María Guadalupe Rescéndez Garza

Expediente 212/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
212/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
16/05/2018

Partes del expediente

  • María Guadalupe Rescéndez Garza
  • María Guadalupe Rescéndez Garza y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo número *********, promovido por *********** en su carácter de apoderado legal de *************, y la certificación de cuenta de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto dictado por este tribunal el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, en el que se desechó de plano la demanda de garantías, sin que la parte quejosa haya interpuesto el recurso de mérito; en tales circunstancias, se declara que el referido auto ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar, por lo que, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido. ... se concluye que es susceptible de destrucción. ... procédase a la destrucción de este expediente.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos juicio de amparo, el escrito presentado por ******************, apoderado legal de la directamente quejosa ******************, mediante el cual, solicita que se le tenga a la directamente quejosa por renunciando a cualquier recurso procedente en contra del auto por el que se desechó la demanda de amparo, dígasele que no es el caso proveer de conformidad su petición, puesto que la quejosa ************* tiene a salvo su derecho de interponer el recurso respectivo en el término establecido en la Ley de Amparo contra el proveído dictado el veintisiete de abril del año en curso. Por otra parte, respecto a la petición de la devolución del documento que anexó en su escrito inicial de demanda, al no existir inconveniente legal alguno, hágasele la devolución del mismo, previa copia autorizada que se deje en autos, lo anterior de conformidad con el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, autorizando para recibirla a la persona que señala en el ocurso de cuenta.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA:Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo turnada a este órgano de control constitucional por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Nuevo León, promovida por ******************* en su carácter de apoderado legal ************, contra actos del Titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado y otras autoridades; por lo que fórmese expediente y ..., que le corresponde. Ahora bien, .... impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ... Por su parte, en el apartado que interesa del numeral 20 de la Ley Fundamental, se establece claramente que la víctima u ofendido tiene derecho de impugnar ante la autoridad judicial, es decir, ante el Juez de Control, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Como puede observarse, este último dispositivo concede a la autoridad jurisdiccional la facultad para subsanar la violación al derecho humano de impartición de justicia pronta y expedita establecida en el artículo 17 de la Ley Suprema, al prever el derecho de la víctima u ofendido de acudir ante la autoridad judicial para impugnar, entre otras cosas, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, pues éstas se dan en la etapa de investigación. En congruencia con lo anotado, es pertinente señalar que la implementación del nuevo sistema de Justicia Penal tiene por objeto abandonar las tendencias inquisitivas para adoptar un procedimiento con características acusatorias, resaltando la separación de las tareas de investigación, acusación y juzgamiento en distintos órganos, con base en los principios de publicidad, oralidad, inmediación, concentración, contradicción y continuidad, en donde las partes tienen una situación de igualdad. En este orden de ideas, tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León, detalla la estructura general del proceso penal de acuerdo al sistema acusatorio, destacándose la etapa de investigación, que asume el Ministerio Público con los cuerpos de policía, con control judicial garantizado por el Juez de Control. ... Las decisiones del Ministerio Público sobre la queja interpuesta en contra de la negativa de reabrir la investigación una vez decretado el archivo temporal, abstenerse de investigar y no ejercicio de la Acción Penal, así como la inactividad injustificada de la investigación, podrán ser impugnadas en queja por la víctima u ofendido ante el Juez de Control siempre que este insatisfecha la reparación del daño ocasionado, dentro de los diez días siguientes de que el interesado tenga conocimiento de ellas. Al momento de impugnar la resolución del Ministerio Público, la víctima deberá anexar a su promoción copia de la misma y deberá expresar los motivos de inconformidad." De los anteriores dispositivos, se obtiene que en el Código Adjetivo Penal del Estado se prevé la obligación del Juez de Control de resolver en la etapa de investigación, sobre los derechos de la víctima u ofendido, y controlar las facultades del fiscal investigador, exigiéndole el cumplimiento de los principios y garantías procesales y constitucionales. En este orden de ideas, del análisis en su conjunto de las disposiciones tanto constitucional como federales y locales antes citadas, las cuales prevén la legitimación de la víctima del delito para impugnar el actuar del ministerio público en la fase de investigación, por los efectos negativos que produce, sobre todo si se tiene presente que se establece como un derecho fundamental a su favor dentro de la Carta Magna, máxime que dicho sujeto es el que se ve afectado en sus intereses con la negación o paralización de sus pretensiones. En atención a lo anterior, la parte quejosa tiene la obligación de impugnar ante el Juez de control competente, la abstención del Fiscal responsable de investigar sobre los hechos posiblemente delictuosos, de acuerdo a lo establecido tanto en el Código Nacional de Procedimientos Penales (artículo 133, fracción I, en relación con el 109, fracción XXI), como en el Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León (numeral 252) según sea el caso, ya que dicha impugnación es el medio legal idóneo y específico para lograr la pretensión de la aquí parte quejosa; en consecuencia, el acto reclamado se traduce en un acto jurídico-administrativo de una autoridad, toda vez que este tipo de actuación tiene prevista reglamentación al respecto y por ello la parte quejosa queda constreñida u obligada a agotar el medio ordinario de defensa en acatamiento al principio de definitividad que rige el juicio constitucional. Por tanto, en contra del acto del que se duele la parte quejosa consistente en la omisión de ejercer acción penal relativa a la solicitud de nueve de febrero de dos mil diecisiete, dentro de la carpeta de investigación 301/2015, es improcedente el juicio de amparo, dado que en contra de la misma tendrá que acudir ante el Juez de Control competente para agotar el procedimiento correspondiente, según sea el caso, es decir lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales (artículo 133, fracción I, en relación con el 109, fracción XXI), o lo previsto en el Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León (numeral 252), en estricta observancia al artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ... Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el precepto 61, fracción XX y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que promueve Miguel Oswaldo Zárate Martínez en su carácter de apoderado legal de María Guadalupe Rescéndez Garza, por notoriamente improcedente Por otra parte, respecto a la solicitud de la parte quejosa en cuanto a que se le autorice la consulta vía electrónica del presente juicio de amparo a los usuarios "zarateabogados", "jorgecastillo" y "renecruz"; es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo General Conjunto 1/2014 emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la integración del expediente impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, previsto en el numeral 3° de la Ley de Amparo, se autoriza a los ocursantes la consulta del presente expediente de forma electrónica, en la página http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx/, en la que deberán ingresar su número de usuario y contraseña que le fue asignada por el Consejo de la Judicatura Federal, mismos que precisan en el escrito que aquí se acuerda. Por otro lado, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para los efectos de oír y recibir notificaciones el mencionado en la demanda de garantías.

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