María Guadalupe Pech Solís
Expediente 1677/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1677/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 22/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- María Guadalupe Pech Solís
- Maria Eugenia Lujan Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio, el veintiocho de octubre del dos mil veintidós; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos, fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Asimismo, en cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión derivado del expediente en que se actúa, en el que se concedió la suspensión provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, ES DEPURABLE. En tanto que, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. En diverso orden, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Finalmente, toda vez que no existe razón para que continúe en resguardo de este Juzgado el registro de audio y video remitido por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado, devuélvase sin que haya necesidad de que acuse recibo en virtud de que para ello bastará el acuse del oficio por el que se le remita. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que de los mismos se advierte que se omitió notificar a la parte tercero interesada Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula II-6 de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra Libertad de Expresión en la Ciudad de México, el acuerdo de veintiocho de octubre del año en curso; por tal motivo, notifíquese por medio de oficio a la citada parte tercero interesada el citado oficio, para los efectos legales a que hay lugar. Por otra parte, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Erika Esther Góngora Barbosa, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de octubre de dos mil veintidós..Visto el estado procesal de autos y de la revisión de las constancias que obran en ellos y las constancias que obran que integran el expediente electrónico de la causa penal 76/2021 del índice de la autoridad responsable, esta juzgadora estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, entendiéndose que no procederá el juicio de amparo cuando el acto reclamado haya sido consentido, ya sea expresamente o bien, por manifestaciones de voluntad. De la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Yucatán, actuando como Juez de Control, la resolución dictada en audiencia el veintiuno de junio de dos mil veintidós, en autos de la causa penal 76/2021, en la que se rechazó su petición de sobreseimiento. Al respecto es pertinente mencionar que los artículos 327, fracción VI, 328, 329 y 330 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen que el sobreseimiento es una institución que pone fin al proceso sin resolver la cuestión de fondo, el cual podrá ser decretado por el juez cuando se hubiere extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley, entre otros supuestos. El cual, podrá ser solicitado por el Ministerio Público, el imputado o su Defensor, una vez recibida la solicitud, el juez notificará a las partes y citará a una audiencia dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que escuchará los argumentos expuestos por éstas y resolverá rechazarla o bien decretar el sobreseimiento incluso por motivo distinto del planteado conforme a lo previsto en este Código. Así, el sobreseimiento firme tiene efectos de sentencia absolutoria, pone fin al procedimiento e inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas cautelares que se hubieran dictado, el cual puede ser total cuando se refiera a todos los delitos y a todos los imputados, y parcial cuando se refiera a algún delito o a algún imputado de los que se hubieren dictado vinculación a proceso, si fuere parcial, se continuará el proceso respecto de aquellos delitos o de aquellos imputados a los que no se extendiere aquél. De igual forma, los artículos 184 y 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: "Artículo 184. Soluciones alternas Son formas de solución alterna del procedimiento: El acuerdo reparatorio, y La suspensión condicional del proceso.""Artículo 191. Definición Por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este Capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal."De la transcripción anterior, se obtiene que son soluciones alternas al proceso penal el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso, por éste último debe entenderse como el planteamiento que se hace al juez de control de un plan detallado de pago de la reparación del daño y del sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones previstas en el capítulo relativo que garanticen los derechos de la víctima y, en caso de cumplirse puede dar lugar a la extinción de la acción penal.Es oportuno mencionar que con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. En ese sentido, uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Resulta conveniente hacer una relación de las constancias que integran el proceso penal del que deriva el acto reclamado, entre las que destacan las siguientes:Por audiencia de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se formuló imputación en contra de la aquí quejosa María Guadalupe Pech Solís, por el delito de amenazas, previsto por el artículo 233 y sancionado en el diverso 234, fracción I, en relación con los numerales 7°, 8°, 10° y 15, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Yucatán, en perjuicio de María Eugenia Luján Pérez; una vez hecho lo anterior, se le dio a la imputada la oportunidad de declarar y, previa consulta y asesoramiento de su Defensor, decidió reservarse tal derecho; seguidamente, la Fiscalía solicitó la vinculación a proceso, aportando los datos de prueba para acreditar que se cometió el hecho delictivo y que probablemente fue la aquí quejosa quien lo cometió; al finalizar la exposición de la Fiscalía la imputada se acogió al término de 144 horas, para que fuera resuelta su situación jurídica, fijándose el seis de febrero de dos mil veintidós, para la continuación de la citada audiencia; y finalmente, se impusieron medidas cautelares. El seis de febrero de dos mil veintidós, se continuó con la audiencia inicial y el Juez de Control dictó auto de no vinculación a proceso, a favor de María Guadalupe Pech Solís, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de amenazas, previsto en el artículo 233 y sancionado en el diverso 234, fracción I, del Código Penal del Estado de Yucatán; inconformes con dicha resolución la víctima María Eugenia Luján Pérez, por conducto de su asesor jurídico y el Agente del Ministerio Público de la Federación, interpusieron recurso de apelación; del cual conoció el Tribunal Unitario del Decimocuarto Circuito, al que le recayó el número de toca 9/2022. Por de resolución veintiocho de febrero de dos mil veintidós, el Tribunal declaró procedentes y fundados los citados recursos de apelación; y resolvió revocar el auto de no vinculación a proceso de seis de febrero de dos mil veintidós, dictado a favor de María Guadalupe Pech Solís por el Juez responsable, y en su lugar dictó auto de vinculación a proceso en contra de la citada Pech Solís, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de amenazas.Por escrito de dieciocho de junio de dos mil veintidós, la aquí quejosa por conducto de su defensor solicitó el sobreseimiento de la causa penal, por lo que se fijó la audiencia relativa para el veintiuno de junio de dos mil veintidós, a las once horas; en la que el Juez de Control responsable rechazó la petición de sobreseimiento formulado por el defensor de la aquí quejosa María Guadalupe Pech Solís. Dicha determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Seguida la secuela procesal, a petición de la quejosa se celebró audiencia de suspensión condicional del proceso el cinco de octubre de dos mil veintidós; el Juez de Control responsable, declaró procedente la suspensión condicional del proceso a favor de la aquí quejosa; aprobó el plan de reparación planteado por las partes e impuso condiciones; y fijó el plazo de seis meses para el cumplimiento de las mismas, el cual culminará tentativamente el cinco de abril de dos mil veintitrés. De los antecedentes narrados se aprecia que la parte quejosa, posteriormente al auto de vinculación a proceso, solicitó la suspensión condicional del proceso, la cual fue aprobada por el Juez de Control responsable; es decir, que la quejosa -en su calidad de imputada- accedió a un mecanismo alternativo de solución, mediante la solicitud de suspensión condicional del proceso.Dicho acción implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, es decir consentir la vinculación a proceso, con el fin de conseguir una efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad. Lo cual, entraña la aceptación tácita y reconocimiento de validez de las bases jurídicas del ejercicio de la acción penal -incluyendo las relacionadas a la prescripción de ésta.Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al permitir que la imputada ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible.Por tanto, al realizar manifestaciones de voluntad que entrañen el consentimiento del acto reclamado, como se adelantó, actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales.Tiene aplicación la tesis 1a./J. 33/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional."En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento, fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo por lo que respecta al acto reclamado de la autoridad responsable, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la propia legislación; en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS DEL VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, debe decirse que no constituye obstáculo que no obre en autos el emplazamiento de la tercera interesada María Eugenia Luján Pérez; ello, toda vez que con el sentido de la presente determinación, no se le ocasiona detrimento alguno a sus derechos procesales. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 6/2017 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, página 556, que establece:"RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." Notifíquese personalmente.Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Erika Esther Góngora Barbosa, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán; diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que el Agente del Ministerio Publico de la Federación, Titular de la Célula II-6 de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, con sede en la Ciudad de México, fue emplazado a este juicio el siete de octubre de dos mil veintidós, por tanto, aún se encuentra transcurriendo el término contemplado en el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, es dable diferir la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y señalar nueva fecha para su celebración. En virtud de lo anterior, se señala el VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS A LAS DIEZ HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Erika Esther Góngora Barbosa, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
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