María Guadalupe Ojeda Trejo

Expediente 529/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
529/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
05/07/2021

Partes del expediente

  • María Guadalupe Ojeda Trejo
  • Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México (OAPAS)

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    ... procede desechar la demanda de amparo...Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por lista y por lista en página electrónica a la parte quejosa, el acuerdo de catorce de junio de dos mil veintiuno, que a la letra dice: Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de junio de dos mil veintiuno. ANOTACIONES Vista la demanda promovida por ..., por propio derecho, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 529/2021-IV. ACTO RECLAMADO Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados: La orden de corte del servicio, restricción o suspensión del suministro de agua potable en su domicilio ubicado en ..., con número de medidor ..., cuenta ... por parte del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México (OAPAS), así como el cálculo del adeudo por dicho servicio por la cantidad de $... DESECHAMIENTO Precisado lo anterior, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al considerar que existe un medio ordinario de defensa a través del cual puede modificarse, revocarse o nulificarse el acto reclamado. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" El precepto legal citado dispone que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el acto reclamado es pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y en su contra procede algún recurso, juicio o medio de defensa a través del cual puede ser revocado, anulado o modificado; siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos mediante la interposición del recurso o medio de defensa pero sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, sin importar si el acto en sí mismo es o no susceptible de ser suspendido. En ese contexto, resulta pertinente señalar que el artículo 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México dispone: "Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; III. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; IV. De los actos administrativos o fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa ficta en estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades estatales o municipales para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en términos de este Código; V. De las resoluciones negativas fictas que se configuren por el silencio de las autoridades administrativas y fiscales de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en el plazo de 30 días siguientes a su presentación, conforme a las disposiciones de este ordenamiento; VI. Las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal para dar respuesta a las peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos 20 días siguientes a su presentación; VII. Los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de naturaleza administrativa y fiscal que expidan las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, sin que sea obligatorio o requisito previo para promover cualquier otro medio de impugnación en contra de tales determinaciones; VIII. Las resoluciones favorables a los particulares, que causen una lesión a la hacienda pública del Estado o de los municipios, cuya invalidez se demande por las autoridades fiscales del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal; IX. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las personas que se ostenten como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o municipal, sin serlo; y X. Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales." (Lo resaltado es propio). El numeral transcrito establece la procedencia del juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la entidad contra actos dictados por autoridades administrativas o fiscales, ya sean del Poder Ejecutivo del Estado de México, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal. En ese orden de ideas, se advierte que se reúnen los elementos que dan lugar a la actualización de la causa de improcedencia en estudio, ya que: 1. El acto se reclama a autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, al Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México (OAPAS). 2. El acto reclamado es susceptible de ser modificado, revocado o nulificado a través del juicio contencioso administrativo previsto en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, conforme a la procedencia establecida en el artículo 229, fracciones I, II y III, del mencionado ordenamiento. En la especie, se reclama la orden de corte del servicio, restricción o suspensión del suministro de agua potable en el domicilio ubicado en ..., con número de medidor ..., cuenta ... por parte del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México (OAPAS), así como el cálculo del adeudo por dicho servicio por la cantidad de $... 3. El Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, prevé la suspensión de los efectos de los actos reclamados en términos de los artículos 254 a 260, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en el artículo 124 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, para otorgar la suspensión de los actos reclamados. Establecido lo anterior, previo a la promoción del juicio de amparo contra el acto que se reclama en esta instancia, la parte quejosa debió combatirlo mediante el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en términos de los artículos 229, fracción III, 230 fracciones I, II y III y 231 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; máxime que ese ordenamiento legal no establece mayores requisitos que la legislación de la materia para conceder la suspensión. Así lo ha determinado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 60/2013 (10a.) 1, del tenor literal siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. De los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no se advierte la exigencia de mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; de ahí que el juicio de amparo indirecto sea improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad." Por tanto, este juzgador considera que el referido acto de autoridad, previamente a impugnarlo en la presente instancia constitucional, debió combatirse a través del procedimiento contencioso administrativo en términos del artículo 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, para considerar satisfecho el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. En adición a lo expuesto, en el caso no se actualiza ninguna de las excepciones al principio de definitividad contempladas en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XX, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo, con fundamento en el diverso 113 del propio ordenamiento legal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Tomando en cuenta que el domicilio designado para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez), hasta en tanto se señale algún domicilio dentro del municipio anterior, todas las notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de acuerdo con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene por autorizados a las personas que se mencionan en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS EN LÍNEA En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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