Maria Guadalupe Guevara Islas

Expediente 858/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
858/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
14/11/2022

Partes del expediente

  • Maria Guadalupe Guevara Islas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    MESA VIII. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 84/2022 (comunicación oficial 323/2022), deducido del presente asunto, por el que se solicitó que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notificara a la parte quejosa el proveído de veinte de septiembre de dos mil veintidós. Atento a lo anterior, ténganse por recibidas las constancias de mérito, acúsese el recibo correspondiente; asimismo, dése de baja la citada comunicación oficial en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atento a lo anterior, únicamente agréguese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda, y devuélvase el presente expediente al archivo como se encuentra ordenado en proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese. QSJA

  2. Principal

    MESA VIII. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, por medio del cual remite en alcance al despacho 58/2022, comunicación oficial 242/2022, del índice de este juzgado, diversas actuaciones en relación a la notificación de la parte quejosa del acuerdo de veinte de septiembre del año en curso. Atento a lo anterior, únicamente agréguese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda, y devuélvase el presente expediente al archivo como se encuentra ordenado en proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese. EDC

  3. Principal

    MESA VIII. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que los promoventes del juicio de amparo hayan interpuesto recurso de queja, conforme al diverso numeral 99 de la citada legislación, en contra del auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por **** y *****, por propio derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que este expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por tanto, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, destrúyase dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del propio Consejo. Finalmente, se hace notar que en el presente juicio de amparo no obran documentos originales. Notifíquese. EDC

  4. Principal

    MESA VIII. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos la comparecencia de ***, mediante la cual ratifican el escrito presentado ante este órgano jurisdiccional el treinta de septiembre de dos mil veintidós, ante la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, en el que desahogó la prevención formulada el cinco de julio del año en curso. Por otra parte, en proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, se reservó acordar respecto del diverso ocurso registrado con el folio 20785, hasta en tanto los quejosos ratificaran el diverso ocurso registrado con el número de folio 20152, lo que en el caso ya aconteció: En atención a su contenido, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes. DESECHAMIENTO En esas condiciones, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, lo que es así porque en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Federal no es factible dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. [...] Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en: El auto de vinculación a proceso, dictado el nueve de febrero de dos mil veintidós por la Sala responsable dentro del toca penal ***, el cual les fue notificado el once de febrero siguiente. La audiencia de cinco de septiembre de dos mil veintidós, en donde se decretaron las medidas cautelares consistentes en firmar los primeros cinco días de cada mes ante las oficinas correspondientes y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de investigación. En esas condiciones, en el caso este órgano jurisdiccional aprecia que en relación al acto reclamado número uno, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, relativa al consentimiento tácito del acto reclamado ante la presentación extemporánea de la demanda de amparo. Para explicar la causa de improcedencia que se anuncia, se precisa que el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." Además, el precepto de referencia tiene relación con los diversos numerales 17 y 18 del mismo ordenamiento legal que disponen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Sobre esa base, en primer término se tiene que, por regla general, el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos siguientes: Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Además, se sigue que el plazo para promover el juicio de amparo se contará desde el día siguiente: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación al quejoso de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o, 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Los anteriores supuestos normativos constituyen herramientas para el órgano jurisdiccional para determinar si la presentación de la demanda se realizó de manera oportuna. Ahora, como se dijo, el acto reclamado consiste en auto de vinculación a proceso, dictado el nueve de febrero de dos mil veintidós por la Sala responsable dentro del toca penal ***; acto que, por su naturaleza, no se ubica en alguno de los supuestos de excepción establecidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que el plazo para la presentación de la demanda de amparo en su contra es de quince días. Luego, en la especie, los quejosos en su escrito de desahogo, manifestaron que dicho autos les fue notificado el once de febrero de dos mil veintidós, se cita la parte conducente para mejor referencia: ".se señaló erróneamente que el 28 de junio de 2022, nos fue notificado el auto de vinculación a proceso, siendo l fecha correcta el once de febrero del año dos mil veintidós." Manifestación anterior que, además, constituye una confesión expresa - cuyo valor probatorio es pleno -, en términos de lo dispuesto en los artículos 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo del artículo 2° de la Ley de Amparo. Entonces, se tiene que el caso el plazo de quince días para promover el juicio de amparo que nos ocupa transcurrió de la siguiente forma: ACTO RECLAMADO FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO TÉRMINO DE 15 DÍAS PARA INTERPONER DEMANDA DE AMPARO DÍAS INHÁBILES El auto de vinculación a proceso, dictado el nueve de febrero de dos mil veintidós por la Sala responsable dentro del toca penal 17/2020-CO-8 Once de febrero de dos mil veintidós (como lo manifestaron los quejosos, surte efectos el catorce de febrero siguiente). Quince de febrero al siete de marzo de dos mil veintidós. Diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de febrero, así como cinco y seis de marzo, todos del año en curso. De manera que, como se ve, el plazo para presentar la demanda de amparo contra el acto reclamado en esta instancia - conforme a la fecha de conocimiento del acto reclamado - inició el quince de febrero de dos mil veintidós y concluyó el siete de marzo siguiente, por lo que si en el caso la demanda que se acuerda se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos hasta el cuatro de julio del año en curso, es claro que a esa fecha había transcurrido el plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo para la presentación de la citada demanda, razón por la cual la misma resulta extemporánea. Ahora bien, por lo que hace al acto marcado con el número dos, se advierte la indudable y manifiesta causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" El precepto transcrito prevé el principio de definitividad de los actos jurisdiccionales, que es uno de los pilares del juicio de amparo y radica en que éste sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquéllos contra los cuales no procede recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa constitucional, el quejoso debe previamente acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Sobre esa base, los elementos con los que se integra la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional respecto de las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo (autoridades jurisdiccionales), establecidos en la transcrita fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, son los siguientes: 1. Que el acto reclamado sea -efectivamente- una resolución proveniente de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio ordinario de defensa; 3. Que ese recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, 4. Que por virtud de dicho recurso o medio ordinario de defensa, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Ahora bien, la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo referida se actualiza en el caso, pues la determinación emitida el cinco de septiembre de dos mil veintidós, mediante la cual el Juez responsable decretó las medidas cautelares consistentes en firmar los primeros cinco días de cada mes ante las oficinas correspondientes; evidencia que se trata de un acto proveniente de un tribunal judicial y, en consecuencia, que se satisface el primero de los requisitos antes señalados. Por otra parte, en lo tocante a los requisitos identificados con los números dos, tres y cuatro ya precisados, conviene invocar los artículos 160 y 467, fracciones V y VIII, del Código de Nacional de Procedimiento Penales, disponen: "Artículo 160. Impugnación de las decisiones judiciales Todas las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares reguladas por este Código son apelables.". "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: (.) V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; (.). VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; (.)." De los dispositivos legales transcritos se advierte la existencia de un medio de impugnación (apelación), el cual satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto modificar, revocar o nulificar la determinación combatida (requisito 4), está establecido en la citada codificación adjetiva penal (requisito 2) y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al procedimiento penal (requisito 3), a fin de que el Juez responsable se pronuncie. Acotado lo anterior y para el caso que nos ocupa, el numeral 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé lo siguiente: "Artículo 471. Trámite de la apelación El recurso de apelación contra las resoluciones del Juez de control se interpondrá por escrito ante el mismo Juez que dictó la resolución, dentro de los tres días contados a partir de aquel en el que surta efectos la notificación si se tratare de auto o cualquier otra providencia y de cinco días si se tratare de sentencia definitiva. En los casos de apelación sobre el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público se interpondrá ante el Tribunal de enjuiciamiento que dictó la resolución dentro de los tres días contados a partir de que surte efectos la notificación. El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el Tribunal que conoció del juicio, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, mediante escrito en el que se precisarán las disposiciones violadas y los motivos de agravio correspondientes. En el escrito de interposición de recurso deberá señalarse el domicilio o autorizar el medio para ser notificado; en caso de que el Tribunal de alzada competente para conocer de la apelación tenga su sede en un lugar distinto al del proceso, las partes deberán fijar un nuevo domicilio en la jurisdicción de aquél para recibir notificaciones o el medio para recibirlas. Los agravios deberán expresarse en el mismo escrito de interposición del recurso; el recurrente deberá exhibir una copia para el registro y una para cada una de las otras partes. Si faltan total o parcialmente las copias, se le requerirá para que presente las omitidas dentro del término de veinticuatro horas. En caso de que no las exhiba, el Órgano jurisdiccional las tramitará e impondrá al promovente multa de diez a ciento cincuenta días de salario, excepto cuando éste sea el imputado o la víctima u ofendido. Interpuesto el recurso, el Órgano jurisdiccional deberá correr traslado del mismo a las partes para que se pronuncien en un plazo de tres días respecto de los agravios expuestos y señalen domicilio o medios en los términos del segundo párrafo del presente artículo. Al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, los interesados podrán manifestar en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios ante el Tribunal de alzada." De lo antes expuesto, se desprende que en materia penal, específicamente dentro del sistema oral acusatorio que rige actualmente a partir de la reforma constitucional de dos mil ocho, conforme al procedimiento estatuido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es procedente el recurso de apelación en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial, mismas que pueden ser impugnadas ante el propio órgano judicial que las dictó, ya sea por escrito, o en la propia audiencia -como la del presente caso-, en los términos y plazos ahí indicados, con el objeto de revocarlas, nulificadas o modificarlas. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades del juez ordinario (en el caso, del Juez de Primera Instancia Especializado en Control del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Cuautla, Morelos); además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del recurso respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva. En consecuencia, si la determinación de cinco de septiembre de dos mil veintidós, mediante la cual el Juez responsable decretó las medidas cautelares consistentes en firmar los primeros cinco días de cada mes ante las oficinas correspondientes (acto reclamado 2), puede impugnarse a través del recurso de apelación en estudio y éste no se hizo valer, se estima que no se cumplió con el principio de definitividad rector del proceso constitucional. Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver, por mayoría de cuatro votos, el amparo en revisión 191/2018, en sesión de tres de octubre de dos mil dieciocho, precisó que el alcance de la citada Jurisprudencia 1a./J. 74/2017, era la de considerar que el Código Nacional de Procedimientos Penales es la legislación aplicable para tramitar y resolver los recursos ordinarios en cuestión, (por disposición expresa del artículo quinto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis), el cual señala que el mecanismo de revisión, modificación, sustitución o cese de medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva, decretadas por mandamiento de autoridad judicial en los procedimientos penales mixtos, debe realizarse en términos de lo dispuesto en los artículos 153 a 171 del citado Código Nacional, preceptos normativos entre los cuales el 160 indica que: "todas las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares [.] son apelables"; y, se insiste, más aun si se trata de asuntos iniciados bajo el Nuevo Sistema de Justicia Penal. [...] Ahora, en el caso en comento, se evidencia que la parte quejosa debió impugnar la resolución del Juez natural a través del recurso de apelación, previsto en el artículo 160 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado; asimismo, se evidencia que no por el hecho de que el quejoso esté privado de su libertad y el acto reclamado sea de naturaleza penal, significa que se actualice alguno de los casos de excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo, pues no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualesquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 del Carta Magna, en virtud de que la afectación de su libertad deriva del procedimiento a que está sometido. [...] Idéntico criterio respecto a la procedencia del recurso de apelación, sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el toca de revisión 38/2020 interpuesto en contra de la sentencia emitida el trece de enero de dos mil veinte, en el juicio de amparo 1111/2019, del índice del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria las causas de improcedencia antes analizadas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por María Guadalupe Guevara Islas y Teodoro Colín Contreras. HABILITACIÓN PARA NOTIFICACIONES EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, aún las de carácter personal. HABILITACIÓN A LOS ACTUARIOS PARA EFECTUAR NOTIFICACIONES POR MEDIO DE LISTA En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la ley de la materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con el artículo 22, fracciones I y II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En este sentido, se hace del conocimiento que, de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. QSJA

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