Maria Guadalupe Ortiz Garcia
Expediente 1219/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1219/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Maria Guadalupe Ortiz Garcia
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo promovida, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Ahora bien, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por María Guadalupe Ortiz García, contra el acto del Juzgado Quinto Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 1219/2018-VI. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda y anexos, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En el caso, el análisis integral del escrito de demanda y anexo, pone de manifiesto que el acto reclamado se hace consistir en la interlocutoria dictada el veinticuatro de octubre del año en curso, en el juicio ejecutivo mercantil 1653/2017, del índice del Juzgado Quinto de lo Mercantil en esta ciudad, a través de la cual se declaró improcedente la caducidad de la instancia, propuesta por la aquí quejosa. Precisado lo anterior, el suscrito considera que respecto de dicho acto, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, del referido ordenamiento, que en lo conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Una interpretación en sentido contrario de la referida fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, conduce a la conclusión de que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos en un juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable, es decir, aquellos que se refieran a cuestiones procesales que no afecten directamente un derecho sustantivo particular. Cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada al resolver la contradicción de tesis 377/2013, adujó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Que derivado de lo anterior, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora bien, del libelo constitucional se advierte que en la especie se reclama la interlocutoria dictada el veinticuatro de octubre del año en curso, en el juicio ejecutivo mercantil 1653/2017, del índice del Juzgado Quinto de lo Mercantil en esta ciudad, a través de la cual se declaró improcedente la caducidad de la instancia, propuesta por la aquí quejosa; controvertido en el cual no se ha dictado sentencia definitiva o resolución que ponga fin a dicho procedimiento jurisdiccional, según se advierte de lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa en los puntos 3, 5 y 6, del capítulo de antecedentes de su escrito de demanda. Patentiza lo anterior la siguiente transcripción: ".3. Con fecha 27 veintisiete de febrero de 2018 dos mil dieciocho, la suscrita di contestación a la demanda entablada en mi contra, oponiendo defensas y excepciones, tanto dilatorias como en cuanto al fondo del asunto, misma que se reservó de proveer mediante auto de fecha 6 sies (sic) de marzo de 2018 dos mil dieciocho, hasta en tanto se resolviera la situación jurídica de la diversa demandada Yolanda Rodríguez Reyna, acuerdo que fue notificado por medio de listas de la Autoridad Responsable el día 7 siete de marzo de 2018 dos mil dieciocho, siendo ésta la última actuación que dio impulso procesal al procedimiento del que emanan los actos reclamados. 5. Con fecha 17 diecisiete de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, la Autoridad Responsable emitió auto en el cual se tuvo a la suscrita por promoviendo la caducidad de la instancia, admitiéndola a trámite en forma de incidente, por lo que se ordenó dar vista a mi contraria parte para que dentro del término de tres días manifestara al respecto lo que a sus intereses legales conviniera, el cual fue notificado por medio de listas de la Autoridad Responsable el día 18 dieciocho de septiembre de 2018 dos mil dieciocho y por auto de fecha 25 veinticinco de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, se tuvo a la parte actora por contestando la vista que se le mandó dar respecto de la caducidad de la instancia, y mediante proveído de fecha 16 dieciséis de octubre de 2018 dos mil dieciocho, se citó para resolver la caducidad planteada. 6. Con fecha 24 veinticuatro de octubre de 2018 dos mil dieciocho, el Juzgado Quinto Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, emitió sentencia Interlocutoria dentro de los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil 1653/2017 promovido por los licenciados Georgina Amor Salazar Zarazúa y/o Miguel Ángel Castilla Dávila en su carácter de endosatarios en propiedad de Deyanira Johanna Salinas Jasso en mi contra, en la que resolvió en forma Incidental la caducidad de la instancia propuesta por la deponente, que constituye los actos reclamados, determinando en sus resolutivos primero y segundo que resultó improcedente el incidente de la caducidad de la instancia intentado por la suscrita, determinando que son a cargo de la suscrita el pago de las costas judiciales, previa su regulación en ejecución de sentencia.". De lo hasta aquí expuesto se deduce que el juicio de amparo que se intenta es improcedente, toda vez que las consecuencias del acto reclamado, por el momento no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la determinación combatida no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, puesto que el perjuicio irrogado puede ser reparado por un acto jurídico posterior. En efecto, si a través de la determinación reclamada, la autoridad responsable declaro improcedente la caducidad de la instancia hecha valer por la aquí quejosa en el juicio ejecutivo mercantil 1653/2017, es inconcuso que ello únicamente implica infracciones a derechos adjetivos que producen efectos meramente intraprocesales, pues la consecuencia lógica de dicha determinación es continuar con el juicio en todas sus etapas procesales hasta el dictado de la sentencia. Lo anterior, ya que la posible afectación que pudiera ocasionarse a la inconforme puede ser subsanada si obtiene sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen, y en caso contrario, sería susceptible de reclamarse mediante el juicio de amparo que en su caso se promueva en contra de la determinación que ponga fin al mismo. Cobra puntual apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo: 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubro y texto son: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia P./J 1/2016 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, página 15, que dispone: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo". De igual manera resultan ilustrativas las tesis I. 3o.C.313 C, II. 1o.C.T.118 C y XVII. 1o. 31 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito y Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicadas respectivamente en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XV, mayo de 2002, página 1189; Novena Época, Tomo IV, diciembre de 1996, página 363; Octava Época, Tomo XIV, octubre de 1994, página 286; de rubros siguientes: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA NIEGA NO ES DE EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". "AMPARO INDIRECTO. RESULTA IMPROCEDENTE CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL AUTO QUE NIEGA LA CADUCIDAD". "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. NEGATIVA A DECLARARLA. VIOLACIÓN DE PROCEDIMIENTO RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO". No es óbice a lo anterior, el hecho de que en la resolución reclamada se le haya condenado al pago de costas, toda vez que ésta al haberse emitido dentro de un incidente que dirime un acto intraprocesal que no es de imposible reparación (como lo es la que resuelve sobre la caducidad de la instancia intentada por la aquí quejosa), su legalidad debe hacerse valer como violación adjetiva en el amparo directo que en su caso se promueva contra la sentencia que se dicte en el controvertido correspondiente. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 29/2009, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, consultable en la página 77, Junio de 2009, Tomo XXIX, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación la Gaceta y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "COSTAS. LAS DERIVADAS DE UN INCIDENTE EN EL PROCEDIMIENTO, NO PUEDEN DESVINCULARSE DEL FONDO RESUELTO EN ÉL, POR LO QUE DEBEN IMPUGNARSE EN LA VÍA QUE CORRESPONDA. La condena en costas es de naturaleza accesoria a la pretensión principal en juicio, por lo que la decretada respecto de ambas instancias en una resolución de segundo grado que confirma otra que resuelve una cuestión incidental de índole procesal es consecuencia del análisis de la violación adjetiva materia del incidente relativo y, por tanto, debe seguir su misma suerte, en virtud de que la condena en ese aspecto constituye la sanción impuesta a las partes en la incidencia como resultado de haberse decidido el fondo de ésta. En ese sentido, es indudable que la impugnación en costas debe hacerse valer atendiendo a la vía que corresponda, es decir, de acuerdo al tipo de incidente del que derive. De ahí que si por su naturaleza este último se traduce en un acto de ejecución irreparable, procederá el juicio de amparo en la vía indirecta, pues no puede desligarse el estudio de la legalidad de las costas del análisis del acto reclamado, dada la accesoriedad de aquéllas con éste, pero si el incidente implica un acto intraprocesal que no sea de imposible reparación, la legalidad de la condena en costas debe hacerse valer como violación adjetiva en el amparo directo que en su caso se promueva contra la sentencia definitiva que llegue a dictarse en el juicio correspondiente, es decir, en este último supuesto, el análisis de la legalidad de lo decidido sobre tal condena debe reservarse para dicho momento, pues no puede desvincularse la condena en costas del fondo resuelto en el incidente. Ello es así porque el amparo es un juicio extraordinario cuyo objetivo es proteger las garantías individuales de los gobernados frente a las autoridades y procede en la vía directa contra sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio, ocasión en la que se pueden analizar las violaciones del procedimiento que hubiesen afectado las defensas del quejoso, y sólo excepcionalmente se prevé la tutela, mediante el amparo indirecto, contra actos dentro del juicio que, por su trascendencia grave, afecten de manera directa los derechos sustantivos del quejoso; por lo que implica que el juicio de garantías no es una instancia más para decidir las controversias, ni tiene como finalidad supervisar todos y cada uno de los actos del proceso de forma aislada en el momento en que se van emitiendo, pues la marcha del procedimiento no puede paralizarse sino en los casos previstos por el legislador o la jurisprudencia establecida. No es obstáculo para estimar que la determinación incidental sobre costas puede impugnarse en amparo directo, el hecho de que el condenado hubiese sido vencedor en cuanto al fondo del litigio, pues en ese supuesto conserva interés jurídico para promover ese juicio, aunque sólo sea para reclamar la condena en costas en la resolución intermedia de segunda instancia que trascendió a su esfera jurídica". En consecuencia, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del artículo 107, todos de la Ley de Amparo, en sentido contrario, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, toda vez que no proporciona los datos relativos a que se encuentren legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese; y personalmente a la quejosa.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:Razón. En veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario del Juzgado, da cuenta al Juez, con una demanda de amparo registrada con el número de correspondencia interna 18172. Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por María Guadalupe Ortiz García, contra el acto del Juzgado Quinto Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 1219/2018-VI. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda y anexos, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En el caso, el análisis integral del escrito de demanda y anexo, pone de manifiesto que el acto reclamado se hace consistir en la interlocutoria dictada el veinticuatro de octubre del año en curso, en el juicio ejecutivo mercantil 1653/2017, del índice del Juzgado Quinto de lo Mercantil en esta ciudad, a través de la cual se declaró improcedente la caducidad de la instancia, propuesta por la aquí quejosa. Precisado lo anterior, el suscrito considera que respecto de dicho acto, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, del referido ordenamiento, que en lo conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Una interpretación en sentido contrario de la referida fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, conduce a la conclusión de que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos en un juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable, es decir, aquellos que se refieran a cuestiones procesales que no afecten directamente un derecho sustantivo particular. Cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada al resolver la contradicción de tesis 377/2013, adujó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Que derivado de lo anterior, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora bien, del libelo constitucional se advierte que en la especie se reclama la interlocutoria dictada el veinticuatro de octubre del año en curso, en el juicio ejecutivo mercantil 1653/2017, del índice del Juzgado Quinto de lo Mercantil en esta ciudad, a través de la cual se declaró improcedente la caducidad de la instancia, propuesta por la aquí quejosa; controvertido en el cual no se ha dictado sentencia definitiva o resolución que ponga fin a dicho procedimiento jurisdiccional, según se advierte de lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa en los puntos 3, 5 y 6, del capítulo de antecedentes de su escrito de demanda. Patentiza lo anterior la siguiente transcripción: ".3. Con fecha 27 veintisiete de febrero de 2018 dos mil dieciocho, la suscrita di contestación a la demanda entablada en mi contra, oponiendo defensas y excepciones, tanto dilatorias como en cuanto al fondo del asunto, misma que se reservó de proveer mediante auto de fecha 6 sies (sic) de marzo de 2018 dos mil dieciocho, hasta en tanto se resolviera la situación jurídica de la diversa demandada Yolanda Rodríguez Reyna, acuerdo que fue notificado por medio de listas de la Autoridad Responsable el día 7 siete de marzo de 2018 dos mil dieciocho, siendo ésta la última actuación que dio impulso procesal al procedimiento del que emanan los actos reclamados. 5. Con fecha 17 diecisiete de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, la Autoridad Responsable emitió auto en el cual se tuvo a la suscrita por promoviendo la caducidad de la instancia, admitiéndola a trámite en forma de incidente, por lo que se ordenó dar vista a mi contraria parte para que dentro del término de tres días manifestara al respecto lo que a sus intereses legales conviniera, el cual fue notificado por medio de listas de la Autoridad Responsable el día 18 dieciocho de septiembre de 2018 dos mil dieciocho y por auto de fecha 25 veinticinco de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, se tuvo a la parte actora por contestando la vista que se le mandó dar respecto de la caducidad de la instancia, y mediante proveído de fecha 16 dieciséis de octubre de 2018 dos mil dieciocho, se citó para resolver la caducidad planteada. 6. Con fecha 24 veinticuatro de octubre de 2018 dos mil dieciocho, el Juzgado Quinto Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, emitió sentencia Interlocutoria dentro de los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil 1653/2017 promovido por los licenciados Georgina Amor Salazar Zarazúa y/o Miguel Ángel Castilla Dávila en su carácter de endosatarios en propiedad de Deyanira Johanna Salinas Jasso en mi contra, en la que resolvió en forma Incidental la caducidad de la instancia propuesta por la deponente, que constituye los actos reclamados, determinando en sus resolutivos primero y segundo que resultó improcedente el incidente de la caducidad de la instancia intentado por la suscrita, determinando que son a cargo de la suscrita el pago de las costas judiciales, previa su regulación en ejecución de sentencia.". De lo hasta aquí expuesto se deduce que el juicio de amparo que se intenta es improcedente, toda vez que las consecuencias del acto reclamado, por el momento no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la determinación combatida no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, puesto que el perjuicio irrogado puede ser reparado por un acto jurídico posterior. En efecto, si a través de la determinación reclamada, la autoridad responsable declaro improcedente la caducidad de la instancia hecha valer por la aquí quejosa en el juicio ejecutivo mercantil 1653/2017, es inconcuso que ello únicamente implica infracciones a derechos adjetivos que producen efectos meramente intraprocesales, pues la consecuencia lógica de dicha determinación es continuar con el juicio en todas sus etapas procesales hasta el dictado de la sentencia. Lo anterior, ya que la posible afectación que pudiera ocasionarse a la inconforme puede ser subsanada si obtiene sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen, y en caso contrario, sería susceptible de reclamarse mediante el juicio de amparo que en su caso se promueva en contra de la determinación que ponga fin al mismo. Cobra puntual apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo: 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubro y texto son: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia P./J 1/2016 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, página 15, que dispone: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo". De igual manera resultan ilustrativas las tesis I. 3o.C.313 C, II. 1o.C.T.118 C y XVII. 1o. 31 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito y Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicadas respectivamente en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XV, mayo de 2002, página 1189; Novena Época, Tomo IV, diciembre de 1996, página 363; Octava Época, Tomo XIV, octubre de 1994, página 286; de rubros siguientes: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA NIEGA NO ES DE EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN". "AMPARO INDIRECTO. RESULTA IMPROCEDENTE CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE REVOCACIÓN INTERPUESTO CONTRA EL AUTO QUE NIEGA LA CADUCIDAD". "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. NEGATIVA A DECLARARLA. VIOLACIÓN DE PROCEDIMIENTO RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO". No es óbice a lo anterior, el hecho de que en la resolución reclamada se le haya condenado al pago de costas, toda vez que ésta al haberse emitido dentro de un incidente que dirime un acto intraprocesal que no es de imposible reparación (como lo es la que resuelve sobre la caducidad de la instancia intentada por la aquí quejosa), su legalidad debe hacerse valer como violación adjetiva en el amparo directo que en su caso se promueva contra la sentencia que se dicte en el controvertido correspondiente. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 29/2009, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, consultable en la página 77, Junio de 2009, Tomo XXIX, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación la Gaceta y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "COSTAS. LAS DERIVADAS DE UN INCIDENTE EN EL PROCEDIMIENTO, NO PUEDEN DESVINCULARSE DEL FONDO RESUELTO EN ÉL, POR LO QUE DEBEN IMPUGNARSE EN LA VÍA QUE CORRESPONDA. La condena en costas es de naturaleza accesoria a la pretensión principal en juicio, por lo que la decretada respecto de ambas instancias en una resolución de segundo grado que confirma otra que resuelve una cuestión incidental de índole procesal es consecuencia del análisis de la violación adjetiva materia del incidente relativo y, por tanto, debe seguir su misma suerte, en virtud de que la condena en ese aspecto constituye la sanción impuesta a las partes en la incidencia como resultado de haberse decidido el fondo de ésta. En ese sentido, es indudable que la impugnación en costas debe hacerse valer atendiendo a la vía que corresponda, es decir, de acuerdo al tipo de incidente del que derive. De ahí que si por su naturaleza este último se traduce en un acto de ejecución irreparable, procederá el juicio de amparo en la vía indirecta, pues no puede desligarse el estudio de la legalidad de las costas del análisis del acto reclamado, dada la accesoriedad de aquéllas con éste, pero si el incidente implica un acto intraprocesal que no sea de imposible reparación, la legalidad de la condena en costas debe hacerse valer como violación adjetiva en el amparo directo que en su caso se promueva contra la sentencia definitiva que llegue a dictarse en el juicio correspondiente, es decir, en este último supuesto, el análisis de la legalidad de lo decidido sobre tal condena debe reservarse para dicho momento, pues no puede desvincularse la condena en costas del fondo resuelto en el incidente. Ello es así porque el amparo es un juicio extraordinario cuyo objetivo es proteger las garantías individuales de los gobernados frente a las autoridades y procede en la vía directa contra sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio, ocasión en la que se pueden analizar las violaciones del procedimiento que hubiesen afectado las defensas del quejoso, y sólo excepcionalmente se prevé la tutela, mediante el amparo indirecto, contra actos dentro del juicio que, por su trascendencia grave, afecten de manera directa los derechos sustantivos del quejoso; por lo que implica que el juicio de garantías no es una instancia más para decidir las controversias, ni tiene como finalidad supervisar todos y cada uno de los actos del proceso de forma aislada en el momento en que se van emitiendo, pues la marcha del procedimiento no puede paralizarse sino en los casos previstos por el legislador o la jurisprudencia establecida. No es obstáculo para estimar que la determinación incidental sobre costas puede impugnarse en amparo directo, el hecho de que el condenado hubiese sido vencedor en cuanto al fondo del litigio, pues en ese supuesto conserva interés jurídico para promover ese juicio, aunque sólo sea para reclamar la condena en costas en la resolución intermedia de segunda instancia que trascendió a su esfera jurídica". En consecuencia, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del artículo 107, todos de la Ley de Amparo, en sentido contrario, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, toda vez que no proporciona los datos relativos a que se encuentren legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese; y personalmente a la quejosa. Lo proveyó y firma el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe."
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,770 expedientes
- Maria Guadalupe Mendez Torres1005/2017
- María Guadalupe Mendoza Martínez1005/2023
- Maria Guadalupe Morales Ramirez42/2020
- Maria Guadalupe Morales Ramirez958/2022
- Maria Guadalupe Morales Ramirez27/2023
- Maria Guadalupe Morales Ramirez28/2023
- Maria Guadalupe Peña Aleman467/2019
- Maria Guadalupe Peña Aleman1713/2022
- Maria Guadalupe Ramirez Gutierrez877/2021
- Maria Guadalupe Rodriguez Galvan1101/2022
- María Guadalupe Rodríguez Rodríguez1412/2022
- María Guadalupe Rodríguez Varela375/2023