María Guadalupe Hernández Cruz

Expediente 763/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
763/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
18/10/2021

Partes del expediente

  • María Guadalupe Hernández Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, interpongan recurso de revisión contra la sentencia del dos de septiembre de dos mil veintiuno, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que negó el amparo en este juicio, ha causado ejecutoria. Realícense las anotaciones respectivas y hágase del conocimiento de las partes lo anterior. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable y por lista electrónica a las demás partes. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    VI. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 763/2021-VI; y R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado el cinco de agosto de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado a este Juzgado el nueve siguiente, **********, por derecho propio, ocurrió a demandar el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez de Ejecución Penal de Zumpango, Estado de México. II. Por acuerdo del diez de agosto de dos del dos mil veintiuno, se admitió a trámite el presente juicio, el cual quedó registrado con el número 763/2021-VI; se pidió a la autoridad responsable rindiera su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, en relación con el Acuerdo General 3/2013, dado que se reclama un acto de naturaleza penal atribuido a una autoridad jurisdiccional que radica dentro de la jurisdicción que corresponde a este órgano. SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: La determinación del quince de julio de dos mil veintiuno, emitida por el Juez de Ejecución Penal de Zumpango, Estado de México en la carpeta 58/2021, en que se desechó la solicitud de la quejosa para el otorgamiento de amnistía. TERCERO. El Juez de Ejecución Penal de Zumpango, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado. CUARTO. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, lo aleguen o no las partes, toda vez que son de orden público, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. No habiendo causa de improcedencia hecha valer por las partes, ni advertida por el suscrito, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, los cuales se dan por reproducidos, al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo, que señale que deba hacerse en la sentencia transcripción de ellos. La parte quejosa refiere de manera sustancial en sus conceptos de violación que en la determinación reclamada: - El juez responsable vulnera el derecho fundamental consagrado en el primer párrafo del artículo 14 Constitucional interpretado a contrario sensu, al no aplicar la ley que más beneficie al gobernado, dado que negó su petición de otorgarle la amnistía, por considerar que la Ley de Amnistía, sólo es aplicable a los delitos cometidos hasta su entrada en vigor, sin considerar que la aplicación de esa ley le resulta más benéfica, violentando con ello el principio de aplicación de la norma de manera retroactiva en beneficio de la quejosa. - Conforme al artículo 1 y 17 constitucionales, el Juez debió considerar que la ley de amnistía es la que más le beneficia, por lo que se le debe aplicar a la quejosa. En relación con tales planteamientos, importa tener en cuenta la determinación que constituye el acto reclamado, consiste en la determinación del quince de julio de dos mil veintiuno, emitida por el Juez de Ejecución Penal de Zumpango, Estado de México en la carpeta de amnistía 58/2021, en que se desechó la solicitud de la quejosa para el otorgamiento de amnistía. En dicha determinación, el juez responsable precisó que de conformidad con el artículo 1o. de la Ley de Amnistía para el Estado de México, publicada en la Gaceta del Gobierno de dicha entidad federativa, el cinco de enero de dos mil veintiuno, que entró en vigor al día siguiente, esta sólo es aplicable a los delitos cometidos hasta la entrada en vigor de dicha ley; de modo que si los hechos por los que se instruyó la causa penal a la aquí quejosa ocurrieron el ocho de marzo de dos mil veintiuno, esto es, posterior a la entrada en vigor de la Ley de Amnistía del Estado de México, no le resulta aplicable. Destacó que no era óbice a esa determinación los argumentos formulados por el solicitante de amnistía relativo a la aplicación de la norma que mayor le beneficio le acarrea, como lo es la Ley de Amnistía, pues no resultan aplicables al caso, habida cuenta que como quedó argumentado dicha ley sólo es aplicable a conductas delictivas cometidas previo a su entrada en vigor. De la confrontación de los conceptos de violación que la ahora quejosa expone, en relación con las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, ponen de manifiesto lo infundado de concepto de violación. En efecto, cabe precisar que de la exposición de motivos de la Ley de Amnistía, se advierte lo siguiente: "La amnistía es el acto del Poder Legislativo que ordena el olvido oficial de una o varias categorías de delitos, aboliendo los procesos comenzados o que han de comenzarse. Figura en la que esencialmente deben definirse los delitos en los que se podrá aplicar, las atribuciones y alcances de las autoridades que intervienen, los procedimientos a desarrollar, la legitimidad para presentar la solicitud, los tiempos de respuesta, entre otros. (.) A pesar de ello, nuestro sistema de corte acusatorio no ha dejado de generar una cantidad considerable de víctimas de violaciones de derechos humanos y a garantías en los procesos, destacando violaciones al debido proceso, a la libertad, igualdad e integridad de las personas, que en la gran mayoría de las ocasiones se cometen en contra de personas en situación de vulnerabilidad, particularmente en situación de pobreza. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) del año 2016, realizada con el propósito de generar información sobre la experiencia del procedimiento penal e internamiento de la población de 18 años en adelante, privada legalmente de la libertad como consecuencia de la comisión o supuesta comisión de un delito, señala que el 36.9% de la población compartió o comparte celda con más de 15 personas, y que el 97.4% de la población reclusa trabajaba previo a su privación de la libertad y tenían dependientes económicos. Otro de los datos duros es el hecho de que del 100% de la población privada de la libertad, tan solo el 17% delinquió previamente y admitió haber estado en una cárcel, siendo el delito de robo el de mayor comisión con el 65.9%, lo que nos permite concluir que el 83% de la población privada de la libertad son delincuentes primarios recluidos por delitos patrimoniales como el robo. (.) De acuerdo con datos de la propia Secretaría de Seguridad del Estado de México, no se puede hablar de una verdadera reinserción social cuando hay poco más de treinta mil personas privadas de su libertad en veintidós penales estatales, cuya capacidad está dispuesta para trece mil reos. Por ello, surge la necesidad de una despresurización de estos centros, basada en figuras como la amnistía y no en construcción de más penales." De conformidad con la exposición de motivos de la Ley de Amnistía, esta es el acto del Poder Legislativo que ordena el olvido oficial de una o varias categorías de delitos, aboliendo los procesos comenzados o que han de comenzarse. Figura en la que esencialmente deben definirse los delitos en los que se podrá aplicar, las atribuciones y alcances de las autoridades que intervienen, los procedimientos a desarrollar, la legitimidad para presentar la solicitud, los tiempos de respuesta, entre otros; y su expedición obedeció al hecho de que conforme a la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del año dos mil dieciséis, entre otros datos se obtuvo que el delito de robo es el de mayor comisión con el 65.9%, lo que permitía concluir que el 83% de la población privada de la libertad son delincuentes primarios recluidos por delitos patrimoniales como el robo. Por ello surgió la necesidad de despresurizar los centros preventivos de readaptación social, basada en figuras como la amnistía y no en construcción de más penales, con lo que se buscó beneficiar a los grupos poblacionales más vulnerables; sin embargo, bajo ninguna circunstancia se otorgaría amnistía a quienes hubieran cometido algún delito mayor o grave, fueran reincidentes o delinquieran con habitualidad, porque existía el compromiso con la protección a las víctimas y evitar a toda costa la revictimización. En ese contexto, podemos considerar que la expedición de la Ley de Amnistía obedeció a una cuestión de política criminal, esto es, a mitigar la sobrepoblación de los penales, dado el alto índice de personas presas por diversos delitos que no se consideran de alto impacto, como aborto, robo simple y con violencia, en este último caso siempre que concurrieran una seria de circunstancias. De lo anterior, se colige que la amnistía, como acto del poder social, tiene por resultado que, olvidadas ciertas infracciones, se den por terminados los procesos y si ya fueron fallados, queden sin efecto las condenas impuestas con motivo de esas infracciones; produce sus efectos antes o después de la condena; pero en los dos casos, borra los actos que han pasado antes de ella, suprime la infracción, la persecución del delito, la formación de los juicios, en una palabra, borra todo el pasado y sólo se detiene delante de la imposibilidad de los hechos. De ese modo, las normas que contemplen la amnistía, como lo es Ley de Amnistía para el Estado de México, su naturaleza radica en regular hechos que ocurrieron en el pasado, como es el caso pues uno de los motivos fue la sobrepoblación en los centros preventivos de readaptación social, de modo que no es posible aplicarlo a hechos surgidos con posterioridad a su entrada en vigor, sobre todo sí es el legislador quien impone esa restricción. Sostener lo contrario, esto es, que se aplique hacia hechos posteriores a la vigencia de la Ley de Amnistía, implicaría fomentar la comisión de los delitos contemplados en esa ley, a sabiendas de que en un momento dado el sujeto activo del delito se puede ver favorecido en con dicho beneficio. En ese orden de ideas, el artículo 1o. de la Ley de Amnistía del Estado de México, establece: "Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general y obligatoria en el Estado de México, y tiene por objeto establecer las bases para decretar amnistía en favor de las personas en contra de quienes estén vinculadas a proceso o se les haya dictado sentencia firme ante los tribunales del orden común, por los delitos previstos en ésta Ley, cometidos hasta la fecha de entrada en vigor de la misma, siempre y cuando no sean reincidentes por el delito que se beneficiará." Del numeral transcrito, se advierte que dicha legislación tiene por objeto establecer las bases para decretar amnistía en favor de las personas en contra de quienes estén vinculadas a proceso o se les haya dictado sentencia firme ante los tribunales del orden común, por los delitos previstos en la propia norma, cometidos hasta la fecha de entrada en vigor de la misma, siempre que no sean reincidentes por el delito que se beneficiará. Con lo anterior, se corrobora la naturaleza de las normas que regulan la figura de la amnistía, sus efectos radican hacia al pasado y en el caso no fue la excepción, pues resulta evidente que la intención del legislador no es otra sino la de favorecer a todas las personas que satisfaciendo los demás requisitos señalados por dicha ley, hubiesen cometido el hecho delictuoso con anterioridad a la vigencia de la misma. En ese contexto, se estima que el acuerdo que constituye el acto reclamado, se emitió con apego a derecho, pues como bien lo sostuvo la juez responsable, acorde con el artículo 1o. de la Ley de Amnistía del Estado de México, esta sólo es aplicable a los delitos cometidos con anterioridad a su entrada en vigor, pues no podemos soslayar que dicha legislación surgió a raíz de la necesidad de mitigar la sobrepoblación en los centros penitenciarios, sobre todo respecto de aquellas personas que cometieron delitos de bajo impacto, de ahí la restricción de limitar su aplicación a hechos delictivos cometidos con anterioridad a su entrada en vigor. Por tanto, si los hechos atribuidos a la ahora quejosa ocurrieron con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amnistía del Estado de México, es claro que no puede verse beneficiado con dicha legislación, ni aun acudiendo a la aplicación retroactiva en su beneficio en términos del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que una norma debe aplicarse retroactivamente a un particular cuando tal circunstancia le beneficie, este principio, que se deduce de la interpretación lógica del primer párrafo del artículo 14 constitucional, no opera cuando es la propia norma la que establece que los supuestos que regula sólo serán aplicables a partir de su entrada en vigor, excluyendo expresamente todas aquellas situaciones que se generaron con anterioridad a ella. No aceptar tal interpretación equivaldría a desconocer el principio de legalidad que también emana de la Constitución Federal, pues así, bajo el supuesto de una aplicación retroactiva en beneficio de un particular, se desconocería el imperio de la norma que refleja la voluntad del legislador quien, por las razones que haya estimado convenientes, dispuso con toda precisión que el nuevo régimen sólo opere hacia el futuro, vedando así cualquier aplicación retroactiva a sus postulados. Así al resultar infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Finalmente, no se formula mayor pronunciamiento respecto de los alegatos expuestos por la parte quejosa, pues los mismos no forman parte de la litis en este juicio; esto con fundamento en la jurisprudencia P./J. 27/94, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 80, Agosto de 1994, página 14, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********, por las razones establecidas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable y por lista electrónica a las demás partes. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario adscrito a este Juzgado Federal, quien da fe, hasta el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el escrito de la quejosa **************, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que vierte en vía de alegatos, las cuales se tomarán en consideración al momento de resolver el presente sumario constitucional. Notifíquese vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Ténganse al Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México, rindiendo su informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el dése vista a las partes para que expresen lo que a su derecho convenga. Con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la autoridad responsable el disco en formato DVD que remite en apoyo a su informe, sin perjuicio de ser relacionado en la audiencia constitucional. Notifíquese vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · 9,679 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano