María Guadalupe Moreno Hernández

Expediente 1179/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1179/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
03/11/2021

Partes del expediente

  • María Guadalupe Moreno Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, para todos los efectos legales correspondientes. De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental. Además, en términos del artículo 21, inciso d) del citado Acuerdo General, se establece que este expediente es susceptible de destrucción. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda firmado por ********************, por el que solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Tercero Civil del Distrito Judicial residente en esta ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1179/2021-5, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. Del mismo modo, a fin de cumplir con el artículo 3º de la Ley de Amparo, y con el objeto de facilitar a los justiciables el acceso a los expedientes mediante el empleo de los medios electrónicos, fórmese el expediente electrónico relativo. DETERMINACIÓN En principio, debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al respecto conviene citar por las razones que informan la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." DESECHAMIENTO Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta1, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que los actos reclamados consisten en: Precisado lo anterior, se procede a analizar el acto reclamado identificado en el inciso a), consistente en la sentencia interlocutoria de veintidós de junio de dos mil veintiuno, dictada por la responsable Juez Tercero Civil del Distrito Judicial residente en esta ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. En el caso, se actualiza de modo manifiesto, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los diversos normativos legales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El Juicio de Amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; (.)." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De las disposiciones legales precedentes, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro del término de quince días, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En efecto, de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente se desprende, que el juicio de amparo debe instarse dentro del término de quince días, lapso que se contabilizará: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que se reclame. b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado, o de sus actos de ejecución; o, c) A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los mismos. Entre estos supuestos, se destaca lo que debe entenderse jurídicamente por, notificación al quejoso del acto o resolución que se reclame; que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de sus actos de ejecución; y que el quejoso se haya ostentado sabedor de los mismos. Respecto del inciso a), es cuando el quejoso está notificado del acto o resolución que reclama, es decir, que existe una noticia formal del acto que puede traducirse en su perjuicio, lo que permite, al menos suponer, que tendrá a su alcance todos los elementos para su debida defensa en el proceso constitucional. Concerniente al diverso inciso b), relativo a que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de sus actos de ejecución, es cuando la noticia del acto reclamado la obtiene de diversos modos, como información de personas cercanas a él o las que de algún modo estén relacionadas con la ejecución de los actos reclamados o bien por información publicada por medio de prensa, radio, televisión, redes sociales, etcétera. Finalmente, por lo que hace al inciso c), respecto a que el quejoso se haya ostentado sabedor de los actos reclamados, es cuando una persona se ha manifestado, mostrado o ha hecho patente, tal es el significado literal de la voz ostentar, cuando ha comparecido ante la autoridad, a aun sin haber sido notificado, para actuar precisamente en relación con el acto de autoridad que pretende ser reclamado, cuando en documento consta que ya se ha mostrado sabedora de la existencia de los propios actos. En el caso particular, se actualiza la primera hipótesis del artículo 17 de la Ley de Amparo, es decir, el cómputo de los quince días para promover la demanda de amparo, debe realizarse a partir del día siguiente que surtió efecto la notificación del acto reclamado. Lo anterior es así, pues la quejosa ********************, manifestó en su escrito de demanda bajo protesta de decir verdad que el veintidós de junio de dos mil veintiuno, se le notificó la sentencia interlocutoria que constituye el acto reclamado. En ese contexto, si a la parte quejosa se le notificó el indicado acto reclamado el veintidós de junio de dos mil veintiuno; entonces, el término de quince días que la Ley de Amparo concede para la promoción de la demanda relativa, empezó a correr al día siguiente de que surtió efecto, esto es, del veinticuatro de junio al catorce de julio del año en curso.-... Descontándose los días veintiséis y veintisiete de junio; tres, cuatro, diez y once de julio del año en curso. En apoyo a las consideraciones vertidas, se cita la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1931, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." En consecuencia si la demanda de amparo se ingresó al buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, hasta el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, conforme se advierte de la papeleta de turno correspondiente (foja 1 de autos) identificado con el número de registro 004388/2021, en la que se advierte "Fecha de recibido: lunes 20/09/2021", es evidente que ello sucedió fuera del término de quince días que para la promoción del juicio de amparo, prevé el ordinal 17 de la Ley de la materia, se puede concluir que fue extemporánea y como consecuencia de esto, se hace patente que la parte quejosa consintió el acto que reclama, al no haber promovido el juicio de amparo dentro del término legal establecido para tal efecto. En otras palabras, no cabe la menor duda que el amparo que se endereza contra el acto reclamado consistente en la sentencia interlocutoria de veintidós de junio de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Tercero Civil del Distrito Judicial, residente en esta ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, fue presentado fuera del plazo legal a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues éste fue presentado, como ya se dijo, hasta el hasta el veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Resulta aplicable el contenido de la tesis IV.3o.78 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 202, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, enero de 1994, Octava Época, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda". Sin que pase por alto destacar, que en el caso concreto, la solicitante de la tutela federal, no reclama la constitucionalidad de una ley a partir de su vigencia; no tiene la calidad de reo, ni el acto que le reclama importa un peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación o destierro o la incorporación forzosa al servicio del Ejercito o Armada Nacionales; entonces, no se surte en especie alguna de las hipótesis previstas en el citado numeral 22 de la ley de la materia. Por el cual se estima que la promovente consintió tácitamente el acto reclamado, en términos de la fracción XIV, párrafo primero, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo XI, Junio de 1993, visible a página 235, que a la letra dispone: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." En consecuencia, es evidente que en la especie se actualiza como ya se dijo, la causal de improcedencia contemplada en los artículos 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los diversos normativos legales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Igual acontece respecto al diverso acto reclamado identificado en el inciso b), consistente en el acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, dictado por el mencionado responsable Juez Tercero Civil del Distrito Judicial, residente en esta ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. Lo anterior, porque contra este acto se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso normativo legal 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevén: Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (...) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; y (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.) De las normas legales transcritas se obtiene que el juicio de amparo biinstancial es procedente contra actos de tribunales jurisdiccionales emitidos dentro de juicio, fuera de él o después de concluido, siempre y cuando el quejoso haya observado el principio de definitividad, es decir, que haya agotado previamente todos los recursos o medios de defensa previstos en las leyes que rigen al acto reclamado y que tengan por objeto su revocación, modificación o nulificación. No obstante, esa obligación no es exigible cuando quien acude al amparo tiene el carácter de tercero extraño a juicio (típico o por equiparación), en términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional, ya que en estos casos, quienes no figuran como partes en un juicio no pueden hacer uso de aquellos recursos o medios de defensa para lograr su intervención en el procedimiento. Ahora bien, para determinar si en el caso a estudio cobra aplicación la hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías o si la quejosa de mérito se encuentra obligada a observar dicho principio antes de acudir a la instancia constitucional, es necesario señalar que de la demanda de amparo se advierte que la aquí quejosa ********************, es parte en el expediente 202/2021, debido que bajo protesta de decir verdad manifestó que el ocho de abril de dos mil veintiuno compareció a juicio haciendo valer la incompetencia del Juez responsable; entonces, es evidente que acude a esta instancia constitucional con dicho carácter. Por tanto, en el caso a estudio, la quejosa es parte en el referido juicio de origen; y, por tanto, se encuentra obligada a agotar los recursos o medios de defensa que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo le ofrece para defender sus intereses, pues no debe soslayarse que el juicio de amparo, como medio de defensa procesal, únicamente procederá como último remedio de las violaciones cometidas en contra de alguna persona que figure como parte dentro de un procedimiento, es decir, cuando ya no exista ningún recurso ordinario que brinde la posibilidad de reparar el agravio. Bajo ese contexto jurídico, se estima que si de lo que se duele la solicitante del amparo es del auto de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, dictado por el Juez responsable, en el que se proveyó de no ha lugar acordar de conformidad a lo solicitado en su escrito y que debería estarse a lo acordado en el punto III del auto de veinticuatro de marzo pasado, así como al punto primero del auto declarativo de herederos dictado el tres de junio de esta misma anualidad, dejándose a salvo sus derechos para que lo haga valer en la vía y forma correspondiente. Entonces, antes de acudir a la tutela constitucional a impugnar dicho acto de autoridad, la inconforme debió interponer el recurso de revocación previsto en los artículos 672 y 673 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, que disponen lo siguiente: Artículo 672. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Artículo 673. La revocación debe pedirse por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación, y se substancia con un escrito por cada parte y la resolución del Juez, que debe pronunciarse dentro del tercer día. Esta resolución no admite más recurso que el de responsabilidad. Asimismo, resulta necesario acotar que el numeral 78 de la codificación antes invocada establece: Artículo 78. Las resoluciones son: I. Simples determinaciones de trámite, y entonces se llamarán decretos; II. Determinaciones que se ejecuten provisionalmente, y que se llaman autos provisionales; III. Decisiones que tienen fuerza de definitivas y que impiden o paralizan definitivamente la prosecución del juicio, y se llaman autos definitivos; IV. Resoluciones que preparan el conocimiento y decisión del negocio ordenando, admitiendo o desechando pruebas, y se llaman autos preparatorios; V. Decisiones que resuelvan un incidente promovido antes, o después de dictada la sentencia, que son las sentencias interlocutorias; VI. Sentencias definitivas. De una interpretación integral de los dispositivos legales antes transcritos se advierte que, en materia civil, los autos que no sean apelables son revocables. En tales condiciones, se afirma que contra el auto de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, dictado por el Juez responsable, en el que se proveyó de no ha lugar acordar de conformidad a lo solicitado en su escrito y que debería estarse a lo acordado en el punto III del auto de veinticuatro de marzo pasado, así como al punto primero del auto declarativo de herederos dictado el tres de junio de esta misma anualidad, dejándose a salvo sus derechos para que lo haga valer en la vía y forma correspondiente, no procede el recurso de apelación. Lo anterior, porque en atención al numeral 78 antes transcrito, se advierte que la determinación reclamada en esta instancia constitucional es un auto de trámite, pues a través de éste se determinó que no ha lugar acordar de conformidad a lo solicitado en su escrito y que debería estarse a lo acordado en el punto III del auto de veinticuatro de marzo pasado, así como en el punto primero del auto declarativo de herederos dictado el tres de junio de esta misma anualidad, dejándose a salvo sus derechos para que lo haga valer en la vía y forma correspondiente. Además, debe decirse que el acto reclamado no es una interlocutoria, menos se trata de una sentencia definitiva; en ese sentido, se ubica en los supuestos señalados en el artículo 672 del ordenamiento legal invocado. En consecuencia, el auto que se combate en el presente juicio de derechos es atacable mediante el recurso de revocación, ante lo cual resulta inconcuso que si la ley aplicable contempla un medio de defensa legal que tiene por objeto que el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado, la quejosa, previamente a intentar la acción constitucional, debió haber respetado el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, interponiendo el citado recurso a que se contrae el ordenamiento legal referido contra el auto de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 202/2021 del índice del Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial, residente en esta ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 729, del Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. Así como la jurisprudencia I.6o.C.J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 902, del Tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Mayo de 2002, de rubro y texto siguientes: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Asimismo, cabe citar la jurisprudencia 1a./J. 41/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 101, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, Novena Época, cuyos rubro y texto se enuncian a continuación: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES. La interpretación literal, sistemática y teleológica de lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 161 de la Ley de Amparo, permite concluir que la excepción al principio de definitividad que dichas normas establecen, procede exclusivamente cuando en amparo directo en materia civil, se impugnen sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, por violaciones a las leyes del procedimiento que afecten las defensas del quejoso, siempre que dichas sentencias se hayan dictado en controversias relativas al estado civil o que afecten al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces. Ahora bien, si se toma en consideración que sólo en este caso específico y respecto de la referida vía de amparo, el interesado queda eximido de preparar el juicio de amparo, resulta inconcuso que no puede hacerse extensiva la citada excepción a los casos en los que por la diversa vía del amparo indirecto se impugnen actos de tribunales civiles ejecutados fuera de juicio o después de concluido, no obstante que se trate de controversias del estado civil o de actos que pudieran afectar al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces, pues del contenido textual y de la interpretación de los mencionados preceptos legales se infiere que fue voluntad del Constituyente Reformador y del legislador ordinario, que la excepción en cita procediera exclusivamente en vía de amparo directo. Lo anterior se confirma con la interpretación de lo establecido respecto al juicio de amparo indirecto, en el inciso b) de la fracción III del señalado precepto constitucional y en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, así como por el hecho de que por la propia naturaleza procedimental de esta vía, no se requiere de actos procesales tendientes a su preparación. Así, al no haberse agotado el medio de defensa previsto por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, previo a acudir a la tutela constitucional, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso normativo legal 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, resulta conveniente desechar de plano, por los dos actos reclamados, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento con expeditez, del resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil seiscientos treinta y uno, del tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta; y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema de Consulta del Consejo de la Judicatura Federal. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento del promovente que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, previa cita, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO En otro orden, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General, requiérase a las partes a efecto de que proporcionen un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que se establezcan comunicaciones no procesales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Por otro lado, SE INVITA A LAS PARTES de conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal previamente señalado PARA QUE TRANSITEN AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA, o bien propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por lo que deberán solicitar a este Juzgado de Distrito la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, lo cual requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero del año dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente

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