María Guadalupe Martínez Rodríguez
Expediente 629/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 629/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/07/2019
Partes del expediente
- María Guadalupe Martínez Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ténganse por recibido el oficio y anexos suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 629/2019 y copia certificada de la resolución correspondiente a la sesión de cuatro de julio de dos mil diecinueve, dictada en el recurso de queja 148/2019 de su índice, de la que se advierte que dentro del aludido recurso se resolvió: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja." Providencias. Agréguense a los autos para los efectos legales a que haya lugar, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno, glósense únicamente las actuaciones que contengan firmas en original del cuaderno de antecedentes, ello en virtud de que no es necesario adjuntar las copias certificadas que contiene dicho cuaderno, y acúsese recibo. Causa estado. Lo anterior permite concluir que el auto de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo; con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado estado. IV. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. V. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo quinto del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) Toda vez que hay documentos originales del promovente, en acatamiento al artículo Vigésimo, párrafo último, del Acuerdo General invocado, se le previene para que acuda a este Juzgado de Distrito dentro del plazo de noventa días, a recoger los documentos que exhibió en este expediente, apercibido que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el veintisiete de marzo posterior. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el diez de octubre de dos mil dieciocho, misma que fue confirmada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el amparo en revisión 441/2018, por una parte, se sobreseyó en el juicio; y, por la otra, se concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que la autoridad responsable Dirección General de Contraloría y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Jalisco: "I. Deje insubsistente el acuerdo de avocamiento de trece de junio de dos mil dieciocho, dictado en el procedimiento de separación 044/2016 y sus consecuencias; II. En su lugar, dicte otro en cual atienda lo considerado en esta sentencia, esto es, que el acta administrativa de once de junio de dos mil diecisiete, se emitió por la instancia interna que carece de competencia; y, III. Provea con plenitud de decisión y conforme a sus atribuciones lo que corresponda.". En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de Jalisco, mediante acuerdo dictado el veinte de marzo de dos mil diecinueve, dejó insubsistente el acuerdo de avocamiento de trece de junio de dos mil dieciocho, relativo al inicio del procedimiento de separación de origen 044/2016, así como el acta administrativa de once de junio de dos mil dieciocho, ordenado el archivo del mismo. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que, por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo. Cuenta en el incidente de suspensión. Con el contenido de este acuerdo se ordena dar cuenta en los cuadernos incidentales correspondientes. Agréguese. Finalmente, visto el contenido del oficio de cuenta registrado con el número 8747, que suscribe el Director General Jurídico, de la Fiscalía del Estado de Jalisco, en representación del titular de esta última, mediante el cual, remite el oficio en el que, en su carácter de superior jerárquico, ordenó cumplir con la ejecutoria de amparo al Director de Recurso Financieros del aludido ente público; tan solo agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta para que obren como corresponda, toda vez que a líneas anteriores se declaró cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Informa incompetencia legal. Visto el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada el veintidós de marzo de dos mil diecinueve, en el amparo en revisión 64/2019, de dicho índice, cuyos puntos resolutivos dicen: "PRIMERO. Este Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, se declara legalmente incompetente por razón de la materia, para resolver el presente recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo 3062/2018, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco. SEGUNDO. Se ordena remitir el recurso de revisión y anexos, así como los autos del juicio natural y testimonio de esta ejecutoria, al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, en turno, por conducto de la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo de este Tercer Circuito, para los fines precisados en el considerado único de esta resolución." Anotaciones. En consecuencia, agréguense a los autos para los efectos legales a que haya lugar, hágase saber la circunstancia anterior a las partes, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y acúsese recibo.
- Principal
Estado procesal. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de catorce de marzo de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el quince de marzo de dos mil diecinueve. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y la protección constitucional para el efecto de que las autoridades responsables Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, y Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México, realicen lo siguiente: Den contestación a la solicitud elevada el siete de noviembre del dos mil dieciocho, y la respuesta que recaiga la hagan saber a la parte quejosa. En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que las autoridades responsables en atención a la solicitud elevada por el quejoso contestaron en lo que interesa lo siguiente: Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco: / Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México: / Ahora bien, a fin de determinar si la autoridad responsable atendió los efectos del amparo es preciso señalar los alcances de la garantía a subsanar, consagrada en el artículo 8º Constitucional, en función de la cual, cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta, la cual tendrá que ser congruente con la petición; además de notificar al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos. Así las cosas, se tiene que la parte quejosa el siete de noviembre de dos mil dieciocho, solicito a las autoridades responsables la autorización para el consumo personal del estupefaciente Cannabis sativa, así como del psicotrópico THC y sus variantes estereotípicas. En esa medida, la autoridad responsable Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco mediante oficio N SSJ-CAJ-090-2019 de uno de febrero de dos mil diecinueve, el cual fue notificado a la parte quejosa el siete de febrero posterior, dio respuesta a la petición elevada por el quejoso señalando escénicamente lo siguiente: Esta comisión no se encuentra facultada para recibir, tramitar o resolver solicitudes de autorización relativas a uso o consumo de estupefacientes, incluida la cannabis. Se realizó la derivación de su petición a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. Asimismo, la autoridad responsable Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México, por oficio 183301EL352051 de seis de diciembre de dos mil dieciocho, notificado el ocho de febrero del presente año, dio contestación a la solicitud elevada por el impetrante de en los siguientes términos: Su solicitud no procede toda vez que en la Ley General de Salud no se establece faculta alguna para que esta autoridad sanitaria pueda otorgar la autorización requerida. En ese cause, se tiene que las autoridades responsables mediante oficios N SSJ-CAJ-090-2019 y 183301EL352051, dieron respuesta de manera congruentge a la solicitud elevada por la parte quejosa el siete de noviembre de dos mil dieciocho, haciendole saber la respuesta recaída e seis y siete de febrero respectivamente. Cabe destacar que no existe obligación de resolver en determinado sentido, ya que el derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló a que provea ncesariamente de conformidad a lo solcitiado, sinó que está en libertad de resolverde conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables a caso. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que, por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo. Requerimiento. Finalmente, se solicita a la autoridad responsable con residencia fuera de esta ciudad para que informe de manera telegráfica a este órgano de control constitucional la fecha de recepción del oficio derivado de presente proveído. Notifíquese personalmente.
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