Maria Guadalupe Rios Davila
Expediente 312/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 312/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 09/06/2016
Partes del expediente
- Maria Guadalupe Rios Davila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Toluca, Estado de México; nueve de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación precedente, se advierte que la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público Federal Adscrito, no recurrieron dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el proveído dictado el trece de mayo de la presente anualidad (fojas 68 a 70), por el cual se sobreseyó fuera audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Asimismo, el estado procesal del presente juicio de amparo patentiza que se encuentra integrado y no existe más por cumplimentar; por tanto, se ordena remitirlo al archivo. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, porque encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido, pues el mismo establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos asuntos en los que se haya dictado una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido." Por otro lado, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, inciso III, segundo párrafo de dicho Acuerdo). El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III del ya citado Acuerdo). Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Por otra parte, devuélvanse las constancias remitidas por el Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, que anexó como complemento a su informe justificado constante de un tomo, así como las que se encuentran glosadas en autos (fojas 55 a 67). Asimismo, se le solicita, acusar el recibo correspondiente dentro del plazo de tres días, término previsto en la fracción II, del artículo 297 de la legislación común antes referida, con el apercibimiento que en caso de ser omisa se le impondrá una multa hasta por la cantidad de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Finalmente, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firma José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el oficio CCJ/ST/1486/2016 de tres de mayo de dos mil dieciséis, con Irma Zoraida Campos Navarro, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; trece de mayo de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio a través del cual el Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, remite copia certificada de la resolución de diez de mayo de dos mil dieciséis, dictada en la carpeta administrativa 111/2015, de su índice estadístico, de la que se desprende que dictó auto de no vinculación a proceso a favor de la aquí quejosa María Guadalupe Ríos Dávila. Ahora bien, en el presente juicio de amparo la citada quejosa reclama la orden de aprehensión dictada en su contra en la carpeta administrativa 111/2015 y su ejecución; sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable se advierte que el diez de mayo de dos mil dieciséis, se dictó auto de no vinculación a proceso a favor de la directa quejosa María Guadalupe Ríos Dávila, y a dichas constancias se les otorga valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, del contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Hecho lo anterior, este Juzgado considera, que respecto del citado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo; ello, en razón de las consideraciones siguientes: El artículo 61, fracción XVII, de la ley de la materia, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." Ello es así, porque en el juicio en que se actúa, se tilda de inconstitucional la orden de aprehensión dictada contra la quejosa María Guadalupe Ríos Dávila, en la carpeta administrativa 111/2015, del índice del Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, por los hechos delictuosos de Usurpación de Funciones Públicas o Profesiones y Fraude, en agravio de la Fé Pública y Patricia Vieyra Reyes. Luego, mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito el doce de mayo pasado, signado por el Juez responsable, se recibieron copias certificadas de la carpeta administrativa 111/2015, en las que se advierte que el diez de mayo de dos mil dieciséis, se dictó auto de no vinculación a proceso que resolvió la situación jurídica de la quejosa. Por tanto, se considera que tal acto (auto de plazo constitucional de diez de mayo de dos mil dieciséis) sustituye jurídicamente a la orden de aprehensión inicialmente reclamada. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 1a./J.17/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 270, del Tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de junio de 2008, Novena Época, con número de registro 169410, que establece: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: 'SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.'. Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: 'AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.', que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, esto es, la contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley citada, procede sobreseer en el presente juicio constitucional. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con treinta minutos del veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese y personalmente a la tercera interesada. Así lo acordó y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante la Secretaria del Juzgado, Irma Zoraida Campos Navarro, quien da fe. Doy fe.
- Principal
(Aviso parte tercero interesada) Toluca, Estado de México; trece de mayo de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio a través del cual el Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, remite copia certificada de la resolución de diez de mayo de dos mil dieciséis, dictada en la carpeta administrativa 111/2015, de su índice estadístico, de la que se desprende que dictó auto de no vinculación a proceso a favor de la aquí quejosa María Guadalupe Ríos Dávila. Ahora bien, en el presente juicio de amparo la citada quejosa reclama la orden de aprehensión dictada en su contra en la carpeta administrativa 111/2015 y su ejecución; sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable se advierte que el diez de mayo de dos mil dieciséis, se dictó auto de no vinculación a proceso a favor de la directa quejosa María Guadalupe Ríos Dávila, y a dichas constancias se les otorga valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, del contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Hecho lo anterior, este Juzgado considera, que respecto del citado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo; ello, en razón de las consideraciones siguientes: El artículo 61, fracción XVII, de la ley de la materia, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." Ello es así, porque en el juicio en que se actúa, se tilda de inconstitucional la orden de aprehensión dictada contra la quejosa María Guadalupe Ríos Dávila, en la carpeta administrativa 111/2015, del índice del Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, por los hechos delictuosos de Usurpación de Funciones Públicas o Profesiones y Fraude, en agravio de la Fé Pública y Patricia Vieyra Reyes. Luego, mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito el doce de mayo pasado, signado por el Juez responsable, se recibieron copias certificadas de la carpeta administrativa 111/2015, en las que se advierte que el diez de mayo de dos mil dieciséis, se dictó auto de no vinculación a proceso que resolvió la situación jurídica de la quejosa. Por tanto, se considera que tal acto (auto de plazo constitucional de diez de mayo de dos mil dieciséis) sustituye jurídicamente a la orden de aprehensión inicialmente reclamada. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 1a./J.17/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 270, del Tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de junio de 2008, Novena Época, con número de registro 169410, que establece: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: 'SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.'. Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: 'AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.', que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, esto es, la contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley citada, procede sobreseer en el presente juicio constitucional. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con treinta minutos del veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese y personalmente a la tercera interesada. Así lo acordó y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante la Secretaria del Juzgado, Irma Zoraida Campos Navarro, quien da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; tres de mayo de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta y el estado procesal de autos evidencian que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse a las nueve horas con cinco minutos de hoy (foja 36); sin embargo, visto el contenido del oficio SEADS/760/2016, de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, del cual se advierte que el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunica que mediante sesión ordinaria de aquella fecha, el Pleno de dicho Órgano, acordó por unanimidad de votos, la adscripción del Juez Breyman Labastida Martínez, a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, con efectos a partir del uno de mayo de dos mil dieciséis; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312, del Tomo XXXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a julio del año dos mil diez, Novena Época, materia común, con número de registro 164217, cuyo rubro establece: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." En consecuencia, a fin de dar oportunidad a que se cumpla lo anterior, la audiencia constitucional prevista para hoy se difiere y, en su lugar, se fijan las diez horas con treinta minutos del veinticinco de mayo de dos mil dieciséis. Finalmente, este Juzgador ordena se notifique por medio de oficio la presente determinación a las autoridades responsables, así como las determinaciones que tienen trascendencia procesal, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se le notificara por medio de lista. Lo anterior, en atención a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, registrada con el ordinal 2002576, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Irma Zoraida Campos Navarro, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.Rgl
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