María Guadalupe Gordillo Camarena
Expediente 1220/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1220/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 12/12/2017
Partes del expediente
- María Guadalupe Gordillo Camarena
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
AGRÉGUESE EL OFICIO DEL JUZGADO REMITENTE, TÉNGASELE INFORMANDO QUE ACEPTÓ LA COMPETENCIA PLANTEADA, ARCHÍVESE, ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. NOTIFÍQUESE
- Principal
AGRÉGUESE EL OFICIO POR EL QUE LA AUTORIDAD ACUSA RECIBO DEL OFICIO 46863/2017; TÉNGASE POR HECHA LA MANIFESTACIÓN QUE ANTECEDE. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS para resolver el juicio de amparo indirecto 1220/2017, promovido por María Guadalupe Gordillo Camarena, en representación de Gyllene Importaciones Sociedad Anónima de Capital Variable, contra actos de la Primera Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por violación de los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito recibido en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México el siete de septiembre de dos mil diecisiete, turnado al día siguiente a este Juzgado Federal, María Guadalupe Gordillo Camarena, en representación de Gyllene Importaciones Sociedad Anónima de Capital Variable, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se enuncia: "AUTORIDAD RESPONSABLE.- Lo es la Primera Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa." "ACTO RECLAMADO.- Lo es: LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA de fecha tres de julio de dos mil diecisiete, dictada en el recurso de reclamación interpuesto en el expediente 585/17-EC1-01-8, de la cual derivó el acuerdo de fecha primero de agosto de dos mil diecisiete, por el cual se deja sin efectos el acuerdo de diez de mayo de dos mil diecisiete, en virtud de que no procede la admisión de la demanda. SEGUNDO. La parte quejosa consideró los actos reclamados como violatorios de los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y señaló con el carácter de tercero interesado a la Aduana de México, quien fue debidamente emplazado a este juicio. TERCERO. En proveído de diez de octubre de dos mil diecisiete (fojas 131-132), este Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México admitió a trámite la demanda de amparo; requirió el informe justificado a la autoridad responsable; dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano judicial; y, señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, dio inicio en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. El suscrito, Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, carece de competencia legal para resolver este asunto por razón de grado, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 170, fracción I, 171 y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, dado que se reclama una resolución que, sin decidirlo en lo principal, da por concluido el juicio. El artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es del texto siguiente: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]." En tal precepto, se establecen las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: Tomando en cuenta lo anterior, se puede advertir que se establecen reglas para diferenciar los siguientes criterios de competencia: I) Por materia. II) Por territorio. III) Por cuantía. IV) Por grado. V) Inicial. VI) Derivada. De lo anterior, únicamente procede analizar la competencia por grado, la cual se estima aplicable al presente asunto. La competencia por grado es aquella en la cual se determina respecto de las facultades para conocer de un juicio, atendiendo, ya sea, por constituir la instancia inicial o, en su caso, para resolver respecto de los recursos que se interpongan en contra de las diversas determinaciones que se dicten en el curso del procedimiento, en contra de la sentencia de fondo. Sin embargo, también cabe señalar, que esa competencia por razón de grado se establece en relación a la naturaleza de las cuestiones de que sea objeto la litis planteada y en relación al orden jerárquico en el cual se encuentran establecidos los órganos jurisdiccionales. En ese contexto, por lo que respecta al juicio de amparo, cabe citar los artículos 34 y 170 fracción I, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "ARTÍCULO 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia." [.] "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; [.]. En este caso, se reclama la resolución interlocutoria dictada en el recurso de reclamación del índice de la Primera Sala Especializada en Materia de Comercio Exterior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el juicio de nulidad 585/17-EC1-01-8, que revoca el auto por el cual se admitió la demanda instada por la parte actora aquí quejosa, y, como consecuencia, se decretó el sobreseimiento en el juicio. Por lo anterior, este juzgador considera que carece de competencia legal por razón de grado para conocer de la presente demanda, debido a que la resolución que por esta vía se reclama, si bien no resolvió el fondo del asunto, si pone fin al juicio de nulidad, además, que se agotó el recurso ordinario correspondiente, por lo que se ubica en la hipótesis contemplada por el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo y debe ser materia de un juicio de amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.7 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la página 1107, tomo XVIII, octubre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO Y PARA QUE SE SURTA LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO LA INEXISTENCIA DE RECURSO ORDINARIO ALGUNO POR EL QUE PUEDAN SER MODIFICADAS O REVOCADAS. De conformidad con lo establecido por el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución General de la República, en relación con los diversos numerales 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de garantías directo, en tratándose de resoluciones que ponen fin al juicio, se supedita no sólo a la peculiaridad de que dicha resolución dé por terminada la instancia, sino a que en absoluto admita la existencia de un recurso ordinario que sea procedente y, por tanto, exista la posibilidad de que en esa vía, pueda ser revocada o modificada. La interpretación que al respecto se tiene, se funda invariablemente en el hecho de que una de las notas distintivas de que hace uso tanto el Constituyente como el legislador federal para estructurar tales normas, se apoya precisamente en el principio de que contra resoluciones de esa índole "no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas"; en consecuencia, para dilucidar la competencia de un Tribunal Colegiado, en el caso de resoluciones que ponen fin al juicio y, por ende, determinar "su definitividad" debe entenderse, de manera primordial, no sólo al hecho de que con esa resolución se dé por concluida la instancia, sino también al requisito sine qua non, de que el ordenamiento que la rija, no prevea algún recurso o medio de defensa, por cuyo conducto pueda ser modificada o revocada; por ello, si ese tipo de resolución admite recurso ordinario, evidentemente no será definitiva y, por consiguiente, no pondrá fin al juicio, surtiéndose la competencia de un Juez de Distrito para resolver en vía indirecta, que puede encuadrar en la hipótesis legal prevista en la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo; y si resulta lo contrario, es decir, si no admite recurso, entonces se actualizaría inobjetablemente la competencia del Tribunal Colegiado para conocer de esa resolución, a través del juicio de garantías de única instancia, en términos de los preceptos legales citados en un principio." Y por lo que informa, la Jurisprudencia 2a./J. 65/98, correspondiente a la Novena Época, con número de registro 195616, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Septiembre de 1998, página 346, que señala: "DEMANDA AGRARIA. EL ACUERDO QUE LA DESECHA, PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, PROCEDE EN SU CONTRA EL AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer, en amparo directo, de las demandas promovidas en contra de resoluciones que, sin decidir la controversia planteada, dan por concluido el juicio. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia ha estimado que el juicio se inicia, para los efectos del amparo, con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente. En tal virtud, el acuerdo que desecha una demanda agraria, constituye una resolución que pone fin al juicio, por lo que el competente para conocer del amparo, lo será un Tribunal Colegiado de Circuito, en la vía directa." En tales condiciones, con fundamento en los artículos 47 y 170 fracción I, de la Ley de Amparo, así como 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el suscrito declara carecer de competencia legal para conocer la demanda de amparo de cuenta; por tanto remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, que se estima competente para conocer de la demanda de que se trata, para que decida si confirma o revoca esta determinación. Solicítese de la manera más atenta al Tribunal a quien corresponda conocer de este asunto, el acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes. Por lo expuesto y fundado, además, con fundamento en los artículos 34, 170, fracción I, 172 fracción V y 217, de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: Único. Este Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México es legalmente incompetente por razón de grado para resolver la demanda de amparo promovida María Guadalupe Gordillo Camarena, en representación de Gyllene Importaciones Sociedad Anónima de Capital Variable, por los motivos y fundamentos expuestos en el único considerando de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
SENTENCIA: ÚNICO. ESTE JUZGADO ES LEGALMENTE INCOMPETENTE POR RAZÓN DE GRADO PARA RESOLVER LA DEMANDA DE AMPARO. NOTIFÍQUESE.
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