María Guadalupe López Carrillo
Expediente 551/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 48 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 551/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 48
- Última actuación
- 23/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- María Guadalupe López Carrillo y Otros.
- María Guadalupe López Carrillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 48.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia de tres de febrero del dos mil veintitrés, que sobreseyó el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo segundo, en relación con el 86 de la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Anotaciones en el libro de gobierno y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. De conformidad con los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte; una vez transcurrido el plazo de tres años este expediente debe ser depurado, toda vez que cuenta con valor jurídico al haberse concedido la suspensión de plano del acto reclamado a la parte quejosa; amén de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que deba conservarse en su integridad por su valor histórico o relevancia documental. En la inteligencia que deberán conservarse las resoluciones en las que se concedió la suspensión de plano, el proveído en que se acuerda el archivo del expediente y los demás documentos que se consideren importantes al estar vinculados con aquélla. Remisión de expediente a los depósitos documentales dependientes de la dirección general de archivo y documentación. Una vez terminado el proceso de depuración a que se refiere el artículo 18 del citado Acuerdo General, se ordena la transferencia de este expediente al archivo de concentración respectivo. Orden de archivo. Anótese en la carátula que este expediente que es susceptible de depuración, así como la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 551/2022-IV, promovido por ********************, en contra de los actos que reclama del Director del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" en San Luis Potosí, y otras autoridades; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda de amparo. ********************, mediante escrito presentado el veintisiete de julio del dos mil veintidós, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES A) DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO" con domicilio conocido en Av. Venustiano Carranza No. 2395, C.P. 78290, San Luis, San Luis Potosí, México. B) DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD VALLES, S.L.P., con domicilio en Carretera México- Laredo sur esq. Ángel Oliva km 7, Lomas de Oxitipa, C.P. 79090, en esta ciudad. C) DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ. Domicilio en Prolongación Calzada de Guadalupe 5850, Lomas de la Virgen, 78380 San Luis Potosí, S.L.P. IV. ACTOS DE AUTORIDAD QUE SE RECLAMAN: La afectación del derecho al acceso a la salud que compromete gravemente mi dignidad e integridad personal, al grado de equipararse al tormento y por el peligro a la vida. La omisión del otorgamiento de la atención médica integral oportuna, debida y urgente que en derecho corresponde, por no realizarle o subrogar el estudio de CISTOSCOPÍA con costo promedio en privadas de 5 mil mexicanos, el cual se requiere para valoración y decisión médica sobre tratamiento indicado, para contrarrestar el diagnostico de: TUMORACIÓN VESICAL Y SINDROME ANÉMICO." Segundo. Tramite del juicio de amparo. Mediante acuerdo de veintisiete de julio de dos mil veintidós, se decretó la suspensión de plano del acto reclamado y se requirió a la quejosa a fin de que ratificara el escrito inicial de demanda, para posteriormente por auto de veintiocho de julio del mismo año se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por ********************, se solicitaron los informes con justificación a las autoridades señaladas como responsables, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente por proveído de cuatro de enero del dos mil veintitrés se requirió a la quejosa a fin de que manifestara si era su deseo ampliar o no su demanda inicial de amparo y señalar como autoridad responsable al Hospital General del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, ello al advertirse su intervención en los actos reclamados; sin embargo por auto de dos de febrero pasado se le tuvo por perdido dicho tal derecho, al no haber realizado manifestación alguna en el término concedido. Seguidos los trámites, previos diferimientos, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia oficial en Ciudad Valles, San Luis Potosí, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en esta vía consiste en: La omisión del otorgarle atención médica integral, oportuna, debida y urgente que en derecho corresponde, al no realizarse o subrogar el estudio de cistoscopia, el cual requiere para su valoración y decisión médica sobre tratamiento indicado, para contrarrestar el diagnóstico de tumoración vesical y síndrome anémico. Tercero. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", por conducto de su apoderado legal, con sede en la ciudad de San Luis Potosí, no obstante que lo hayan negado al rendir su informe con justificación lo haya negado, refiriendo que al hacer una revisión de los registros de ingresos en ese nosocomio encontró que la hoy quejosa hace más de dos años no ha sido atendida en esa institución, por lo que no se ha negado a la disconforme la atención médica, en virtud de que el análisis de las constancias que adjunta se advierte su participación en los actos que por esta vía reclama la disconforme. Del mismo modo, se presumen ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables Director del Hospital General de Ciudad Valles y Servicios de Salud de San Luis Potosí, al haber sido omisas en rendir sus informes justificados respectivos, pues de las constancias que acompañaron a sus informes relativos a la suspensión de plano se colige que estas se intervienen en la atención médica cuya omisión reclama la quejosa. Cuarto. Estudio de causas de improcedencia. Por ser de estudio preferente al fondo del asunto, es necesario analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las aleguen o no, al ser una cuestión de orden público y acorde con la obligación que impone al juzgador de amparo el artículo 62 de la ley de la materia. Al respecto, se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" La cesación de los efectos del acto reclamado, se actualiza cuando la autoridad que lo realizó deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pero con la condición de que en todo caso se destruyan sus consecuencias en la esfera jurídica del afectado. La razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que al desaparecer no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Luego, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación Constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo en cita, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación Constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 81, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del apéndice 2000, de la Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Bien, en la especie, quejosa argumenta que fue diagnosticada con tumoración vesical y síndrome anémico, por parte del Hospital General de Ciudad Valles, San Luis Potosí, quien le ordenó un estudio llamado cistoscopia, con un costo aproximado de $******************** (******************** Moneda Nacional), el cual se requiere para su valoración y decisión médica sobre el procedimiento y tratamiento médico adecuado, así mismo, refiere que solicitó el apoyo a Trabajo Social de dicho nosocomio, a fin de que le proporcionaran el estudio requerido y medicamentos, pero le fue negado el apoyo, indicando que el hospital no cuenta con el presupuesto para la realización del referido estudio; que solicitó el mismo apoyo al Director del Hospital Central por ser paciente del referido nosocomio, pero la respuesta fue igualmente negativa, al referir que no contaban con ese equipo ni presupuesto para el estudio. Así, de autos se advierte que por acuerdo de veintisiete de julio del dos mil veintidós, se concedió la suspensión de plano a la quejosa para que las autoridades responsables realizaran las gestiones necesarias a fin de brindarle la atención médica requerida. En virtud de ello, y en diversas ocasiones, ante los requerimientos de este órgano jurisdiccional, la autoridad responsable Servicios de Salud de San Luis Potosí, informó la gestiones realizadas con la finalidad de que la aquí quejosa recibiera la atención médica requerida, fijando fechas diversas en el Hospital General de Ciudad Valles, San Luis Potosí. Así mismo, en proveído de ocho de septiembre del dos mil veintidós, la autoridad Servicios de Salud de San Luis Potosí, informó que con motivo de la atención que recibía la quejosa ********************, se ordenó realizarle estudio médico por un especialista cirujano oncólogo, con la finalidad de dar seguimiento a la condición que presentaba, sin embargo, dado que el Hospital General de Ciudad Valles, San Luis Potosí, - hospital en que le se encontraba recibiendo la atención medica -, es una institución Hospitalaria de nivel II, se realizó la referencia de dicho estudio al Hospital Especializado en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, y con el resultado del mismo, se pueda tener un panorama mejor y proceder a dar solución al diagnóstico de la quejosa (foja 118). Luego, por proveído de veintiséis de septiembre del año pasado, la responsable Servicios de Salud de San Luis Potosí, informó que el cinco de septiembre pasado, la quejosa fue recibida y atendida en el Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, para posteriormente ser egresada el quince del mismo mes y año, y fijando fecha para consulta el veintinueve de septiembre del mismo año (foja 156). Posteriormente, a diversos requerimientos realizados a la responsable Servicios de Salud de San Luis Potosí, sobre el cumplimiento a la suspensión de plano decretada, en proveído de dieciocho de enero del año en curso, la referida responsable remitió diversas constancias, de las cuales se advierte que el veintidós de septiembre del dos mil veintidós se realizó el diagnóstico del informe anatomopatologíco, consiste en estudio de endoscopia transuretral de vejiga (cistoscopia). En esa tesitura, es inconcuso que los efectos del acto reclamado han cesado, dado que la omisión reclamada a las autoridades responsables, fue subsanada al haberse realizado el estudio de cistoscopia, cuya omisión motivó la petición de garantías y, en ese sentido, resulta ocioso examinar la constitucionalidad del acto reclamado que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá por haberse agotado la causa de dicho mandato, actualizándose así la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, motivo por el cual se impone sobreseer en el presente juicio de amparo con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la invocada ley, en lo atinente al acto reclamado en cuestión. En tal virtud, demostrada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en la fracción V del numeral 63, del propio ordenamiento legal, procede sobreseer en el presente juicio constitucional. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 356, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: Único.- Se sobresee en el presente juicio de garantías número 551/2022-IV, promovido por ********************, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, precisadas en el resultando primero y señaladas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, dos de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa mediante proveído de cuatro de enero del año en curso, en el que se le requirió para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda inicial de amparo y señalar como autoridad responsable al Hospital General del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, sin que a la fecha haya hecho manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminada y como se precisó en el citado acuerdo, se le tiene por precluido su derecho de hacerlo; por tanto, resuélvase el presente juicio en los términos propuestos en su escrito inicial de demanda. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Autoridad informa. agréguese para los efectos legales a que haya lugar el oficio que remite la Apoderada Legal de Servicios de Salud de San Luis Potosí, mediante el cual en atención al requerimiento de once de enero del año en curso, anexa las constancias del estudio de endoscopia transuretral de vejiga (cistoscopia) y resultados de estudios anatomapatológicos, así como la atención médica de ocho de diciembre de dos mil veintidós. En consecuencia, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y con su contenido dese vista a la parte quejosa para los efectos legales a que haya lugar. Diferimiento de audiencia constitucional. En tal virtud, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con diez minutos del tres de febrero del dos mil veintitrés, para su verificativo. Notifíquese.
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