María Guadalupe Márquez Álvarez
Expediente 1193/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1193/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/11/2023
Partes del expediente
- María Guadalupe Márquez Álvarez
Actuaciones
- Principal
H. Matamoros, Tamaulipas, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la boleta de turno enviada por la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, de la cual se advierte que el expediente original del juicio de amparo en que se actúa, fue turnado al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en Reynosa Tamaulipas, con motivo de la competencia declinada por este Juzgado de Distrito; en consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
H. Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio número 6341, firmado vía electrónica por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, a través del cual transcribe el proveído de diecisiete de noviembre del año en curso, en el que se comunica que se recibió la demanda que dio origen a este expediente, la cual registró como juicio de amparo directo número ********************; en consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos para que obre como corresponda. Por otra parte, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto de incompetencia. De igual manera, como lo disponen los artículos 22 y 34 del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran seis meses, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 19 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
H. Matamoros, Tamaulipas, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda promovido por ********************, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. Regístrese en el libro respectivo con el número ********************. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer y resolver el presente asunto, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 47, 170, fracción I, y 176 todos de la Ley de Amparo. En efecto, en especie la promovente acude a esta vía constitucional, destacando como acto reclamado, según se desprende del escrito de demanda que se atiende, la determinación de doce de octubre de dos mil veintitrés, emitida en los autos del expediente ********************, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de ********************, también conocido como ********************, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por su autorizado, en contra del auto de veintidós de agosto del año en curso, que decretó el sobreseimiento de la instancia del juicio intestamentario, en virtud de que se exhibió el testamento correspondiente, para aperturar en sucesorio testamentario en la misma pieza de autos. En ese contexto, la vía para encausar el juicio de amparo que acciona la promovente, es la vía directa. "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante una jueza o un juez de distrito o ante un tribunal colegiado de apelación, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. La presidenta o el presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará a la quejosa o al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que, en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre juezas o jueces de distrito o tribunales colegiados de apelación. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta, en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; ." "Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley." De los preceptos transcritos se desprenden las hipótesis para definir la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, para el conocimiento del juicio de amparo directo, las cuales son precisamente cuando se promueva: a) Contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, entendiéndose por tal, la que decida el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan recurso ordinario alguno por virtud de las cuales puedan ser modificadas o revocadas; y b) Contra resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose por tales, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido, y respecto de los cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Pues bien, visto el caso que nos ocupa a la luz de los preceptos invocados, resulta de manera clara e incuestionable como se adelantó al inicio de este apartado, que este Juzgado carece de competencia legal para conocer de la presente demanda de derechos humanos. Lo anterior es así, pues el acto toral reclamado por el promovente lo constituye la determinación de doce de octubre de dos mil veintitrés, emitida en los autos del expediente ********************, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de ********************, también conocido como ********************, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por su autorizado, en contra del auto de veintidós de agosto del año en curso, que decretó el sobreseimiento de la instancia del juicio intestamentario, en virtud de que se exhibió el testamento correspondiente, para aperturar en sucesorio testamentario en la misma pieza de autos. Por tanto, conforme a lo establecido, el ordinal 170 de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales. Asimismo, el propio numeral señala que las resoluciones que ponen fin al juicio, son las que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, lo cual acontece en el caso concreto, pues la determinación reclamada, da firmeza al sobreseimiento decretado en el juicio intestamentario de origen, por haber aparecido el testamento durante la tramitación del intestado, lo cual como se ha mencionado constituye una resolución que pone fin al juicio, dado que no se resolvió el fondo del asunto, aunado a que tal resolución no es recurrible, pues la ley no concede un medio de defensa para que pueda ser modificada o recovada de manera que procede su impugnación a través del juicio de amparo directo ante un Tribunal Colegiado del Circuito. Tiene apoyo a lo anterior la tesis consultable en la página 71, del Tomo IV, Segunda Parte-1 Julio-Diciembre de 1989, de Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Civil, Octava Época, que en su rubro y texto dice: "AMPARO DIRECTO, LA RESOLUCION QUE DECLARA FIRME EL SOBRESEIMIENTO DE UN JUICIO INTESTAMENTARIO, PONE FIN AL MISMO Y ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL. Si una resolución que se dicta en un recurso de revocación declara firme el sobreseimiento de un juicio sucesorio intestamentario, por haber aparecido el testamento durante la tramitación del intestado, en los términos previstos por el artículo 769 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, constituye una resolución que pone fin al juicio respectivo, ya que la misma no es recurrible, según prevé el artículo 368, fracción IV, del mismo ordenamiento procesal; consecuentemente, la ley no concede un medio de defensa para que pueda ser modificada o revocada, de manera que procede su impugnación a través del juicio de amparo directo, ante un Tribunal Colegiado de Circuito." No se soslaya que la parte quejosa también reclama la inconstitucionalidad del artículo 770 del Código de Procedimientos Civiles; sin embargo, toda vez que el acto de aplicación de dicha norma es una resolución que puso fin al juicio, como se expuso en párrafos anteriores, debe ser el Tribunal Colegiado de Circuito, quien conozca de dichos actos. En consecuencia, con fundamento en los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo, este Juzgador se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías promovida por ********************, contra actos del Juez segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, por lo que mediante atento oficio remítase el expediente original al Tribunal Colegiado de Décimo Noveno Circuito en turno, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, en virtud de estimarse que este es el competente para conocer de la misma, para que esa superioridad determine en definitiva si comparte el criterio del suscrito juzgador en relación a su competencia y resuelva lo pertinente, previa formación de cuaderno de antecedentes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.
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