dos mil veintidós a la parte quejosa mediante cédula de notificación en el domicilio procesal señalado en el juicio de origen. Apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Diciembre del 2000, Página 1148, cuyo rubro y texto dicen: "ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO. El análisis de las causales de improcedencia en el juicio constitucional, imperativo para los tribunales de amparo de manera previa al examen de los conceptos de violación, debe llevarse a cabo al tenor de las constancias que obren en el juicio de garantías; por lo que, tratándose de la causal prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, la fecha de conocimiento por el quejoso del acto reclamado debe establecerse con base en las constancias que obren en dicho juicio y sólo en el caso de que de las mismas no se advierta una fecha distinta a la manifestada por el peticionario de garantías debe tenerse por cierta la señalada en la demanda de amparo; por tanto, cuando de las constancias anexas al informe justificado rendido por una de las autoridades responsables se deduce que el quejoso solicitó copias de documentos que obran en el juicio generador del acto reclamado, es a partir de la fecha de recepción de tales constancias que debe tenérsele por sabedor del acto reclamado y por ende para declarar si se surte la causal de improcedencia a que se refiere la disposición legal mencionada." Asimismo, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo V, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1990, Octava Época, página 67, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de epígrafe y contenido siguiente: "AMPARO. IMPROCEDENTE. CUANDO DE LAS ACTUACIONES SE DESPRENDE QUE EL PROMOVENTE CONOCIO CON ANTERIORIDAD EL ACTO RECLAMADO. Si el juicio de amparo lo promueve el albacea de una sucesión, y de las actuaciones que se alleguen al mismo se desprende que el acto reclamado lo conoció anteriormente como heredero, debe entenderse que desde entonces tuvo conocimiento de dicho acto para los efectos del artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo." Ahora, la demanda de amparo se presentó el veintitrés de marzo de dos mil veintidós ante la autoridad responsable; por tanto, es incuestionable que se hizo fuera del plazo de quince días previsto en el artículo 17, párrafo primero, de la ley de la materia, pues se reitera que la resolución interlocutoria de treinta y uno de enero de dos veintidós, emitida en el juicio civil sumario de terminación de contrato 19-1078-119C, fue notificada a la parte quejosa el dos de febrero de dos mil veintidós, por lo que, el último día para promover su demanda en el plazo establecido por la Ley de Amparo fue el veinticinco de febrero de dos mil veintidós. En consecuencia, la promoción de la demanda resultó extemporánea, lo que implica que la parte quejosa consintió tácitamente la resolución interlocutoria de treinta y uno de enero de dos veintidós, emitida en el juicio civil sumario de terminación de contrato 19-1078-119C, por el Juez Primero Mixto Civil, Familiar y Mercantil del Segundo Partido Judicial del Estado de Colima, con sede en Tecomán, en la que se resuelve el incidente de liquidación de gastos y costas promovido en el contradictorio de origen. Es aplicable la tesis VIII.2o. J/22, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, página 652, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. DEBE DESECHARSE POR EXTEMPORÁNEA CUANDO HAYA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO PARA SU INTERPOSICIÓN A PARTIR DE UNA PRIMERA NOTIFICACIÓN, AUN CUANDO SE HAYA PRACTICADO OTRA POSTERIOR. Cuando se desprenda de autos que la sentencia reclamada fue notificada a la parte quejosa siguiendo los lineamientos que al efecto establezca la ley adjetiva aplicable, y luego, motu proprio, el actuario respectivo realiza otra notificación, debe desecharse por extemporánea la demanda de amparo que se intenta, si su presentación se realiza fuera del término a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, computado tal plazo a partir de la primera notificación puesto que, mientras no se declare su nulidad, surte sus efectos y es desde ese momento cuando empieza a correr el citado término." De este modo, es evidente que si no se instó en tiempo la demanda de amparo contra la resolución que quienes se ostentan agraviados pretendían combatir, pese a que no había ningún obstáculo que se lo impidiera para acudir ante los órganos constitucionales competentes, ello solo se traduce en una conducta que es atribuible a su persona, por lo que ahora debe soportar las consecuencias inherentes a su pasividad. En ese contexto, es innegable que desde el dos de febrero de dos mil veintidós, en que se notificó la resolución reclamada en el presente juicio constitucional, la parte quejosa ostentaba la posibilidad de promover la demanda de amparo; por tanto, para determinar la oportunidad en el ejercicio de la acción que aquí se intenta, debe imperar la regla general que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento legal. Al respecto sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia publicada en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, Pleno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." También resultan de aplicación al caso, las tesis de jurisprudencia 13 y 14, publicadas en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, la página 11, que establecen lo siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo." "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativos, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." De igual forma, ilustra lo anterior la tesis siguiente: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, POR ACTOS CONSENTIDOS. La fracción XII de artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, previene, que el amparo es improcedente, contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de la misma ley; y el artículo 21 establece, que el término de quince días para la interposición de la demanda de garantías, se contará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismo. De acuerdo con lo expuesto, es evidente que cuando no se reclaman los actos que afecten a determinada persona, dentro de aquel término legal, estamos frente a actos tácitamente consentidos, si es que como se dijo, no obstante que el quejoso tuvo conocimiento de ellos, no los reclamó con la debida oportunidad. Ahora bien, respecto a actos derivados de otros consentidos, también cabe decir que el juicio constitucional no procede, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte." En las relatadas condiciones, se materializa la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, de la Ley de Amparo, y, como corolario de esto, la demanda de amparo resulta manifiesta e indudablemente improcedente; por ende, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la ley, se desecha de plano. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Sin que haya lugar a tener a la parte quejosa designando como sus autorizados en términos amplios que prevé el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Felipe Santoyo Soto, Brenda Guadalupe Ortega Valencia, Francisco Javier Silva Jiménez y Raúl González Torres, el primero de los señalados al no tener inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y los demás al no haber señalado los datos correspondientes para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de dicho numeral; es decir, el número de su cédula profesional federal o del registro único a que se refiere el Título Octavo denominado "Registro Único de Profesionales del Derecho", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, el cual fue reformado por diverso publicado en ese medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce. Por lo anterior, se tiene a dichas personas únicamente como autorizados en términos restringidos del artículo 12, segundo párrafo, en relación con el diverso 24 ambos de la ley de la materia; esto es, para oír notificaciones e imponerse de autos. Por otra parte, de conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Tomo de constancias. Con las constancias presentadas por la autoridad responsable, fórmese el legajo de constancias I. Luego, con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo General 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (Firel) y al expediente electrónico en relación con el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, se determina la imposibilidad material para la digitalización de las pruebas exhibidas por la autoridad responsable. Por tanto, hágase saber a las partes que las mismas se encuentran a su disposición físicamente en el legajo de constancias I.
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