Maria Guadalupe Lucero Ruiz
Expediente 1428/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1428/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 28/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Maria Guadalupe Lucero Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no manifestó inconformidad respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en proveído de veinte de febrero de dos mil diecisiete. En consecuencia, se tiene por consentida dicha resolución. En esas condiciones, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 196 y en el diverso 214 de la Ley de Amparo, procede archivar este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, tomando en consideración que el presente es un asunto total y definitivamente concluido, vistas las constancias de autos el expediente en que se actúa carece de relevancia documental, sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio. Atento a lo anterior, el cuaderno principal y el origina del incidente de suspensión son susceptibles de ser depurables, conservando únicamente la demanda y sentencia. Sin embargo, conforme a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General mencionado en el párrafo que antecede, el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente asunto es destruible. Por lo que, una vez transcurridos seis meses contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, previa acta y relación que se elabore para la plena identificación del mismo, procédase a su destrucción. Notifíquese.
- Principal
SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE ORDENA NOTIFICAR POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. "Pachuca de Soto, Hidalgo, a veinte de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis se dictó sentencia en los presentes autos, misma que al ser recurrida fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado de este Circuito, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa María Guadalupe Lucero Ruiz contra actos del Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, para el efecto de que: Deje insubsistente el auto de formal prisión de veintisiete de octubre de dos mil quince, dictado en la causa penal 116/2015; y, Sin más limitación que la de su propia jurisdicción, dicte un nuevo auto de plazo constitucional en el que de manera fundada y motivada: Establezca correctamente los elementos del cuerpo del delito de fraude procesal, precisando correctamente cuál de las hipótesis contenidas en la descripción típica se actualiza, habida cuenta que deberá estudiar por separado cada elemento, tomando en consideración lo que se razonó sobre el particular. Previo a determinar el cumplimiento a la ejecutoria que se analiza es menester señalar que el artículo 77 de la Ley de Amparo dispone: "Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." Al causar ejecutoria la sentencia de referencia, se requirió su cumplimiento de amparo el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, el cual informó a través del oficio 7034/2016 al cual anexó la resolución de veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, con la que se dio vista a la parte quejosa para que expresara lo que a su interés conviniera. Así las cosas, mediante proveído de trece de enero de dos mil dieciséis, se determinó por no cumplida y se requirió nuevamente a la autoridad responsable Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo para que diera debido cumplimiento, y mediante oficio 236/2017 al cual anexó la resolución de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, con la que se dio vista a la parte quejosa para que expresara lo que a su interés conviniera. Expuesto lo anterior, se procede a resolver en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, así como 196 segundo párrafo de la Ley de Amparo vigente. Así, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante determinación de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, el juez responsable dejó insubsistente el auto de formal prisión de veintisiete de octubre de dos mil quince, y dictó auto de sobreseimiento por no estar acreditados todos los elementos constitutivos o estructurales del delito de FRAUDE PROCESAL y por ende ordenó la libertad absoluta de la quejosa María Guadalupe Lucero Cruz. Al respecto, la responsable precisó que no se encuentran acreditados los elementos torales del delito, argumentando que la presentación de un título de crédito supuestamente alterado, no constituye en sí mismo el delito de fraude procesal, ya que la acción intentada forma parte de la Litis que el juez en materia mercantil deberá dilucidar y donde además la contraparte tiene la oportunidad de oponer sus excepciones, por tanto al no encontrar los elementos del cuerpo del delito, así como la probable responsabilidad penal y encontrándose en un caso de atipicidad, conforme lo dispuesto por el articulo 25 fracción II del Código Penal Vigente, y donde determinó que al no reunirse los extremos del artículo 19 Constitucional y 398 fracción I del Código de Procedimientos Penales en el Estado de Hidalgo, decretó el auto de sobreseimiento a favor de María Guadalupe Lucero Ruiz. De lo expuesto con antelación, se advierte que la autoridad responsable Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo, contenida en la ejecutoria dictada en el presente juicio, esto es, acató los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Así las cosas al haberse pronunciado la autoridad responsable respecto a la concesión del juicio de derechos, es de concluirse que se ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, se tiene por cumplida la ejecutoria de mérito y en términos de lo previsto por los artículos 107, fracción XVI, de la Carta Magna, 192, 196 segundo párrafo y 214 de la Ley de la Materia. Finalmente con fundamento en el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de quince días para que manifieste lo que a su interés convenga respecto a la declaratoria de cumplimiento, en el entendido que de no manifestar cuestión alguna al respecto se tendrá por consentida dicha determinación. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa"
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales siguientes el oficio 236/2017 signado por el Juez Primero Penal del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, visto su contenido se le tiene dando cumplimiento a la ejecutoria de mérito y anexa las constancias con las que pretende acreditar dicho extremo; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifieste lo que a su interés convenga respecto a lo informado, en el entendido que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria en los términos apuntados en el párrafo segundo del precepto legal en cita, con base en los elementos que obren en el expediente y los demás datos aportados por las responsables. Notifíquese personalmente.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis se dictó sentencia en los presentes autos, misma que al ser recurrida fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado de este Circuito, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa María Guadalupe Lucero Ruiz contra actos del Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, para el efecto de que: Deje insubsistente el auto de formal prisión de veintisiete de octubre de dos mil quince, dictado en la causa penal 116/2015; y, Sin más limitación que la de su propia jurisdicción, dicte un nuevo auto de plazo constitucional en el que de manera fundada y motivada: Establezca correctamente los elementos del cuerpo del delito de fraude procesal, precisando correctamente cuál de las hipótesis contenidas en la descripción típica se actualiza, habida cuenta que deberá estudiar por separado cada elemento, tomando en consideración lo que se razonó sobre el particular. Previo a determinar el cumplimiento a la ejecutoria que se analiza es menester señalar que el artículo 77 de la Ley de Amparo dispone: "Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." Al causar ejecutoria la sentencia de referencia, se requirió su cumplimiento de amparo el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, el cual informó a través del oficio 7034/2016 al cual anexó la resolución de veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, con la que se dio vista a la parte quejosa para que expresara lo que a su interés conviniera. Circunstancia que realizó mediante escrito presentado en la oficina de correspondencia común de los juzgado de distrito el treinta de diciembre de año pasado, en las que expuso que la responsable repite el acto reclamado, pues emite los mismos razonamientos, además de que no estudia por separado cada elemento. Además refiere que no señaló qué fue lo que se alteró, en qué parte y como ocurrió dicha alteración, aunado a que no razonó como es que la autoridad se formó en la mente una falsa noción de la realidad; máxime que indica que el juez no valoró las constancias del Juicio Ejecutivo Mercantil de las que refiere se desprende que un perito tercero en discordia determinó que la firma del pagaré proviene del puño y letra del tercero interesado, además de que su letra está plasmada en el mismo; con lo que concluye que el documento no se encuentra alterado. Expuesto lo anterior, se procede a resolver en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, así como 196 segundo párrafo de la Ley de Amparo vigente. Así, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante determinación de veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis el juez responsable dejó insubsistente el auto de formal prisión de veintisiete de octubre de dos mil quince, y determinó que los elementos del cuerpo del delito de fraude procesal consisten en: a) Que el sujeto activo altere un medio de prueba; b) que dicho medio de prueba, sea presentado en un juicio; y, c) Que tal conducta tenga como finalidad obtener un beneficio indebido para sí. Sobre el particular, se comparte lo expuesto por el quejoso en el sentido de que la nueva resolución contraviene lo ordenado en sentencia de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis. Lo anterior es así, pues no obstante que se otorgó libertad de jurisdicción para que el juez responsable emitiera un nuevo auto de plazo constitucional; se destaca que no acató los lineamientos bajo los cuales debía dar cumplimiento, los cuales son: ".Bajo esas consideraciones, resulta claro que la conducta procesal de presentar en juicio un pagaré, con la finalidad de obtener su cobro, en sí misma no puede ser configurativa del delito de fraude procesal, pues si se admitiera la posibilidad de que la conducta positiva de exigir en juicio el pago de un documento mercantil se considerara como fraude procesal, entonces todos aquellos que promovieran un juicio ejecutivo mercantil serían penalmente responsables de dicha conducta. Por tanto, no es el ejercicio de un derecho ante la autoridad judicial el acto fraudulento que se ejecuta por el sujeto activo con la finalidad de inducir al error a dicha autoridad; lo que la norma penal desvalora es la conducta falsa o engañosa, es decir, contraria a la verdad, que se realiza en un juicio o procedimiento, con la finalidad de perjudicar a alguien, obtener un beneficio indebido para sí o para otro u obtener sentencia o resolución contraria a la ley, ya sea porque se presenten documentos simulados o alterados, o porque se realice cualquier acto que genere en la autoridad una noción falsa de la realidad. De manera ilustrativa, se invoca en lo conducente la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el informe correspondiente al año de mil novecientos cincuenta, página 73, Quinta Época, de rubro y texto siguientes: "FRAUDE, TENTATIVA DE. NO LA CONSTITUYE EL EJERCICIO DE UNA ACCION CON APOYO EN UN CONTRATO, SI NO SE HACEN VALER PROBANZAS FALSAS." Bajo esa óptica, el juez responsable debe tener en cuenta que frente al ejercicio de una acción, en este caso la cambiaria directa, el demandado está en posibilidad de oponer sus excepciones; incluso, específicamente, porque así lo prevé la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pues puede oponerse la excepción de alteración de documento, la cual deberá ser analizada por la autoridad judicial y emitir la declaración correspondiente." De lo antes trascrito, se advierte que este órgano jurisdiccional fijó claramente los razonamientos que deben prevalecer para la emisión del nuevo auto de plazo constitucional, pues en lo medular, se indicó que la conducta procesal de presentar en juicio un pagaré, con la finalidad de obtener su cobro, en sí misma no puede ser configurativa del delito de fraude procesal, además de que en el presente supuesto la parte demandada está en posibilidad de oponer la excepción de alteración de documento que prevé la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Razonamientos anteriores que el juez no tomó en consideración a efecto de tener por acreditados los elementos del cuerpo de delito de fraude procesal y la probable responsabilidad del ahora quejosa. Por tanto, se reitera que no obstante que se otorgó libertad de jurisdiccional para la emisión del nuevo auto de plazo constitucional, dicha facultad encuentra su límite en el contenido de los derechos humanos al debido proceso y de acceso efectivo a la justicia, reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debiendo las autoridades responsables atender puntualmente y en su totalidad los efectos de las ejecutorias de amparo. Por ende, se estima que no se cumplió con el presupuesto jurídico contemplado en el precepto legal 77 de la Ley de Amparo. En tal virtud, de conformidad con lo establecido por los artículos 192, 193, 195 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta al Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, el cabal cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el presente juicio de derechos tomando en consideración lo aquí asentado, ello dentro del plazo de tres días siguientes al de la notificación de este proveído, apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo estatuido en el diverso numeral 258 del mismo ordenamiento, remitiéndose a su vez el expediente respectivo al Tribunal Colegiado de Circuito para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente.
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