María Guadalupe Morales Orozco
Expediente 746/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 746/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Guadalupe Morales Orozco
Actuaciones
- Principal
...Agréguese el oficio 14200, signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en Uruapan, a través del cual acusa recibo del diverso 14326/2021, mediante el cual se le remitió el juicio de amparo número..., promovido por..., en favor de..., en virtud de que este juzgado declaró carecer de competencia para conocer del mismo, por razón de territorio; asimismo, informa que se avocó al conocimiento del citado juicio, registrándolo con el número 455/2021. En mérito de lo anterior, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Así, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21, inciso j), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo presentada vía electrónica en el portal de servicios informáticos en línea del Consejo de la Judicatura Federal por ***, mediante la utilización de la firma electrónica certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL) con número de serie 0.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a0.01 a nombre del citada ***, contra actos del Director y/o Encargado de Seguridad del Centro de Readaptación Social de Apatzingán Michoacán; atento a ella, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respectivamente, bajo el número 746/2021-I. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que este juzgado carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la misma por las consideraciones que a continuación se especifican. El artículo 37 de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la transcripción literal que precede, se desprende que el dispositivo legal en comento establece tres reglas fundamentales para fijar la competencia: Que será competente el Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De ahí que, para que surta efectos la competencia de un Juez de Distrito para conocer y resolver un juicio de amparo, tratándose de actos que sí tengan ejecución material, es menester que el acto reclamado deba tener ejecución, se ejecute o se haya ejecutado dentro de la jurisdicción atribuida a dicho órgano jurisdiccional. Ahora bien, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: "Los prohibidos por el artículo 22 constitucional, correspondientes a la incomunicación, TORTURA y destierro; segregación e incomunicación, EN ESPECIAL LA TORTURA que ha venido sufriendo el quejoso en el Centro Penitenciario de Apatzingán Michoacán, ya que en repetidas ocasiones lo han golpeado dentro de dicho centro y su vida corre peligro; por lo tanto de ser posible solicito de ser procedente un traslado a un Centro Penitenciario más cerca de su domicilio particular ubicado en la ciudad de Zamora Michoacán o a algún otro CERESO dentro del estado ya que en éste la vida del quejoso corre peligro.". Por tanto, este órgano de control Constitucional estima competente para conocer de la demanda de mérito, al Juez de Distrito en el Estado Michoacán, con sede en Uruapan, pues el acto reclamado se está ejecutando en el Centro de Readaptación Social, con residencia en Apatzingán, Michoacán, lugar donde actualmente se encuentra privado de su libertad el quejoso directo ***, pues la promovente manifiesta que con fecha treinta de julio del año en curso, el referido quejoso se comunicó para informarle que en repetidas ocasiones lo han golpeado dentro del Centro Penitenciario donde se encuentra recluido, además de que lo han castigo en repetidas ocasiones; que ha recibido amenazas encerrándolo con otros internos durante la madrugada con la intención de que lo golpeen; ya que en repetidas ocasiones ha sido objeto de TORTURA, tratos crueles e inhumanos dentro de dicho Centro de Readaptación, manifestando que desconoce la fecha porque no lo dejan comunicarse y ha estado incomunicado y que la mamá del quejoso fue a verlo al centro de Reclusión de referencia y le comentaron que estaba castigado y que no podía recibir visitas, además refiere que dicho quejoso no pudo comunicarse con ella, porqué se encontraba muy mal, aunado a que refiere la promovente que ponen a los mismos internos a que lo golpeen, por ese motivo su integridad física y su vida corren peligro, lugar donde de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, tiene competencia dicha autoridad federal. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis aplicada por identidad de razón, consultable en la página 41, volumen 205-216, cuarta parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYA DE EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. "Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías biinstancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta". Así como la tesis sin número, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 33, Volumen 199-204, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con número de registro 234084, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la Jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." En este contexto, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República, aprobado en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, establece que tratándose de la competencia de los Juzgados de Distrito del Décimo Primer Circuito, corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, ejercer jurisdicción, entre otros municipios, en el de Apatzingán, lugar en el que se ejecutó los actos reclamados, ello atendiendo a que la ejecución se lleva a cabo en el Centro de Readaptación Social con residencia en Apatzingán, Michoacán. Luego, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, pues conforme a las reglas previstas por el artículo 37 de la ley invocada, es competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de conformidad con el criterio jurisprudencial incoado; toda vez, que el quejoso directo *** se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social con residencia en Apatzingán, Michoacán, ubicado en la calle 16 de septiembre número 2915, El Tamarindo en Apatzingán, Michoacán, lugar donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan. Por su contenido ilustrativo, resulta aplicable en lo conducente, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, Volumen 74 Cuarta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "COMPETENCIA EN AMPARO.- La competencia en amparo corresponde al juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que ejecuta, o puede ejecutar, los actos que se reclaman, aunque la autoridad de quien emanen las órdenes, resida fuera de la jurisdicción de ese juez". En virtud a lo anterior, sin proveer sobre la admisión de la demanda, previo cuaderno de antecedentes que se forme y se deje en este órgano jurisdiccional se ordena remitir la demanda de amparo vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, al juzgado de turno para la tramitación de asuntos urgentes, esto es, al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, dada la naturaleza de los actos que por esta vía se reclaman, con la atenta suplica de acusar recibo correspondiente e informar acerca de lo que provea, referente a la competencia planteada. Sin que pase inadvertido, como se advierte de la certificación de cuenta, que mediante diversa demanda de amparo, promovida por las partes aquí solicitantes de la protección de la justicia federal, misma autoridad responsable, como acto reclamado, fue acordada en auto de cinco de agosto de dos mil veintiuno, dentro del juicio de amparo 745/2021-V, del índice del este Juzgado Federal, en la que de igual forma éste órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia, decretando la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados y la remitió al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan; de ahí que no es procedente proveer sobre la suspensión de oficio y de plano que de nueva cuenta se solicita. De igual forma, téngase a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en ***; autorizando para tal efecto a , quien gozará de todas las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se localizó la cédula profesional número 9344619, que acredita a la citada autorizadas como licenciada en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza penal. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, de la Ley de Amparo, únicamente para la notificación del presente proveído, se habilitan horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha seis de agosto de dos mil veintiuno, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, seis de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo presentada vía electrónica en el portal de servicios informáticos en línea del Consejo de la Judicatura Federal por ***, mediante la utilización de la firma electrónica certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL) con número de serie 0.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a0.01 a nombre del citada ***, contra actos del Director y/o Encargado de Seguridad del Centro de Readaptación Social de Apatzingán Michoacán; atento a ella, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respectivamente, bajo el número 746/2021-I. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que este juzgado carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la misma por las consideraciones que a continuación se especifican. El artículo 37 de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la transcripción literal que precede, se desprende que el dispositivo legal en comento establece tres reglas fundamentales para fijar la competencia: Que será competente el Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De ahí que, para que surta efectos la competencia de un Juez de Distrito para conocer y resolver un juicio de amparo, tratándose de actos que sí tengan ejecución material, es menester que el acto reclamado deba tener ejecución, se ejecute o se haya ejecutado dentro de la jurisdicción atribuida a dicho órgano jurisdiccional. Ahora bien, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: "Los prohibidos por el artículo 22 constitucional, correspondientes a la incomunicación, TORTURA y destierro; segregación e incomunicación, EN ESPECIAL LA TORTURA que ha venido sufriendo el quejoso en el Centro Penitenciario de Apatzingán Michoacán, ya que en repetidas ocasiones lo han golpeado dentro de dicho centro y su vida corre peligro; por lo tanto de ser posible solicito de ser procedente un traslado a un Centro Penitenciario más cerca de su domicilio particular ubicado en la ciudad de Zamora Michoacán o a algún otro CERESO dentro del estado ya que en éste la vida del quejoso corre peligro.". Por tanto, este órgano de control Constitucional estima competente para conocer de la demanda de mérito, al Juez de Distrito en el Estado Michoacán, con sede en Uruapan, pues el acto reclamado se está ejecutando en el Centro de Readaptación Social, con residencia en Apatzingán, Michoacán, lugar donde actualmente se encuentra privado de su libertad el quejoso directo ***, pues la promovente manifiesta que con fecha treinta de julio del año en curso, el referido quejoso se comunicó para informarle que en repetidas ocasiones lo han golpeado dentro del Centro Penitenciario donde se encuentra recluido, además de que lo han castigo en repetidas ocasiones; que ha recibido amenazas encerrándolo con otros internos durante la madrugada con la intención de que lo golpeen; ya que en repetidas ocasiones ha sido objeto de TORTURA, tratos crueles e inhumanos dentro de dicho Centro de Readaptación, manifestando que desconoce la fecha porque no lo dejan comunicarse y ha estado incomunicado y que la mamá del quejoso fue a verlo al centro de Reclusión de referencia y le comentaron que estaba castigado y que no podía recibir visitas, además refiere que dicho quejoso no pudo comunicarse con ella, porqué se encontraba muy mal, aunado a que refiere la promovente que ponen a los mismos internos a que lo golpeen, por ese motivo su integridad física y su vida corren peligro, lugar donde de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, tiene competencia dicha autoridad federal. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis aplicada por identidad de razón, consultable en la página 41, volumen 205-216, cuarta parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYA DE EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. "Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías biinstancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta". Así como la tesis sin número, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 33, Volumen 199-204, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con número de registro 234084, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la Jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." En este contexto, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República, aprobado en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, establece que tratándose de la competencia de los Juzgados de Distrito del Décimo Primer Circuito, corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, ejercer jurisdicción, entre otros municipios, en el de Apatzingán, lugar en el que se ejecutó los actos reclamados, ello atendiendo a que la ejecución se lleva a cabo en el Centro de Readaptación Social con residencia en Apatzingán, Michoacán. Luego, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, pues conforme a las reglas previstas por el artículo 37 de la ley invocada, es competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de conformidad con el criterio jurisprudencial incoado; toda vez, que el quejoso directo *** se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social con residencia en Apatzingán, Michoacán, ubicado en la calle 16 de septiembre número 2915, El Tamarindo en Apatzingán, Michoacán, lugar donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan. Por su contenido ilustrativo, resulta aplicable en lo conducente, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, Volumen 74 Cuarta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "COMPETENCIA EN AMPARO.- La competencia en amparo corresponde al juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que ejecuta, o puede ejecutar, los actos que se reclaman, aunque la autoridad de quien emanen las órdenes, resida fuera de la jurisdicción de ese juez". En virtud a lo anterior, sin proveer sobre la admisión de la demanda, previo cuaderno de antecedentes que se forme y se deje en este órgano jurisdiccional se ordena remitir la demanda de amparo vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, al juzgado de turno para la tramitación de asuntos urgentes, esto es, al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, dada la naturaleza de los actos que por esta vía se reclaman, con la atenta suplica de acusar recibo correspondiente e informar acerca de lo que provea, referente a la competencia planteada. Sin que pase inadvertido, como se advierte de la certificación de cuenta, que mediante diversa demanda de amparo, promovida por las partes aquí solicitantes de la protección de la justicia federal, misma autoridad responsable, como acto reclamado, fue acordada en auto de cinco de agosto de dos mil veintiuno, dentro del juicio de amparo 745/2021-V, del índice del este Juzgado Federal, en la que de igual forma éste órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia, decretando la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados y la remitió al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan; de ahí que no es procedente proveer sobre la suspensión de oficio y de plano que de nueva cuenta se solicita. De igual forma, téngase a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en ***; autorizando para tal efecto a , quien gozará de todas las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se localizó la cédula profesional número 9344619, que acredita a la citada autorizadas como licenciada en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza penal. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, de la Ley de Amparo, únicamente para la notificación del presente proveído, se habilitan horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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