María Guadalupe Grado Valverde

Expediente 362/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
362/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
25/05/2022

Partes del expediente

  • María Guadalupe Grado Valverde

Actuaciones

  1. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicho auto, queda firme para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Luego, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en este asunto se dictó un acuerdo que desechó la demanda de amparo. Entonces, una vez cumplido el término de tres años, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, destruirá este expediente y remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Conforme al primer párrafo del numeral 35, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, que carece de relevancia documental, así como también que es destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada VERÓNICA URANGA LUVIANO, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Juez Primero de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 Constitucionales. En consecuencia, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el juicio de amparo ********************/2022-VI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de la demanda de amparo para verificar si se actualiza o no alguna causal de improcedencia, pues de acontecer tal circunstancia debe desecharse. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. A su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegarse a las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1º.A. J/A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente precisar que del contenido de la demanda de amparo, se advierte que el acto materia que reclama la impetrante del amparo, esencialmente se hace consistir en el proveído del veintitrés de marzo de dos mil veintidós, en el cual se acordó la negativa de las medidas provisionales de su menor hijo, consistentes en declarar a su favor la guarda y custodia, así como la fijación de una pensión alimenticia, dictado en el expediente 1255/2021, del índice de la responsable, tramitado por ******************** auto en el que aduce la parte quejosa bajo protesta de decir verdad en el capítulo de los hechos, que la responsable le negó la fijación para recibir una pensión alimenticia para el sustento de su menor hijo. Hecha tal precisión, en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, cuyo estudio es de orden público, que impone desecharla de plano. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas". Se invoca al efecto por tratar sobre el tema del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 51, del Semanario Judicial de la Federación, número 67, Julio de 1993, Materia Común, Tesis VI.1o. J/85, Octava Época, Registro 215770, del rubro y texto siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." Asimismo, tiene aplicación al tema en análisis, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 8, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Materia Común, Tesis P./J. 11/2018 (10a.), Décima Epoca, Registro 2017117, que literalmente dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Lo resaltado es propio de este Juzgado. Expuesto lo anterior, cabe señalar que la parte quejosa, en su carácter de demandada en el expediente familiar 1255/2021, del índice de la autoridad responsable, promovido por ******************** y del cual deriva el acto que reclama la impetrante del amparo, esto es, el auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, en el cual la responsable negó la fijación de la pensión alimenticia en favor de su menor hijo; empero, dicha decisión puede ser impugnada mediante el recurso que establece el artículo 88 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua. El artículo citado en el párrafo que precede, es del tenor siguiente: "ARTÍCULO 88. Los autos que no sean apelables podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso correspondiente, si se trata de la primera instancia. En la segunda, todos los autos podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso respectivo." En esa guisa, es claro que el acuerdo que reclama el impetrante del amparo, en el que se negó a fijar el pago de pensión alimenticia a la aquí quejosa, es impugnable mediante el indicado recurso de revocación, al no ser apelable por no ubicarse en los supuestos que prevé el artículo 484 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua, porque no se trata de un auto con fuerza de definitivo al no causar al inconforme un gravamen no reparable en sentencia definitiva. En las relatadas consideraciones, es claro que la amparista, antes de acudir al juicio de amparo, debió agotar el aludido medio ordinario de defensa de que dispone, en cumplimiento del principio de definitividad del acto reclamado que rige en materia de amparo, dado que no es de los casos de excepción que la misma disposición prevé, pues no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, ni se trata de orden de aprehensión, reaprehensión, auto de vinculación a proceso, o de resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, de resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, de orden de arresto o de cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Como consecuencia de lo anterior, al quedar demostrada la causa de improcedencia que prevé la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, misma que al ser manifiesta e indudable, impone desechar de plano la demanda de amparo de que se trata, respecto del referido acto reclamado, con fundamento en el artículo 113 de la Ley invocada. Se invocan en apoyo de la decisión anterior, porque las razones que las informan resultan aplicables al caso analizado, las tesis y jurisprudencias cuyo contenido y datos de localización son los siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CONTRA ACTOS EN JUICIO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, FUERA DE JUICIO O DESPUÉS DE CONCLUIDO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO PROCEDENTE CUANDO SEA DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, RESULTE IDÓNEO, EFICAZ Y SE RESUELVA EN UN TIEMPO RAZONABLE AUNQUE NO TENGA EL EFECTO DE SUSPENDER LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo dispuesto en la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos jurisdiccionales cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deberán agotarse previamente los recursos que en su caso procedan, y no se establece expresamente como excepción a esta obligación legal que dichos recursos deban suspender o no el acto reclamado, como sí acontece tratándose de los actos previstos en la diversa fracción IV del mismo precepto para la materia administrativa. Por otro lado, mediante la jurisprudencia 1a./J. 44/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.", se definió que los actos de ejecución irreparable no se ubican en un supuesto de excepción al principio de definitividad. En consecuencia, se deduce que, tratándose de actos de tribunales judiciales en materia civil, previo a la promoción del juicio de amparo contra actos dictados en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deben agotarse los recursos que en su caso procedan conforme a la ley procesal que rija la actuación del órgano jurisdiccional responsable, siempre que por su forma de tramitación sea inmediata, resulte idóneo, eficaz y se resuelva en un tiempo razonable aunque no tenga como consecuencia la suspensión inmediata de la ejecución y consecuencias de la resolución materia del recurso porque sólo se admita en el efecto devolutivo y no en el suspensivo." Lo resaltado es propio de este Juzgado. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio particular para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa; asimismo, como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ********************, de igual manera, únicamente para oír y recibir notificaciones a las licenciadas ********************. Acorde con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Finalmente, hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada VERÓNICA URANGA LUVIANO, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa el proveído de cuatro de mayo de dos mil veintidós, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo

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