María Guadalupe León González

Expediente 788/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
788/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
25/05/2022

Partes del expediente

  • María Guadalupe León González
  • Juan Ramírez González

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de acuerdo con su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio firmado por la delegada de la Directora Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por medio del cual formula diversas manifestaciones en torno al acatamiento del fallo protector e informa las gestiones que realiza a fin de dar cumplimiento al mismo. En atención a su contenido, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas sus manifestaciones y por informadas las gestiones, de las que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término otorgado a la parte quejosa en auto de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las constancias con las que la responsable adujo el acatamiento a la ejecutoria de amparo; sin que haya formulado manifestación alguna al respecto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, se procede a analizar si el fallo protector se encuentra cumplido con base en las constancias procesales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, marzo de 2000, de rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Acorde con lo anterior, es necesario precisar que se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los siguientes términos: "[...] En consecuencia, al resultar fundados los conceptos de violación en estudio, procede conceder a Lilia Isabel Juárez Ordoñez el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados en contra de los artículos 12, párrafo segundo, del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; así como, 51, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, para el efecto de que tales porciones normativas sean desincorporadas de su esfera jurídica y no se le apliquen en el presente y en lo futuro. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 112/99 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, Novena Época, Materias Constitucional y Común, con registro digital 192846, que dice: AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro. Concesión de amparo que se hace extensiva al acto de aplicación, consistente en el oficio DS/SP/DPSH/331/2020 de veinte de mayo de dos mil veintiuno, signado por la Encargada de la Subdelegación de Prestaciones, Delegación Regional Zona Sur, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través del cual se informó a la parte quejosa que se encontraba en los supuestos establecidos en las normas jurídicas que se han declarado inconstitucionales. En ese orden, la autoridad de referencia deberá dejar insubsistente el citado documento y emitir otro, en el que permita a la garantista a disfrutar de las pensiones por viudez y jubilación a que tiene derecho de manera íntegra sin limitación alguna, debiéndosele cubrir las cantidades que en su caso haya dejado de recibir con motivo de la aplicación de la norma inconstitucional y hasta que se dé cumplimiento a este fallo constitucional; así como, se le reintegren aquellas que indebidamente se le hayan descontado. Sustenta lo anterior, la tesis XVII/2001 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, marzo de 2001, Novena Época, Materia Constitucional, con registro digital 190224, que establece: AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE LA EJECUTORIA PROTECTORA RESPECTO DE LOS ACTOS DE APLICACIÓN. Cuando los efectos de una sentencia de amparo se extienden hasta los actos de aplicación de la norma declarada inconstitucional, debe entenderse no sólo en cuanto a los actos de aplicación reclamados en la demanda sino también respecto de aquellos que aunque no se precisaron, son una consecuencia directa e inmediata de la aplicación de la norma, pero no deben incluirse aquellos cuya restitución depende de la interpretación de preceptos que conforman el contexto legal del ordenamiento al cual pertenece la disposición declarada inconstitucional y que no fueron materia de la litis en el juicio de amparo, pues para determinar en ejecución los alcances de la sentencia, no es permisible hacer la interpretación de preceptos diversos al impugnado, cuya constitucionalidad o inconstitucionalidad no fue puesta a la consideración de la potestad judicial en el juicio de amparo, sino que la restitución del derecho del quejoso, para volverlo al estado en que se encontraba hasta antes de la violación constitucional reclamada, debe realizarla la autoridad responsable dentro del marco legal al que pertenece la norma impugnada y no en contravención a él. Lo que deberá acreditarse ante este juzgado de Distrito dentro del plazo de tres días que se otorgue en el auto que declare que ha causado ejecutoria la presente sentencia, en términos del segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo. Sin que en el caso, proceda el pago de intereses solicitado por la parte quejosa derivado de las cantidades que le fueron indebidamente descontadas, pues, contrario a lo que afirma, los preceptos legales controvertidos no prevén dicho desembolso; antes bien, disponen que cuando el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado advierta incompatibilidad de la pensión o pensiones que esté recibiendo un trabajador o pensionado, éstas serán suspendidas de inmediato, pero podrá gozar nuevamente de las mismas cuando desaparezca la incompatibilidad y se reintegren las sumas percibidas durante el tiempo que duró más los intereses correspondientes. Como se ve, los intereses aplican únicamente a las cantidades que se estima indebidamente percibió el pensionado, los cuales deben cubrirse a favor del Instituto citado, no viceversa; de ahí que, resulte improcedente el pago de intereses que refiere la garantista; sin obviar que atendiendo a los efectos de la concesión del amparo, el quejoso debe percibir íntegramente las pensiones de viudez y de jubilación a que tiene derecho, por lo que, de manera alguna puede afirmarse que recibió cantidades indebidas, ni está obligado a pagar interés alguno. Apoya lo anterior, por el sentido en que se orienta, la tesis XVIII.2o.P.A.9 A, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materia Administrativa, con registro digital 2023233, que establece: PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE). ES IMPROCEDENTE EL PAGO DE INTERESES POR LAS DIFERENCIAS DERIVADAS DE SU INCREMENTO CONFORME AL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE ESE ORGANISMO, VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007, AL REGIRSE POR DISPOSICIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y NO FISCALES. Hechos: La quejosa demandó del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) la omisión de aplicar el incremento a su pensión previsto en el artículo 57 de la ley de dicho organismo abrogada y solicitó que las diferencias le fueran pagadas con intereses. Al respecto, la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ordenó la devolución de las diferencias actualizadas resultantes de los incrementos, no así el pago de intereses, por lo que aquélla promovió amparo indirecto. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es improcedente el pago de intereses por las diferencias derivadas del incremento de las pensiones otorgadas conforme al artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el 31 de marzo de 2007, al regirse por disposiciones de seguridad social y no fiscales. Justificación: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 187/2019, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 135/2019 (10a.), de título y subtítulo: "PENSIONES OTORGADAS POR EL ISSSTE. LAS DIFERENCIAS DERIVADAS DE LOS INCREMENTOS OMITIDOS POR EL INSTITUTO DEBEN ENTREGARSE ACTUALIZADAS.", sostuvo que cuando el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado omite aplicar los incrementos a las pensiones a su cargo, conforme al artículo 57 de la ley del instituto, vigente hasta el 31 de marzo de 2007, las diferencias derivadas debe enterarlas actualizadas, conforme al procedimiento que prevé el artículo 6, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con la finalidad de entregarlas con un valor análogo al que tenían al momento en que debió cumplir tal obligación, sin que obste que el referido precepto se encuentre en una legislación fiscal, habida cuenta que lo relevante es que contiene un principio de actualización para determinar el valor de un bien atendiendo a la afectación que sufre la moneda por el transcurso del tiempo y que tiene por objeto que ese fenómeno no incida sobre las contribuciones que el erario federal deja de percibir por falta de pago oportuno, lo cual se hizo extensivo, en observancia a principios de equidad y justicia, a los casos en que las autoridades hacendarias no devuelvan en el plazo establecido por la ley las cantidades pagadas indebidamente. En consecuencia, las diferencias resultantes de los incrementos a las pensiones no comprenden el pago de los intereses previsto en los artículos 22 y 22-A del Código Fiscal de la Federación, en tanto que la ley de seguridad social citada no lo establece de esa forma, pues aquéllos corresponden a los previstos como moratorios en la legislación civil y constituyen una indemnización por una devolución inoportuna del pago de contribuciones enteradas indebidamente o en exceso, mientras que la actualización opera por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país. [.]" Del análisis a lo anterior, se desprende que para que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud legal de declarar cumplida la sentencia, la autoridad responsable deberá acreditar con constancias idóneas, lo siguiente: ? Se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa y no se le apliquen en el presente y en lo futuro los artículos 12, párrafo segundo, del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; así como, 51, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada. ? Que dejó insubsistente el oficio DS/SP/DPSH/331/2020 de veinte de mayo de dos mil veintiuno, por medio del cual informó a la parte quejosa que se encontraba en los supuestos establecidos en las normas jurídicas que se han declarado inconstitucionales. ? Que emitió otro, en el que permita a la garantista a disfrutar de las pensiones por viudez y jubilación a que tiene derecho de manera íntegra sin limitación alguna, debiéndosele cubrir las cantidades que en su caso haya dejado de recibir con motivo de la aplicación de la norma inconstitucional y hasta que se dé cumplimiento a este fallo constitucional; así como, se le reintegren aquellas que indebidamente se le hayan descontado. Sin que en el caso, proceda el pago de intereses derivado de las cantidades que le fueron indebidamente descontadas, pues los preceptos legales controvertidos no prevén dicho desembolso; antes bien, disponen que cuando el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado advierta incompatibilidad de la pensión o pensiones que esté recibiendo un trabajador o pensionado, éstas serán suspendidas de inmediato, pero podrá gozar nuevamente de las mismas cuando desaparezca la incompatibilidad y se reintegren las sumas percibidas durante el tiempo que duró más los intereses correspondientes. Como se ve, los intereses aplican únicamente a las cantidades que se estima indebidamente percibió el pensionado, los cuales deben cubrirse a favor del Instituto citado, no viceversa; de ahí que, resulte improcedente el pago de intereses, sin obviar que atendiendo a los efectos de la concesión del amparo, el quejoso debe percibir íntegramente las pensiones de viudez y de jubilación a que tiene derecho, por lo que, de manera alguna puede afirmarse que recibió cantidades indebidas, ni está obligado a pagar interés alguno. Es necesario destacar que mediante proveído de veintiuno de abril de dos mil veintidós, este Juzgado Federal determinó declarar parcialmente cumplida la ejecutoria de amparo, en razón de que con la emisión del oficio DS/SP/DPSH/UCS/0252/2022, de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, la responsable acreditó lo siguiente: 1. Desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos 12, párrafo segundo, del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; así como, 51, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada; 2. Dejó sin efectos el oficio DS/SP/DPSH/331/2020, de veinte de mayo de dos mil veintiuno; 3. Informó a la quejosa que a partir de enero de dos mil veintidós comenzó a recibir el pago de su pensión por viudez 1127520 de manera continua e ininterrumpida. 4. Determinó que respecto de las diferencias de la retroactividad aplicada, resultó un saldo a su favor por $160,622.10 (ciento sesenta mil seiscientos veintidós pesos 10/100 moneda nacional). En las relatadas circunstancias, en el auto de referencia se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo para que la autoridad responsable acreditara haber entregado a la quejosa el título de crédito por la cantidad resultante a su favor por las diferencias de la retroactividad aplicada. En cumplimiento a lo anterior, junto con el oficio registrado con el folio 11870, presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el trece de mayo de dos mil veintidós, el Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Regional Zona Sur del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, remitió, entre otras, las siguientes documentales: Original de la cédula de notificación con oficio DS/SP/DPSH/UCS/621/2022, de veinticinco de abril de dos mil veintidós. Original del Acta Administrativa por comparecencia de veintiséis de abril de dos mil veintidós, de la que se observa que la quejosa recibió pago por medio de transferencia interbancaria a su cuenta bancaria personal por la cantidad líquida de $160,622.10 (ciento sesenta mil seiscientos veintidós pesos 10/100 moneda nacional). Constancias que por ser públicas, merecen eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226 publicada en la página 153 del Tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, de un análisis comparativo entre los efectos para los cuales fue concedida la protección de la justicia federal y las constancias remitidas en cumplimiento al mismo, se advierte que con el pago realizado a la quejosa por la cantidad de $160,622.10 (ciento sesenta mil seiscientos veintidós pesos 10/100 moneda nacional), se acredita el cumplimiento del extremo pendiente de satisfacer, respecto de la ejecutoria de amparo. Con las constancias analizadas se dio vista a la parte quejosa en proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, para que, en el término ahí precisado, manifestara lo que a su derecho conviniera; sin que haya formulado manifestación alguna al respecto, a pesar de haber sido notificada por lista el diecisiete de mayo siguiente. Atento a lo anterior y considerando el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo vigente, SE DECLARA CUMPLIDA la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías. En tales condiciones, notifíquese personalmente a la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de los artículos 201 fracción primera y 202, de la Ley de Amparo vigente; en consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y, de conformidad con los artículos 196 párrafo cuarto y 214, del ordenamiento legal antes invocado, una vez concluido el término otorgado en el artículo 202 de la citada ley de la materia, y que no existan diligencias pendientes por desahogar en el presente juicio de amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora, en caso de que las autoridades responsables se encuentren gozando no estén laborando con motivo de la contingencia decretada en nuestro país, comisiónese a un actuario adscrito a este órgano jurisdiccional para que al día en que reanuden sus labores, entreguen los oficios notificatorios del presente proveído, sin necesidad de ulterior acuerdo; los cuales deberán quedar resguardados bajo su estricta responsabilidad, hasta en tanto sean entregados a sus receptores. Notifíquese; por LISTA a la parte quejosa, de conformidad con lo ordenado en auto de diez de mayo de dos mil veintidós, y VÍA ELECTRÓNICA al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma Laura Gutiérrez de Velasco Romo, Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en unión de Josué Yoao García García, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Petra Matías Cansino, autorizada por la parte quejosa en los términos amplios que dispone el numeral 12 de la ley de la materia, por medio del cual, presenta revisión adhesiva al recurso de revisión interpuesto en autos, en contra de la sentencia dictada el treinta de marzo de dos mil veintidós. En consecuencia, y con el objeto de evitar dilaciones procesales acorde con el artículo 17 constitucional, remítase debidamente digitalizado el ocurso de cuenta, vía "PROMOCIONES ELECTRÓNICAS INTERCONEXIÓN IOJ", a través de la plataforma del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Decimosegundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a quien correspondió conocer del recurso de revisión interpuesto en autos, tal y como se advierte de la papeleta respectiva; lo anterior, para los efectos legales que estime pertinentes.

  3. Principal

    Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 37, 61, 62, 63, 64, 73, 75, 77, 124, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se: R ES U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, respecto de los actos atribuidos a las autoridades precisadas en el considerando segundo y por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución.

  4. Principal

    agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda y sin mayor acuerdo, el escrito de cuenta firmado por Yolanda Martínez Quezada, quien se ostenta como apoderada legal de la parte quejosa Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México. Lo anterior es así, toda vez que de autos no se advierte el carácter con el que se ostenta dicha persona, aunado a que no exhibe el instrumento notarial con el que pretende acreditar su personalidad.

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