María Guadalupe Merino Mora

Expediente 676/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
676/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
03/12/2018

Partes del expediente

  • María Guadalupe Merino Mora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la quejosa ********************, mediante el cual solicita la devolución del billete de depósito número N 839016, que ampara la cantidad de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 m.n.), que exhibió para garantizar la suspensión provisional del acto reclamado. En consecuencia, como está ordenado en proveído de trece de septiembre del año en curso, devuélvase debidamente endosado para su cobro el mencionado billete de depósito; en el entendido de que será entregado únicamente a la directa quejosa, quien deberá presentar identificación oficial vigente con fotografía, y firmar en autos por su recibo para debida constancia. Por otra parte, agréguese para que obre como corresponda, la copia certificada del oficio 29960/2018, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a través del cual solicita se le informe si ya se dictó sentencia en el presente asunto, y de ser así se le remita copia certificada de la misma; al respecto, hágase de su conocimiento que en el juicio de amparo en que se actúa no se dictó sentencia, en virtud de que por auto de veintiuno de agosto del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, causando estado dicho auto el trece de septiembre pasado; lo anterior, para los efectos que haya lugar en el juicio de amparo 655/2018 de su índice.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, trece de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que la ley concede para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio, interpusiera recurso de revisión en contra del auto de veintiuno de agosto del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo haya hecho valer. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio; mientras que el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá para tales efectos, con posterioridad al TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. En cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción al existir el original del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por lo tanto, agréguesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, por cuanto hace al billete de depósito número ******************** expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, que ampara la cantidad de ********************, con número de registro de este juzgado 45/2018, con el cual la quejosa ********************, pretendió garantizar la suspensión provisional de los actos reclamados, hágase entrega de dicho certificado únicamente a la quejosa de mérito, mismo que le será entregado previa solicitud que al efecto realice por escrito, debiendo comparecer ante este órgano jurisdiccional a recibirlo presentando identificación oficial vigente con fotografía y asentando en autos razón por su recibo para debida constancia, o en su defecto, al ser omisa en solicitar su devolución, haya operado la prescripción del referido billete de depósito a favor del Fisco Federal, por virtud de haber transcurrido el término de dos años para tal efecto, a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, atento a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación y 11 fracción III, XIII, XVI y XXXI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el mismo prescribirá a favor del Fisco Federal, por transcurrir el término señalado para tal efecto, que determina, en esencia, la fecha en que opera la prescripción del billete; lo anterior sin perjuicio de que el escrito de solicitud de devolución del documento que deberá realizar la parte quejosa y acuerdo de procedencia sea con fecha posterior al presente proveído, ya que la temporalidad señalada con anterioridad empezará a contar a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído. Finalmente, de autos se advierte que la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia, con sede en la congregación de Pacho Viejo, Veracruz, al rendir su informe justificado remitió copia certificada de la causa penal ********************, de su índice; sin embargo, toda vez que resulta innecesaria la conservación de dichas constancias, devuélvanse a la autoridad de mérito, sin que sea necesario que acuse recibo, en virtud de que en autos obrará la constancia de notificación del oficio que al efecto se gire. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Juez Tercero de Primera Instancia, con residencia en la congregación de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, Veracruz, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de catorce de agosto pasado, emitido en los autos de los cuadernos incidentales que derivan del juicio de amparo en que se actúa, remite copia certificada de la resolución dictada el dieciséis de agosto del año en curso, en los autos del proceso penal 30/2017/VI, de su índice, que se instruye en contra de la aquí quejosa María Guadalupe Merino Mora y otros, por el delito de despojo en agravio de la Constructora Kadic Sociedad Anónima de Capital Variable; al respecto, agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la quejosa en su escrito de demanda reclama a las autoridades responsables: "De las responsables Ordenadoras reclamamos el libramiento de orden, busca, detención o aprehensión en mi contra decretada por la autoridad responsable ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la autoridad ejecutora tendiente a procurar mi detención y la consiguiente privación de mi libertad en ejecución del acto reclamado de las autoridades señalas." Ahora bien, de las referidas constancias que remite la autoridad responsable, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo al caso, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del numeral 61 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica" Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". Del artículo transcrito, se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En ese sentido, si el acto reclamado lo constituye la orden de búsqueda, detención o aprehensión girada en contra de la quejosa y su ejecución; y, de las constancias las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Tercera de Primera Instancia, con residencia en la congregación de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, Veracruz, se advierte que por resolución de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, se dictó auto de formal prisión en su contra, por el delito de despojo, previsto y sancionado por el artículo 222, fracción I, del Código Penal del Estado de Veracruz, cometido en agravio de Constructora Kadic Sociedad Anónima de Capital Variable, en los autos de la causa penal 30/2017/VI, de su índice. En ese sentido, resulta inconcuso que ha operado un cambio de situación jurídica, con la emisión de la citada resolución de plazo constitucional. Ello es así, pues el artículo 61, fracción XVII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, es claro en establecer que se actualiza dicha causal de improcedencia cuando se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto; de lo que se advierte entonces que al excluirse de ese precepto legal, las violaciones a la libertad personal relacionadas con el artículo 16 constitucional, relativas a la orden de aprehensión y detención, resulta que la improcedencia del juicio de garantías por cambio de situación jurídica, no requiere del dictado de la sentencia definitiva, sino que basta con que se dicte el auto de plazo constitucional; hipótesis que en la especie se actualiza, habida cuenta que la parte quejosa alega que se han cometido en su perjuicio violaciones consistentes en el dictado en su contra de una orden de aprehensión, las cuales se encuentran tuteladas por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, si la orden de aprehensión reclamada por la quejosa fue sustituida por el auto de formal prisión, dictado el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, por la Juez Tercero de Primera Instancia, con sede en la congregación de Pacho Viejo, Veracruz, es evidente que se ha actualizado la causal de improcedencia invocada, pues ya no se está en posibilidad de decidir respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mandamiento de captura sin afectar la resolución de referencia, la que actualmente rige su situación jurídica. Es decir, ha operado un cambio de situación jurídica con motivo de dicho auto de formal prisión, y si se resolviera sobre dicho término constitucional, se estaría analizando un acto jurídico que no fue materia de reclamo en el presente juicio de amparo. Por lo tanto, lo que procede es sobreseer el presente juicio de amparo fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción XVII de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a.CXI/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Así como, la Jurisprudencia 1a./J. 95/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anteriormente expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese personalmente a la quejosa y a la Agente del Ministerio Publico adscrita a este juzgado y por oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de veintiséis de julio pasado, la autoridad Juez Tercero de Primera Instancia, con residencia en la congregación de Pacho Viejo, Veracruz, solicitó una prórroga de diez días a fin de que estuviera en aptitud de rendir su informe justificado, por lo que este juzgado por única ocasión le otorgó el término antes señalado. Ahora bien, toda vez que el término en mención ya transcurrió, toda vez que fue debidamente notificado el veintisiete de julio del año en curso; en consecuencia, requiérase al Juez Tercero de Primera Instancia, con residencia en la congregación de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, Veracruz, para que en el plazo de tres días, contados a partir de que se encuentre debidamente notificado del presente proveído, remita a este juzgado su informe justificado; de igual forma, hágasele de su conocimiento que sigue surtiendo sus efectos el apercibimiento decretado en proveído de diecisiete de julio del año en curso.

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