María Guadalupe Juárez Luna

Expediente 1010/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1010/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
28/06/2023

Partes del expediente

  • María Guadalupe Juárez Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada por este Juzgado el catorce de marzo de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó el presente asunto, promovido por María Guadalupe Juárez Luna, por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Ahora, de la revisión de los autos, específicamente la segunda parte de la certificación que obra al rubro de este auto, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede se advierte que en la caja de seguridad de este juzgado no obra documento de valor relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el precepto citado en segundo término, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe

  2. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 1010/2021, promovido por María Guadalupe Juárez Luna, contra actos del Director del Departamento de Pensiones de la Delegación Estatal Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veinte de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional por razón de turno al día siguiente, María Guadalupe Juárez Luna, por su propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto contra las autoridades y por los actos que a continuación se trascriben: ".III.- La autoridad o autoridades responsables siendo estos los siguientes: Director del Departamento de Pensiones de la Delegación Estatal Michoacán, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio ubicado en Avenida Madero Poniente, número 1200 mil doscientos, Colonia Molino de Parras, de esta ciudad capital." ".IV. La norma general, acto u omisión qué de cada autoridad te reclame mismo que consiste en lo siguiente: De la Autoridad Responsable le reclamo lo siguiente: La omisión de dar respuesta a la solicitud de fecha 30 treinta de agosto del año 2021, suscrita por la amparista." SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por la autoridad señalada como responsable, registrándose la misma con el número de expediente VII-1010/2021; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que las omisiones reclamadas consisten en: La omisión de la responsable de dar respuesta al escrito presentado ante la autoridad señalada como responsable el treinta de agosto de dos mil veintiuno. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, en representación del Jefe del Departamento de Pensiones de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad al rendir su respectivo informe con justificación, aceptó parcialmente la existencia del acto que se le reclama, Sin embargo, es el caso que su negativa queda desvirtuada, puesto que del contenido de su informe, se advierten manifestaciones que evidencian la existencia de la omisión que se le reclama. Es aplicable al respecto la tesis aislada del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 211004 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, Julio de 1994 Materia(s): Común Tesis: Página: 391 "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. Por otro lado, a efecto de acreditar sus aseveraciones, la autoridad responsable remitió copia certificada del oficio SP/MACH/DPSH/4689/2021, de diez de noviembre de dos mil veintiuno, donde le da respuesta a la parte quejosa de su escrito presentado ante la autoridad en treinta de agosto de dos mil veintiuno. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando segundo, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Se omitirá el análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados descritos en el considerando segundo de la presente resolución; ello, en virtud de que se advierte actualizada una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente al fondo del negocio, por ser cuestión de orden público en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. La fracción XXI, del citado numeral 61, de la Ley de Amparo vigente, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al agraviado en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del inconforme, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al impetrante en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho humano exija. Ante las precisiones anotadas, cabe señalar que en el caso concreto, los actos reclamados se hacen consistir, en la omisión de la responsable de dar respuesta al escrito presentado por la parte quejosa ante la autoridad señalada como responsable el treinta de agosto de dos mil veintiuno. Ahora, de las constancias que la responsable remitió, se advierte que mediante oficio SP/MACH/DPSH/4689/2021, de diez de noviembre de dos mil veintiuno, donde le da respuesta a la parte quejosa de su escrito presentado ante la autoridad en treinta de agosto de dos mil veintiuno. Asimismo, es importante señalar que mediante diverso oficio signado por el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Michoacán, con sede en esta ciudad, exhibió el original de la razón levantada a las once horas con quince minutos del treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en la cual manifiesta que la quejosa no compareció en el lugar, fecha y hora señalados (no obstante haber sido notificada el veintiocho de enero de dos mil veintidós), por lo que fue imposible notificar el oficio original SP/MACH/DPSH/4689/2021, a través del cual da respuesta al escrito presentado por la parte quejosa. Ahora bien, visto el estado procesal de los autos se advierte que mediante auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la autoridad responsable informando la imposibilidad que tuvo para notificar el oficio antes descrito, en el domicilio señalado por la parte quejosa ante la autoridad, toda vez que en dicho lugar se rehusaron a recibirlo, por lo que se dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera; asimismo, se informó a la autoridad del diverso domicilio que la parte quejosa señaló para oír y recibir notificaciones en el presente juicio de amparo, dejando a su arbitrio la posibilidad de notificar el oficio de mérito en dicho domicilio. De igual forma, mediante auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa desahogó la vista que se le ordenó dar con las manifestaciones vertidas por la autoridad, solicitando que se requiriera a la autoridad responsable a fin de que señalara lugar, fecha y hora para la notificación del oficio de mérito; por lo que en atención a dicho requerimiento, mediante proveído de veinticinco de enero de dos mil veintidós, la autoridad señaló las once horas del treinta y uno de enero de dos mil veintidós, sin que pudiera llevarse a cabo la notificación virtud a la inasistencia de la parte quejosa. Asimismo, es importante señalar que de la certificación levantada el dieciocho de enero de dos mil veintidós, se advierte que se presentó a las instalaciones de este órgano jurisdiccional la autorizada de la parte quejosa, a fin de recabar copia certificada del oficio de mérito y anexos, como se advierte de la certificación que obra en autos. Finalmente, de la cuenta secretarial se advierte que en esta misma fecha se hizo efectivo el apercibimiento hecho a la parte quejosa en auto de de cuatro de febrero de dos mil veintidós, por lo que se entiende quedó enterada del oficio por el que la autoridad responsable le dio respuesta a su escrito de treinta de agosto de dos mil veintiuno, del cual se le entregó copia certificada. De ahí que, se corrobora que los efectos de la omisión reclamada, han desaparecido totalmente, ya que la responsable a través del oficio SP/MACH/DPSH/4689/2021, dio respuesta al escrito presentado por la parte quejosa, el treinta de agosto de dos mil veintiuno, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, pues en el caso, se ha generado una situación jurídica que definitivamente destruye a la que dio motivo al amparo y se restituyó a la quejosa en el goce del derecho fundamental que estimó menoscabado. Lo expuesto se retoma de la jurisprudencia 59/99, que establece: Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Asimismo, es ilustrativa al respecto la diversa jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, identificada con el número 9/98, que dispone: Época: Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En tal virtud, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, razón por la cual debe sobreseerse en el mismo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mencionado ordenamiento legal. En las relatadas circunstancias, debe sobreseerse en el presente juicio, de conformidad con lo que instituye el numeral 63, fracción V, del cuerpo normativo en cita. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por María Guadalupe Juárez Luna, respecto de los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, once de febrero de dos mil veintidós. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que aún no obra la notificación del auto de cuatro de febrero de dos mil veintidós, a la parte quejosa, a través del cual se le requirió para que en el término de tres días contado a partir de la legal notificación de dicho proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, respecto de las manifestaciones hechas por la autoridad responsable, respecto de la notificación del oficio a través del cual da respuesta a su escrito presentado ante dicha autoridad, en tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CATORCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy Fesvm

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de febrero de dos mil veintidós. NO HA LUGAR Visto el escrito de cuenta signado por José Martín Ramos Ruiz, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, atento a su contenido en el sentido de que se tenga como autorizado de la parte quejosa a la persona que menciona en escrito de cuenta y revocar la autorización a la persona diversa que menciona, dígasele que no procede acordar de conformidad con su petición, toda vez que de conformidad con lo establecido por el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado no podrá sustituir o delegar esa facultad en un tercero. AUTORIDAD INFORMA. Por otro lado, visto el oficio signado por el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Michoacán, con sede en esta ciudad, a través del cual exhibe el original de la razón levantada a las once horas con quince minutos del treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en la cual manifiesta que la quejosa no compareció en el lugar, fecha y hora señalados (no obstante haber sido notificada el veintiocho de enero de dos mil veintidós), por lo que fue imposible notificar el oficio original SP/MACH/DPSH/4689/2021, a través del cual da respuesta al escrito presentado por la parte quejosa. Ahora bien, visto el estado procesal de los autos se advierte que mediante auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo a la autoridad responsable informando la imposibilidad que tuvo para notificar el oficio antes descrito, en el domicilio señalado por la parte quejosa ante la autoridad, toda vez que en dicho lugar se rehusaron a recibirlo, por lo que se dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera; asimismo, se informó a la autoridad del diverso domicilio que la parte quejosa señaló para oír y recibir notificaciones en el presente juicio de amparo, dejando a su arbitrio la posibilidad de notificar el oficio de mérito en dicho domicilio. De igual forma, mediante auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, la parte desahogó la vista que se le ordenó dar con las manifestaciones vertidas por la autoridad, solicitando que se requiriera a la autoridad responsable a fin de que señalara lugar, fecha y hora para la notificación del oficio de mérito; por lo que en atención a dicho requerimiento, mediante proveído de veinticinco de enero de dos mil veintidós, la autoridad señaló las once horas del treinta y uno de enero de dos mil veintidós, sin que pudiera llevarse a cabo la notificación virtud a la inasistencia de la parte quejosa. Asimismo, es importante señalar que de la certificación levantada el dieciocho de enero de dos mil veintidós, se advierte que se presentó a las instalaciones de este órgano jurisdiccional la autorizada de la parte quejosa, a fin de recabar copia certificada del oficio de mérito y anexos, como se advierte de la certificación que obra en autos. Virtud a todo lo anterior, requiérase a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, a fin de que manifieste lo que a su interés legal convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna al respecto se entenderá que se da por notificada del oficio SP/MACH/DPSH/4689/2021, a través del cual se le dio respuesta por parte de la responsable. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.svm

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