Maria Guadalupe Navarro Rodríguez

Expediente 1127/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 21 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1127/2016
Año
2016
Actuaciones
21
Última actuación
08/03/2017

Partes del expediente

  • Maria Guadalupe Navarro Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Incidental

    Se ordena el archivo de los cuadernos incidentales.

  2. Principal

    CAUSA ESTADO el auto que tuvo cumplido el fallo protector; por tanto se ordena el archivo del expediente.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA AL QUEJOSO DEL AUTO DE DOS DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a las partes para que desahogara la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este juzgado federal se pronuncia en lo tocante al cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, en los términos siguientes: Por sentencia emitida, -en auxilio de este juzgado federal-, por el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Culiacán de Rosales, Sinaloa, con engrose de diez de noviembre de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes (folios 131 a 155): "[.] En la especie, el efecto de la protección federal será que con su actuar la responsable restituya a Melanny Abril Tene Navarro, por conducto de su progenitora María Guadalupe Navarro Rodríguez, en el goce de los derechos fundamentales violados, por lo que la Jueza Primero Penal del Tercer Partido Judicial en el Estado de Colima deberá: I. Dejar insubsistente el proveído de veintiuno de junio de dos mil dieciséis, en la causa penal 90/2015, que concedió a Osiris Miguel Tene Sandoval el beneficio de libertad bajo caución; únicamente en cuanto a su inciso c), relativo a la fijación de la garantía por el posible pago de reparación del daño; II. En su lugar, emitir un nuevo pronunciamiento sobre la valoración y alcance demostrativo de las pruebas tendentes a acreditar la cuantía procedente por aquel concepto, en que analice la totalidad de las medios de convicción ofertados por la parte quejosa, de manera destacada las testimoniales a cargo de María Guadalupe Ramírez Rivera y Claudia Victoria Rodríguez Sanabria, desahogadas durante la averiguación previa; III. De manera particular, determinar el valor y alcance demostrativo del pagaré exhibido (que obra a foja 43 del tomo de pruebas), en lo individual así como en relación con la totalidad del caudal probatorio, a fin de resolver si la cantidad consignada efectivamente constituye una deuda para hacerse de los recursos indispensables para satisfacer las necesidades de la menor víctima; IV. Prescindir del argumento consistente en que deben desestimarse las documentales exhibidas por la parte ofendida que son posteriores a la fecha de la denuncia. En su lugar, proceder a su justipreciación, atento a las consideraciones de este fallo; es decir, que al tratarse de un delito de tracto sucesivo, para determinar el monto correspondiente a la garantía de la reparación del daño debe atenderse al lapso en que persistió el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, así como al impacto negativo que de manera directa la posible comisión del ilícito causó en el patrimonio de la parte ofendida; o sea, a las deudas y obligaciones contraídas por la parte ofendida en virtud aquella desobligación. El presente considerando no es limitativo, exhaustivo ni taxativo de la concesión y ejecución de la resolución constitucional, la cual deberá cumplimentarse hábilmente y en la forma restitutiva más amplia posible para restablecer a la menor quejosa sus derechos fundamentales. [.]". En auto de nueve de enero de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la sentencia en cita. Por oficio 140 de veinte de enero de dos mil diecisiete firmado por la Juez Primero de lo Penal del Tercer Partido Judicial en Manzanillo, Colima, remitió copia certificada del auto veinte de enero de dos mil diecisiete. De dicho auto se aprecia que la responsable hizo lo siguiente: -Dejó sin efecto el auto de veintiuno de junio de dos mil dieciséis. -Concedió al procesado el beneficio de la libertad provisional bajo caución, dado que el delito por el que se encuentra siendo procesado, es el de omisión de cuidado, que refirió no era de los considerados como graves por el artículo 10 del Código Penal para el Estado de Colima. -Fijó para el posible pago de reparación del daño, $21,434.36 (veintiún mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 36/100 moneda nacional). -Valoró los medios de convicción ofertados por la parte quejosa, de manera destacada la testimonial a cargo de María Guadalupe Ramírez Rivera, señalando que ésta no aportaba elementos a fin de fijar una cantidad determinada de los gastos que había efectuado la denunciante. -En relación con la prueba testimonial a cargo de Claudia Victoria Rodríguez Sanabria indicó que se desprendía que dicha deponente manifestó que en varias ocasiones le había tenido que prestar dinero a la denunciante para poder cumplir con las necesidades de la menor. -Que dicho hecho se robustecía con el pagaré exhibido (que obra a foja 43 del tomo de pruebas), valioso por $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional). -La responsable al valorar los medios de convicción aportados, prescindió del argumento consistente en que debían desestimarse las documentales exhibidas por la parte ofendida que eran posteriores a la fecha de la denuncia. -Finalmente, determinó que tomando en cuenta el total de las cantidades que se desprendían de los comprobantes de compra exhibidos por la denunciante, hacían la cantidad de $42,868.72 (cuarenta y dos mil ochocientos sesenta y ocho pesos 72/100 moneda nacional) y tomando en cuenta el artículo 303 del Código Civil para el Estado de Colima, dado que es a ambos padres a quienes corresponde la obligación de otorgar alimentos a sus hijos y no solamente a uno de ellos, respetando así la característica de que los alimentos son divisibles, toda vez que se refiere que cuando existen varios obligados a dar alimentos se pueden dividir entre ellos la responsabilidad alimentaria, tal y como lo contemplaba el numeral 312 del citado ordenamiento legal. Por lo todo lo expuesto, la juez responsable indicó que a fin de no transgredir los derechos de los alimentos y en concordancia con lo señalado era deber de ambos padres proporcionar los alimentos hacia sus menores hijos, por ello el concepto total debía ser dividido en partes iguales entre ambos padres, por lo que resultaba procedente dividir la cantidad entre dos, siendo un total de $21,434.36 (veintiún mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 36/100 moneda nacional), misma que fijó de manera provisional. Caución y garantía que podía ser exhibida por el imputado en cualquier forma establecida en los artículos 140 al 143 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Sistema Tradicional del Estado de Colima y requirió al procesado Osiris Miguel Tene Sandoval por su exhibición. Por tanto, atendiendo los lineamientos de la ejecutoria, se considera correcto el proceder de la autoridad responsable y se colma el derecho fundamental por cuya infracción se concedió el amparo, motivo por el cual, debe concluirse que lo procedente en el caso es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de la Materia sin que se advierta que la autoridad responsable haya incurrido en excesos ni defectos en su acatamiento.

Quedan 17 actuaciones en este expediente

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