Maria Guadalupe Pérez Lopez

Expediente 318/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
318/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
27/10/2023

Partes del expediente

  • Maria Guadalupe Pérez Lopez

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, agréguese a los autos el escrito de la quejosa ****, mediante el cual desahoga la prevención efectuada en proveído de diez de octubre de dos mil veintitrés y en la cual manifestó que no es su deseo señalar como autoridad responsable a la Sala Regional del Pacífico y Auxiliar, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Acapulco, Guerrero. Admisión. Ahora bien, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 5, 33, 107, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de que se trata. Incidente de suspensión Sin que haya lugar a ordenar la apertura del incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. Audiencia constitucional Conforme al artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las once horas con diecisiete minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Pruebas Por otro lado, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales que exhibe acompañando a su demanda, mismas que se desahogan por su propia naturaleza, lo anterior, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Intervención al Ministerio Público En términos de lo dispuesto por los artículos 5, fracción IV y 26, fracción I, inciso k), de la ley de la materia, dese la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público adscrito, mediante notificación personal. Informe justificado En atención al contenido de los artículos 117 y 75 de la Ley de Amparo, con copia de la demanda y del escrito aclaratorio, requiérase informe justificado a la autoridad responsable, además, deberá remitir copia certificada de las constancias que sirvieron como base para emitir el acto que se le atribuye; dichas copias deben ser legibles, completas y ordenadas de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano de control constitucional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso el impedimento legal que tenga para hacerlo También deberá enviar digitalizadas dichas constancias en términos del punto CUARTO, artículo 3, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. En la inteligencia que puede remitir su informe por escrito o vía telegráfica; por excepción los podrá remitir al correo oficial 9jdo21cto@correo.cjf.gob.mx, así como sus anexos debidamente escaneados, siempre y cuando manifieste, bajo protesta de decir verdad, que no tiene acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y que los documentos digitalizados respectivos son copias íntegras e inalteradas de los documentos físicos; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentado su informe y anexos, ya que no conservará el valor probatorio que le corresponde conforme a la legislación aplicable. Apercibimiento De igual forma hágasele saber que de conformidad con lo dispuesto en los numerales 115 y 117 de la ley de la materia, en caso de que omita rendir su informe, o sin remitir las constancias necesarias, se le presumirá cierto el acto que se le reclama, salvo prueba en contrario; además, se hará acreedora a una multa de $******************** (******************** moneda nacional), el cual es el equivalente a multiplicar por cien el valor diario de la unidad de medida y actualización -publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés-, tal como está previsto en el precepto 260, fracción II, del mismo ordenamiento de la citada legislación, establece una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas unidades de medida y actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo, al rendir su informe con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad. Deber de comunicar causas de improcedencia Además, prevéngase a todas las partes para que en observancia de lo previsto por el artículo 64, de la Ley de Amparo, en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, de lo contrario se harán acreedoras a una medida de apremio contemplada en el artículo 251, en relación con el diverso 238 de la multicitada ley, consistente en una multa equivalente a $******************** (******************** moneda nacional), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización por treinta. Apercibimiento de autoridad inexistente En aras de una pronta y expedita impartición de justicia, con apoyo en lo dispuesto en los preceptos 17 constitucional y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda o sea imprecisa, se tendrá como inexistente, previa vista y apercibimiento que se formule a la parte quejosa a efecto de que aclare su denominación. Tercero interesado Dada la naturaleza del acto reclamado, no le reviste el carácter de tercero interesado a persona alguna. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable.

  2. Principal

    PREVENCIÓN Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos de la subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Registro Fórmese expediente impreso y electrónico; regístrese en el libro de control de juicios de amparo bajo el número 318/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Prevención. Ahora bien, para estar en aptitud de proveer respecto de su admisión y procedencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción II, así como 114 fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a la quejosa para que dentro del plazo de cinco días y bajo protesta de decir verdad, complemente la demanda como a continuación se indica: ÚNICO. Indique si es su deseo señalar como autoridad responsable a la Sala Regional del Pacífico y Auxiliar, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con residencia en Acapulco, Guerrero, y precise los actos o acto que le reclama. Apercibida que de no hacerlo, se hará el pronunciamiento respectivo solo por cuanto hace a la autoridad y acto reclamados inicialmente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VIII.1o.19 K, emitida el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, octubre de 1998, página 1106, la cual establece: "AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIR AL QUEJOSO, SI DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE SU PARTICIPACIÓN EN LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con vista en el criterio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiados han sustentado en el sentido de que la demanda de garantías constituye un todo y debe interpretarse en su integridad a fin de encontrar los elementos que la conforman, y de que el juzgador es un perito en derecho con capacidad para interpretar una redacción oscura e irregular y determinar si el autor por error incurre en omisiones e imprecisiones por desconocimiento de la técnica de amparo, sin que esto signifique suplir la deficiencia de la queja o integrar la acción que intenta el gobernado, sino sólo en armonizar la información con la que cuenta, tomando también como elemento referencial para determinar la realidad y precisión de los actos reclamados y la designación de las autoridades responsables, los anexos de la demanda y los propios informes justificados que las autoridades rindan; se estima que si el Juez de Distrito, con motivo de los informes justificados o de alguna otra prueba advierte que el acto proviene de una autoridad distinta de las señaladas como responsables o que aparezcan otros actos diversos de los indicados como reclamados que expresamente se hayan omitido en la demanda, deberá ordenar que el contenido de los informes o de esas pruebas se haga del conocimiento de la parte quejosa mediante notificación personal y, prevenirlo para que aclare si señala o no como reclamado, a esos nuevos actos o se tenga como responsable a la nueva autoridad de la que no tenía conocimiento el quejoso, por tratarse de un tercero ajeno al procedimiento o no siéndolo inadvertidamente pasó por alto, y así, estar en posibilidad de dictar una sentencia justa y apegada a la realidad, evitando que la distracción o confusión de aquél sea la base para generar un obstáculo que pueda llegar a ser una trampa procesal que impida al Juez resolver el fondo de la cuestión planteada. Por lo tanto, si en el caso la parte quejosa señaló como autoridad responsable a la Junta, pero de los informes justificados se desprende que quien emitió el acto fue el presidente de ésta, el Juez de Distrito debió prevenir a la parte quejosa a efecto de que aclarara si señalaba o no como responsable al titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje y, al no hacerlo así, el a quo incurrió en una violación a las normas que regulan el procedimiento y debe ordenarse reponerlo para los efectos precisados." Se precisa que el desahogo de la prevención deberá de efectuarlo la quejosa, lo anterior, en razón de que resulta indispensable observar el principio de agravio personal y directo, así como de instancia de parte agraviada; toda vez que el titular de la acción es en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y a quien le constan los hechos ocurridos como antecedentes de aquél. Es aplicable por las razones que la contienen, la jurisprudencia 50/2014, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, del tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil cuatro, Décima Época, con número de registro 2007285, que establece: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es asi, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación, además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes". Sirve de apoyo por las razones la jurisprudencia 2a./J. 88/2006 que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." Autorizados De igual manera, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, en razón de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Domicilio Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa, el ubicado en calle ******************** Se tiene como correo electrónico y número telefónico de contacto. Además, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se tiene como correo electrónico, así como número telefónico los indicados en el escrito de demanda, a efecto de establecer contacto con la parte quejosa en los casos en que se estime necesario; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Aviso de transparencia. Asimismo, de conformidad con los artículos 3°, 8°, 9°, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, fracciones X y XI, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; hágase del conocimiento de las partes que cuando se presente una solicitud de acceso a la información a las constancias que integran este expediente, se determinará sobre su procedencia y de ser así, se elaborará la versión pública respectiva en la que se testarán las partes o secciones clasificadas; asimismo, infórmeseles que están en aptitud de consentir la publicación de sus datos personales, con independencia de la obligación de este juzgado federal de proteger dichos datos. Tramitación e integración de expediente electrónico y físico En términos de los puntos Tercero, artículos 251, 263; CUARTO, artículos 3 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se establece que la digitalización legible de las promociones físicas o impresas recibidas en la oficialía de partes será a cargo del oficial judicial C encargado de la oficialía de partes; además, éstas serán firmadas electrónicamente e incorporadas al SISE por la persona secretaria encargada del asunto o de quien, en su momento, la cubra por goce de periodo vacacional, licencia o permiso. En el entendido que no deberán integrarse al expediente electrónico las copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan, ni las copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Mientras que la documentación recibida vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Asimismo, que las constancias de notificación, incluso las de correos o paquetería derivadas de este asunto, que se generen físicamente deberán agregarse digitalizadas y de manera legible al expediente electrónico y firmadas electrónicamente por parte de los actuarios a más tardar al día hábil siguiente de su práctica o recepción, para garantizar que ello se haga de manera oportuna; con la finalidad de que conserven el valor probatorio que les corresponda conforme a la legislación aplicable, ya que se presumirá que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico. De igual forma, se establece que los funcionarios de firmar o incorporar al SISE los documentos digitalizados deberán cerciorarse que las constancias recibidas físicamente coinciden con las incorporadas al expediente electrónico, con la finalidad de garantizar la integridad del mismo. Notifíquese personalmente a la quejosa.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE EN SÍNTESIS DICE: PREVENCIÓN Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos de la subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Registro Fórmese expediente impreso y electrónico; regístrese en el libro de control de juicios de amparo bajo el número 318/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Prevención. Ahora bien, para estar en aptitud de proveer respecto de su admisión y procedencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción II, así como 114 fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase a la quejosa para que dentro del plazo de cinco días y bajo protesta de decir verdad, complemente la demanda como a continuación se indica: ÚNICO. Indique si es su deseo señalar como autoridad responsable a la Sala Regional del Pacífico y Auxiliar, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con residencia en Acapulco, Guerrero, y precise los actos o acto que le reclama. Apercibida que de no hacerlo, se hará el pronunciamiento respectivo solo por cuanto hace a la autoridad y acto reclamados inicialmente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VIII.1o.19 K, emitida el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, octubre de 1998, página 1106, la cual establece: "AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIR AL QUEJOSO, SI DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE SU PARTICIPACIÓN EN LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con vista en el criterio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiados han sustentado en el sentido de que la demanda de garantías constituye un todo y debe interpretarse en su integridad a fin de encontrar los elementos que la conforman, y de que el juzgador es un perito en derecho con capacidad para interpretar una redacción oscura e irregular y determinar si el autor por error incurre en omisiones e imprecisiones por desconocimiento de la técnica de amparo, sin que esto signifique suplir la deficiencia de la queja o integrar la acción que intenta el gobernado, sino sólo en armonizar la información con la que cuenta, tomando también como elemento referencial para determinar la realidad y precisión de los actos reclamados y la designación de las autoridades responsables, los anexos de la demanda y los propios informes justificados que las autoridades rindan; se estima que si el Juez de Distrito, con motivo de los informes justificados o de alguna otra prueba advierte que el acto proviene de una autoridad distinta de las señaladas como responsables o que aparezcan otros actos diversos de los indicados como reclamados que expresamente se hayan omitido en la demanda, deberá ordenar que el contenido de los informes o de esas pruebas se haga del conocimiento de la parte quejosa mediante notificación personal y, prevenirlo para que aclare si señala o no como reclamado, a esos nuevos actos o se tenga como responsable a la nueva autoridad de la que no tenía conocimiento el quejoso, por tratarse de un tercero ajeno al procedimiento o no siéndolo inadvertidamente pasó por alto, y así, estar en posibilidad de dictar una sentencia justa y apegada a la realidad, evitando que la distracción o confusión de aquél sea la base para generar un obstáculo que pueda llegar a ser una trampa procesal que impida al Juez resolver el fondo de la cuestión planteada. Por lo tanto, si en el caso la parte quejosa señaló como autoridad responsable a la Junta, pero de los informes justificados se desprende que quien emitió el acto fue el presidente de ésta, el Juez de Distrito debió prevenir a la parte quejosa a efecto de que aclarara si señalaba o no como responsable al titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje y, al no hacerlo así, el a quo incurrió en una violación a las normas que regulan el procedimiento y debe ordenarse reponerlo para los efectos precisados." Se precisa que el desahogo de la prevención deberá de efectuarlo la quejosa, lo anterior, en razón de que resulta indispensable observar el principio de agravio personal y directo, así como de instancia de parte agraviada; toda vez que el titular de la acción es en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y a quien le constan los hechos ocurridos como antecedentes de aquél. Es aplicable por las razones que la contienen, la jurisprudencia 50/2014, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, del tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil cuatro, Décima Época, con número de registro 2007285, que establece: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es asi, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación, además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes". Sirve de apoyo por las razones la jurisprudencia 2a./J. 88/2006 que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." Autorizados De igual manera, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, en razón de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Domicilio Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa, el ubicado en calle ******************** Se tiene como correo electrónico y número telefónico de contacto. Además, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se tiene como correo electrónico, así como número telefónico los indicados en el escrito de demanda, a efecto de establecer contacto con la parte quejosa en los casos en que se estime necesario; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Aviso de transparencia. Asimismo, de conformidad con los artículos 3°, 8°, 9°, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, fracciones X y XI, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; hágase del conocimiento de las partes que cuando se presente una solicitud de acceso a la información a las constancias que integran este expediente, se determinará sobre su procedencia y de ser así, se elaborará la versión pública respectiva en la que se testarán las partes o secciones clasificadas; asimismo, infórmeseles que están en aptitud de consentir la publicación de sus datos personales, con independencia de la obligación de este juzgado federal de proteger dichos datos. Tramitación e integración de expediente electrónico y físico En términos de los puntos Tercero, artículos 251, 263; CUARTO, artículos 3 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se establece que la digitalización legible de las promociones físicas o impresas recibidas en la oficialía de partes será a cargo del oficial judicial C encargado de la oficialía de partes; además, éstas serán firmadas electrónicamente e incorporadas al SISE por la persona secretaria encargada del asunto o de quien, en su momento, la cubra por goce de periodo vacacional, licencia o permiso. En el entendido que no deberán integrarse al expediente electrónico las copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan, ni las copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Mientras que la documentación recibida vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Asimismo, que las constancias de notificación, incluso las de correos o paquetería derivadas de este asunto, que se generen físicamente deberán agregarse digitalizadas y de manera legible al expediente electrónico y firmadas electrónicamente por parte de los actuarios a más tardar al día hábil siguiente de su práctica o recepción, para garantizar que ello se haga de manera oportuna; con la finalidad de que conserven el valor probatorio que les corresponda conforme a la legislación aplicable, ya que se presumirá que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico. De igual forma, se establece que los funcionarios de firmar o incorporar al SISE los documentos digitalizados deberán cerciorarse que las constancias recibidas físicamente coinciden con las incorporadas al expediente electrónico, con la finalidad de garantizar la integridad del mismo. Notifíquese personalmente a la quejosa.

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