María Guadalupe Herrera Chim
Expediente 916/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 916/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 04/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- María Guadalupe Herrera Chim
- María Guadalupe Herrera Chim y Otros.
- Guadalupe del Carmen Vargas Moguel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de enero de dos mil diecinueve. Atento a lo informado en la cuenta que antecede, en el sentido que en auto de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada; en consecuencia, toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el párrafo primero, del artículo 202 de la Ley de Amparo aplicable, sin que las partes se hubieren inconformado con el auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito; con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral 196 de la invocada Ley de la Materia, se ordena archivar este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en la sentencia dictada en autos se concedió el amparo; en consecuencia, este asunto encuadra en lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero, fracción IV del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda y la sentencia. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando asimismo la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Marco Polo Robles Santoyo, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. V i s t o s, los autos del presente juicio de amparo indirecto 916/2018-V, para resolver si se ha cumplido o no la ejecutoria; y, R e s u l t a n d o: Primero. En sentencia ejecutoria dictada en los presentes autos, se concedió el amparo instado a Guadalupe del Carmen Vargas Moguel y María Guadalupe Herrera Chim respecto del acto reclamado al Director del Registro Civil del Estado de Yucatán y al Oficial Número Uno del Registro Civil del Estado de Yucatán. Segundo. Por oficio CJ-DRC-JUR-2741-2325-112-2018 suscrito por el Encargado del Registro Civil del Estado y por el Oficial 01 del citado Registro, autoridades responsables en los presentes autos, informaron sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Se dio vista a las partes con el referido oficio y sus anexos para que, dentro del término de tres días, manifestaran lo que a su interés conviniera; y C o n s i d e r a n d o: Único. Las partes no hicieron manifestación alguna respecto de la vista que se les dio en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en estos autos. Por tanto, con los elementos de convicción que obran en autos, este órgano de control constitucional procede a resolver si la ejecutoria se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". En la sentencia dictada en autos, se precisó que una vez que se notificara que había causado ejecutoria la misma, las autoridades responsables deberían actuar en los siguientes términos: La concesión del amparo otorgado a Guadalupe del Carmen Vargas Moguel y María Guadalupe Herrera Chim, lo es para el efecto de que los numerales 94 de la Constitución Política y 49 del Código de Familia, ambas legislaciones del Estado de Yucatán, no se les aplique, en el presente ni en el futuro. (.) Así como para dejar insubsistente el acto de aplicación de las normas declaradas inconstitucionales, consistente en la negativa emitida mediante oficio CJ-DRC-JUR-1797-1525-16-2018, de fecha seis de agosto de dos mil dieciocho, realizada por el Director del Registro Civil del Estado de Yucatán a formalizar el matrimonio homoparental que solicitaron por escrito el día tres del propio mes y año, ante la aludida autoridad y emita un nuevo acto acatando los lineamientos del presente fallo constitucional. En el entendido de que el efecto de la sentencia de amparo no sólo es para que se desaplique a las quejosas en el presente y futuro las porciones normativas declaradas inconstitucionales, sino también para que se les aplique la parte restante del precepto interpretado de conformidad con el principio constitucional de igualdad, de tal forma que se entienda que "el matrimonio es una institución por medio del cual se establece la unión voluntaria y jurídica celebrado entre dos personas con igualdad de derechos, deberes y obligaciones". Así, al haberse removido los obstáculos que impedían a la autoridad responsable que aplicó las normas impugnadas, a atender la solicitud para contraer matrimonio formulado por las quejosas, ésta deberá darle el trámite correspondiente. Por lo tanto, entre los efectos de la presente ejecutoria también se desprende la obligación de dichas autoridades responsables de interpretar las restantes disposiciones del Código de Familia del Estado de Yucatán relacionadas con el matrimonio que hagan referencia directa o indirecta al sexo de los contrayentes y a la finalidad de la institución, conforme con el principio de igualdad y no discriminación en los términos en los que se ha establecido en la presente ejecutoria." Del examen de las documentales antes descritas, que merecen pleno valor de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se desprende que se realizó lo siguiente: El Encargado del Registro Civil del Estado y el Oficial 01 del citado Registro, dejaron de aplicar en el presente y en lo futuro a las quejosas Guadalupe del Carmen Vargas Moguel y María Guadalupe Herrera Chim, los numerales 94 de la Constitución Política y 49 del Código de Familia, ambas legislaciones del Estado de Yucatán; de igual manera dejaron insubsistente y sin efectos el oficio CJ-DRC-JUR-1797-1525-16-2018, de fecha seis de agosto de dos mil dieciocho, en el que se negó a las citadas quejosas su solicitud de celebrar su matrimonio homoparental. Asimismo, por oficio CJ-DRC-JUR-2905-2376-163-2018, el Encargado del Registro Civil del Estado y el Oficial 01 del citado Registro, informaron que las referidas quejosas Guadalupe del Carmen Vargas Moguel y María Guadalupe Herrera Chim, ya se habían apersonado a las oficinas del mencionado registro y se agendó para llevar a cabo su unión matrimonial, el día veintinueve de diciembre del año en curso. Por tanto, de lo anterior se advierte el cabal cumplimiento de la ejecutoria, para los efectos del artículo 192 de la Ley de Amparo aplicable, de conformidad con el artículo tercero transitorio; y por consecuencia al no advertirse exceso o defecto en su cumplimiento para los efectos del artículo 196 de la Ley de la Materia aplicable, procede declarar cumplida la ejecutoria de amparo. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de quince días legalmente computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en términos de los artículos 201 y 202 del mencionado cuerpo legal, para que manifiesten ante este Juzgado su inconformidad con esta determinación, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado se tendrá por consentida la misma. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.
- Principal
V. ART. 27 FRACC I INCISO C DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. V i s t o s, los autos del presente juicio de amparo indirecto 916/2018-V, para resolver si se ha cumplido o no la ejecutoria; y, R e s u l t a n d o: Primero. En sentencia ejecutoria dictada en los presentes autos, se concedió el amparo instado a Guadalupe del Carmen Vargas Moguel y María Guadalupe Herrera Chim respecto del acto reclamado al Director del Registro Civil del Estado de Yucatán y al Oficial Número Uno del Registro Civil del Estado de Yucatán. Segundo. Por oficio CJ-DRC-JUR-2741-2325-112-2018 suscrito por el Encargado del Registro Civil del Estado y por el Oficial 01 del citado Registro, autoridades responsables en los presentes autos, informaron sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Se dio vista a las partes con el referido oficio y sus anexos para que, dentro del término de tres días, manifestaran lo que a su interés conviniera; y C o n s i d e r a n d o: Único. Las partes no hicieron manifestación alguna respecto de la vista que se les dio en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en estos autos. Por tanto, con los elementos de convicción que obran en autos, este órgano de control constitucional procede a resolver si la ejecutoria se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". En la sentencia dictada en autos, se precisó que una vez que se notificara que había causado ejecutoria la misma, las autoridades responsables deberían actuar en los siguientes términos: La concesión del amparo otorgado a Guadalupe del Carmen Vargas Moguel y María Guadalupe Herrera Chim, lo es para el efecto de que los numerales 94 de la Constitución Política y 49 del Código de Familia, ambas legislaciones del Estado de Yucatán, no se les aplique, en el presente ni en el futuro. (.) Así como para dejar insubsistente el acto de aplicación de las normas declaradas inconstitucionales, consistente en la negativa emitida mediante oficio CJ-DRC-JUR-1797-1525-16-2018, de fecha seis de agosto de dos mil dieciocho, realizada por el Director del Registro Civil del Estado de Yucatán a formalizar el matrimonio homoparental que solicitaron por escrito el día tres del propio mes y año, ante la aludida autoridad y emita un nuevo acto acatando los lineamientos del presente fallo constitucional. En el entendido de que el efecto de la sentencia de amparo no sólo es para que se desaplique a las quejosas en el presente y futuro las porciones normativas declaradas inconstitucionales, sino también para que se les aplique la parte restante del precepto interpretado de conformidad con el principio constitucional de igualdad, de tal forma que se entienda que "el matrimonio es una institución por medio del cual se establece la unión voluntaria y jurídica celebrado entre dos personas con igualdad de derechos, deberes y obligaciones". Así, al haberse removido los obstáculos que impedían a la autoridad responsable que aplicó las normas impugnadas, a atender la solicitud para contraer matrimonio formulado por las quejosas, ésta deberá darle el trámite correspondiente. Por lo tanto, entre los efectos de la presente ejecutoria también se desprende la obligación de dichas autoridades responsables de interpretar las restantes disposiciones del Código de Familia del Estado de Yucatán relacionadas con el matrimonio que hagan referencia directa o indirecta al sexo de los contrayentes y a la finalidad de la institución, conforme con el principio de igualdad y no discriminación en los términos en los que se ha establecido en la presente ejecutoria." Del examen de las documentales antes descritas, que merecen pleno valor de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se desprende que se realizó lo siguiente: El Encargado del Registro Civil del Estado y el Oficial 01 del citado Registro, dejaron de aplicar en el presente y en lo futuro a las quejosas Guadalupe del Carmen Vargas Moguel y María Guadalupe Herrera Chim, los numerales 94 de la Constitución Política y 49 del Código de Familia, ambas legislaciones del Estado de Yucatán; de igual manera dejaron insubsistente y sin efectos el oficio CJ-DRC-JUR-1797-1525-16-2018, de fecha seis de agosto de dos mil dieciocho, en el que se negó a las citadas quejosas su solicitud de celebrar su matrimonio homoparental. Asimismo, por oficio CJ-DRC-JUR-2905-2376-163-2018, el Encargado del Registro Civil del Estado y el Oficial 01 del citado Registro, informaron que las referidas quejosas Guadalupe del Carmen Vargas Moguel y María Guadalupe Herrera Chim, ya se habían apersonado a las oficinas del mencionado registro y se agendó para llevar a cabo su unión matrimonial, el día veintinueve de diciembre del año en curso. Por tanto, de lo anterior se advierte el cabal cumplimiento de la ejecutoria, para los efectos del artículo 192 de la Ley de Amparo aplicable, de conformidad con el artículo tercero transitorio; y por consecuencia al no advertirse exceso o defecto en su cumplimiento para los efectos del artículo 196 de la Ley de la Materia aplicable, procede declarar cumplida la ejecutoria de amparo. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de quince días legalmente computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en términos de los artículos 201 y 202 del mencionado cuerpo legal, para que manifiesten ante este Juzgado su inconformidad con esta determinación, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado se tendrá por consentida la misma. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio CJ-DRC-JUR-2905-2376-163-2018 suscrito por el Encargado del Registro Civil del Estado y por el Oficial 01 del citado Registro, autoridades responsables en los presentes autos, mediante el cual informa que las quejosas Guadalupe del Carmen Vargas Moguel y María Guadalupe Herrera Chim, ya se apersonaron a las oficinas del citado registro y agendaron para llevar a cabo su unión matrimonial, el día veintinueve de diciembre del año en curso. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.
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