María Guadalupe Hernández Mancha
Expediente 927/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 927/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- María Guadalupe Hernández Mancha
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que inmediatamente antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, primer párrafo, en relación con el 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren recurrido la resolución dictada en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 2o de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobreseyó, en el presente juicio, causó ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por consiguiente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo, agréguese el cuaderno de antecedentes, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su artículo 21, inciso a), que a la letra dice: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General". Por ende, a efecto de acatar el referido acuerdo, envíese el mismo al archivo de trámite y tomando en consideración que el presente asunto no es de relevancia documental, procede determinar que el presente asunto es destruible en un plazo de tres años, contados a partir del presente auto que ordena el archivo, por lo que deberá procederse a su destrucción en los términos ordenados en el penúltimo párrafo del numeral trascrito. Luego, cabe precisar que el acto reclamado en el presente asunto deriva de un juicio laboral, por ende, no se ubica en ninguno de los supuestos contenidos en el artículo 15 del invocado Acuerdo General , motivo por el que no se considera de información reservada y dado que se actúa en el presente cuadernillo, no obran documentos originales por devolver.
- Principal
R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por María Guadalupe Hernández Mancha, contra actos atribuidos a la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, conforme a los motivos y fundamentos expuestos en el considerando último del presente fallo.
- Principal
Chihuahua, Chihuahua, siete de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos, de los que se advierte que el doce de noviembre del año en curso, se suspendió la tramitación del presente juicio de garantías, en cumplimiento a lo previsto por las circulares SECNO/24/2020 y SECNO/25/2020, suscritas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, el treinta de octubre y doce de noviembre de dos mil veinte, respectivamente; mediante las cuales, se suspendieron las labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, de este Decimoséptimo Circuito, con residencia en el Estado de Chihuahua, durante el plazo comprendido del tres al veintisiete del mes y año que transcurre; lo anterior, con la finalidad de proteger la salud de los justiciables, así como de los servidores públicos adscritos a los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas. Luego, toda vez el plazo de suspensión ha fenecido, se reanuda el trámite del presente juicio de amparo, en los términos precisados por el Acuerdo General 21/2020, del pleno del consejo de la judicatura federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. Para tal efecto, se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, de la que se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por el Secretario autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, para desempeñar las funciones de Juez, así como por el secretario con quien actúe, en forma autógrafa o electrónica, o ambas, según las circunstancias; por tanto, no es indispensable que concurran a ella las partes, aunque podrán alegar por escrito sin acudir físicamente a dicho acto. Por tanto, hágase del conocimiento de las partes, que el trámite del juicio de garantías en que se actúa, se regirá bajo los lineamentos decretados en proveído de veinte de agosto del año en curso. Por otra parte, de los autos se advierte que aún no se ha llevado a cabo el emplazamiento de la parte tercero interesada; por tal motivo de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 5, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, con copia de la demanda emplácese a juicio al tercero interesado Instituto Helen Keller, A. C., por conducto de su representante legal licenciado Pablo Tamez Galindo, en el domicilio ubicado en la calle J. Eligio Muñoz, número 2306, colonia Santo Niño, en esta ciudad, para que comparezca a juicio si así conviniere a sus intereses Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que, mediante oficio CCJ/ST/2784/2020, de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, el Secretario Técnico de la Comisión de la Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, informó que con motivo de la readscripción de la Titular María Guadalupe Contreras Jurado, la referida Comisión de Carrera Judicial, autorizó al licenciado Adolfo Rendón Sotelo, para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, a partir del veinticuatro de noviembre del presente año, y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno referido adscriba titular a este órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Visto el estado de autos, de los que se advierte que para esta fecha se encuentra señalada la audiencia constitucional; sin embargo, existe imposibilidad jurídica para su celebración, toda vez que aun no se encuentra debidamente integrado; además, de conformidad con la Circular SECNO/24/2020, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se suspende la tramitación del presente juicio de amparo. Ello es así, pues de dicha circular se desprende que en sesión de treinta de octubre de dos mil veinte, la Comisión Especial, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en relación con contagios de la enfermedad Covid-19, en los órganos jurisdiccionales del Decimoséptimo Circuito, con residencia en el Estado de Chihuahua", con la finalidad de salvaguardar la salud de las personas justiciables y de las personas que prestan sus servicios en los órganos jurisdiccionales y en las áreas administrativas. De igual manera, precisó que los órganos jurisdiccionales de este Decimoséptimo Circuito, se retrotraen al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del Covid-19; durante el periodo comprendido del treinta y uno de octubre al trece de noviembre de dos mil veinte. Por tanto, este Juzgado de Distrito, únicamente tramitará ocursos que sean considerados como "urgentes", independientemente de la forma de presentación; asimismo, dará seguimiento a los asuntos ya radicados que reúnan la misma naturaleza; procediendo a la suspensión de todos aquellos asuntos que no se encuentren dentro de este supuesto. De igual manera, se recibirán y tramitarán asuntos nuevos que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, con la excepción de aquellos en los cuales se requiera celebración de audiencias o diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y no pueda desahogarse mediante videoconferencia o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones. En ese contexto, se precisa que de conformidad con el AG 13/2020, del Plano del Consejo de la Judicatura Federal, los trámites considerados como urgentes, son los siguientes: "Artículo 4. Deberán considerarse como urgentes, de forma enunciativa y no limitativa, los siguientes asuntos: I. Los asuntos competencia del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones. II. En materia penal: a) Ejercicio de la acción penal con detenido; b) Ejercicio de la acción penal sin detenido por delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa; c) Diligenciación de comunicaciones oficiales y exhortos necesarios para que se resuelva sobre la situación jurídica; d) Solicitudes de orden de cateo e intervención de comunicaciones privadas; e) La calificación de detenciones; f) Las vinculaciones a proceso; g) Implementación y modificación de medidas cautelares relacionadas con prisión preventiva; h) Determinaciones sobre extradición; i) Impugnación de determinaciones de Ministerios Públicos que promueva la víctima y que la jueza o el juez estime trascendentes para el ejercicio de sus derechos en el contexto de la contingencia; j) Procedimiento abreviado; k) Suspensión condicional del proceso; l) En el sistema penal tradicional, diligencias para recibir declaraciones preparatorias y actuaciones en el periodo de pre-instrucción; m) En el sistema penal tradicional, resolución de incidentes innominados de traslación del tipo y desvanecimiento de datos; y n) Apelaciones contra autos de plazo constitucional que afecten la libertad de las personas, contra las determinaciones que impongan medida cautelar de prisión preventiva, y contra las resoluciones que se emitan en los incidentes y controversias previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, relacionadas con la libertad, salud e integridad física de las personas. III. En ejecución penal: a) Gestiones previas a la inminente compurgación de la pena; b) Actuaciones de trámite que puedan decidirse y acordarse por escrito y que permitan la resolución del expediente de ejecución; c) Resoluciones por escrito sobre peticiones de personas privadas de la libertad, si no existiere controversia entre las partes ni desahogo de prueba; d) Trámite para la determinación y ejecución de beneficios preliberacionales (libertad preparatoria, anticipada, condicionada y la sustitución o suspensión temporal de la pena) y los derivados de la Ley de Amnistía publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de abril de 2020; e) Asuntos relativos a condiciones de internamiento que versen sobre atención médica relacionada con el tercer escalón sanitario (hospitalización); f) Asuntos relacionados con segregación y tortura; y g) Planteamientos en torno a las afectaciones derivadas del Covid-19 con motivo del internamiento. IV. En general, todas las demandas de amparo o acciones contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, destierro, extradición, desaparición forzada de personas, malos tratos, tortura psicológica, segregación y demás prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; así como, las presentadas por falta de atención médica especializada de las personas privadas de su libertad en un centro de reclusión. V. En amparo civil: a) Amparos contra determinaciones sobre medidas cautelares, precautorias o de protección en casos de violencia intrafamiliar y contra las mujeres en general; b) Amparos contra determinaciones sobre pensiones alimenticias corrientes; y c) Amparos relacionados con actos que afecten el interés superior de menores de edad y que la jueza o el juez estime trascendentes para el ejercicio de sus derechos en el contexto de la contingencia. VI. Medidas cautelares en concursos mercantiles, ya sea que se trate de solicitudes o demandas nuevas, o los que ya estuvieran en trámite. VII. Declaración de inexistencia de huelga. VIII. Incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. IX. En general, aquéllos que revistan tal carácter de urgencia conforme a las leyes que los rijan. Al respecto, es importante considerar: a) Los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual trasgresión y las consecuencias que pudiera traer la espera en la conclusión del periodo de contingencia, cuya extensión y ramificaciones se apartan de las de un simple receso; y b) Los posibles impactos diferenciados e interseccionales sobre el acceso a derechos económicos y sociales para colectivos y poblaciones en especial situación de vulnerabilidad, destacando enunciativamente los relacionados con su salud. En el caso, la parte quejosa reclama específicamente lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: De la Autoridad Ordenadora y Ejecutora H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE reclamo la omisión de emitir el laudo en el juicio laboral 2/19/1684 del índice de la responsable y que sigue el suscrito quejoso MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ MANCHA en contra de INSITUTO HELEN KELLER, A.C., no obstante que desde el 12 de Diciembre del 2019 está pendiente de emitirse el Laudo que ponga fin a dicho juicio.". En ese tenor, se advierte que en el presente juicio de garantías, no se reclama alguno de los actos señalados en el dispositivo legal antes transcrito; por tanto se suspende su tramitación y se reserva señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, hasta en tanto se reanuden las labores de los órganos jurisdiccionales del Decimoséptimo Circuito, con residencia en el Estado de Chihuahua.
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