María Guadalupe Narváez Sarabia
Expediente 36/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 36/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- María Guadalupe Narváez Sarabia
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de diecinueve de los actuales, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmete, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Juez Civil de Partido y de Oralidad Familiar de Yuriria, Guanajuato y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado con el número de expediente 36/2018-III. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.]" A su vez el numeral 190 de la ley de la materia señala: "Artículo 190. La autoridad responsable decidirá, en el plazo de veinticuatro horas a partir de la solicitud, sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad. [.]" Lo anterior es así, ya que desde la perspectiva de quien ahora corresponde conocer el presente asunto, el acto aquí reclamado es una resolución dictada en auxilio de la Justicia Federal en un juicio de amparo directo, pues conforme con la disposición últimamente transcrita las autoridades responsables tienen facultades para resolver sobre la suspensión del acto que se les reclame. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene relatar algunos de los antecedentes del acto reclamado que narró la promovente bajo protesta de decir verdad, siendo éstos los siguientes: El diez de enero de dos mil diecisiete, ********** demandó en la vía ejecutiva mercantil a **********, el pago de la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 m.n.), por concepto de suerte principal. El conocimiento de esa contienda correspondió al Juzgado Civil de Partido, con residencia en Yuriria, Guanajuato, en donde se radicó con el número ***************. Seguido el procedimiento juicio por sus etapas el dos de agosto de dos mil diecisiete se dictó sentencia en la que se declaró no acreditada la acción intentada por la parte actora. Contra esa decisión se interpuso amparo directo, al cual le correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil de Decimosexto Circuito, quedando registrado con el número 862/2017, el que a la fecha no ha sido resuelto. Al resultar absuelta del pago de las prestaciones que le fueron reclamadas, el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, la parte demandada solicitó que se levantara el embargo trabado sobre el bien inmueble de su propiedad, bajo el argumento de que su contraparte, al promover el juicio de amparo directo, no solicitó la suspensión del acto reclamado (sentencia de dos de agosto de dos mil diecisiete). A dicha petición recayó el auto de seis de noviembre del mismo año, en el que se ordenó girar oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Yuriria, Guanajuato, a fin de que procediera a realizar la cancelación del gravamen que pesaba sobre el bien inmueble ubicado en la calle **********, número **********, zona ********** de Yuriria, Guanajuato. Por ello, la parte quejosa interpuso recurso de revocación en contra de dicho proveído, mismo que se resolvió el doce de enero del presente año, confirmando el auto recurrido, ahora acto reclamado. Bajo esa perspectiva, si la solicitud de la cancelación de gravamen se determinó procedente, al no encontrarse suspendido el procedimiento de origen con motivo del juicio de amparo directo promovido por el aquí quejoso, de la interpretación integral de los preceptos legales que rigen el trámite del juicio de amparo directo, deriva que los actos emitidos por la autoridad responsable en torno a la presentación de la demanda relativa forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, por lo que la responsable actúa como auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes al amparo directo, tales como la recepción del escrito inicial, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento. Por ello, contra esos actos resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, como lo es en el presente asunto, al fundamentar la responsable que procedía la cancelación del gravamen, porque la parte quejosa ha dejado de ejercer su derecho de solicitar la suspensión del acto reclamado. Por tanto, es claro que la determinación que aquí se pretende impugnar está directamente vinculada con la tramitación del amparo directo citado. No se soslaya que el embargo, cuyo levantamiento ordenó la autoridad responsable, no forma parte de sentencia reclamada en sí; empero, es una de sus consecuencias legales. Entonces, si la sentencia absolutoria reclamada está sub júdice y el levantamiento del embargo resulta ser una de sus consecuencias, tal determinación no sería impugnable en amparo indirecto, precisamente porque no tiene autonomía frente a aquella, cuyos efectos pueden suspenderse en el procedimiento de amparo directo ante la autoridad responsable. Resta señalar que no escapa de la apreciación del suscrito, que la parte quejosa manifestó en su escrito inicial, que no solicitó la suspensión de la sentencia reclamada, dado que no obran en el cuadernillo formado con motivo de la interposición de amparo directo, las constancias necesarias para proveer al respecto; sin embargo, dicha circunstancia en modo alguno constituye un impedimento para que haga valer su derecho de solicitar la suspensión del acto reclamado, así como las consecuencias que de él deriven, siempre y cuando no se dicte sentencia ejecutoria. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas tanto en el juicio en que se actúa, como en los cuadernos incidentales derivados del mismo, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En otro orden, toda vez que la quejosa solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 26, fracción III, de la Ley de Amparo, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquesele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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