Maria Guadalupe Hernandez Vazquez

Expediente 636/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
636/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
24/11/2021

Partes del expediente

  • Maria Guadalupe Hernandez Vazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, por el que solicita se le informe respecto de la competencia decretada en la resolución del conflicto competencial CCT. 10/2020 de su índice. Atento a su contenido, dígasele que mediante proveído de tres de julio de dos mil veinte este juzgado asumió la competencia del asunto en atención a lo resuelto en el conflicto competencial CCT.10/2020 de su índice; asimismo, desechó de plano la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, el cual quedó firme por acuerdo de veinte del mismo mes y año ordenando el archivo del expediente como totalmente concluido, lo que se hace de su conocimiento para los efectos a que haya lugar. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que el que suscribe, fue adscrito como titular de este órgano jurisdiccional, a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, de conformidad con el oficio SEADS/1104/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por Sergio Aldo Lamas Torres, Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes la presente determinación para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Brenda Elizabeth Mondragón Garduño, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, veinte de julio de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, y en específico el contenido de la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa María Guadalupe Hernández Vázquez, hubiese recurrido el proveído de tres de julio de dos mil veinte, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se desechó la demanda; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Notifíquese. Lo proveyó Manuel Camargo Serrano, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido del secretario Carlos Alberto García López, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio 525, del actuario del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del expediente 636/2020, del índice de este Juzgado. Acúsese recibo correspondiente. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; glósense las constancias que obren en original en el cuaderno de antecedentes. Ahora bien, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, remitió el testimonio de la resolución electrónica dictada el veintiséis de mayo dos mil veinte, en el conflicto competencial CCT. 10/2020 de su índice, de la que se advierte que la Superioridad resolvió lo siguiente: (Transcripción) PRIMERO. La competencia para conocer de la demanda de amparo indirecto promovida por María Guadalupe Hernández Vázquez, se surte a favor del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. - - -SEGUNDO. Remítanse los autos a la citada autoridad, y hágase saber lo anterior al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. Sentido de la determinación. Una vez analizada en su integridad la demanda de amparo, este Juzgador advierte que se debe desechar de plano la misma. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De esa norma deriva la obligación del Juez de Distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro; por indudable, aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice, de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Causa de improcedencia que se actualiza. Este juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Materia, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 de la ley de la Materia, por no cumplir con el principio de instancia de parte agraviada que rige al juicio de amparo; toda vez que la demanda de amparo carece de la firma de quien supuestamente la presenta, por tanto, legalmente, no hay manifestación de voluntad para acudir a la instancia constitucional. Dichos preceptos establecen lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". En efecto, de acuerdo con los artículos invocados, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; esto es, sólo puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la legislación de la materia, por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en dicha legislación. Conforme a los lineamientos del artículo 76, párrafo segundo, en relación con los diversos 59 y 64, todos del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es el quejoso, o en su caso, quién promovió la demanda, debe contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular de la misma, que es equiparable a un documento de identidad con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. En la especie, la demanda de amparo de que se trata presentada vía electrónica; carece de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), de la supuesta promovente María Guadalupe Hernández Vázquez; cuestión que se desprende de la propia demanda y se corrobora con certificación realizada por el secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en acuerdo de seis de mayo de dos mil veinte, que asentó "[.] CERTIFICA: Que fue presentada vía electrónica ante el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, y que el señalado escrito carece de evidencia criptogrtáfica del código de seguridad y firma electrónica en términos de los artículos 72 y 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, [.]". En este sentido, tomando en cuenta que la firma entraña la exteriorización de la voluntad de la persona en todos los actos jurídicos y, toda vez que la demanda de amparo no cuenta con la de la supuesta promovente, debe considerarse que esta no exteriorizo su voluntad para acudir a la vía constitucional; es decir, no hay instancia de parte. En la inteligencia que la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo, no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de quien promueve una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), que lleva por rubro: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE". 1 Sin que en el caso nos encontremos en el supuesto de excepción a que se refiere el artículo 109, último párrafo, de la Ley de Amparo; conforme al cual, será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida, esto es, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional (pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales), así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo; caso en el cual, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Es así, pues en el presente juicio de amparo se reclama la omisión de proveerle de material de trabajo idóneo para realizar sus funciones médicas dentro del Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceága", en el servicio de Nefrología; y la omisión de verificar el cumplimiento de una suspensión de plano dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. De ahí que, en concepto de este juzgado de Distrito, y contrario a lo afirmado en la demanda, no existe un riesgo inminente para la supuesta quejosa, que importe peligro de privación de su vida, como se indica en el escrito de demanda, pues del propio escrito se desprende que previamente a la promoción del presente juicio, instó uno diverso ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mismo que fue radicado con el número 512/2020, en el que demandó la falta de insumos médicos para realizar sus labores médicas; Órgano Jurisdiccional que le otorgó la suspensión de plano a efecto de que se le proporcionaran los insumos médicos necesarios. Sin embargo, al no cumplirse la suspensión de plano (según su dicho), promovió el presente juicio de amparo, a efecto de que le sean proporcionados los materiales médicos que necesita y que se cumpla la diversa suspensión de plano que le fue otorgada por un diverso órgano jurisdiccional. De lo que se desprende que no existe un riesgo inminente que importe peligro de privación de la vida de la supuesta quejosa, precisamente porque instó un diverso juicio de amparo mismo que se encuentra en trámite según se desprende del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el que se atenderán sus pretensiones. En todo caso, el solo temor de contagio no puede eximir a la quejosa de cumplir con el aludido requisito, debido a que ello, por sí mismo, no implica un riesgo inminente de perder la vida, ni justifica que esté imposibilitado para suscribir materialmente la demanda; aunado a que la Ley de la materia no prevé dicho supuesto en los casos como los actos reclamados, al no ubicarse en alguna de las hipótesis establecidas en los numerales señalados en el párrafo que antecede que obliguen al Juzgado a dispensar la firma autógrafa o la electrónica de la directa quejosa. Máxime que el perjuicio alegado es una eventualidad planteada por la quejosa, pues contrario a lo aseverado para justificar las hipótesis que prevé el artículo 15 de la Ley, se observa que la quejosa, no ha sido asignada a un área de atención de pacientes con COVID-19, En ese contexto procesal, al no existir por el momento un riesgo inminente para la quejosa, que importe peligro de privación de su vida, ni menoscabo en su salud, entonces no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, para que la demanda electrónica pueda ser presentada sin la firma electrónica de quien lo promueve. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en cita, de manera notoria, manifiesta e indudable, al no apreciarse en la demanda la voluntad de quien aparece como promovente, entonces con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente. Notifíquese personalmente

  4. Principal

    En esta fecha se publica por medio de lista de acuerdos a la parte quejosa, el proveído de fecha tres de julio de dos mil veinte, el cual establece: Téngase por recibido el oficio 525, del actuario del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del expediente 636/2020, del índice de este Juzgado. Acúsese recibo correspondiente. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; glósense las constancias que obren en original en el cuaderno de antecedentes. Ahora bien, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, remitió el testimonio de la resolución electrónica dictada el veintiséis de mayo dos mil veinte, en el conflicto competencial CCT. 10/2020 de su índice, de la que se advierte que la Superioridad resolvió lo siguiente: (Transcripción) PRIMERO. La competencia para conocer de la demanda de amparo indirecto promovida por María Guadalupe Hernández Vázquez, se surte a favor del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. - - -SEGUNDO. Remítanse los autos a la citada autoridad, y hágase saber lo anterior al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. Sentido de la determinación. Una vez analizada en su integridad la demanda de amparo, este Juzgador advierte que se debe desechar de plano la misma. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De esa norma deriva la obligación del Juez de Distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro; por indudable, aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice, de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Causa de improcedencia que se actualiza. Este juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Materia, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 de la ley de la Materia, por no cumplir con el principio de instancia de parte agraviada que rige al juicio de amparo; toda vez que la demanda de amparo carece de la firma de quien supuestamente la presenta, por tanto, legalmente, no hay manifestación de voluntad para acudir a la instancia constitucional. Dichos preceptos establecen lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". En efecto, de acuerdo con los artículos invocados, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; esto es, sólo puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la legislación de la materia, por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en dicha legislación. Conforme a los lineamientos del artículo 76, párrafo segundo, en relación con los diversos 59 y 64, todos del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es el quejoso, o en su caso, quién promovió la demanda, debe contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular de la misma, que es equiparable a un documento de identidad con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. En la especie, la demanda de amparo de que se trata presentada vía electrónica; carece de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), de la supuesta promovente María Guadalupe Hernández Vázquez; cuestión que se desprende de la propia demanda y se corrobora con certificación realizada por el secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en acuerdo de seis de mayo de dos mil veinte, que asentó "[.] CERTIFICA: Que fue presentada vía electrónica ante el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, y que el señalado escrito carece de evidencia criptogrtáfica del código de seguridad y firma electrónica en términos de los artículos 72 y 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, [.]". En este sentido, tomando en cuenta que la firma entraña la exteriorización de la voluntad de la persona en todos los actos jurídicos y, toda vez que la demanda de amparo no cuenta con la de la supuesta promovente, debe considerarse que esta no exteriorizo su voluntad para acudir a la vía constitucional; es decir, no hay instancia de parte. En la inteligencia que la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo, no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de quien promueve una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), que lleva por rubro: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE". 1 Sin que en el caso nos encontremos en el supuesto de excepción a que se refiere el artículo 109, último párrafo, de la Ley de Amparo; conforme al cual, será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida, esto es, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional (pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales), así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo; caso en el cual, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Es así, pues en el presente juicio de amparo se reclama la omisión de proveerle de material de trabajo idóneo para realizar sus funciones médicas dentro del Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceága", en el servicio de Nefrología; y la omisión de verificar el cumplimiento de una suspensión de plano dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. De ahí que, en concepto de este juzgado de Distrito, y contrario a lo afirmado en la demanda, no existe un riesgo inminente para la supuesta quejosa, que importe peligro de privación de su vida, como se indica en el escrito de demanda, pues del propio escrito se desprende que previamente a la promoción del presente juicio, instó uno diverso ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mismo que fue radicado con el número 512/2020, en el que demandó la falta de insumos médicos para realizar sus labores médicas; Órgano Jurisdiccional que le otorgó la suspensión de plano a efecto de que se le proporcionaran los insumos médicos necesarios. Sin embargo, al no cumplirse la suspensión de plano (según su dicho), promovió el presente juicio de amparo, a efecto de que le sean proporcionados los materiales médicos que necesita y que se cumpla la diversa suspensión de plano que le fue otorgada por un diverso órgano jurisdiccional. De lo que se desprende que no existe un riesgo inminente que importe peligro de privación de la vida de la supuesta quejosa, precisamente porque instó un diverso juicio de amparo mismo que se encuentra en trámite según se desprende del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el que se atenderán sus pretensiones. En todo caso, el solo temor de contagio no puede eximir a la quejosa de cumplir con el aludido requisito, debido a que ello, por sí mismo, no implica un riesgo inminente de perder la vida, ni justifica que esté imposibilitado para suscribir materialmente la demanda; aunado a que la Ley de la materia no prevé dicho supuesto en los casos como los actos reclamados, al no ubicarse en alguna de las hipótesis establecidas en los numerales señalados en el párrafo que antecede que obliguen al Juzgado a dispensar la firma autógrafa o la electrónica de la directa quejosa. Máxime que el perjuicio alegado es una eventualidad planteada por la quejosa, pues contrario a lo aseverado para justificar las hipótesis que prevé el artículo 15 de la Ley, se observa que la quejosa, no ha sido asignada a un área de atención de pacientes con COVID-19, En ese contexto procesal, al no existir por el momento un riesgo inminente para la quejosa, que importe peligro de privación de su vida, ni menoscabo en su salud, entonces no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, para que la demanda electrónica pueda ser presentada sin la firma electrónica de quien lo promueve. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en cita, de manera notoria, manifiesta e indudable, al no apreciarse en la demanda la voluntad de quien aparece como promovente, entonces con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente. Notifíquese

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