María Guadalupe Hernández Millán

Expediente 460/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
460/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
16/05/2023

Partes del expediente

  • María Guadalupe Hernández Millán

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días hábiles que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 97 fracción I inciso a), de dicha normatividad, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda que generó el presente juicio; en consecuencia, de conformidad con el numeral 2 de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente juicio de amparo, atendiendo a sus particularidades, es destruible y carece de relevancia documental, por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Expediente que de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establecen los capítulos quinto, sexto o séptimo del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el primer párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, procédase a su destrucción en términos del penúltimo parágrafo del referido dispositivo; lo que se estima acontecerá a partir del dieciocho de mayo de dos mil veintiséis.

  2. Principal

    Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte que no le fue posible al Actuario Judicial de la adscripción notificar personalmente a la quejosa María Guadalupe Hernández Millán, el proveído de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, dictado en el presente expediente, por los motivos que en la misma expresa. Así entonces, túrnense los autos al Actuario Judicial adscrito a este órgano de control constitucional para que proceda a notificarle la resolución a que se refiere el párrafo que antecede, y las subsecuentes determinaciones de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; lo anterior hasta en tanto proporcione domicilio para tal efecto.

  3. Principal

    En cumplimiento a lo ordenado en autos se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de veintisiete de abril de dos mil veintitrés que dice: Vista la demanda de amparo que promueve María Guadalupe Hernández Millán, contra actos de la Secretaría de Salud Federal en la Ciudad de México, y otras autoridades; en consecuencia, fórmese y regístrese el expediente número 460/2023. Ahora, en el caso conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de amparo, el Juez debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "(.) El Juez de distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e 23/12/23 12:48:12 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.aa.3e ALEJANDRA PARRA GALVAN indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado (.)" En el caso, es indudable y manifiesta la improcedencia del juicio de amparo que promueve presuntamente María Guadalupe Hernández Millán, en atención a las siguientes consideraciones: Analizado el escrito inicial, así como lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, se desprende que se trata de un escrito presentado aparentemente por María Guadalupe Hernández Millán, según se aprecia del proemio de la demanda de amparo; sin embargo, carece de evidencia criptográfica de quien aparentemente la promueve haciendo uso de los medios y servicios electrónicos a través de la página oficial http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. Circunstancia que se corrobora con la anotación realizada por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, de esta ciudad, en la papeleta de turno de la misma y por el Oficial de Partes de este Juzgado en el escrito inicial, pues se asentó que éste se recibió sin firma. Ahora, tal y como quedó apuntado, el escrito de demanda no contiene evidencia criptográfica relativa a la firma de quien promueve, elemento formal e indispensable del que no debe existir duda alguna, ya que es mediante el cual se expresa la voluntad de quien promueve; por lo que al no existir tal certeza, no se cumple con lo dispuesto en los párrafos quinto y séptimo del artículo 3° de la Ley de Amparo, ni se reúne el requisito que al efecto prevé el artículo 6° de la citada ley, el cual establece que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5°, del referido ordenamiento legal. En ese sentido, al no expresarse la voluntad de persona determinada que promueve a través del signo gráfico, como es su firma, o en el caso que nos ocupa, mediante la firma 23/12/23 12:48:12 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.aa.3e ALEJANDRA PARRA GALVAN electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la e.firma que otorga el Servicio de Administración Tributaria, que son los medios autorizados para ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, acorde a lo dispuesto por el párrafo quinto del artículo 3° de la Ley de Amparo (la que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa), ya que a través de la misma, se afirma que la acción constitucional no se ha ejercido, razón por la cual se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61, en relación con los artículos 3° y 6° de la ley de Amparo.1 Sin que en el caso se actualice el supuesto de excepción previsto en el último párrafo del numeral 3° de la Ley de Amparo2 y en el artículo 65 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal3 , que regula los servicios tecnológicos 1 "Artículo 3°. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." 2 "Artículo 3° (.) No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." 3 "Artículo 65. El registro de usuarios en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación no es obligatorio tratándose de demandas de amparo en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. 23/12/23 12:48:12 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.aa.3e ALEJANDRA PARRA GALVAN relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, dado que los actos que se señalan como reclamados, no se encuadran dentro de los prohibidos por el artículo 22 constitucional y 154 de la ley de la materia. Pues si bien de la demanda se aprecia que la quejosa refiere en forma medular el incumplimiento del derecho a la salud y acceso a servicios necesarios, es decir, la falta de atención médica respecto del padecimiento denominado gonalgia de rodilla, por el que requiere cirugías para el retiro de placa y de artroplastia total de rodilla derecha - prótesis de titanium-, respecto de lo cual, solicita, le conceda la suspensión de plano, tales actos no se encuentran previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo, ni en el 22 constitucional, además que tampoco se encuentran contemplados entre los supuestos urgentes establecidos en el artículo 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales vigente. No pasa desapercibido, que dicho acuerdo señala que se consideran como asuntos urgentes para su turno, entre otros, a las demandas de amparo por falta de atención médica especializada de las personas privadas de su libertad en un centro de reclusión; sin embargo, del análisis del ocurso constitucional, se desprende que no es el caso de la quejosa. Además, que la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama de hipótesis no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los En este caso tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente, sin embargo, para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, será necesario que el usuario se registre en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación" 4 Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. 23/12/23 12:48:12 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.aa.3e ALEJANDRA PARRA GALVAN casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan a la quejosa en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete a la impetrante a cierto dolor físico o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida. Amén que, se estima que en el caso la falta de atención médica no se ubica en alguna hipótesis de tormento para decretar la suspensión de plano solicitada, dado que a través de la acción constitucional se reclaman omisiones que perturban en agravio de la quejosa un completo y correcto acceso a los servicios médicos, pero no que se cause a la impetrante un dolor corporal o sufrimiento físico de manera intencional. Por lo que en el último de los supuestos, el juez de amparo debe conceder la suspensión de oficio y de plano, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento. Así entonces, del análisis del ocurso constitucional, narrado bajo protesta de decir verdad, lo cual constituye una confesión, de acuerdo con el artículo 200 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que la quejosa manifiesta que padece una lesión en la rodilla denominada gonalgia de rodilla, que le impide tener movilidad plena, por lo que requiere de dos cirugías para el retiro de placa y de artroplastia total de rodilla derecha - prótesis de titanium-. Que en abril de dos mil veinte, empezó a recibir atención médica en la Unidad Médica Familiar número 33, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en esta ciudad, y en ese mismo mes, ya contaba con la documentación y estudios necesarios 23/12/23 12:48:12 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.aa.3e ALEJANDRA PARRA GALVAN listos para que se llevara a cabo, sin embargo, le informaron que no contaban con citas disponibles y que dentro de los quince días siguientes se comunicarían con ella para programarle nueva cita, lo que a la fecha no ha acontecido. Bajo la anterior narrativa, el suscrito estima que el presente caso, no se encuentra ante la presencia de un acto que obligue a decretar la suspensión de oficio, y que con motivo de ello se actualice el supuesto de excepción previsto en el último párrafo del numeral 3° de la Ley de Amparo, ya que no se desprende que la responsable se está negando a brindarle atención médica, ni que se encuentre comprometida gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento, pues incluso a la demanda se adjuntó copia de la cartilla de citas médicas expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a nombre de María Guadalupe Hernández Millán, de la que se advierte que se le han programado múltiples citas para atención médica, siendo la ultima el cuatro de abril de este año. En ese contexto, para la tramitación del juicio que se intenta promover presuntamente por María Guadalupe Hernández Millán, es requisito indispensable, que el escrito de demanda cuente con las formalidades previstas en la ley de la materia, esto es, en el caso que nos ocupa la electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), o bien la e.firma que otorga el Servicio de Administración Tributaria, pues las mismas, denotan la voluntad de quien ha sido afectado en su interés jurídico, para promover este medio de defensa que se rige por el principio de parte agraviada. Por tanto, ya que el escrito de demanda en comento no contiene la firma criptográfica de quien promueve, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por los numerales 107 fracción I, constitucional, en relación con el 5 y 6 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, en relación con el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de 23/12/23 12:48:12 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.aa.3e ALEJANDRA PARRA GALVAN Amparo, pues no existe voluntad para promover el juicio constitucional, requisito indispensable para proveer respecto a su admisión, lo que da lugar a desechar de plano la demanda de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 79, del libro 65, tomo I, abril de 2019, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de registro 2019715, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a 23/12/23 12:48:12 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.aa.3e ALEJANDRA PARRA GALVAN través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Por otra parte, con apoyo en las razones esgrimidas en los párrafos que anteceden, esto es ante la ausencia de la expresión de voluntad de la promovente, no ha lugar a tenerle por designados a los autorizados, usuarios, correo electrónico y domicilio que indica. No obstante lo anterior, a fin de no dejar en estado de indefensión a la promotora de la acción constitucional, notifíquese por esta única ocasión el presente proveído a la quejosa en el domicilio descrito en su demanda. Por último, atento a lo previsto en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los ordinales 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al hacerse pública la sentencia que se dicte en este asunto; apercibidas que de no hacerlo, en la versión pública que se realice de dicha determinación, se suprimirá la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 5, 14, 25, 28, 44, 23/12/23 12:48:12 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.aa.3e ALEJANDRA PARRA GALVAN 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente a María Guadalupe Hernández Millán.

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