Maria Guadalupe Julisa Dorantes Ojeda

Expediente 347/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
347/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
19/04/2023

Partes del expediente

  • Maria Guadalupe Julisa Dorantes Ojeda

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. I. Causa estado desechamiento. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo del expediente. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. I. Ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada el nueve de febrero de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Requerimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades precisadas en la sentencia de amparo, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, cumplan con lo ahí establecido, esto es: " Efectos de la concesión de amparo. Bajo los lineamientos vertidos en la presente resolución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, y párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se impone necesario conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para los efectos siguientes: a) Tanto el Jefe de la Oficina de Cobros de la Subdelegación Querétaro del Instituto Mexicano del Seguro Social como el Titular de la Subdelegación Querétaro del Instituto Mexicano del Seguro Social, deberán realizar conforme a sus facultades, todas y cada una de las gestiones necesarias a efecto de notificar de inmediato al Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, *de tres de enero de dos mil veintitrés, y allegar las constancias que así lo demuestren. b) El Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, una vez recibido el requerimiento referido en el párrafo precedente, deberá proceder a dar cumplimiento de forma inmediata a tal solicitud, y para lo cual deberá aportar las constancias respectivas que acrediten que las instituciones bancarias y/o financieras procedieron a la desinmovilización de las cuentas bancarias de la moral quejosa." Plazo que se fija atendiendo al cúmulo de expedientes y el procedimiento que debe instrumentar para acatar el fallo de amparo. III. Apercibimiento. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se harán acreedoras en lo particular, a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el diez de enero de dos mil veintitrés. IV. Sobre la responsabilidad en que pueden incurrir las autoridades responsables. Se hace prudente hacer del conocimiento de las autoridades requeridas que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    36. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 1°, 73, 74, 75, 76, y demás relativos de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: 37. ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por *, por su propio derecho, contra el acto y autoridad que se especificaron en el considerando segundo de este fallo, por las razones indicadas en el último apartado de esta sentencia. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable

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