Maria Guadalupe Olarra Vega
Expediente 75/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 75/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/03/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Maria Guadalupe Olarra Vega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA IV.- Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de veinticinco de febrero del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia el juicio. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. En vista de lo anterior, con fundamento en el numeral 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como concluido y de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción. Se llega a esa conclusión, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En ese orden, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; por lo cual, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
MESA IV. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, AUTO DE VEINTICINCO DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: México, Distrito Federal, veinticinco de febrero de dos mil quince. Con fundamento en el artículo 117, de la ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado firmado por el Juez Vigésimo Segundo Penal de Delitos No Graves en el Distrito Federal. De las constancias que anexa el resolutor responsable, las cuales merecen pleno valor probatorio al tenor de los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de conformidad con el diverso 2, de la Ley de Amparo, se advierte que en el caso ha sobrevenido una causal de improcedencia. Al respecto, se debe establecer que la improcedencia del amparo es una institución en virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado es constitucional y motiva que el Juzgador Federal no dirima la controversia planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman esa institución (improcedencia), ya que se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas en la Ley de Amparo, así como en la Carta Magna y en la jurisprudencia emitida por nuestro más alto Tribunal. En el caso este órgano de control constitucional considera, de oficio, que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Al respecto, es menester analizar gramaticalmente que tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. A propósito de tal causa de improcedencia, el tratadista Alfonso Noriega, en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, a fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XXI, del artículo 61 (antes XVI, del artículo 73 para efectos teóricos de dicha lectura), se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga.". Puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho humano violado. En consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente". Concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado." A su vez, Ignacio Burgoa Orihuela, en su libro "el Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, México 1997, página 467, expresa en relación a la mencionada causa de improcedencia, que: "El acto reclamado tiene como consecuencia inmediata la causación de una violación en los términos del artículo 103 constitucional. La violación o las violaciones son, pues, los efectos del acto reclamado. Entonces, cuando ha cesado la violación, cuando ha desaparecido la contravención, por haberlas reparado, por ejemplo, las propias autoridades responsables, el amparo deja de tener razón de ser, ya que perseguiría algo que ya está logrado: la reparación de la infracción.". Sobre el particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado diversas tesis, entre las que destacan la emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Tomo XCIX, visible en la página 2443, de epígrafe y sinopsis siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De igual forma la diversa sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Quinta Época, Tomo LXXXIX, visible en la página 731, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes de su nacimiento; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, se pronuncia respecto al que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce su derecho humano violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, ya que es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad, al ya no estar surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no haber dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. A fin de demostrar que en el presente caso, operó la causal de improcedencia antes referida, es menester traer a colación los siguientes antecedentes: El trece de enero del actual, la defensa de la quejosa solicitó ante el Juez de la causa fijará los montos de la libertad provisional bajo caución en virtud de que el delito imputado no es considerado grave. En esa propia fecha, el Juez Vigésimo Segundo Penal de Delitos no Graves de esta ciudad, dio vista a la Representación Social de su adscripción, quien al desahogarla, se opuso a la concesión de tal beneficio razón por la cual, la potestad responsable negó la libertad bajo caución, al advertir que la quejosa cuenta con antecedentes penales. El veintitrés de enero del año en curso, Salvador Jiménez Pérez defensor particular de la amparista, solicitó se fijaran a favor de la quejosa los montos para gozar de la libertad provisional bajo caución; lo que motivo que el resolutor responsable diera vista a la Agente del Ministerio Público adscrita. En esa propia fecha, el Juez Vigésimo Segundo Penal de Delitos no Graves del Distrito Federal, al advertir que el Fiscal de su adscripción no se opuso a la concesión de la prerrogativa peticionada, concedió a María Guadalupe Olarraga Vega la libertad provisional, y fijó las garantías que debía exhibir para ello. El veintinueve de enero pasado, la impetrante de amparo, exhibió las garantías establecidas por la potestad judicial responsable, lo que ocasionó que se ordenara su inmediata libertad. En esa tesitura, tomando en consideración que el acto reclamado en la demanda de amparo es la resolución de trece de enero de dos mil quince, dictada en la causa penal 9/2015, donde el juez responsable negó la libertad provisional bajo caución; es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia en comento. Se afirma lo anterior, ya que la propia autoridad responsable dejó sin efecto el acto reclamado al haberle otorgado dicho beneficio el veintitrés de enero del actual y en vista de que exhibió los montos fijados para ello, el veintinueve siguiente ordenó su libertad; lo cual implica que restituyó a la amparista en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, por lo que es correcto concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de 1999, Novena Época, Tomo IX, visible en la página 38, del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Bajo esa perspectiva, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento del presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Por otro lado, la Directora del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla del Distrito Federal, al rendir informe justificado, negó la existencia del acto reclamado. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado a la potestad antes referida, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo en términos de lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Corrobora lo antes expuesto la jurisprudencia VI. 2o. J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, página 627, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. Por lo anterior, procede dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijada para la celebración de dicha audiencia. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, marzo 2003, Tomo XVII, visible a foja 386, que reza de la siguiente manera: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el punto segundo, del Acuerdo General 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, aprobado en sesión de dieciséis de mayo de dos mil uno, se ordena a el Secretario supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
MESA IV. Agréguese a los autos el oficio firmado por la Encargada de la Subdirección Jurídica en ausencia de la Directora del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, mediante el cual rinde informe justificado, con lo anterior, se acuerda. Con fundamento en el artículo 117, de la ley de Amparo, agréguese a los autos el termino justificado firmado por la autoridad suscrita en la correspondencia interna ante mencionada, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; con su contenido, dése vista a las partes para que manifieste lo que a su derecho convenga. De conformidad con el normativo 9, de la ley de la materia, se tiene como delegados a las personas que menciona en la comunicación que se atiende. Finalmente, la autoridad administrativa responsable, informa que la quejosa se encuentra gozando de la libertad provisional bajo caución, otorgada por el Juez Vigésimo Segundo Penal de Delitos No Graves del Distrito Federal, el pasado veintinueve de enero de la presente anualidad. A lo anterior resérvese hacer manifestación al respecto, hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la potestad judicial antes referida.
- Principal
MESA IV.VISTA LA DEMANDA DE GARANTIAS... SE ADMITE...SIN TRAMITARSE POR DUPLICADO EL INCIDENTE DE SUSPENSION ... PIDANSE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EL INFORME CON JUSTIFICACION QUE DEBERAN RENDIR DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DIAS CONTADO A PARTIR DEL SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACION DE ESTE PROVEIDO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE DEBERAN EXHIBIR COPIAS CERTIFICADAS LEGIBLES, COMPLETAS Y ORDENADAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS Y SUS ANTECEDENTES... SE SEÑALAN LAS DOCE HORAS DEL DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE, PARA LLEVAR A CABO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN ESTE JUICIO...DÉSE INTERVENCION A LA AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION ADSCRITA EN TERMINOS DEL ARTICULO 5, FRACCION IV DE LA LEY DE LA MATERIA... CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE HACE SABER A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES QUE EN CASO DE QUE OCURRA UNA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO DEBERÁN COMUNICARLO DE INMEDIATO A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL; APERCIBIDAS QUE DE NO HACERLOS SE LES IMPONDRA MULTA DE TREINTA A TRESCIENTOS DÍAS DE SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 251 DE LA CITADA LEY DE AMPARO...SE ORDENA RESERVAR EL LLAMAMIENTO DE LA VICTIMA DEL DELITO EN SUCARACTER DE TERCERO INTERESADO UNA VEZ QUE SE RINDA EL INFORME JUSTIFICADO.
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