María Guadalupe Ortiz García

Expediente 36/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 75 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
36/2018
Año
2018
Actuaciones
75
Última actuación
05/01/2022

Partes del expediente

  • María Guadalupe Ortiz García
  • María Guadalupe Ortiz García y Otros.
  • Leonel Rabadán Ortiz
  • Leonel Rabadán Ortiz y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 75.

  1. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, cinco de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta de agosto de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por *****, por derecho propio y en representación del menor de edad de identidad reservada con iniciales L.R.O.; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación aplicable, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria; archívese el expediente como asunto concluido y glósese el original del incidente de suspensión relativo. En las relatadas condiciones, en términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de destrucción; por cuanto hace al original del incidente de suspensión, corre la misma suerte toda vez que se negó la suspensión definitiva. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Una vez que este expediente cumpla seis meses de archivo como asunto concluido, procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en esta ciudad, los dos tomos de pruebas que adjuntó a su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos únicamente para que obren como corresponda el oficio y anexo de la Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Taxco de Alarcón, Guerrero, toda vez que el treinta de agosto del año en curso se dictó sentencia definitiva, en la que se sobreseyó en el asunto en que se actúa. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    Amparo 36/2018-2 En Iguala de la Independencia, Guerrero, a las nueve horas con veinte minutos del treinta de agosto de dos mil veintiuno, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 36/2018-2, promovido por *****, por derecho propio y en representación del menor de edad de identidad reservada con iniciales *****., el Juez José Álvaro Vargas Ornelas, titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, secretaria quien da fe, procedió a celebrarla sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y en obvio de repeticiones innecesarias reproduce todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales remitidas por la autoridad responsable y las ofrecidas por la parte quejosa. Se tienen por desahogadas las probanzas de cuenta y sin pruebas pendientes que desahogar, se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, la secretaria da cuenta con las manifestaciones de la parte quejosa y hace constar que las demás partes no alegaron. Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra dicho periodo. Sin diligencias pendientes por practicar, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 36/2018-2; y, R E S U L T A N D O I. Mediante escrito recibido en este juzgado el dos de febrero de dos mil dieciocho, *****, por derecho propio y en representación del menor de edad de identidad reservada con iniciales *****, demandó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en esta ciudad. II. En auto del seis de febrero de dos mil dieciocho, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda; solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; dio la intervención legal al Representante Social de la Federación adscrito y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad en los artículos 37 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que ejerce jurisdicción dentro de la demarcación territorial de este órgano jurisdiccional, en la que se encuentra legalmente facultado para declarar el derecho al caso en particular. SEGUNDO. En términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: - Todo lo actuado en el juicio sucesorio a bienes de *****, identificado con el número de expediente 414/2017-II. TERCERO. El Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en esta ciudad, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las copias certificadas del expediente 414/2017-II y su incidente de nulidad de actuaciones, remitidas por la responsable, que tienen valor probatorio de acuerdo a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que fueron elaboradas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones y porque en ellas se encuentra el acto reclamado. CUARTO. Las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, aun de oficio, por así establecerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo y por ser ello cuestión de orden público. En el caso, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI (aplicada a contrario sensu), de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues del análisis de dichos preceptos se desprende que el juicio de amparo será procedente contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas a él, por lo que a contario sensu, el juicio constitucional biinstancial se tornará improcedente contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio que afecten a personas que no son extrañas. Al respecto, debe decirse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, para los efectos del juicio de amparo, persona extraña es aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas (tercero extraño stricto sensu), incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente (tercero extraño por equiparación). Tal criterio jurisprudencial por contradicción de tesis P./J. 7/98, es de la Novena Época y se encuentra visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Enero de 1998, página 56, registro 196932, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE". Precisado lo anterior, debe decirse que en la especie la parte quejosa se ostenta tercera extraña al juicio sucesorio a bienes de *****, identificado con el número de expediente 414/2017-II, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en esta ciudad, y aduce que tiene derechos en esa sucesión que no fueron tomados en cuenta por la responsable por no haber sido llamada a comparecer al mismo. Ahora, de los antecedentes de la demanda de amparo y de las constancias relativas al acto reclamado, se advierte que la parte quejosa se apersonó al juicio de origen mediante escrito presentado el treinta de junio de dos mil diecisiete, con la finalidad de ser integrada como heredera en ese asunto. De lo asentado se desvirtúa el carácter de persona extraña al expediente 414/2017 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en esta ciudad, pues al conocer los aquí quejosos de manera completa y exacta la existencia del juicio al que pretenden ser llamados, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de personas extrañas al juicio en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, toda vez que, como quedó precisado, con ese carácter quedan comprendidos únicamente quienes no fueron emplazados, o aun siéndolo, no tuvieron oportunidad de hacerse sabedores del procedimiento. En complemento a lo hasta aquí expuesto y fundado, este órgano jurisdiccional considera que también se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Para poder determinar en qué supuestos se actualiza la causal prevista por dicho numeral, es necesario acudir a los artículos 17 y 18 del mismo ordenamiento vigente, que precisan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Así, la causal de improcedencia en comento está fundada jurídicamente porque así lo exige el principio general de derecho de seguridad jurídica, pues sería absurdo que procediera el juicio de amparo después de que la parte quejosa, por su propia voluntad, omite promover el juicio dentro del término que establece la ley para tal fin. Se dice lo anterior, porque una de las formas que ha contemplado nuestra legislación y que denotan el consentimiento tácito del acto reclamado, es la no promoción del juicio dentro del término establecido por la ley. En ese orden, el término general para promover una demanda de amparo es de quince días, el cual se cuenta desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que reclame, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 6/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Enero de 1998, página 95, registro 196930, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI)". En el caso, de la demanda de amparo y de las constancias relativas al acto reclamado, se advierte que la quejosa *****, se apersonó al juicio sucesorio 414/2017, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en esta ciudad, el treinta de junio de dos mil diecisiete; esto es, que por lo menos desde esa fecha tuvo conocimiento del juicio referido y de que no había sido llamada al mismo como heredera, acto que reclama en esta vía. Por tanto, el término de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que se hubiera presentado la demanda de amparo, porque como se aprecia del sello de recepción, así como de la papeleta de turno, ambos de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, la demanda de amparo se presentó hasta el dos de febrero de dos mil dieciocho, esto es, con posterioridad a los quince días que la quejosa tuvo para impugnar por medio del juicio constitucional los actos reclamados. En esas condiciones, si la parte quejosa consintió de manera tácita el acto reclamado por no promover juicio de amparo en su contra dentro del término legal, es de estimarse que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, lo que obliga a decretar el sobreseimiento, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. No inadvierte el suscrito el hecho de que en ejecutoria del tres de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el amparo en revisión civil 214/2018, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, éste revocó el sobreseimiento fuera de audiencia decretado el trece de agosto del mismo año y ordenó la reposición del procedimiento a efecto de requerir al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para que proporcionara un perito en materia de trabajo social con la finalidad de realizar un estudio socioeconómico a la parte quejosa, quien manifestó no contar con los recursos necesarios para sufragar las publicaciones de emplazamiento por edictos a la sucesión a bienes de *****, como tercera interesada. Ello, pues el suscrito estima que la falta de emplazamiento a la sucesión referida, en nada le perjudica dado el sentido de este fallo, al actualizarse de manera manifiesta las causales de improcedencia en las que se sustenta esta sentencia. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *****, por derecho propio y en representación del menor de edad de identidad reservada con iniciales *****, por las razones establecidas en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese por lista electrónica. Así lo resolvió y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien da fe. Doy fe.

  4. Principal

    3. Iguala de la Independencia, Guerrero, veinte de agosto de dos mil veintiuno. Vista la pieza postal que contiene el oficio 9293/2021, dirigido al Director de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, con sede en Taxco, Guerrero, y en la que consta la imposibilidad de su entrega; atento a lo anterior, en obvio de mayores dilaciones, se comisiona a los actuarios judiciales de esta adscripción para que reenvíen el oficio mencionado a través del correo electrónico en el que dicha dependencia se encuentre recibiendo correspondencia. Notifíquese por lista electrónica.Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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