María Guadalupe Luna Cuevas

Expediente 806/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
806/2015
Año
2015
Actuaciones
7
Última actuación
21/10/2015

Partes del expediente

  • Victor Hugo Fernández Farfán
  • María Guadalupe Luna Cuevas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el veintiocho de septiembre del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de garantías.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio suscrito por el Juez Cuarto Civil de Partido, con sede en Salamanca, Guanajuato, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 489/2015, que se le envió para notificar a los quejosos. Dese de baja en el Libro de Gobierno correspondiente. De la comunicación oficial se advierte que el plazo de tres días concedidos al quejoso ***, para que señalara domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, transcurrió del uno al cinco de octubre del año en curso, con exclusión de los días tres y cuatro del mismo mes y año, por ser inhábiles. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento inserto en el auto de dieciocho de septiembre del año en curso, dictado dentro del presente juicio y con apoyo en la fracción II, del artículo 27, de la Ley de Amparo, se ordena notificar al citado quejoso, en mención los subsecuentes proveídos, aún los de carácter personal, por lista que se fije en los estrados de este juzgado hasta en tanto señale domicilio para recibir y oír notificaciones en esta ciudad. Ahora bien, toda vez que mediante proveído de treinta de septiembre del año en curso, se reservó ordenar la notificación al quejoso respecto del proveído veintiocho de septiembre del año en curso; en consecuencia, se ordena notificarle dicho auto por medio de lista. Sin que sea necesario hacer pronunciamiento respecto de la quejosa, toda vez que de la notificación que obra a foja 39 se advierte que su autorizado señaló los estrados de este juzgado para oír y recibir notificaciones. Ahora, tomando en consideración que la quejosa solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo vigente, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este órgano jurisdiccional.

  3. Principal

    Vista la razón actuarial que antecede, téngase a la actuaria adscrita a este juzgado manifestando su imposibilidad de notificar al quejoso ----- el proveído de veintiocho de septiembre del año en curso, por los motivos que expone; ahora bien, se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto sea devuelto el despacho 489/2015, enviado al Juez Civil de Partido, con sede en Salamanca, Guanajuato, mismo que se envió a fin de notificar a la parte quejosa el diverso proveído de dieciocho de septiembre del presente año. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el veintinueve de los actuales se haya notificado personalmente a -----, el proveído de veintiocho del mes y año en curso, toda vez que el citado profesionista fue autorizado únicamente por la diversa quejosa -----.

  4. Principal

    CONSTANCIA. En cumplimiento al acuerdo de ocho de octubre de dos mil quince, por este medio se notifica al quejoso el proveído de veintiocho de septiembre de la presente anualidad, que en lo conducente dice: Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibido el escrito que suscriben los quejosos, mediante el cual cumplen la prevención contenida en el proveído de dieciocho de septiembre de la presente anualidad. Ahora, conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de amparo, que motiva su desechamiento de plano, en razón a que en la especie se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo vigente, que en lo que interesa, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". De acuerdo con esta disposición legal, el amparo indirecto es improcedente contra actos o violaciones acaecidas en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues éstas deben ser alegadas y, en su caso, reparadas en el juicio que se interponga en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, que es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En el caso concreto, del análisis íntegro de la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama el quejoso, de manera destacada consiste en la publicación de edictos, ordenada dentro del juicio civil que se cita, por el que el Juez Segundo Civil de Partido, con sede en Salamanca, Guanajuato, fija fecha para que se lleve a cabo la diligencia de remate en primera almoneda el treinta de septiembre del año en curso; asimismo, señala que el bien inmueble materia del mismo, se encuentra fraccionado a virtud de una compraventa. Sin embargo, respecto de dicho acto, se actualiza la causal antes invocada, en virtud de que los impetrantes del amparo son parte formal y material en el juicio de origen, ya que tiene el carácter de demandados. Por tanto, es dable concluir que la parte quejosa debe sujetarse a las reglas que regulan dicho procedimiento, es decir, tratándose de actos pronunciados en el período de ejecución de una sentencia, el amparo indirecto sólo procederá contra la última resolución dictada en el período de ejecución del fallo definitivo; lo anterior, debido a que en el caso la ejecución del acto reclamado, esto es, la publicación que fija fecha para la audiencia de remate en primera almoneda, dictado dentro del juicio civil a que se hace referencia, por el Juez Segundo Civil de Partido, con sede en Salamanca, Guanajuato, y sus consecuencias, resultan estrechamente ligadas a la cosa juzgada, en donde por una parte los quejosos, en su carácter de demandados, ya fueron oídos y vencidos, tal y como lo manifiestan el escrito de cuenta; además, respecto a las consecuencias, al margen de que no se han materializado fácticamente, tampoco se advierte les irrogue perjuicio inmediato a los quejosos, que sea de imposible reparación. Manifestaciones vertidas por los propios solicitantes del amparo en su escrito aclaratorio, a las que se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención a la jurisprudencia 2ª./J.50/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 64, Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR." En efecto, sobre dicho particular, tenemos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 215/2009, si bien es cierto estableció que el juicio de amparo indirecto procede aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, ello únicamente acontecerá cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos del impetrante, a condición de que esos derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. De tal forma, el máximo tribunal estimó que con el juicio de garantías no se debe pretender impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable (supuesto en el cual se encuentra el presente asunto), pues el acto reclamado es consecuencia directa y está encaminado a cumplir con lo resuelto en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, la cual constituye cosa juzgada, cuya ejecución no puede verse interrumpida con la promoción del juicio de amparo. En esta tesitura, tenemos que en la especie el acto reclamado, descrito en párrafos que anteceden, no es el último acto de ejecución en el procedimiento para cumplimentar la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, porque el único efecto que genera la audiencia de remate, es que se continúe con el trámite de dicho procedimiento de remate, lo que de ninguna forma puede ser impugnable a través del juicio de garantías, pues, como ya se vio, de acuerdo con el tercer párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo en vigor, en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; de ahí lo improcedente del presente juicio de garantías. En efecto, el acto reclamado se emitió en ejecución de sentencia, con la fuerza de cosa juzgada, respecto del cual el juicio de amparo prospera sólo hasta que se pronuncie la resolución final en ese procedimiento, la que en todo caso irrogue el perjuicio a que aluden los hoy inconformes y cuando proceda el juicio de garantías, donde tendrán la oportunidad de hacer valer todas las violaciones al procedimiento que se hayan cometido durante ese período, como la que aquí alegan. En esas condiciones, como se dijo, no es dable considerar como definitiva la publicación del edicto que fija fecha para audiencia de remate, de tal forma que el presente juicio de garantías promovido en su contra pudiera resultar procedente, bajo la hipótesis prevista en el referido numeral 107, fracción IV, de la Ley de la Materia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se desecha la presente demanda por ser manifiesta y notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto el artículos 107, fracción IV, (interpretado en sentido contrario), y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo vigente. Sin que obste a lo anterior que los quejosos señalen que se afectan derechos de una tercera persona que no fue oída y vencida en juicio, pues ésta tiene a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía correspondiente.

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