María Guadalupe Reyes Cobarrubias

Expediente 310/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
310/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
26/04/2018

Partes del expediente

  • María Guadalupe Reyes Cobarrubias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Vistos los presentes autos y la certificación del secretario, tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de dos de abril del año en curso (fojas 73 a 74). Con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el sin decidir en lo principal lo dio por concluido, en el entendido de que el presente sumario se tramito sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de abril de dos mil dieciocho. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, por medio del cual devuelve diligenciado el despacho 122/2018 con número de orden 170/2018 de este órgano jurisdiccional; esto es, remite el emplazamiento al presente juicio de garantías, realizado al tercero interesado Joel Tecayehuatl Valencia, para los efectos legales procedentes. En tales condiciones se ordena acusar el recibo correspondiente a la autoridad oficiante; asimismo, dentro del libro de comunicaciones oficiales de este juzgado, dese de baja el referido despacho. Notifíquese.

  3. Principal

    En dos de abril de dos mil dieciocho, doy cuenta con el estado que guardan los presentes autos. Doy Fe.San Andrés Cholula, Puebla, dos de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, así como las documentales que obran en autos, se advierte que se actualiza una causal de improcedencia, lo cual da lugar a sobreseer en el presente juicio. Para así considerarlo, se aprecia que María Guadalupe Reyes Cobarrubias, por su propio derecho y quien se ostenta como representante legal de la menor Nina Naomi Tecayehuatl Reyes, acude a esta instancia constitucional a reclamar del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, la omisión de dictar la sentencia correspondiente dentro del expediente 197/2017. Al respecto, la autoridad responsable Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en su informe justificado negó la existencia del acto reclamado. Ahora bien, del estudio integral a la demanda de amparo, se tiene que el acto concreto que la quejosa reclama consiste en la omisión de dictar la sentencia correspondiente dentro del expediente 197/2017. Por su parte, de las constancias remitidas por el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, a las que se reconoce pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, deriva que el dos de marzo del año en curso dictó la sentencia respectiva en el expediente 197/2017, notificando a la parte quejosa el siete del mismo mes y año. Con base en lo anterior, este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla advierte que tal como refiere la autoridad responsable en su informe de ley, se actualiza una manifiesta e indudable causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente y oficioso por ser de orden público, al tenor del último párrafo del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, y que trae como consecuencia el impedimento para abordar el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. Es así, porque el acto reclamado por la impetrante, cesó en sus efectos. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Junio de 1999, página 38, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria, en razón a que el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, con fecha dos de marzo del año en curso dictó la sentencia respectiva en el expediente 197/2017, notificando a la parte quejosa el siete del mismo mes y año; por tanto, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley en cita, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, respecto del acto y autoridad que ha quedado precisados. No representa obstáculo jurídico el que esta determinación se realice fuera de la audiencia constitucional, en atención a que, respecto del acto reclamado, como se ha mencionado, está demostrada en autos una causal de improcedencia manifiesta e indudable que por su naturaleza y características especiales, en modo alguno puede ser desvirtuada en la referida audiencia. Por tanto, se dejan sin efecto las nueve horas con veintitrés minutos del tres de abril de dos mil dieciocho, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de garantías. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese, y personalmente a la quejosa.Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, así como las documentales que obran en autos, se advierte que se actualiza una causal de improcedencia, lo cual da lugar a sobreseer en el presente juicio.Así lo proveyó y firma el licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante el secretario José Manuel Brodeli Vélez Torres que autoriza y da fe. En la misma fecha, el suscrito Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, CERTIFICO: Que una vez que el auto que antecede, fue integrado al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), se dio fe que el mismo es coincidente en su totalidad tanto en el expediente impreso como en el electrónico, lo que se hace constar en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 90 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, y artículo 3 de la Ley de Amparo. Doy Fe. En la misma fecha se pasan los autos al Actuario Notificador. Conste. JLAZ. 751-S JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA. En los autos del juicio de amparo 310/2018-III-JL, promovido por María Guadalupe Reyes Cobarrubias, por su propio derecho y quien se ostenta como representante legal de la menor Nina Naomi Tecayehuatl Reyes, hoy se acordó: San Andrés Cholula, Puebla, dos de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, así como las documentales que obran en autos, se advierte que se actualiza una causal de improcedencia, lo cual da lugar a sobreseer en el presente juicio. Para así considerarlo, se aprecia que María Guadalupe Reyes Cobarrubias, por su propio derecho y quien se ostenta como representante legal de la menor Nina Naomi Tecayehuatl Reyes, acude a esta instancia constitucional a reclamar del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, la omisión de dictar la sentencia correspondiente dentro del expediente 197/2017. Al respecto, la autoridad responsable Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en su informe justificado negó la existencia del acto reclamado. Ahora bien, del estudio integral a la demanda de amparo, se tiene que el acto concreto que la quejosa reclama consiste en la omisión de dictar la sentencia correspondiente dentro del expediente 197/2017. Por su parte, de las constancias remitidas por el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, a las que se reconoce pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, deriva que el dos de marzo del año en curso dictó la sentencia respectiva en el expediente 197/2017, notificando a la parte quejosa el siete del mismo mes y año. Con base en lo anterior, este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla advierte que tal como refiere la autoridad responsable en su informe de ley, se actualiza una manifiesta e indudable causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente y oficioso por ser de orden público, al tenor del último párrafo del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, y que trae como consecuencia el impedimento para abordar el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. Es así, porque el acto reclamado por la impetrante, cesó en sus efectos. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Junio de 1999, página 38, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria, en razón a que el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, con fecha dos de marzo del año en curso dictó la sentencia respectiva en el expediente 197/2017, notificando a la parte quejosa el siete del mismo mes y año; por tanto, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley en cita, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, respecto del acto y autoridad que ha quedado precisados. No representa obstáculo jurídico el que esta determinación se realice fuera de la audiencia constitucional, en atención a que, respecto del acto reclamado, como se ha mencionado, está demostrada en autos una causal de improcedencia manifiesta e indudable que por su naturaleza y características especiales, en modo alguno puede ser desvirtuada en la referida audiencia. Por tanto, se dejan sin efecto las nueve horas con veintitrés minutos del tres de abril de dos mil dieciocho, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de garantías. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese, y personalmente a la quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante el secretario José Manuel Brodeli Vélez Torres que autoriza y da fe. Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. POR AUTORIZACIÓN DEL TITULAR. LIC. JOSÉ MANUEL BRODELI VÉLEZ TORRES. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA.

  4. Principal

    En dos de abril de dos mil dieciocho, doy cuenta con el estado que guardan los presentes autos. Doy Fe.San Andrés Cholula, Puebla, dos de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, así como las documentales que obran en autos, se advierte que se actualiza una causal de improcedencia, lo cual da lugar a sobreseer en el presente juicio. Para así considerarlo, se aprecia que María Guadalupe Reyes Cobarrubias, por su propio derecho y quien se ostenta como representante legal de la menor Nina Naomi Tecayehuatl Reyes, acude a esta instancia constitucional a reclamar del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, la omisión de dictar la sentencia correspondiente dentro del expediente 197/2017. Al respecto, la autoridad responsable Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en su informe justificado negó la existencia del acto reclamado. Ahora bien, del estudio integral a la demanda de amparo, se tiene que el acto concreto que la quejosa reclama consiste en la omisión de dictar la sentencia correspondiente dentro del expediente 197/2017. Por su parte, de las constancias remitidas por el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, a las que se reconoce pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, deriva que el dos de marzo del año en curso dictó la sentencia respectiva en el expediente 197/2017, notificando a la parte quejosa el siete del mismo mes y año. Con base en lo anterior, este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla advierte que tal como refiere la autoridad responsable en su informe de ley, se actualiza una manifiesta e indudable causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente y oficioso por ser de orden público, al tenor del último párrafo del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, y que trae como consecuencia el impedimento para abordar el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. Es así, porque el acto reclamado por la impetrante, cesó en sus efectos. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Junio de 1999, página 38, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria, en razón a que el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, con fecha dos de marzo del año en curso dictó la sentencia respectiva en el expediente 197/2017, notificando a la parte quejosa el siete del mismo mes y año; por tanto, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley en cita, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, respecto del acto y autoridad que ha quedado precisados. No representa obstáculo jurídico el que esta determinación se realice fuera de la audiencia constitucional, en atención a que, respecto del acto reclamado, como se ha mencionado, está demostrada en autos una causal de improcedencia manifiesta e indudable que por su naturaleza y características especiales, en modo alguno puede ser desvirtuada en la referida audiencia. Por tanto, se dejan sin efecto las nueve horas con veintitrés minutos del tres de abril de dos mil dieciocho, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de garantías. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese, y personalmente a la quejosa.Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, así como las documentales que obran en autos, se advierte que se actualiza una causal de improcedencia, lo cual da lugar a sobreseer en el presente juicio.Así lo proveyó y firma el licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante el secretario José Manuel Brodeli Vélez Torres que autoriza y da fe. En la misma fecha, el suscrito Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, CERTIFICO: Que una vez que el auto que antecede, fue integrado al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), se dio fe que el mismo es coincidente en su totalidad tanto en el expediente impreso como en el electrónico, lo que se hace constar en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 90 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, y artículo 3 de la Ley de Amparo. Doy Fe. En la misma fecha se pasan los autos al Actuario Notificador. Conste. JLAZ. 751-S JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA. En los autos del juicio de amparo 310/2018-III-JL, promovido por María Guadalupe Reyes Cobarrubias, por su propio derecho y quien se ostenta como representante legal de la menor Nina Naomi Tecayehuatl Reyes, hoy se acordó: San Andrés Cholula, Puebla, dos de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, así como las documentales que obran en autos, se advierte que se actualiza una causal de improcedencia, lo cual da lugar a sobreseer en el presente juicio. Para así considerarlo, se aprecia que María Guadalupe Reyes Cobarrubias, por su propio derecho y quien se ostenta como representante legal de la menor Nina Naomi Tecayehuatl Reyes, acude a esta instancia constitucional a reclamar del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, la omisión de dictar la sentencia correspondiente dentro del expediente 197/2017. Al respecto, la autoridad responsable Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en su informe justificado negó la existencia del acto reclamado. Ahora bien, del estudio integral a la demanda de amparo, se tiene que el acto concreto que la quejosa reclama consiste en la omisión de dictar la sentencia correspondiente dentro del expediente 197/2017. Por su parte, de las constancias remitidas por el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, a las que se reconoce pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, deriva que el dos de marzo del año en curso dictó la sentencia respectiva en el expediente 197/2017, notificando a la parte quejosa el siete del mismo mes y año. Con base en lo anterior, este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla advierte que tal como refiere la autoridad responsable en su informe de ley, se actualiza una manifiesta e indudable causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente y oficioso por ser de orden público, al tenor del último párrafo del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, y que trae como consecuencia el impedimento para abordar el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. Es así, porque el acto reclamado por la impetrante, cesó en sus efectos. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Junio de 1999, página 38, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria, en razón a que el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, con fecha dos de marzo del año en curso dictó la sentencia respectiva en el expediente 197/2017, notificando a la parte quejosa el siete del mismo mes y año; por tanto, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley en cita, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, respecto del acto y autoridad que ha quedado precisados. No representa obstáculo jurídico el que esta determinación se realice fuera de la audiencia constitucional, en atención a que, respecto del acto reclamado, como se ha mencionado, está demostrada en autos una causal de improcedencia manifiesta e indudable que por su naturaleza y características especiales, en modo alguno puede ser desvirtuada en la referida audiencia. Por tanto, se dejan sin efecto las nueve horas con veintitrés minutos del tres de abril de dos mil dieciocho, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de garantías. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese, y personalmente a la quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante el secretario José Manuel Brodeli Vélez Torres que autoriza y da fe. Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. POR AUTORIZACIÓN DEL TITULAR. LIC. JOSÉ MANUEL BRODELI VÉLEZ TORRES. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA.

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