MARÍA GUADALUPE MUÑOZ MIRANDA y Otros.
Expediente 952/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 20 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 952/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 15/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- MARÍA GUADALUPE MUÑOZ MIRANDA y Otros.
- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
- María Guadalupe Muñoz Miranda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Se agrega pieza postal y se reenvía oficio. Agréguese a los autos la pieza postal que antecede, la cual contiene el oficio 6374/2022 de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, dirigido a la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, mismo fue devuelto por el Servicio Postal Mexicano, por los motivos que ahí se precisan; en consecuencia, a fin de evitar dilaciones innecesarias, reenvíese el citado oficio vía estafeta a su domicilio correcto, esto es, Avenida Homero, número 213, planta baja, de la colonia Chapultepec Morales, Alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11510, Ciudad de México, a fin de que la aludida autoridad tenga conocimiento del citado proveído para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 28 DE MARZO DE 2022
- Principal
Se agrega oficio para efectos de control. Agréguese a los autos únicamente para efectos de control, el oficio remitido por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, mediante el cual atiende lo solicitado en auto de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, en virtud de que el veinticinco de febrero siguiente, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto.
- Principal
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 25 DE FEBRERRO DE 2022. Superioridad informa. Agréguese a los autos el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, mediante el cual informa que causó estado el auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó por extemporáneo el recurso de queja administrativo ********* de su índice; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Acúsese recibo. Se ordena destruir el legajo de copias certificadas que anexa la superioridad a su oficio de cuenta, pues se estima innecesario conservarlas, dado que sus originales constan en el expediente en que se actúa. Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, en específico las constancias que remitió al sumario constitucional el apoderado legal de la autoridad responsable, secretario de Salud del Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato, capital, se colige la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, cuyo análisis da lugar a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, de conformidad con la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por contradicción de Tesis 26/2002-PL, visible en la página 386, Tomo VII, Marzo 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE".****************************************En este caso, el acto reclamado consiste en la omisión de incluir a los niños, niñas y adolescentes entre las edades de doce a diecisiete años (grupo etario al que pertenecen los menores de edad quejosos), a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCoV-2, lo que constituye una discriminación, así como sus consecuencias, que se traducen en la omisión de ser llamados a efecto de ser vacunados contra dicho virus que causa la enfermedad del COVID-19; ahora, de las documentales remitidas por la autoridad responsable, secretario de Salud del Estado de Guanajuato, se advierte que, en cumplimiento a la suspensión de plano decretada el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, exhibió cuatro comprobantes de vacunación, relativos a la aplicación de la primera y segunda dosis del biológico Pfizer-BioNTech, a los menores de edad quejosos; constancias a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, con las cuales se acredita la actualización de la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, se toma en consideración que "cesar", en su sentido etimológico y gramatical, quiere decir suspender o acabarse una cosa; o bien dejar de hacer lo que se está haciendo; y "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En ese sentido, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga, esto es así cuando la autoridad emisora lo hace desaparecer haciéndolo insubsistente. Así pues, conviene precisar que para que sea aplicable la causal de improcedencia aludida es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable. Asimismo, es pertinente recordar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, en consecuencia, para considerar, estrictamente, que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido, es decir, el acto debe quedar destruido. En conclusión, únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la parte promovente del amparo en el goce del derecho violado. Por lo que podemos concluir que, para que en el juicio de amparo se actualice la causal de improcedencia por cesación de efectos se requiere: a) que el acto reclamado sea revocado o derogado, b) que la cesación sea inmediata y no surja a condición de ninguna especie, y c) que la parte quejosa sea restituida en el goce del derecho subjetivo que consideró vulnerado. Causal que en el caso se estima actualizada, si se toma en cuenta que lo que constituye materia de reclamo constitucional es la omisión de incluir a los niños, niñas y adolescentes entre las edades de doce a diecisiete años (grupo etario al que pertenecen los menores de edad quejosos), a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCoV-2, lo que constituye una discriminación, así como sus consecuencias, que se traducen en la omisión de ser llamados a efecto de ser vacunados contra dicho virus que causa la enfermedad del COVID-19; pues, es evidente que los efectos de dicho acto han cesado, al haber acreditado el apoderado legal de la autoridad responsable, secretario de Salud del Estado de Guanajuato, que en fechas veintiséis de noviembre y diecisiete de diciembre, ambas de dos mil veintiuno, respectivamente, se le aplicaron a los menores quejosos las dos dosis del biológico Pfizer-BioNTech, que requieren para su protección contra el virus SARS-Cov2. Se afirma lo anterior, pues si bien a la fecha de presentación de la demanda y durante su tramitación -conforme con la causa de pedir- existía la omisión reclamada, cierto es que dejó de existir el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, fecha en que se suministró la segunda dosis de la vacuna solicitada. Por tanto, la omisión reclamada cesó en sus efectos y, por ello, el juicio constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objeto, como en el caso, volviendo las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, pues resulta contrario a la naturaleza del mismo que fuera seguido sin ninguna finalidad práctica. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 415, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. De igual manera, es ilustrativa la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. En virtud de lo anterior, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia del presente asunto. Por tanto, hágase saber a las partes la presente determinación para los efectos legales correspondientes; asimismo, se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional; háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado.
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