María Guadalupe Mendoza García

Expediente 1041/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 22 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1041/2016
Año
2016
Actuaciones
1
Última actuación
22/11/2016

Partes del expediente

  • María Guadalupe Mendoza García

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa el auto de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, que en lo conducente dice: "Vista la demanda promovida por María Guadalupe Mendoza García contra los actos reclamados del "Secretario de Seguridad Pública" y otras autoridades; de conformidad con el artículo 109 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el orden 1041/2016. Ahora, este juzgado de Distrito estima que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, se establece que la fracción XXIII del numeral 61 de la ley de la materia debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que implica que las restantes fracciones del citado precepto sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia de la acción constitucional, pero no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por su parte, el artículo 6°, de la ley reglamentaria citada dispone que uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo es el de instar la acción constitucional por la parte agraviada, es decir, podrá promoverse únicamente por la persona a quien afecte el acto reclamado, lo cual podrá realizar por sí, por su representante, por su defensor cuando provenga de una causa criminal, y cuando expresamente lo permita la ley, por medio de algún pariente o persona extraña. Ahora, tomando en consideración la forma en que fue presentada la demanda, debe tenerse presente que el artículo 64 del acuerdo general mencionado dispone que para acceder a los medios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación será necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. En el caso, del análisis de la demanda, se advierte que no reúne los requisitos que establece el acuerdo general mencionado, pues no tiene firma electrónica de la quejosa, que constituye la manifestación inequívoca de la voluntad del promovente al instar el medio de control constitucional de que se trata. Sin que de dicho ocurso se aprecie la actualización de alguno de los supuestos de excepción que prevé el diverso numeral 65 del acuerdo supracitado, en que no es exigible que la demanda de amparo esté firmada electrónicamente. Por tanto, al no cumplirse el principio de instancia de parte agraviada, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia. Al respecto, es orientadora, interpretada contrario sensu, la tesis 1a. CCXLIV/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 11 de noviembre del año en curso en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SE CUMPLE CON EL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, SI LA DEMANDA DE ORIGEN CUENTA CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AUTORIZADA POR LOS PODERES JUDICIALES LOCALES, AUN CUANDO NO EXISTA CONVENIO DE COORDINACIÓN CON EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El hecho de que al momento de promover un juicio de amparo directo mediante el empleo de las tecnologías de la información, no se haya celebrado aún el convenio de coordinación respectivo entre los Poderes Judiciales Local y Federal, para el reconocimiento de certificados digitales homologados, no puede dar pie a que se considere actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6o., ambos de la Ley de Amparo, por incumplir con el principio de instancia de parte agraviada; ello, siempre y cuando la demanda de origen cuente con la firma electrónica autorizada por los Poderes Judiciales Locales, y que constituya la manifestación inequívoca de la voluntad del quejoso de instar el medio de control constitucional de que se trata, pues aun cuando esa firma no sea la autorizada o reconocida por el Consejo de la Judicatura Federal, la inexistencia del aludido convenio no puede atribuirse al quejoso, máxime que el amparo directo surge en razón de un proceso jurisdiccional previo del orden común, y su promoción se realiza por conducto de la autoridad responsable al efecto".

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