María Guadalupe Murillo Márquez

Expediente 1812/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1812/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • María Guadalupe Murillo Márquez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexos de cuenta del Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal Puebla del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a través del cual rinde informe justificado en representación de la autoridad señalada como responsable Subdelegado de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado - José Fausto Gutiérrez Ramírez-. Atento a lo anterior, se tiene a la referida autoridad, por su representación rindiendo el informe justificado respectivo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. De igual manera, con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se le tiene designando como delegado a la persona que menciona en el oficio de cuenta y por señalado el domicilio que indica en el mismo para recibir notificaciones. Asimismo, se tiene a la autoridad responsable haciendo valer las causales de improcedencia y sobreseimiento que refiere en el oficio de mérito, para los efectos legales procedentes. De igual manera, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable ofreciendo las constancias que acompaña a su informe justificado Ahora bien, de las constancias exhibidas por el Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal Puebla del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en representación de la autoridad señalada como responsable Subdelegado de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (José Fausto Gutiérrez Ramírez), -mismas que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que mediante oficio No. DPSH/2002/2023 de trece de noviembre de dos mil veintitrés dicha autoridad responsable dio contestación al escrito de la quejosa María Guadalupe Murillo Márquez, presentado el catorce de julio de dos mil veintitrés; y, el veintiuno de noviembre de la presente anualidad le fue notificado dicho oficio. Ahora, del escrito de demanda se advierte que la promovente del amparo María Guadalupe Murillo Márquez señaló como acto reclamado la omisión en que incurre el Subdelegado de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (José Fausto Gutiérrez Ramírez) al no dar contestación su escrito presentado el catorce de junio de dos mil veintitrés. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que la quejosa María Guadalupe Murillo Márquez hizo consistir el acto reclamado en la omisión en que incurre el Subdelegado de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (José Fausto Gutiérrez Ramírez) al no dar contestación su escrito presentado el catorce de junio de dos mil veintitrés; y, dicha autoridad mediante oficio No. DPSH/2002/2023 de trece de noviembre de dos mil veintitrés dio contestación al referido escrito de la citada quejosa, presentado el catorce de julio de dos mil veintitrés; y, el veintiuno de noviembre de la presente anualidad le fue notificado dicho oficio; lo que se acredita con las constancias recibidas, mismas que se adjuntaron al informe justificado respectivo. Como puede verse, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que cesaron los efectos de los actos reclamados. Esto es así, porque el treinta de octubre de dos mil veintitrés la quejosa promovió el presente juicio de amparo para reclamar la omisión dar respuesta a su escrito presentado el catorce de julio de dos mil veintitrés ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Puebla Sin embargo, mediante oficio No. DPSH/2002/2023 de trece de noviembre de dos mil veintitrés el Subdelegado de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (José Fausto Gutiérrez Ramírez) dio respuesta al multicitado escrito; y, veintiuno del mes y año en curso le fue notificado tal oficio. Por tanto, si las circunstancias aquí apuntadas sobrevinieron después de la presentación de la demanda de amparo (treinta de octubre de dos mil veintitrés), es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos de los actos reclamados pues las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio firmado por la Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Tesorero y Secretaria, todos del Ayuntamiento de Santa Isabel Cholula, Puebla, por el cual remite copia certificada del oficio número ******************** de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés a fin de dar cumplimiento al fallo protector, e indica domicilio para recibir notificaciones, señala delegados y correo electrónico. En ese sentido, con fundamento en el artículo 9 de la ley de Amparo, se le tiene designando como delegados a las personas que menciona en el oficio de cuenta y por señalado el domicilio que indica en el mismo para recibir notificaciones. En términos de lo establecido en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se tiene por señalada la dirección de correo electrónico que indica, únicamente para que se establezcan comunicaciones no procesales. Respecto de las documentales que anexa, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, resérvese a proveer lo conducente con relación a su contenido, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Ricardo Mora Álvarez, Secretario que autoriza. Doy fe.

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