María Guadalupe Rayas Espino
Expediente 839/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 839/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/10/2022
Partes del expediente
- María Guadalupe Rayas Espino
Actuaciones
- Principal
I. Se agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito; atento a su contenido, se provee: Vista la comunicación de cuenta, como lo instruye la superioridad, mediante oficio que derive de este proveído, al que deberá insertarse el contenido del auto de quince de julio del presente año, acúsese recibo del diverso oficio 5504 de su índice. Notifíquese, y, mediante oficio al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiocho de julio de dos mil veintidós. I. Causa estado. Según se advierte del estado procesal de autos, así como de la certificación de cuenta la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de quince de julio de dos mil veintidós, que que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo y destino archivístico. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. Devolución de tomo de pruebas. Ahora, considerando que la autoridad responsable remitio diversas documentales con las que se formó un cuaderno de pruebas, por tanto, en obvio de dilaciones procesales, devuélvanse las constancias que remitió para la substanciación del juicio de amparo; sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, toda vez que la constancia de recepción, hace las veces del mismo. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, quince de julio de dos mil veintidós. I. Radicación. Téngase por recibida la boleta de turno y el oficio 5504, proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, al que acompaña, entre otros, la demanda de amparo promovida por promovida por ......, contra actos del: a) Juez Segundo Civil de Primera Instancia en el Distrito Judicial del Estado de Querétaro; b) Legislatura del Estado de Querétaro; y, c) Gobernador del Estado de Querétaro. Asimismo, de las constancias remitidas, se desprende que por auto de veinte de junio de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo directo ......, dicho órgano jurisdiccional declaró su incompetencia legal para conocer de la demanda de amparo referida. Por tanto, con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República; 1o. fracción I, 37, 45, 107 y relativos de la Ley de Amparo, este Juzgado se avoca al conocimiento del juicio de amparo en cuestión, para los efectos ordenados en la ejecutoria que se menciona. Acúsese recibo. II. Formación de tomo. Con las constancias remitidas por las autoridades señaladas como responsables, fórmese un tomo de prueba, identificados como TOMO I para mejor manejabilidad del expediente. III. Creación del expediente. Fórmese expediente físico y electrónico, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el libro de gobierno correspondiente de este juzgado, bajo el número 839/2022. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. IV. Desechamiento. Según se advierte del análisis integral de la demanda, la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual, a la letra, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que lo informan, el criterio sustentado en la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Luego, según se advierte del análisis de la demanda de amparo, en el caso, se señala como autoridades responsables a: a) Juez Segundo Civil de Primera Instancia en el Distrito Judicial del Estado de Querétaro; b) Legislatura del Estado de Querétaro; y, c) Gobernador del Estado de Querétaro, de quien se reclama: "IV.- ACTO RECLAMADO.- La resolución y/o auto dictado el 13 (sic) de mayo de 2022 por el C. Juez Segundo Civil de Primera Instancia de esta ciudad de Querétaro, Qro., en el Juicio Sumario Hipotecario número ...... promovido por el ahora tercero interesado en contra de la suscrita ....... Así como la INCONTITUCIONALIDAD del artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, esto a razón de que el mismo viola los derechos humanos de debido proceso y derecho a una defensa adeciada." De ello se sigue que, por un lado, se reclama el auto de trece de mayo del año en curso, dictado por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia en el Distrito Judicial del Estado de Querétaro, en el juicio civil sumario hipotecario ......, en que, con fundamento en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, se desechó el incidente de nulidad de actuaciones planteado por la ahora quejosa contra el emplazamiento. Acto de autoridad respecto del cual se actualiza de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual, a la letra, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]." Del precepto transcrito se obtiene que, la procedencia del juicio de amparo promovido contra actos de autoridad de naturaleza jurisdiccional, se rige, entre otros, bajo el principio de definitividad, el cual impone, por regla general, que tales actos podrán reclamarse en la vía constitucional, sólo cuando la ley que los regule no conceda algún recurso o medio ordinario de defensa por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; a contrario sensu, el juicio de amparo será improcedente siempre el acto de autoridad pueda ser combatido en los términos antes señalados. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que lo informan, el criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la jurisprudencia I.60.C.J/37, cuyo rubro y texto se transcriben: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." 1 Ahora, para evidenciar la actualización de la causa de improcedencia indicada, es necesario atender a lo establecido en los artículos 721 y 736 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de Querétaro, los que, a la letra, establece: "Artículo 721. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el juez que los dicta o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." "Artículo 736. Las sentencias definitivas son apelables cuando recaigan en negocios cuyo valor exceda de trescientas veces el salario mínimo general diario vigente en la zona y en aquellos cuyo interés no sea susceptible de calcularse en dinero. En estos casos la relación se admitirá en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sea solo en efecto devolutivo. Las sentencias interlocutorias y los autos, sólo son apelables cuando lo sea la sentencia definitiva del juicio, debiendo los segundos tener fuerza de definitivos o disponerlo este Código. La apelación contra estas resoluciones procede sólo en el efecto devolutivo, salvo que exista en contrario disposición expresa de la ley." De lo antes reproducido se obtiene que, en los juicios del orden civil local, los autos admite apelación en contra cuando tengan fuerza de definitivos o por disposición expresa de la ley, de modo que, los que no reúnan tales características podrán ser impugnados mediante revocación; hipótesis que se actualiza respecto del auto reclamado, pues dado su contenido no resuelve de forma definitiva algún punto sobre la que versa la litis del procedimiento de origen, ni existe disposición expresa en codificación civil adjetiva en el sentido que sea recurrible mediante apelación. En ese sentido, es claro que el promovente estaba obligado a agotar el medio ordinario de defensa indicado, previo a ejercer la acción constitucional; de ahí que, al no hacerlo, incumplió con el principio de definitividad que rigen el juicio de amparo, lo que actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que lo informan, el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis consultable en el Tomo LXVIII, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación, página 878, registro 353752, cuyo rubro y texto se transcriben: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES, AMPARO IMPROCEDENTE EN CASO DE DESECHAMIENTO DEL INCIDENTE DE. Si los actos reclamados en el amparo se hacen consistir en el auto que desechó el incidente de nulidad promovido por el quejoso, contra las notificaciones que se llevaron a efecto en las diligencias preparatorias a juicio ejecutivo; en la resolución que negó la revocación de dicho auto; en la resolución que negó la reparación constitucional y en las consecuencias derivadas de esos actos no puede decirse que deba desecharse la demanda de garantías porque las violaciones alegadas podrían ser reparadas en la sentencia definitiva que se dicte en el juicio ejecutivo, y porque los actos reclamados no tienen ejecución real en las cosas o en la persona del agraviado, pues debe estimarse, por el contrario, que si queda firme el auto que desechó la nulidad de notificaciones planteada por el quejoso, la sentencia definitiva que se dicte en el juicio ejecutivo no tendrá que examinar nuevamente la validez de esas notificaciones y, por tanto, es inexacto que en dicha sentencia se pueda reparar la violación. Por otra parte, los actos indicados si tienen ejecución material con respecto del quejoso, pues si con apoyo en la validez de las actuaciones prejudiciales llevadas a cabo se dictó un mandamiento de embargo de bienes, el mismo no subsistiría en el caso de que se declararan nulas las notificaciones de que se trata. Las razones anteriores, unidas a la de que los actos reclamados surgieron a la vida jurídica antes de juicio, llevan a concluir que en el caso antes enunciado, debe aplicarse la fracción IX del artículo 107 constitucional y admitirse la demanda de amparo." En otro aspecto, con relación al reclamo de inconstitucionalidad del artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V (interpretada a constrario sensu), ambos de la Ley de Amparo, los que, a la letra, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Según se obtiene de los preceptos transcritos, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando en este se reclama un acto de autoridad cuyos efectos no sea de imposible reparación, entendidos tales actos como aquéllos que afectan de forma material derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte. Causa de improcedencia que se actualiza respecto del precepto normativo cuya inconstitucionalidad se reclama, en tanto carece de una ejecución irreparable, pues su aplicación no incide en la esfera jurídica sustantiva del quejoso, sino que se limita una cuestión que, en su caso, afectaría los derechos procesales de aquél, así como las posturas que deba adoptar durante la substanciación del juicio. Sobre el particular, sirve de apoyo el criterio sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis consultable en Tomo XXIII, Febrero de 2006, Materia Común. Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1881, registro 175839, cuyo rubro y texto se transcriben: "PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CON MOTIVO DE UNA CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES AHÍ SURGIDA, SI NO SE TRATA DE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 114, fracciones II y IV y 158, último párrafo, de la Ley de Amparo, se advierte que la vía idónea para reclamar una cuestión surgida dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, que sea de imposible reparación, relativa a la constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, es el amparo indirecto que se tramita ante el Juez de Distrito, aunque ello no se precise en la fracción IV del citado numeral 114 que alude a actos en el juicio, ya que por igualdad de razón debe aplicarse a los actos dictados en los procedimientos seguidos en forma de juicio, lo que de suyo permite inferir que en un caso concreto la existencia de la imposible reparación resulta ser un requisito esencial para la procedencia de esa vía. Lo anterior en virtud de que una cuestión de constitucionalidad surgida en el procedimiento seguido en forma de juicio tiene una ejecución de imposible reparación si los efectos legales y materiales producidos como consecuencia de la aplicación en él de una ley, tratado internacional o reglamento, alcanzan a afectar al quejoso de manera cierta e inmediata en algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales que no es susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el citado procedimiento por haberse consumado irreparablemente la violación. Precisamente esa es la lógica que informa la procedencia del juicio de garantías en lo general, sirviendo de apoyo a lo anterior el contenido del invocado artículo 158, último párrafo, de la ley de la materia, que claramente establece que cuando durante el juicio surjan cuestiones de constitucionalidad de leyes que no causen perjuicios de imposible reparación, éstas han de combatirse, precisamente, en el dictado del fallo definitivo." Además, cuando se promueve juicio de amparo contra una ley o reglamento con motivo de un aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto que es precisamente el que causa perjuicio al promovente, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento; de ahí que, si el juicio de amparo resultó improcedente en cuanto al acto de aplicación, ello impide examinar al uno prescindiendo del otro, esto es realizar el estudio de la ley. Resulta ilustrativa la jurisprudencia correspondiente a la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, página: 235, de rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Asimismo, la Jurisprudencia correspondiente a la Séptima Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice de 1995, Tomo I, Parte SCJN, página: 210, de rubro y texto: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." Por tanto, de conformidad con el marco normativo expuesto, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ......, en términos del artículo 113 del ordenamiento legal en comento. V. Captura de Proveído. Ahora, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. VI. Información vía telefónica y correo electrónico. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, se hace del conocimiento de las partes que únicamente a fin de obtener información y comunicaciones no procesales respecto de los juicios que lleven ante este órgano jurisdiccional, se pone a su disposición el número telefónico 442 235 7000, extensión 2501, así como el correo electrónico 5jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que, solo de estimarse necesario, se conservará y certificará el registro de la comunicación correspondiente, para ser incorporadas al expediente respectivo. VIII. Atención presencial. En caso que, de manera excepcional e indispensable, las partes requieran acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, deberán hacerlo a través del modelo de atención presencial basado en citas contenido en el Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido que, deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento; acudir puntualmente a sus citas y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia; y que, el incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. VIII. Recepción de promociones. Se hace del conocimiento que la mecánica de habilitación de buzones judiciales en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y de la Oficialía de Partes Común, para la recepción de promociones presentadas físicamente, así como de las promociones presentadas electrónicamente, es la siguiente: Recepción de promociones a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), instalada fuera de las instalaciones de este juzgado. 09:00 a 14:00 horas y de las 15:00 a 19:00 horas. Recepción de promociones de término mediante su depósito en los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado (OCC) siguiendo las reglas para su uso (artículos 10 y 11 del Acuerdo General 21/2020) 14:01 a 20:00 horas. Recepción de promociones únicamente de término a través del Secretario de guardia, entendidas como aquellas que el día en que se pretenda su presentación, sea el último para desahogar una prevención o requerimiento, que se haya decretado bajo algún apercibimiento, siguiendo las reglas para su uso (artículos 12 del Acuerdo General 21/2020) 20:01 a 00:00 horas. Recepción de promociones vía electrónica 24 horas Así mismo, se informa que, de conformidad con la fracción VII del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, 2 las promociones presentadas a través de la Oficialía de Partes Común y de los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, serán ingresadas materialmente a este Juzgado el día hábil siguiente, con independencia de la hora de su presentación. En ese sentido, tratándose de promociones dirigidas a audiencias o diligencias de la propia fecha de su presentación, no podrán ser remitidas de inmediato a este órgano jurisdiccional, atento a la mecánica prevista en el Acuerdo General 21/2020 y Circular 14/2020; lo que deberán tomar en consideración para los efectos que estimen conducentes; sin perjuicio de que las promociones presentadas vía electrónica, no tienen tal restricción. IX. Domicilio y autorizados. Ahora, toda vez que la parte quejosa precisó como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, los cuales no pueden tenerse como tal, hágase de su conocimiento que hasta en tanto señale uno en esta ciudad o en zona conurbada, las notificaciones que deban hacérsele, incluso las de carácter personal, se le realizarán por medio de la lista, de acuerdo con lo previsto por el artículo 26, fracción III y 27 de la Ley de Amparo. Apoya esta consideración la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, identificada con la clave XXII.1º.22K, visible en la página 1067, del Tomo VIII, Diciembre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ESTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." Como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ...... y únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que refiere en su escrito de demanda, por así solicitarlo expresamente. Ahora, la parte promovente señala un correo electrónico y número telefónico en su escrito inicial para oír y recibir notificaciones; sin embargo, no ha lugar a acordar de conformidad, tomando en consideración que dicho medio no se encuentra en los previstos por el artículo 27 de la Ley de Amparo, el cual establece que las notificaciones podrán realizarse en forma personal, por oficio, por lista o vía electrónica, en ésta última, obteniendo previamente la Firma Electrónica, por lo que únicamente se le tiene proporcionando un medio de contacto, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. X. Acceso a expediente electrónico (consulta y notificaciones). Con fundamento en los artículos 21, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la consulta y notificaciones electrónicas del presente juicio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al usuario "......." registrado ante dicho sistema. En ese sentido, derivado de la autorización para consulta del expediente electrónico, se hace del conocimiento de la parte promovente que las constancias que obran en el sistema se encuentran sin supresión alguna de datos personales, información que es confidencial en términos de los artículos 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que tendrá que adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los mismos y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. Hágase del conocimiento de la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y de los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, la autorización de consulta y notificaciones de expediente electrónico, ello para los efectos legales conducentes XI. Notificación y exhortación. Se reitera la exhortación a las partes y a sus autorizados, para que, de acuerdo a la contingencia por el virus COVID-19 en el que el país se encuentra inmerso, realicen consulta de expedientes vía remota (expediente electrónico o listas de acuerdos a su disposición en la página www.cjf.gob.mx), para lo cual, se hace de su conocimiento que tienen expedito su derecho de solicitar el acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. También se hace la precisión de que tratándose del juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. XII. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. XIII. Publicación de lista de acuerdos y contacto con las partes. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 22 y 28 del citado acuerdo general, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y/o propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Asimismo, se requiere a las partes (incluidas las autoridades responsables) para que proporcionen un número de teléfono móvil, a fin de que, en caso de ser necesario, se entable comunicación por parte del personal de este órgano jurisdiccional. XIV. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XV. Transparencia y acceso a la información pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 13,534 expedientes
- María Guadalupe Pantoja Arreguín1455/2022
- María Guadalupe Pérez Hernándeaz145/2019
- María Guadalupe Pérez Hernández1138/2018
- María Guadalupe Pérez Hernández1392/2018
- María Guadalupe Pérez Pérez1094/2021
- María Guadalupe Pozas Gómez488/2019
- María Guadalupe Rivera Juárez12/2023
- Maria Guadalupe Rivera Perez1487/2022
- María Guadalupe Robles Hernández222/2023
- Maria Guadalupe Rodríguez Badillo938/2020
- María Guadalupe Rodriguez González2246/2015
- María Guadalupe Rodríguez González2913/2015