Maria Guadalupe Magdalena Montes Biosca
Expediente 34/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 34/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/02/2018
Partes del expediente
- Maria Guadalupe Magdalena Montes Biosca
Actuaciones
- Principal
IV. Toluca, Estado de México; quince de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de uno de febrero del presente año, a través del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por María Guadalupe Magdalena Montes Biosca, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido, en términos del punto vigésimo primero, inciso I, párrafo primero y segundo. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Antonio Ruiz Rosales, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
IV. Toluca, Estado de México; uno de febrero de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación que antecede para conocimiento de la parte quejosa. Vista la certificación de cuenta de la cual se advierte que la parte quejosa no desahogó los requerimientos formulados en auto de quince de enero pasado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento respectivo y en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. En el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Antonio Ruiz Rosales, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
IV. Toluca, Estado de México; veintidós de enero de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta, a través de la cual el Actuario de este órgano de control constitucional manifiesta la imposibilidad de notificar a la parte promovente del amparo, el proveído de quince de enero de dos mil dieciocho, por los motivos ahí expuestos. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe, por lo que se da veracidad a lo manifestado en la diligencia de mérito. Al caso es aplicable la jurisprudencia publicada en la página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, mayo de 1995, materia común, novena época, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Atento a lo anterior, como lo prevé el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo y en atención a lo expuesto en párrafos precedentes, procédase a realizar la notificación de quince de enero de dos mil dieciocho, así como las subsecuentes, incluso las de manera personal, por medio de lista que se fija en este recinto judicial. Notifíquese. Así lo acordó y firma Víctor Manuel Rendón Sosa, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con el Secretario José Antonio Ruiz Rosales, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
IV. Toluca, Estado de México; quince de enero de dos mil dieciocho. Radicación. Por recibida la demanda de amparo promovida por María Guadalupe Magdalena Montes Biosca, por propio derecho mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Atento a lo anterior; fórmese expediente y asiéntese en el Libro de Gobierno como juicio de amparo 34/2018-IV. Prevención. Ahora bien, con fundamento en el numeral 114 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera pertinente requerir a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído y entendido de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio de amparo, así como de las sanciones previstas en los artículos 236 y 237 de la ley de la materia, por escrito y con diez copias de éste, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: Primero. La parte quejosa deberá aclarar el acto que reclama en la presente instancia, de la forma siguiente: a) Dado que la quejosa aduce reclamar la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, tendrá la obligación de señalar, de qué forma combate dicha norma, es decir, si lo hace como una norma autoaplicativa o heteroaplicativa. b) En la inteligencia que de reclamarla como norma heteroaplicativa, deberá indicar en qué acto, determinación y/o resolución en concreto se encuentra contenido el primer acto de aplicación, así como la fecha de su emisión, la data en que se le notificó y/o tuvo conocimiento de éste, así como precisar a qué autoridad o autoridades atribuye tal conducta. Tal requerimiento resulta indispensable para estar en aptitud de establecer la litis en este asunto, además, en el capítulo relativo al señalamiento de las autoridades responsables, particularmente en el inciso "b", el peticionario de amparo refirió lo siguiente: ".Por lo que hace al acto de aplicación de la Ley impugnada."; manifestación que resulta ambigua y genérica, ya que del resto de lo manifestado en la demanda de amparo, no se advierte algún acto concreto de aplicación en menoscabo de su esfera jurídica; de ahí la necesidad de esclarecer si la norma jurídica que se reclama en este asunto, se impugna como autoaplicativa o heteroaplicativa. c) Superado lo anterior, el quejoso tiene la obligación de señalar si reclama la inconstitucionalidad de los artículos 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12 y 30 de la Ley de Seguridad Interior, que son de los que se duele de manera destacada en su demanda, o bien de diversos preceptos normativos, por lo que de ser éste el caso, deberá precisar con exactitud qué artículo o artículos causan agravio a su esfera jurídica. d) Asimismo, deberá aclarar qué acto o actos en concreto reclama de las autoridades que señaló como "Dirección General de Comunicación de la Secretaría de Gobernación, Secretario de la Defensa Nacional y Secretario de Marina", pues de lo narrado en la demanda de amparo no se advierte su intervención dentro del proceso de creación de la norma que contiene los preceptos que se tachan de inconstitucionales, ni en su caso, que dichas autoridades pretendan aplicar la norma en su esfera de derechos, pues como se dijo, la quejosa fue omisa en indicar si existe algún acto concreto de aplicación que le cause agravio. Es aplicable la Jurisprudencia P./J. 55/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con número de registro 198200, que establece: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." También sirve de apoyo, la tesis XX.57 K, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 871, del Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, que establece: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS.- De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Segundo. Por otro lado, la quejosa deberá indicar si es su deseo señalar como autoridad responsable al Diario Oficial de la Federación, pues de sus manifestaciones hechas bajo protesta de decir verdad en la demanda de cuenta, se advierte que se duele de la publicación de la Ley de Seguridad Interior. Tal requerimiento resulta necesario dado que la precisión de las autoridades responsables, es un requisito esencial que debe contener toda demanda de amparo, toda vez que a través de esto se juzga la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se formula y se acredita ante la responsable, ya que lo anterior resulta indispensable para establecer la relación procesal en las controversias constitucionales; ello, teniendo en consideración que en el ámbito de impartición de justicia existe una diversidad de actos que pueden considerarse como violatorios de los derechos sustantivos del peticionario de amparo; por ende, debe requerirse a la parte quejosa para que aclare la prevención indicada en párrafos que anteceden. Al respecto, es aplicable en lo conducente la tesis P. CXI/98, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 194895, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición." Al respecto, se hace del conocimiento a la parte quejosa las penas en que incurre en el caso de que exprese hechos falsos u omita los que consten en relación con el acto reclamado, contenidos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261.- Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: - - - - - - - - - - I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y - -II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." En la inteligencia que del escrito con el que cumplan lo solicitado deberá de exhibir las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 de la ley de la materia. Es aplicable la jurisprudencia P/J.36/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, publicada en la página 79, del Tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Abril del año dos mil uno, Novena Época, con número de registro 189977, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO.- Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." En este orden de ideas, se apercibe a la parte quejosa que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos formulados en esta determinación, se procederá en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio. De conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, practíquense las notificaciones aun las que deban ser en forma personal, por medio de la lista que se fija en este órgano de control constitucional, pues el indicado se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional. No obstante lo anterior, se comisiona al actuario judicial adscrito para que por única ocasión practique la notificación de este proveído en el domicilio señalado en el proemio de su demanda. Autorizados. En atención a la certificación de cuenta, se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Raúl Pérez Cruz, pues no cuenta con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación días y horas inhábiles. Acorde con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Víctor Manuel Rendón Sosa, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con el Secretario José Antonio Ruiz Rosales que autoriza, firma y da fe.
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