María Guadalupe León González
Expediente 1359/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1359/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- María Guadalupe León González
- Carlos López Cruz
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, tres de octubre de dos mil veintidós. Visto los oficios de cuenta, en el primero, la Subdirectora de Amparos Administrativos, en suplencia de la Coordinadora General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informa las gestiones de cumplimiento realizadas y en el otro, el delegado de la Directora General de Recursos Humanos de la citada dependencia, manifiesta expresamente que remitió constancias con las cuales se cumple con el fallo de amparo, precisa que no procede el pago de diferencias a favor del quejoso, por lo que quedan a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía idónea y solicita se remitan los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa para el trámite del incidente de inejecución de sentencia y formula diversas manifestaciones respecto a la forma en la cual, considera deben acatarse los efectos de la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar. En atención al primero de los oficios de cuenta, se toma conocimiento de su contenido. Por otra parte, ante la reiteración de los argumentos de la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, previamente presentados en los oficios controlados con los números de correspondencia 21722 y 22968, los cuales ya fueron materia de pronunciamiento en acuerdos de cinco y veintidós de septiembre del año en curso, respectivamente, se desprende que la autoridad obligada al cumplimiento, insiste en la emisión de un oficio en lugar del diverso 702/11533/2019, que se dejó sin efectos, y determinó dejar de aplicar al hoy quejoso en el presente y futuro los Lineamientos declarados inconstitucionales, respecto de los años dos mil dos a dos mil dieciocho; sin embargo, omite el pronunciamiento expreso en relación a la solicitud de pago que originó la emisión del aludido primer acto de aplicación de las normas declaradas inconstitucionales. Por lo que, resulta inadmisible tener por atendida esa parte del cumplimiento del fallo protector con la simple emisión del oficio 702/01078/2022, de siete de marzo de dos mil veintidós, que contiene entre otras cuestiones, la afirmación de que ".esta Dirección General realizará las acciones que considere oportunas a efecto de proceder al cálculo de las diferencias a que tiene derecho.", pues en fecha posterior, emitió la aludida planilla de liquidación que evidencia el reconocimiento expreso por parte de la responsable, de la determinación de una cantidad cierta a favor del quejoso, por lo que existe la obligación para realizar el pago; por lo tanto, los efectos del amparo, constriñen a realizar el pago al quejoso de las diferencias resultantes a su favor, sin que tenga que acudir a diversa instancia para ello, por ser una consecuencia natural y directa de la protección federal, contrario a lo señalado por la autoridad en comento, pues el beneficio del quejoso por haber sido sujetado a una sentencia de amparo, es que tenga menor perjuicio en su esfera jurídica, lo cual se consigue con la inaplicación de los lineamientos reclamados. Ahora, cabe señalar que de autos se desprende que desde la determinación de la cantidad a pagar a favor del quejoso, en proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós, la autoridad obligada al cumplimiento del fallo protector, no demostró fehacientemente el total acatamiento de la ejecutoria de amparo y no excusarse en la manera en que se hace en el oficio de cuenta, al no existir causa justificada para tal retraso, no obstante los plazos otorgados para ello, en la citada fecha, además del cinco y veintidós de septiembre del año en curso, los cuales fueron legalmente notificados. Por tal motivo, este Juzgador considera que no existe acto alguno indicativo de cumplimiento a la ejecutoria y si, una evidente renuencia por parte de la autoridad directa obligada al cumplimiento, en razón de lo cual, se hace efectivo el apercibimiento decretado el veintidós de septiembre del año que transcurre, por lo que en términos de los artículos 193 primer párrafo, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impone a la persona física que ostenta el cargo de Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Yolanda Carolina Salcedo Pérez, una MULTA a razón de cien veces la unidad de cuenta para la Ciudad de México; por lo que, una vez que cause estado el presente proveído, gírese oficio al JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, para que por conducto de la Unidad Administrativa Exactora correspondiente, haga efectivo el cobro de la multa impuesta a la citada autoridad. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 49/2003, de rubro siguiente: MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. COMPETE HACERLAS TRÁMITE EFECTIVAS A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE. (Jurisprudencia 2a./J. 49/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos veintiséis (226), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de dos mil tres (2003) No obstante lo anterior, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público que las autoridades responsables y toda que tengan intervención en la misma, están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 193, párrafo tercero, requiérase de nueva cuenta a la Directora General de Recursos Humanos, (en su carácter de autoridad directamente obligada al cumplimiento) y su superior jerárquico Coordinadora General Administración, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México: para que, en el ámbito de su competencia y en el improrrogable plazo de TRES DÍAS contado a partir de su legal notificación, den cumplimiento a la ejecutoria de amparo y realicen lo siguiente: Acreditar que se solicitó al Director General de? Programación, Organización y Presupuesto de la citada dependencia, el otorgamiento de la suficiencia presupuestal para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, respecto de la la cantidad de $202,428.31 (doscientos dos mil cuatrocientos veintiocho pesos 31/100 moneda nacional), por concepto de diferencias de aguinaldo de los ejercicios correspondientes a los años dos mil dos a dos mil dieciocho. Con fundamento con fundamento en los artículos 192, último párrafo y 193, párrafo tercero, se requiere nuevamente a la DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, (en su carácter de autoridad directamente obligada al cumplimiento) y su superior jerárquico Coordinadora General Administración, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México: para que, en el ámbito de su competencia y en el improrrogable plazo de TRES DÍAS contado a partir de su legal notificación, den cumplimiento a la ejecutoria de amparo y acredite haber solicitado a la Dirección de Operación y Control de Pago de la citada dependencia, la reimpresión de la Planilla de Liquidación correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintidós. De acuerdo con lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las citadas autoridades que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Con el apercibimiento que, de no demostrar que llevaron a cabo las acciones para cumplir la ejecutoria de amparo, SE REMITIRÁN LOS AUTOS ORIGINALES DEL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA, AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN TURNO, PARA SEGUIR EL TRÁMITE DE INEJECUCIÓN, QUE PUEDE CULMINAR CON LA SEPARACIÓN DE SU PUESTO Y SU CONSIGNACIÓN, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley de la materia. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. En ese orden de ideas, es oportuno precisar que la finalidad objetiva perseguida por la Ley de Amparo vigente es que el procedimiento de ejecución de sentencias protectoras sea simple, expedito y rápido, entonces debe considerarse que en todo caso debe procurarse que el único plazo que se conceda a las autoridades responsables sea el de tres días, previsto en el segundo párrafo del artículo 192, razón por la cual las dos excepciones a este lapso deben ser de aplicación estricta y limitada, pues de lo contrario no se respetaría la finalidad antedicha, lo cual, a su vez, está relacionada con el deber de garantía derivado de los derechos humanos, así como con las garantías de acceso a la justicia y recurso efectivo. Lo anterior se observa de la exposición de motivos del decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, y que es del tenor siguiente: "Ejecución de las sentencias La ejecución de sentencias es, sin duda, uno de los temas más complejos e importantes del juicio de amparo. Su relevancia estriba en que la falta de materialización rápida de las sentencias hace que el juicio de amparo no tenga sentido, pues en los hechos se podría hacer de reparación irreparable el derecho que resulte protegido y resguardado por una de sentencia de amparo. Es claro que la ausencia de un desarrollo claro y sencillo de esta materia ha propiciado situaciones de indefensión y, en ciertos casos, de impunidad. Con el propósito de solucionar estas deficiencias, se ha buscado establecer una estructura nueva para, por una parte, unificar todas las cuestiones relacionadas dentro de un título y, por la otra, darle una denominación específica a cada uno de los supuestos de ejecución que de manera innominada prevé la ley en vigor o que se han creado por la tesis jurisprudenciales. En específico, la sentencia que otorga el amparo y protección de la justicia federal pierde su objetivo cuando se incumple o deja de observarse por los servidores públicos a quienes va dirigida. Por ello, sancionar a dichos servidores públicos no es trivial si se busca que las sentencias de amparo tengan realmente eficacia. Sin ser un punto de acuerdo generalizado, se estima que la interpretación correcta del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es en el sentido de que el Pleno de la Suprema Corte debe separar del cargo y consignar directamente ante el Juez de Distrito a la autoridad remisa con el propósito de que este órgano individualice la pena que le corresponde. De esta forma, la solución que se propone es en el sentido de que, con pleno respeto a la garantía de audiencia del sujeto involucrado, sea la propia Suprema Corte la que lleve a cabo esa individualización. [Lo destacado es propio]. En relación con lo anterior, los criterios jurisprudenciales emitidos por los órganos del Poder Judicial de la Federación facultados para ello, han establecido que el juzgador tiene la obligación de fijar un término prudente y determinado para que se cumpla la sentencia de amparo, para lo cual se debe considerar que el acto que debe realizar la autoridad responsable para cumplir con el fallo protector, no se trata de un asunto ordinario, sino extraordinario al haberse declarado la inconstitucionalidad del acto, por lo que dicha autoridad no debe darle el trato de un asunto ordinario, es decir, no debe someterlo a los mismos trámites administrativos ni los plazos máximos que tiene para ello, sino que se debe efectuar en un menor plazo, pues se insiste, la parte quejosa ya obtuvo una sentencia ejecutoria que constituye una norma individualizada a su favor y, que por ende, no puede ser condicionada su cumplimiento a los trámites burocráticos de la autoridad regulados por disposiciones administrativas internas ni a las cargas de trabajo de la autoridad. Sustentan las consideraciones expuestas en el presente acuerdo, en lo conducente, los criterios de rubros siguientes: SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. (Jurisprudencia número I.3o.C. J/7 (10a.) Página 2892, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Enero de 2014, Décima Época). EJECUTORIA DE AMPARO, TERMINO PARA SU CUMPLIMIENTO. (Registro 340527, emitida por la Sala Auxiliar, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 907, Materia Común). EJECUTORIA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE VELAR POR SU EXACTO CUMPLIMIENTO, EN LAS CONDICIONES POR LAS QUE FUE CONCEDIDO EL AMPARO. (Tesis número IV.1o.A.10 K (10a.) Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, página 2573). Asimismo, importa reiterar que atendiendo a la transformación jurídica en la estructura orgánica, administrativa y jurídica que dio como resultado la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la Ciudad de México, las autoridades responsables como las vinculadas a cumplir con la ejecutoria de amparo, deberán ajustar su proceder a los manuales, lineamientos, normativa interna que tengan y normas generales aplicables para el caso, para cumplir con la ejecutoria de amparo. Finalmente, atendiendo a las anteriores consideraciones, NO es el caso de atender lo solicitado por la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de tramitar el incidente de inejecución de sentencia, pues en el presente existe un principio de ejecución a la sentencia de amparo y no como lo pretende la solicitante, respecto a que en tal incidencia se resuelva la parte que ya cumplió. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, a doce de septiembre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio signado por la Subdirectora de Amparos Administrativos en suplencia de la Coordinadora General de Administración y de la Directora Jurídica Consultiva y de Implementación del Sistema de Justicia Penal, todos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual informa las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, a veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio signado por la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, en atención al requerimiento de veintiséis de julio del año en curso, informa que se encuentra realizando las gestiones necesarias para la emisión y expedición de la suficiencia presupuestal respectiva, por lo que se encuentra a la espera de que la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto otorgue la suficiencia presupuestal a favor del quejoso. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de mérito para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. Ahora bien, en atención a las manifestaciones vertidas por la autoridad oficiante, y toda vez que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público, respecto del cual las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones y pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107 Constitucional fracción XVI, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional; con fundamento en los artículos 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo y 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere al Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en su carácter de autoridad vinculada, para que en el término de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en el entendido de que para ello debe: ? Haber otorgado la suficiencia presupuestal por la cantidad líquida que se le debe devolver al quejoso, que asciende a *****, por concepto de diferencias de aguinaldo de dos mil veinte. En adición a lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, REQUIÉRASE a la Coordinadora General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en su calidad de superior jerárquico del Director General de Programación, Organización y Presupuesto de dicha dependencia, lo conmine a cumplir con el fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del término de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, dada la naturaleza de los actos a realizar, las constancias con las que acredite haber ordenado a la directa responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo en cita, ejercen sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Apercibidas las autoridades requeridas, que en caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a)Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a la persona física que ocupen los cargos señalados, una multa por cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, a diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial signada por el Auxiliar de Actuario, mediante la cual informa la imposibilidad que tuvo para notificar el oficio 35042/2022, de once de agosto del presente año, dirigido al Secretario de Salud de la Ciudad de México, toda vez que la denominación correcta es Secretaría de Salud de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos la razón de cuenta para los efectos legales conducentes, ordenando reenviar el oficio en comento a la autoridad correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.
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