María Guadalupe Minez García

Expediente 347/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 13 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
347/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
14/10/2022

Partes del expediente

  • María Guadalupe Minez García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Incidental

    Matamoros, Tamaulipas, catorce de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en el proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo 347/2022-I, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo y depuración de los presentes cuadernos incidentales, en seguida se provee: De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar (suspensión definitiva) respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas como responsables; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de las medidas cautelares o su violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el suscrito, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Por otra parte, toda vez que el presente incidente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de éste a partir del siete de septiembre de dos mil veinte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), y párrafo tercero, del mencionado Acuerdo General. Finalmente, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, catorce de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del juicio constitucional en que se actúa y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de revisión contemplado por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada legislación, en contra de la sentencia emitida el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en la que se decretó el sobreseimiento en este asunto; en tal razón, con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General en sus artículos 18, fracción I, inciso a) y 20, fracción II, inciso a). Finalmente, se advierte que la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado remitió diversas constancias, con las que se formó un tomo de pruebas; en consecuencia, toda vez que es innecesario retenerlas en este órgano jurisdiccional ya que este asunto se encuentra totalmente concluido, devuélvanse a la mencionada autoridad responsable. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo indirecto 347/2022-I, promovido por María Guadalupe Minez García, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular del Equipo de Investigación y Litigación UEMED-1 Estado, con residencia en la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, ante la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, María Guadalupe Minez García, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto de la autoridad que a continuación se menciona: AUTORIDAD RESPONSABLE: Agente del Ministerio Público de la Federación Titular del Equipo de Investigación y Litigación UEMED-1 Estado, con residencia en la Ciudad de México. ACTO RECLAMADO: "a).- De la Autoridad Responsable se reclaman el CITATORIO de fecha 11 de Marzo del Año (2022), dictado dentro del expediente de Extinción de Dominio, FED/UEMED/ED-TAMP/0000011/202, de fecha 11 de Marzo 2022, número de folio UEMED-EIL-E1-019/2022." SEGUNDO. En proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de derechos humanos bajo el número 347/2022-I; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, en su oportunidad, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en los términos de los dispositivos 37 de la Ley de Amparo en vigor, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe establecerse cuáles son los actos materia de estudio en este juicio. Lo anterior, obedece a la interpretación del escrito de demanda, sin restricciones de forma, a fin de determinar con exactitud la intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido; por lo que, además del fundamento antes invocado, tiene aplicación la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 181810 en el IUS 2012 y visible en la página 255, del tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, tanto de la transcripción del acto reclamado, como del contenido de sus antecedentes y los conceptos de violación, se evidencia que el acto reclamado por la impetrante del amparo en el juicio constitucional que nos ocupa, se hace consistir: en el citatorio contenido en el oficio UEMED-EIL-E1-019/2022, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular del Equipo de Investigación y Litigación UEMED-1 Estado, con residencia en la Ciudad de México, mismo que se encuentra dirigido a la hoy quejosa María Guadalupe Minez García, con el objeto de hacerle saber que ante la Unidad Especializada en Materia de Extinción de Dominio, con domicilio ubicado en avenida Insurgentes número veinte, de la Glorieta de los Insurgentes, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06700, de la Ciudad de México, existe el expediente de extinción de dominio número FED/UEMED/ED-TAMP/0000011/2022, en el cual se investiga el bien inmueble ubicado en la calle J.L. Munguía número sesenta y nueve, de la colonia Las Flores, código postal 87395, de esta localidad; por ende, se le hace saber que cuenta con un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de la notificación del mismo, para que comparezca en su calidad de propietaria ante esa autoridad a manifestar lo que a su derecho corresponda respecto a su legítima procedencia; de igual forma se le hace de su conocimiento, que si es su deseo podrá comparecer con abogado y que deberá exhibir la documentación completa en original y copia que acredite la propiedad del referido bien; finalmente, se le apercibe que de no comparecer en el plazo marcado, se tendrá por precluido su derecho en esa etapa de preparación, sin perjuicio de su defensa en el juicio. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Del contenido del informe justificado rendido por el Fiscal en Jefe del EIL-1 de la Unidad Especializada en Materia de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República, con residencia en la Ciudad de México, se advierte la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias que para tal efecto se allegaron a este juicio, deducidas del expediente de extinción de dominio número FED/UEMED/ED-TAMP/0000011/2022, del índice de la referida Unidad. Las constancias de mérito, constituyen en su conjunto, un documento público con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, para todos los efectos legales a que haya lugar, debe tenerse como cierto el acto reclamado de la autoridad responsable antes citada; ello con apoyo en la jurisprudencia 305, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394261 en el IUS 2012 y visible en la foja 206, del tomo VI, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de 1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." De igual forma, se cita la diversa jurisprudencia número 226, del Pleno del Alto Tribunal, perceptible con el símbolo de búsqueda 394182 en el IUS 2012 y publicada en la página 153, del tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Estudio de causa de improcedencia que se advierte de oficio. En efecto, quien esto resuelve, conviene con lo aducido por la autoridad responsable en su informe justificado, cuando afirmó que, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución Federal interpretado a contrario. De los citados preceptos se advierte que, únicamente puede promover el juicio de amparo, la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto reclamado, pues en caso contrario y, al no haber afectación en los derechos fundamentales de la promovente, se actualiza su improcedencia, por no satisfacerse el principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio constitucional. Al respecto, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 5 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, contemplan el principio general de procedencia del juicio de amparo, consistente en que sólo puede promoverse si existe una afectación a los derechos sustantivos de la persona, como la libertad, propiedad o posesiones de la quejosa. Ello, en razón de que conforme a lo establecido en la primera de las disposiciones legales citadas, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien afecte el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, esto es, la legitimación para iniciar y seguir el amparo indirecto, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley los derechos fundamentales del particular, entendidos como todo menoscabo u ofensa a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial- siempre que sea material y apreciable objetivamente, pues la afectación aducida debe ser real y no de carácter subjetivo. Así, este órgano jurisdiccional de modo indudable y manifiesto advierte la actualización de la referida causa de improcedencia, ya que el acto reclamado, no es de aquellos que por su naturaleza resulte procedente el juicio de amparo dado que no ordena alguna medida precautoria destinada a la privación de la libertad, posesiones o derechos de la parte quejosa. En efecto, por cuanto hace al citatorio reclamado, en el que se requirió a la quejosa para que compareciera ante la Unidad Especializada en Materia de Extinción de Dominio, con domicilio ubicado en avenida Insurgentes número veinte, de la Glorieta de los Insurgentes, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06700, de la Ciudad de México, dentro del plazo de diez días hábiles a partir de la fecha en que fuera notificado del mismo, a fin de que, en su calidad de propietaria del bien inmueble ubicado en la calle J.L. Munguía número sesenta y nueve, de la colonia Las Flores, código postal 87395, de esta localidad, compareciera ante dicha autoridad a manifestar lo que a su derecho corresponda respecto a la legítima procedencia del bien en cuestión, debe decirse que, el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone: ".Artículo 90. Citación. Toda persona está obligada a presentarse ante el Órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público, cuando sea citada. Quedan exceptuados de esa obligación el Presidente de la República y los servidores públicos a que se refieren los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución, el Consejero Jurídico del Ejecutivo, los magistrados y jueces y las personas imposibilitadas físicamente ya sea por su edad, por enfermedad grave o alguna otra que dificulte su comparecencia.". Del dispositivo transcrito se desprende que la autoridad ministerial tiene facultad para emitir citaciones durante la etapa de investigación, en tanto que, todas las personas, a excepción del Presidente de la República y los servidores públicos a que se refieren los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución, el Consejero Jurídico del Ejecutivo, los magistrados y jueces y, las personas imposibilitadas físicamente ya sea por su edad, por enfermedad grave o alguna otra que dificulte su comparecencia, están obligadas a presentarse, cuando sean citadas por el Ministerio Público. Atento a lo anterior, se concluye que la citación reclamada no ocasiona un perjuicio a la esfera jurídica de la quejosa, pues corresponde a una facultad de la Representación Social y, al emitir dicho citatorio, no involucra el análisis de los hechos delictuosos, ni de la probable participación de la justiciable en su comisión, pues simplemente representa un aviso de que debía comparecer ante esa autoridad, para la práctica de una diligencia, tendente y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectiva. Actuar que es acorde a sus atribuciones constitucionales; de tal modo, que la aquí quejosa, no se le causa un perjuicio de índole jurídico; considerar lo contrario, implicaría entorpecer las facultades y obligaciones conferidas a la autoridad ministerial, anteponiendo el interés particular al de la sociedad, pues interesa a la colectividad, que se investiguen los hechos probablemente constitutivos de ilícitos, por lo que, al no existir un derecho tutelado del gobernado para impugnar actos como los que ahora nos ocupan, no se surte la procedencia del juicio de amparo. Siendo así además, porque si la entrevistada, hoy quejosa, debe comparecer transitoriamente ante el Ministerio Público de control, ello no puede considerarse una afectación a su libertad personal, en la medida que su comparecencia, únicamente busca esclarecer la posible comisión de un delito; pero, no privarlo de la libertad, en otras palabras, el citatorio no constituye en sí una resolución que pudiera restringirle su derecho de libertad. Máxime cuando el citatorio reclamado, no contiene ningún apercibimiento que pretenda afectar los derechos sustantivos de la persona, como la libertad, propiedad o posesiones de la quejosa. Lo expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia sustentadas PC. VI. PJ/5 P (10ª), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo III, Décima Época, página mil trescientos cuarenta y uno, Registro digital: 2019052, del tenor literal siguiente: "ORDEN DE CITACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA SEGUIDA EN EL SISTEMA PENAL MIXTO O TRADICIONAL. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO CONTIENE APERCIBIMIENTO EN CASO DE INASISTENCIA. El juicio de amparo es improcedente contra la orden de citación emitida por el Ministerio Público en la averiguación previa seguida en el sistema penal mixto o tradicional, cuando en dicho citatorio no se contiene apercibimiento en el supuesto de que el gobernado no asista a la cita, porque contra las diligencias llevadas a cabo por la representación social tendentes a la integración de una averiguación previa, por regla general, como lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo es improcedente; y si bien esa regla admite excepciones, ello será cuando se afecten -o exista la posibilidad de que se afecten- derechos sustantivos de los gobernados." En tales circunstancias, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo al haber sobrevenido la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo en vigor, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 347/2022-I, promovido por María Guadalupe Minez García. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibido el correo electrónico enviado por el licenciado Rodrigo Ricardo Figueroa Reyes, Fiscal en Jefe del EIL-1 de la Unidad Especializada en Materia de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de México, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento de veinticinco de julio de dos mil veintidós, remite las constancias que le fueron requeridas; con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo en relación con el diverso numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada legislación por disposición expresa de su numeral 2°, pónganse a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés estimen conveniente. Ahora, dada la voluminosidad de las constancias allegadas por la autoridad responsable se ordena formar con las mismas el anexo de pruebas número 1, respetando el folio y entresello de origen. En virtud de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan de nueva cuenta para su desahogo las diez horas con treinta y cinco minutos del veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

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