Maria Guadalupe Ramirez Jimenez

Expediente 22/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
22/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
22/02/2022

Partes del expediente

  • Maria Guadalupe Ramirez Jimenez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Se tiene por recibida la razón actuarial que suscribe la Auxiliar de Actuario adscrito a la Unidad de Notificadores Común a los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, por la que comunica la imposibilidad que le asistió para hacer entrega de los oficios 5159/2022 y 5160/2022 dirigidos, respectivamente, al Juez y Secretario de Acuerdos adscritos al Juzgado Primero de lo Civil de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por las razones ahí expuestas. En mérito de lo anterior, por medio de los oficios que deriven de este acuerdo, se ordena reexpedir dicho oficios, debiendo dirigirlos al Juez y Secretario de Acuerdos adscritos al Juzgado Tercero de lo Civil de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para que se encuentren en facultad de acatar lo dispuesto en el acuerdo inserto en los comunicados en cuestión. En la inteligencia de que el plazo legal otorgado en auto de catorce de febrero actual, comenzará a transcurrir al día siguiente al en que reciban los oficios que deriven de este proveído. Notifíquese por lista física y electrónica.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta que remite el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, mediante el cual informa que dicha dependencia se encuentra realizando las gestiones tendentes a cumplir con la ejecutoria de amparo; asimismo informa que ésta se encuentra a la espera de la remisión de los documentos solicitados a la Dirección de Tecnología de Información Financiera de la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco, a efecto de que la responsable esté en posibilidad de dar cabal cumplimiento a lo requerido en el fallo protector. Requerimiento a autoridad responsable. Por lo anterior, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase tanto al al Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, como al Titular de la Dirección de Tecnología de Información Financiera de la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco. Bajo apercibimiento. Notifíquese por lista física y electrónica.

  3. Principal

    AVISO PRINCIPAL, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS LA CUAL DICE I. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la Presidente Auxiliar de la Décima Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, rindiendo su informe justificado, sin perjuicio de relacionarlo al celebrarse la audiencia constitucional. II. Prueba documental. Conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por presentada la prueba documental que se exhibe con el oficio de cuenta. III. Sobreseimiento fuera de audiencia. El juzgador de amparo tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente; y analizar de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en artículo 62 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Luego, de la lectura de la demanda de amparo se aprecia que la quejosa *, promovió juicio de amparo reclamando la omisión de la responsable, de emitir acuerdo respecto de la demanda que promovió y que dio origen al expediente 1632/2021. Así, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se desprende que el veinte de enero de dos mil veintidós, la junta responsable admitió a trámite la demanda de referencia. Y, para robustecer lo anterior, remitió copia certificada de dicho proveído, la cual es una documental pública que goza de valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de constancias integradas por un funcionario investido de fe pública, durante y con motivo del ejercicio de sus funciones; en el entendido de que la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular sobre los documentos de los sellos, firmas y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes. Entonces, de lo narrado, se aprecia que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, cuyo precepto dispone: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Conforme al citado precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, por parte de la propia autoridad responsable, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, no dejara huella. La causa de improcedencia que se invoca tiene su justificación en el contenido del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, cuya finalidad de la concesión del amparo es restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, por tener el acto reclamado naturaleza positiva. La razón que justifica la improcedencia invocada, sería la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Así, tenemos que los requisitos de la fracción invocada son: 1. Que exista revocación incondicional del acto, o de sus efectos, por parte de la autoridad; y 2. Que haya restitución al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada. En ese orden, si la parte quejosa acude a la instancia constitucional combatiendo la vulneración a su derecho fundamental; al opinar que la autoridad responsable había sido omisa en proveer la demanda referida; por consiguiente, al haber emitido el pronunciamiento correspondiente el veinte de los corrientes, se obtiene que cesaron los efectos del acto reclamado. Ello es así, ya que el artículo 77 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho." Del texto del artículo citado se desprende que el objeto de la concesión de la protección constitucional a la parte quejosa, es para restituirla en el goce de sus derechos humanos violados, para lo cual distingue la naturaleza del acto en dos hipótesis: 1. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se ordenará restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y 2. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Ahora, en el caso, el acto reclamado se traduce en dilación en el procedimiento de origen, cuya naturaleza es omisión que se clasifica entre los actos negativos. Por tanto, con la multicitada determinación volvieron las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, pues como se dijo, ya no existe acto de molestia, con lo que cesaron los efectos de la litis constitucional, por lo que no es posible examinar las violaciones que pudieran existir en la dilación reclamada sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad si el mismo ya no afecta la esfera jurídica del peticionario de amparo. En consecuencia, al existir de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia expuesta, procede sobreseer en el presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirven de apoyo los siguientes criterios de rubro y texto siguientes: "Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." "Novena Época Registro: 197367 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997 Materia(s): Común Tesis: P. CL/97 Página: 71 ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Conforme a lo anterior, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. Causal que se actualiza de forma manifiesta e indudable, pues se cuenta con las constancias remitidas en copia certificada por la responsable, por lo que en nada variaría el sentido de la presente resolución. Por tanto, esa causal se actualiza de forma tal que, aun cuando se continuara la tramitación del juicio de amparo, en nada variaría el sentido de la resolución, pues el resultado sería el mismo, y de lo contrario se haría necesaria su continuación, lo que contravendría el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. Al respecto, es aplicable al no oponerse a lo previsto en le Ley de Amparo, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente jurisprudencia: "Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Página: 386 SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." III. Se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional. Con motivo de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las once horas con treinta minutos del cuatro de febrero de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    AVISO PRINCIPAL, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS LA CUAL DICE I. Quejoso requiere que se archive asunto. Visto el escrito signado por el quejoso Alberto Ramos Meléndez, mediante el cual realiza manifestaciones en relación con el cumplimiento al fallo protector; al respecto, y ante la voluntad de desistirse del cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos y solicitar el archivo del presente asunto, se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, ratifique el desistimiento de mérito, lo anterior bajo apercibimiento que de no atender este requerimiento se continuará con el trámite del cumplimiento. En el entendido que podrá realizar la ratificación requerida, a través de escrito que presente de forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, habida cuenta que la firma electrónica hace las veces a la estampada ante la presencia judicial. Sirven de apoyo las siguientes jurisprudencias: "Décima Época Registro: 2022891 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Materia(s): Común Tesis: VII.1o.C.19 K (10a.) DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. LA FIRMA ELECTRÓNICA PLASMADA EN EL ESCRITO QUE LO RATIFICA ES IGUAL A LA ESTAMPADA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL. Elartículo 3o., párrafo quinto, de la Ley de Amparo establece que la firma electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para las partes para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Por su parte, los artículos 2, fracción XVI y 3, fracciones I, III y V, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, establecen que la firma electrónica es el documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del firmante con una llave pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un documento electrónico; asimismo, los documentos electrónicos o digitalizados ingresados por las partes en los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de firma electrónica producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. Por tanto, la firma electrónica plasmada en el escrito de ratificación del desistimiento de la demanda de amparo, de cuya evidencia criptográfica se aprecia el nombre de su firmante y, el certificado es reconocido y vigente, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada al órgano jurisdiccional, y tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel; además de que está garantizada la identidad de la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto; de ahí que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda de amparo, firmado electrónicamente por la parte interesada, es igual al signado ante la autoridad judicial, y concreta el supuesto contenido en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo." "Décima Época Registro: 2022891 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Materia(s): Común Tesis: I.9o.P.304 P (10a.) DESISTIMIENTO DEL RECURSO DE QUEJA EN EL AMPARO. SI EL ESCRITO RELATIVO Y EL DE SU RATIFICACIÓN SE PRESENTARON EN EL MÓDULO DE PROMOCIONES ELECTRÓNICAS DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), CON SU EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA, TIENE LOS EFECTOS DE HABERSE REALIZADO ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL. Hechos: El defensor particular del quejoso presentó en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), según su evidencia criptográfica, el desistimiento del recurso de queja interpuesto contra el desechamiento de plano de la demanda de amparo; por auto de presidencia de este tribunal se ordenó requerir al recurrente para que manifestara si lo ratificaba, apercibido que, de no hacerlo, se continuaría con el trámite del asunto. Por escrito recibido en el módulo de promociones electrónicas del propio SISE, según su evidencia criptográfica, se cumplió el requerimiento. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el desistimiento del recurso de queja en el amparo, al haber presentado el defensor del quejoso el escrito relativo y el de su ratificación en el módulo de promociones electrónicas del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con su evidencia criptográfica, tiene los efectos de haberse realizado ante la presencia judicial. Justificación: Lo anterior, pues de acuerdo con los artículos 1, 3, 4, 5, 10, 12, incisos b) y f) y 13, inciso d), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, y 5, 54, 55, 58, 59, 60, 62, 64, 67, 75 y 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en relación con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, la tramitación de los juicios permite el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la "firma electrónica", que es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa,como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificacionesoficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, por lo que cada documento electrónico que se reciba debe contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica, ya que por medio de ésta se muestran el nombre del autor del documento, así como la manifestación de la voluntad del promovente que realiza actos procesales para instar al órgano jurisdiccional de amparo; de ahí que se considere debidamente ratificado el desistimiento ante la presencia judicial. II. Se comisiona al Actuario Judicial Adscrito a generar y entregar el código QR. Al ser este órgano jurisdiccional quien requiere la presencia física del promovente Alberto Ramos Meléndez, en las instalaciones del local de Juzgado Federal, conforme al artículo 6 del Acuerdo General 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el Virus Covid-19; se ordena al Actuario Judicial de la adscripción agendar la cita generando el código QR respectivo, en el entendido que dicho código al encontrar su origen en un requerimiento sujeto a un plazo, la cita tendrá verificativo el día de su vencimiento. Asimismo, se conmina al actuario judicial adscrito a este órgano a fin de que, al momento de practicar la notificación correspondiente, entregue a la persona con quien entienda dicho acto el código QR, asentando su entrega recepción en el acta conducente. Bajo tales circunstancias, se comisiona al Actuario judicial adscrito para que programe la cita de trato y al notificar el presente proveído, le proporcione a la parte quejosa el código QR respectivo, el cual deberá presentar, a fin de poder ingresar en este recinto judicial. III. Ingreso al órgano jurisdiccional. Lo anterior en el entendido de que el justiciable que asista a las instalaciones del juzgado deberá en todo momento atender a las medidas de seguridad sanitaria y distanciamiento social acatando cualquier indicación que el personal del órgano jurisdiccional realice en ese sentido, so pena que de hacer caso omiso a lo anterior o que el desarrollo de la visita programada implique un riesgo a la salud pública, se suspenderá la diligencia respectiva debiendo abandonar las instalaciones, produciéndose los efectos legales respectivos. Notifíquese por lista física y electrónica, y de manera personal a la parte quejosa.

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