María Guadalupe Rivera Mora

Expediente 1690/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1690/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
24/11/2021

Partes del expediente

  • María Guadalupe Rivera Mora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Téngase por recibido y agréguese a los autos, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por medio del cual, remite testimonio de la ejecutoria emitida el cinco de noviembre del año en curso, dentro del recurso de revisión ; en el que resolvió lo siguiente: PRIMERO. Se desecha por improcedente el recurso de revisión interpuesto por el Tesorero Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, por las razones expresadas en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Se desecha por improcedente el recurso de revisión adhesiva interpuesto por la parte quejosa, por las razones expuestas en el considerando quinto del presente fallo. TERCERO. Queda firme la parte conducente del resolutivo primero, así como la totalidad del resolutivo segundo de la sentencia sujeta a revisión, regidos por los considerandos sexto y octavo de dicho fallo, a través de los cuales, respectivamente, se sobreseyó en el juicio de amparo, respecto del acto reclamado del Tesorero Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, consistente en la recepción del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, y se negó la protección constitucional por lo que atañe a los actos reclamados del Congreso y del Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Jalisco, consistentes en: a) el Decreto 26660/LXI/17, a través del cual se aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, específicamente su artículo 42; b) el Decreto 26212/LXI/16, a través del cual se aprobó la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, en específico sus artículos 112, párrafos primero y segundo, fracciones XII y XVI, y 114, fracciones I, III, IV, V, VI y VII; y, c) el Decreto 20910, por el cual se aprueba la modificación al artículo 117 de la Ley citada en último término, en sus fracciones III, IV y V, para quedar con su texto actual; por las razones expresadas en el considerando sexto del presente fallo. CUARTO. En la materia de la revisión, se revoca el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida, respecto del acto reclamado consistente en el procedimiento de creación de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio de Puerto Vallarta, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho. QUINTO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Administradora de Hoteles e Inversiones de Vallarta, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra del acto consistente en el procedimiento de creación de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio de Puerto Vallarta, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho. SEXTO. La Justicia de la Unión ampara y protege a , en contra del acto que reclamó del Congreso y del Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Jalisco, consistente en el Decreto 26549/LXI/17, por el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, por las razones y para los efectos precisados en los considerandos octavo y noveno de la sentencia sujeta a revisión. Acúsese el recibo de estilo correspondiente, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes, así como el citado testimonio, y hágase del conocimiento de las partes lo resuelto en éste, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, del testimonio de cuenta, se desprende que los efectos para los cuales se concedió el amparo, remiten a los considerandos octavo y noveno de la sentencia sujeta a revisión; esto es, la dictada el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, por el Juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en auxilio de este Juzgado de Distrito; determinación que en lo conducente señala: "CONSIDERANDO: (.) OCTAVO (.) [.] En base a lo antes expuesto, es que le asiste la razón a la parte quejosa, quedando claro que resultan violatorias del derecho fundamental de legalidad tributaria las Tablas de Valores Unitarios de Terrenos y Construcciones del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, lo que conduce a otorgar el amparo solicitado por la ahora inconforme, para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente. Protección de la justicia federal cuyos efectos no pueden hacerse extensivos al resto de los ordenamientos jurídicos reclamados, es decir, al a) Decreto número 26660/LXI/17, a través del cual se aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, específicamente el artículo 42; b) el Decreto número 26212/LXI/16, a través del cual se aprobó la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, en específico los artículos 112, párrafos primero y segundo, fracciones XII y XVI, y 114, fracciones I, III, IV, V, VI y VII; así como al c) Decreto número 20910, por el cual se aprueba la modificación al artículo 117, en sus fracciones III, IV y V, para que quedara como actualmente se conoce; pues aun cuando conforman un sistema normativo, los vicios detectados no hacen inconstitucional la base gravable como elemento del tributo, sino únicamente uno de los parámetros para calcular su monto. NOVENO. Precisión de los efectos de la concesión de amparo. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección de la justicia federal se otorga para los efectos siguientes: [...] En esas condiciones, no es dable requerir a las responsables: Congreso, Gobernador Constitucional, Presidente Municipal de Puerto Vallarta como representante del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, 5. Catastro del Municipio de Puerto Vallarta, 6. Consejo Técnico Catastral del Municipio de Puerto Vallarta, y 7. Consejo Técnico Catastral, todas del Estado de Jalisco, por el cumplimiento del fallo protector, habida cuenta que su intervención en los actos reclamados únicamente versó sobre su participación en el proceso de creación de la norma declarada inconstitucional, por lo que tales autoridades no pueden dar cumplimiento a dicha ejecutoria, conforme lo establece la siguiente tesis número 2a. CXV/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del Tomo VI, Octubre de 1977, que se localiza en la página 414, que reza: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS.- En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." En consecuencia, toda vez que este órgano de control constitucional tiene la facultad y la obligación de precisar y determinar qué autoridades se encuentran vinculadas y la medida en que deben actuar, para lograr el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo, y una vez analizados los efectos para los que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, se concluye que se requiere a las siguientes autoridades: Tesorería Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Para que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 197, de la Ley de Amparo, en el término de tres días, siguientes al que sea notificado del presente proveído, en su respectiva competencia cumpla con los efectos citados en líneas que anteceden. Se apercibe a la autoridad responsable que, de no cumplir en lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos moneda nacional), publicado por el Diario Oficial de la Federación, el ocho de enero de dos mil veintiuno; así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, la Jueza María Gabriela Ruiz Márquez, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/1133/2021, de fecha veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Finalmente, de conformidad a la declaratoria del cinco de julio de dos mil veintiuno, relativa a la entrada en vigor de los servicios en línea previstos en el Convenio de Colaboración para la Interconexión entre los Sistemas Tecnológicos de Gestión Jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; se ordena al actuario judicial de la adscripción que corresponda, para que verifique si en el presente acuerdo existen autoridades responsables respecto de las cuales exista convenio de colaboración celebrado y, de ser el caso, remita el presente acuerdo mediante el oficio correspondiente a través de la interconexión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a las autoridades respectivas.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que dentro del término legal de diez días a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la resolución dictada el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, por la cual se negó el amparo solicitado; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos de ley. Consecuentemente, se ordena archivar el presente juicio como asunto totalmente concluido, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, de conformidad a lo establecido en los artículos 12, 14 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este asunto es susceptible de depuración, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá realizarse transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no se considera de relevancia documental, ni susceptible de conservación. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Con el contenido de este acuerdo se da cuenta en los cuadernos incidentales correspondientes.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, primero de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que se encuentra en transcurso el término de quince días que se le concedió a la autoridad responsable Ayuntamiento de La Barca, Jalisco, en proveído de uno de septiembre de dos mil veintiuno, a efecto de que rinda su informe justificado de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, toda vez que el siete de septiembre del presente año, se le notificó dicho auto, según se desprende del acuse de estafeta número de guía******************** que obra en el presente juicio de amparo. En consecuencia, a fin de dar oportunidad de que ello ocurra y respetar así los principios rectores del juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las trece horas con treinta minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno para su celebración.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 17,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano