María Guadalupe Ramírez Aparicio

Expediente 1658/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1658/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • María Guadalupe Ramírez Aparicio
  • Directora Jurídica Contenciosa de la Dirección General Jurídica de la Auditoria Superior del Estado de Puebla

Actuaciones

  1. Principal

    ENVIAR RECURSO. Visto que se encuentra integrado el recurso de revisión interpuesto por Apoderada del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, en representación de las autoridades señaladas en el presente juicio. Por tanto, en cumplimiento al proveído de diecisiete de octubre del año en curso, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en Turno, el juicio de amparo número ******, promovido por *****, contra actos de la Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP) y de otras autoridades, para la substanciación y resolución del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia de veintiocho de septiembre de esta anualidad. Notifíquese.

  2. Principal

    (CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: SE DESECHA la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, pues del análisis integral de la demanda permite advertir que la persona quejosa reclama: * La resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés dictada por la Directora Jurídica Contenciosa de la Dirección General Jurídica de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, en la cual se resuelve el recurso de reconsideración R.R.*****, donde se confirma la medida de apremio número *****, consistente en una multa, la cual se resolvió conforme a lo dispuesto en la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. Al respecto, este juzgador advierte que contra el acto reclamado precisado en el punto 1, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Del artículo citado se desprende el principio de definitividad del acto reclamado -emitido por autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo- que rige al juicio constitucional, el cual establece que el juicio constitucional, por regla general, sólo procede respecto de actos definitivos, en relación con los cuales no deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan, o no proceda en su contra algún recurso, juicio, o medio de defensa que pueda dar lugar a su modificación, revocación, o anulación. Ello, ya que al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, no pueden analizarse cuestiones respecto a las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer. El artículo 68, fracción XV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, señala: ARTÍCULO 68. El Tribunal de Justicia Administrativa tendrá competencia para conocer de las controversias de carácter administrativo que se susciten entre la administración pública estatal o municipal con facultades de autoridad, y los particulares; así como de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, siguientes: I. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la ley aplicable; II. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación; III. Las dictadas por autoridades fiscales estatales y municipales en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; IV. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por los ordenamientos fiscales y administrativos del Estado y municipales, indebidamente percibido por el Estado o Municipios cuya devolución proceda de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables; V. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas estatales y municipales; VI. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario Estatal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla; VIII. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma, y de adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades paraestatales de la administración pública estatal y municipal; así como las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos de las administraciones estatal o municipales centralizada o paraestatal cuando las leyes señalen expresamente la competencia del Tribunal; IX. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante. También, las que, por repetición, impongan la obligación a las personas servidoras públicas de resarcir al Estado el pago correspondiente a la indemnización, en los términos de la ley de la materia; Asimismo, resolver sobre los casos de Responsabilidad Patrimonial del Estado por error judicial. X. Las que requieran el pago de garantías a favor del Estado o los Municipios, así como de sus entidades paraestatales; XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla; XII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; XIII. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen las leyes en materia fiscal y administrativa aplicables, o, en su defecto, en el plazo de tres meses. XIV. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a las personas servidoras públicas en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los órganos constitucionales autónomos; XV. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado, en términos de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; XVI. Resolver el recurso de reclamación interpuesto por las partes dentro de un juicio contencioso administrativo en los términos de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla; XVII. Resolver el recurso de revisión interpuesto por las partes dentro de un juicio contencioso administrativo en los términos de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla; XVIII. Resolver los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, cuando se consideren contrarias a la ley; XIX. Determinar las responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas y de actos de particulares vinculados con faltas graves promovidas por los órganos internos de control para la imposición de sanciones en términos de lo dispuesto por la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas. Así como fincar a las personas responsables el monto del pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los Entes Públicos, y XX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal. El funcionamiento de las Salas Colegiadas y de la Sala Especializada, se determinará mediante Acuerdo del Consejo, atendiendo a su competencia conforme a las disposiciones legales aplicables. Por su parte el artículo 1, último párrafo de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado De Puebla dispone: "ARTÍCULO 1. Los juicios que se promuevan ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla se regirán por las disposiciones de esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte. A falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, siempre que no se contravengan las disposiciones que regulan el juicio contencioso administrativo que establece esta Ley. Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo, no satisfaga el interés jurídico del recurrente, y este la controvierta en el juicio contencioso administrativo, se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso. Asimismo, cuando la resolución a un recurso administrativo declare por no interpuesto o se deseche por improcedente, siempre que el Tribunal determine la procedencia del mismo, el juicio contencioso administrativo procederá en contra de la resolución objeto del recurso, pudiendo en todo caso hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso." De lo que se advierte la existencia del juicio de nulidad o del juicio contencioso administrativo como medio ordinario de defensa cuyo objeto es modificar, revocar o declarar nulificado el acto reclamado. Sin pueda operar excepción alguna a dicho principio, dado que al haber optado la parte quejosa la impugnación ordinaria de la medida de apremio impuesta, está obligada a concluirla agotando todos los medios de impugnación ordinarios antes de acudir al juicio de amparo. En ese orden de ideas, por ser notoria e indudable la causa de improcedencia analizada, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se provee, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que señala para tal efecto en esta Ciudad, autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******, por no encontrarse registradas su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesiones del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se tiene como medios de comunicación no procesales los proporcionados en el escrito (correo electrónico y/o número telefónico) en términos del artículo 257 del AGDAOJ. se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario adscrito a este Juzgado Federal realice notificaciones físicas. Se autoriza a las partes para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Sin embargo, se les hace saber que en términos del artículo 41 Bis del AC 12/2020, no obstante que actúen bajo el esquema físico, deberán consultar el expediente en su versión electrónica; lo cual podrán hacer desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (quienes hayan solicitado tal acceso) o al acudir presencialmente a este juzgado, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (en adelante LGDPPSO), se hace del conocimiento de las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en dicho ordenamiento, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo séptimo transitorio de la referida ley, emita la normativa correspondiente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    RECURSO DE REVISIÓN. la moral tercero interesada ***** a través de su apoderada legal *********, interpone recurso de revisión y expresa agravios en contra de la sentencia dictada el cinco de septiembre de dos mil veintitrés. distribúyanse entre las partes las copias del escrito de agravios; intégrese el expediente en que se actúa y de inmediato remítanse los autos, así como el escrito de agravios, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en Turno. Se deja a disposición de la parte quejosa ******** en las oficinas de este juzgado, una copia del escrito del recurso de revisión para su entrega. Finalmente, se ordena formar cuaderno de antecedentes a partir de este auto, no así con las anteriores actuaciones, en virtud de que estas pueden ser consultadas en el expediente electrónico. Notifíquese.

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