María Guadalupe Montes García

Expediente 1569/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 32 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1569/2019
Año
2019
Actuaciones
32
Última actuación
04/08/2021

Partes del expediente

  • María Guadalupe Montes García
  • María Antonia Honoria García Cortés
  • MARÍA ANTONIA HONORIA GARCÍA CORTÉS y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Parte tercera interesada solicita informe sobre solicitud de vista al Ministerio Público. ***, autorizado en términos amplios de las terceras interesadas ***, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, y solicita se le informe sobre la cuenta que ha dado el Fiscal Federal (.) sobre la investigación que ha dado a los hechos que fueron constitutivos de delitos y evidenciados en este juicio, conforme a la vista correspondiente, y en caso de que no se haya pronunciado, se levante acta circunstanciada con la finalidad de poner a disposición del Ministerio Público a la parte quejosa y a su abogado autorizado, solicitando también se ordene la cancelación del registro federal de profesionales de amparo del último de los citados, ya que refiere que realizaron declaraciones falsas en el presente juicio de amparo, por lo que incurren en conductas delictivas. Por cuanto hace al señalamiento del domicilio para recibir notificaciones de la parte tercera interesada, dígase que tal petición ya fue acordada mediante proveído de siete de octubre de dos mil diecinueve, en el que se tuvo a la parte tercera interesada compareciendo al presente juicio de amparo. Por cuanto hace a su solicitud de pedir al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado que informe sobre la indagatoria que hubiera realizado, dígase que no ha lugar a acordar de conformidad. En principio, es relevante destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 204/2016, en sesión de nueve de febrero de dos mil diecisiete, puntualizó que las personas juzgadoras de amparo deben dar vista al Ministerio Público de la Federación, ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que pudieran constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en la ley. Lo anterior, con el objeto de que la representación social los investigue de inmediato, pues aun cuando tiene la calidad de parte en el juicio de amparo, lo cierto es que no ejerce su carácter de persecutor de los delitos, por lo que será en el ejercicio de sus facultades de investigación y valoración de hechos, que resuelva lo conducente, de conformidad con las consideraciones expuestas. Lo mencionado encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), que establece: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato." Ahora, es importante precisar que la referida obligación de dar vista al Ministerio Público únicamente se actualiza en el supuesto de que se colmen los elementos que denoten, a juicio del juzgador, y solo para efectos del juicio de amparo, la probable existencia de un hecho ilícito, pues no sería procedente dar vista al ministerio público, tan solo por el hecho de que alguna de las partes considere que se configuró un delito, sin que se estime presumible su comisión. En el caso, aun cuando las terceras interesadas presentaron escrito el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, en el que manifestaron que las quejosas realizaron declaraciones falsas en el presente juicio de amparo, y por ende, incurrieron en conductas delictivas, por lo que solicitaron dar vista a la representación social, lo cierto es que en la sentencia emitida el trece de enero de dos mil veintiuno, se determinó negar tal petición en los términos siguientes: "VII. VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN En otro tema, se advierte que las terceras interesadas en su escrito presentado en este juzgado el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, refieren que las quejosas han realizado declaraciones falsas en el presente juicio de amparo, por lo que incurren en conductas delictivas respecto a las cuales este órgano jurisdiccional debe pronunciarse a fin de que sean investigadas. (.) No obstante, no se estima procedente la solicitud de las terceras interesadas, ya que si bien las quejosas pretendieron acreditar su interés jurídico con el instrumento notarial veintitrés mil trescientos ochenta y siete, del catorce de diciembre de dos mil quince, y quien lo expidió, esto es, el Notario Público Doce del Distrito Judicial de Puebla, informó que el documento cuenta con la leyenda "no pasó", y que la persona que figura como representante de la parte vendedora acreditó su personalidad con una escritura pública, cuyo fedatario que supuestamente la emitió comunicó que no fue formalizado ante él, aunado a que no concordaban el número del volumen ni la fecha del protocolo, lo cierto es que no obra constancia de que la impetrantes conocieran de esas circunstancias, por lo que no puede definirse si falsearon algún tipo de información o si la ocultaron a fin de obtener una ventaja procesal. No obstante, si las terceras interesadas estiman que se ha cometido alguna conducta delictiva, quedan en aptitud de acudir ante las autoridades competentes a fin de realizar su denuncia respectiva." En consecuencia, dado que en la sentencia emitida en el presente juicio se resolvió negar la petición de dar vista al agente del Ministerio Público investigador con los hechos narrados por la parte tercera interesada, es evidente que no podría requerírsele para que informe sobre alguna indagatoria. Finalmente, no sobra decir que el pronunciamiento realizado en la sentencia emitida en el presente juicio, así como en este auto, sólo son tendentes a justificar la inaplicabilidad de la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA.", en la relativo a la obligación de dar vista oficiosamente al advertir la actualización de conductas que pudiera ser constitutivas de delitos, y solo para efectos del presente juicio de amparo; es decir, no es una decisión que defina si se cometieron o no los ilícitos. Por tanto, se dejan a salvo los derechos de la parte tercera interesada para que, de estimar que existen hechos ilícitos, pueda plantearlos ante la autoridad ministerial relativa, para que se allegue de mayores elementos o pruebas, pues se insiste, las conclusiones precisadas no son una limitante para tal efecto. Por otra parte, tampoco resulta procedente su diversa petición en el sentido de que se levante acta circunstanciada, en términos del artículo 237, fracción III, de la Ley de Amparo, con la finalidad de poner a disposición del Ministerio Público a la parte quejosa y a su abogado autorizado, incluso, que se ordene la cancelación del registro federal de profesionales de amparo del último de los citados, ya que por una parte, no se reúnen los extremos establecidos en el precepto invocado, el cual prevé lo siguiente: "Artículo 237. Para hacer cumplir sus determinaciones, los órganos jurisdiccionales de amparo, bajo su criterio y responsabilidad, podrán hacer uso, indistintamente, de las siguientes medidas de apremio: I. Multa; II. Auxilio de la fuerza pública que deberán prestar las autoridades policiacas federales, estatales o municipales; y III. Ordenar que se ponga al infractor a disposición del Ministerio Público por la probable comisión de delito en el supuesto de flagrancia; en caso contrario, levantar el acta respectiva y hacer la denuncia ante la representación social federal. Cuando la autoridad infractora sea el Ministerio Público de la Federación, la infracción se hará del conocimiento del Procurador General de la República. Como puede apreciarse, el precepto transcrito establece la facultad a los tribunales de amparo de imponer medidas de apremio a las partes para el cumplimiento de las determinaciones, incluso, en la fracción III, prevé la posibilidad de que se ponga al infractor a disposición del Ministerio Público por la probable comisión de delito en el supuesto de flagrancia. No obstante, la flagrancia a la que hace referencia tal disposición normativa debe entenderse constreñida al desacato de la parte procesal a la que se le formularon requerimientos; es decir, sanciona la conducta contumaz desplegada ante algún requerimiento, pero no es tendente a sancionar alguna diversa conducta que se considere ilícita, como la relativa a realizar afirmaciones falsas o exhibir documentos apócrifos, pues dichas conductas se encuentran previstas y se sancionan en el diverso numeral 261 de la Ley de Amparo, sin que en el presente caso se hubieran advertido elementos que pusieran de manifiesto que las conductas desplegadas por las quejosas o su abogado autorizado, colmen los supuestos previstos en este último precepto, tal como se precisó en la sentencia emitida el trece de enero de dos mil veintiuno. Por otra parte, tampoco puede accederse a la pretensión de la parte promovente en el sentido de que se ordene la cancelación del registro federal de profesionales de amparo del abogado autorizado por las quejosas, pues en principio, este juzgado de Distrito en materia de amparo, carece de facultades para acceder a tal pretensión. Devolución al archivo. Finalmente, dado que por auto de tres de septiembre de dos mil veinte, se ordenó el archivo del presente asunto, se ordena devolverlo una vez practicada la notificación del presente auto. Notifíquese, personalmente a la parte tercera interesada, y cúmplase.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Parte tercera interesada solicita informe sobre solicitud de vista al Ministerio Público. ***, autorizado en términos amplios de las terceras interesadas ***, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, y solicita se le informe sobre la cuenta que ha dado el Fiscal Federal (.) sobre la investigación que ha dado a los hechos que fueron constitutivos de delitos y evidenciados en este juicio, conforme a la vista correspondiente, y en caso de que no se haya pronunciado, se levante acta circunstanciada con la finalidad de poner a disposición del Ministerio Público a la parte quejosa y a su abogado autorizado, solicitando también se ordene la cancelación del registro federal de profesionales de amparo del último de los citados, ya que refiere que realizaron declaraciones falsas en el presente juicio de amparo, por lo que incurren en conductas delictivas. Por cuanto hace al señalamiento del domicilio para recibir notificaciones de la parte tercera interesada, dígase que tal petición ya fue acordada mediante proveído de siete de octubre de dos mil diecinueve, en el que se tuvo a la parte tercera interesada compareciendo al presente juicio de amparo. Por cuanto hace a su solicitud de pedir al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado que informe sobre la indagatoria que hubiera realizado, dígase que no ha lugar a acordar de conformidad. En principio, es relevante destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 204/2016, en sesión de nueve de febrero de dos mil diecisiete, puntualizó que las personas juzgadoras de amparo deben dar vista al Ministerio Público de la Federación, ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que pudieran constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en la ley. Lo anterior, con el objeto de que la representación social los investigue de inmediato, pues aun cuando tiene la calidad de parte en el juicio de amparo, lo cierto es que no ejerce su carácter de persecutor de los delitos, por lo que será en el ejercicio de sus facultades de investigación y valoración de hechos, que resuelva lo conducente, de conformidad con las consideraciones expuestas. Lo mencionado encuentra sustento en la jurisprudencia ***************que establece: VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Ahora, es importante precisar que la referida obligación de dar vista al Ministerio Público únicamente se actualiza en el supuesto de que se colmen los elementos que denoten, a juicio del juzgador, y solo para efectos del juicio de amparo, la probable existencia de un hecho ilícito, pues no sería procedente dar vista al ministerio público, tan solo por el hecho de que alguna de las partes considere que se configuró un delito, sin que se estime presumible su comisión. En el caso, aun cuando las terceras interesadas presentaron escrito el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, en el que manifestaron que las quejosas realizaron declaraciones falsas en el presente juicio de amparo, y por ende, incurrieron en conductas delictivas, por lo que solicitaron dar vista a la representación social, lo cierto es que en la sentencia emitida el trece de enero de dos mil veintiuno, se determinó negar tal petición en los términos siguientes: "VII. VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN En otro tema, se advierte que las terceras interesadas en su escrito presentado en este juzgado el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, refieren que las quejosas han realizado declaraciones falsas en el presente juicio de amparo, por lo que incurren en conductas delictivas respecto a las cuales este órgano jurisdiccional debe pronunciarse a fin de que sean investigadas. (.) No obstante, no se estima procedente la solicitud de las terceras interesadas, ya que si bien las quejosas pretendieron acreditar su interés jurídico con el instrumento notarial veintitrés mil trescientos ochenta y siete, del catorce de diciembre de dos mil quince, y quien lo expidió, esto es, el Notario Público Doce del Distrito Judicial de Puebla, informó que el documento cuenta con la leyenda "no pasó", y que la persona que figura como representante de la parte vendedora acreditó su personalidad con una escritura pública, cuyo fedatario que supuestamente la emitió comunicó que no fue formalizado ante él, aunado a que no concordaban el número del volumen ni la fecha del protocolo, lo cierto es que no obra constancia de que la impetrantes conocieran de esas circunstancias, por lo que no puede definirse si falsearon algún tipo de información o si la ocultaron a fin de obtener una ventaja procesal. No obstante, si las terceras interesadas estiman que se ha cometido alguna conducta delictiva, quedan en aptitud de acudir ante las autoridades competentes a fin de realizar su denuncia respectiva." En consecuencia, dado que en la sentencia emitida en el presente juicio se resolvió negar la petición de dar vista al agente del Ministerio Público investigador con los hechos narrados por la parte tercera interesada, es evidente que no podría requerírsele para que informe sobre alguna indagatoria. Finalmente, no sobra decir que el pronunciamiento realizado en la sentencia emitida en el presente juicio, así como en este auto, sólo son tendentes a justificar la inaplicabilidad de la jurisprudencia ************** de rubro: VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA., en la relativo a la obligación de dar vista oficiosamente al advertir la actualización de conductas que pudiera ser constitutivas de delitos, y solo para efectos del presente juicio de amparo; es decir, no es una decisión que defina si se cometieron o no los ilícitos. Por tanto, se dejan a salvo los derechos de la parte tercera interesada para que, de estimar que existen hechos ilícitos, pueda plantearlos ante la autoridad ministerial relativa, para que se allegue de mayores elementos o pruebas, pues se insiste, las conclusiones precisadas no son una limitante para tal efecto. Por otra parte, tampoco resulta procedente su diversa petición en el sentido de que se levante acta circunstanciada, en términos del artículo 237, fracción III, de la Ley de Amparo, con la finalidad de poner a disposición del Ministerio Público a la parte quejosa y a su abogado autorizado, incluso, que se ordene la cancelación del registro federal de profesionales de amparo del último de los citados, ya que por una parte, no se reúnen los extremos establecidos en el precepto invocado, el cual prevé lo siguiente: "Artículo 237. Para hacer cumplir sus determinaciones, los órganos jurisdiccionales de amparo, bajo su criterio y responsabilidad, podrán hacer uso, indistintamente, de las siguientes medidas de apremio: I. Multa; II. Auxilio de la fuerza pública que deberán prestar las autoridades policiacas federales, estatales o municipales; y III. Ordenar que se ponga al infractor a disposición del Ministerio Público por la probable comisión de delito en el supuesto de flagrancia; en caso contrario, levantar el acta respectiva y hacer la denuncia ante la representación social federal. Cuando la autoridad infractora sea el Ministerio Público de la Federación, la infracción se hará del conocimiento del Procurador General de la República. Como puede apreciarse, el precepto transcrito establece la facultad a los tribunales de amparo de imponer medidas de apremio a las partes para el cumplimiento de las determinaciones, incluso, en la fracción III, prevé la posibilidad de que se ponga al infractor a disposición del Ministerio Público por la probable comisión de delito en el supuesto de flagrancia. No obstante, la flagrancia a la que hace referencia tal disposición normativa debe entenderse constreñida al desacato de la parte procesal a la que se le formularon requerimientos; es decir, sanciona la conducta contumaz desplegada ante algún requerimiento, pero no es tendente a sancionar alguna diversa conducta que se considere ilícita, como la relativa a realizar afirmaciones falsas o exhibir documentos apócrifos, pues dichas conductas se encuentran previstas y se sancionan en el diverso numeral 261 de la Ley de Amparo, sin que en el presente caso se hubieran advertido elementos que pusieran de manifiesto que las conductas desplegadas por las quejosas o su abogado autorizado, colmen los supuestos previstos en este último precepto, tal como se precisó en la sentencia emitida el trece de enero de dos mil veintiuno. Por otra parte, tampoco puede accederse a la pretensión de la parte promovente en el sentido de que se ordene la cancelación del registro federal de profesionales de amparo del abogado autorizado por las quejosas, pues en principio, este juzgado de Distrito en materia de amparo, carece de facultades para acceder a tal pretensión. Devolución al archivo. Finalmente, dado que por auto de tres de septiembre de dos mil veinte, se ordenó el archivo del presente asunto, se ordena devolverlo una vez practicada la notificación del presente auto. Notifíquese, personalmente a la parte tercera interesada, y cúmplase.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dos de julio de dos mil veintiuno. Terceras solicitan copias y devolución de documentos. ***, autorizado en términos amplios de las terceras interesadas *** y/o *** y ***; señala domicilio para oír y recibir notificaciones y solicita copia certificada de la sentencia de trece de enero de dos mil veinte y la devolución de los documentos exhibidos en el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 278, 279 y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, expídanse a su costa las copias certificadas que solicita; asimismo, hágase la devolución de los documentos que refiere, previa copia certificada de los mismos se deje en autos y toma de razón que se asiente en autos de la persona autorizada para recibirlas; en el entendido que deberá comparecer debidamente identificada con credencial oficial vigente, y dos copias simples de la misma para glosarlas a los autos como constancia. Se informa a la parte quejosa que atendiendo a los lineamientos indicados en el Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea, micrositio "Agenda OJ", a efecto de que el propio sistema le designe el día y hora de acuerdo a la disponibilidad de citas y se genere su código Qr. Por otra parte, dígasele al autorizado de la parte tercera interesada, que las copias solicitadas se obtendrán del centro de fotocopiado de alto impacto, por lo que será a su costa el numerario que se deba pagar para las mismas. Por último, por cuanto hace al domicilio señalado por la parte tercera interesada, dígasele que no ha lugar a realizar mayor proveído al respecto, dado que mediante proveído de siete de octubre de dos mil diecinueve se acordó lo conducente. Devolución al archivo. Finalmente, dado que por auto de tres de septiembre de dos mil veinte, se ordenó el archivo del presente asunto se ordena devolver al mismo el presente asunto. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, siete de noviembre de dos mil diecinueve. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días concedido a las partes a fin de que tengan conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable mediante auto del treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a ninguna de las partes y no violar las reglas esenciales que rigen el procedimiento en este juicio de amparo, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración. Notifíquese.

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