María Guadalupe Rodríguez León

Expediente 393/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
393/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
17/05/2019

Partes del expediente

  • María Guadalupe Rodríguez León

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días para recurrir el auto en el que se desechó la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. -Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido., relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de cinco años, contado a partir de la emisión de este proveído. b) Este asunto no se considera de relevancia documental c) Transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa acta que se elabore, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Agréguense los comunicados remitidos por la Juez Primero Menor Mixto de Salamanca, Guanajuato, a través de los cuales informa las medidas tendientes a dar cumplimiento a la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio., estése en espera de las constancias necesarias para determinar el cumplimiento, o no, de la sentencia de amparo.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por la quejosa María Guadalupe Rodríguez León; atento a su contenido, se tiene cumplido el requerimiento formulado en proveído de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve; por tanto, se provee: De conformidad con lo que dispone el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar la demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deberá desechar de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, registro 180663, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En la especie, la quejosa reclama la orden de embargo decretada sobre su salario, atribuida al Juez Quinto Civil de Partido en esta ciudad, dentro del juicio ordinario civil seguido en su contra por Esmeralda Lemus Contreras. En el capítulo de antecedentes la quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifestó que el veintiuno de enero de dos mil diecinueve, acudió personal del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, a su fuente de trabajo, le hicieron de su conocimiento que se encontraba demandada por Esmeralda Lemus Contreras, además, se le embargó el treinta por ciento de su salario que percibe como empleada de la Secretaría de Salud Pública del Estado de Guanajuato. Establecido lo anterior, se tiene que el plazo para promover el juicio de amparo indirecto comenzó a correr partir del día siguiente al en que surtió efecto la notificación del acto reclamado, esto es, a partir del veintitrés de enero de dos mil diecinueve. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo señala: Artículo 61.- "El juicio de amparo es improcedente: (...) "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)." Dicha disposición establece, en términos generales, que será reputado como acto consentido, aquél que resienta la quejosa y tenga conocimiento del mismo, sin que al efecto, promueva juicio de amparo dentro de los plazos que otorga la ley para ese fin; salvo las excepciones que ahí mismo se contemplan. Por su parte, el numeral 17 de ese ordenamiento legal dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En relación con lo anterior, el diverso artículo 18 de la ley de la materia establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo previamente transcrito se advierten tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de amparo, los cuales se cuentan, respectivamente, como sigue: A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame conforme a la ley del acto; Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Es decir, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, también señala que deberá promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, o bien, el día siguiente al en que se ostente sabedor. Como se mencionó en párrafos precedentes, la quejosa refiere que la orden de embargo se le notificó el veintiuno de enero de dos mil diecinueve; por lo que debió impugnar en la vía constitucional, dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que surtió efectos la notificación; por tanto, ese plazo transcurrió del veintitrés de enero del año en curso al catorce de febrero siguiente, sin contar los días inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, mientras que la demanda se presentó el veintitrés de abril pasado. Además, la quejosa no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en la fracción IV, del artículo 17 de la Ley de Amparo, la cual establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: [.] IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Asimismo, la quejosa no se ostenta como tercera extraña a juicio, pues refiere que contestó la demanda promovida en su contra. En consecuencia, al no haberla impugnado en el lapso señalado en supralíneas, se tornó tácitamente consentido el acto que reclama, en contra del cual no procede el juicio de amparo de conformidad con la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, si la demanda de amparo se presentó el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, se desecha por notoriamente improcedente, en términos del 113 de la ley de la materia, ante la extemporaneidad en su presentación.

  4. Principal

    Previo a proveer sobre su admisión o desechamiento, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 114, fracciones I y II, así como en el 108, fracciones IV y V, todos de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 1.- Si es su deseo señalar como autoridad responsable a la Central de Actuarios de esta ciudad. 2.- Precise si también reclama alguna orden privativa de libertad. 3.- Indique la naturaleza del juicio de donde emana el acto reclamado. Se apercibe a la promovente de que de no cumplir con esta prevención dentro del plazo indicado, se tendrá no presentada su demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia. En el entendido que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley de Amparo, deberá exhibir seis copias de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, las que se distribuirán de la siguiente forma: dos para las autoridades responsables, una para la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, dos para formar el incidente de suspensión y una para la tercera interesada (carácter que le reviste a la actora en el juicio natural). Se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.

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