María Guadalupe Hidalgo Maya
Expediente 416/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 416/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/04/2016
Partes del expediente
- María Guadalupe Hidalgo Maya
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Presidente de la Junta Especial número veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en atención al requerimiento formulado en once de abril del año en curso, informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual remite copia certificada del acuerdo de trece de abril pasado para acreditar su dicho. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la ley en materia, requiérase nuevamente a la autoridad en cita, para que una vez que se lleva a cabo la diligencia de veinticinco de abril del año en curso, en el improrrogable término de tres días, haga del conocimiento de este órgano de control constitucional lo acontecido, en la inteligencia de que subsiste el apercibimiento con que se le conminó en autos, quedando en espera del cumplimiento total.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se colige que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera la sentencia dictada en el sumario en que se actúa, mediante la cual se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la justicia federal a Adconins, sociedad anónima de capital variable; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora, atendiendo a que se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria, lo que deberán acreditar en el mismo lapso con las constancias respectivas, la cual se otorgó para que realice lo siguiente: El Tesorero Municipal de Metepec, Estado de México, le devuelva las cantidades que por concepto de derecho de alumbrado público, enteró respecto de los servicios 337 981 000 034, 337 981 000 018, 337 080 500 011 y 337 080 500 020, durante los periodos de facturación de treinta y uno de agosto a treinta de septiembre, así como de catorce de septiembre a catorce de octubre, todos de dos mil quince, consistentes en cuatro mil seiscientos trece pesos 13/100, moneda nacional ($4,613.13), dos mil doscientos cincuenta y tres pesos 40/100, moneda nacional ($2,253.40), doscientos veinticuatro pesos 62/100, moneda nacional ($224.62), y ochenta y tres pesos 14/100, moneda nacional ($83.14), respectivamente. Se apercibe a las citadas responsables que de no hacerlo en el tiempo concedido, se les impondrá multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la cual podrá llegar hasta mil días de salario, en caso de su inobservancia, conforme a lo dispuesto en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo aplicable al caso, con independencia de remitir el juicio de que se trata al tribunal de alzada, en turno, para la continuación del procedimiento de inejecución de la sentencia. Además, en caso de reiterada omisión al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, su conducta podría encuadrar en alguno de los delitos que establece el artículo 267 de la Ley de Amparo. A su vez, se recuerda que de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que la autoridad antes señalada.
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