María Guadalupe González Barraza
Expediente 367/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 367/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- María Guadalupe González Barraza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso recurso de revisión contra la resolución de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, emitida por este juzgado de distrito; asimismo, que ya transcurrió el término de diez días que señala el numeral 86 de la Ley de Amparo, para hacerlo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se acuerda: PRIMERO. Se declara que ha causado ejecutoria la resolución de ocho de noviembre del año en curso, que sobreseyó en el presente juicio de amparo 367/2018-3, promovido por María Guadalupe González Barraza, contra el acto que reclamó del Administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. TERCERO. Por otra parte, se considera que el presente juicio es susceptible de destrucción en términos de lo expuesto en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. CUARTO. Conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Notifíquese. (3)
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, trece de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como en derecho corresponda, la intervención ministerial 192/2018, signada por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, mediante el cual formula alegatos; sin embargo, únicamente agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento, toda vez que el ocho de noviembre del actual (fojas 31 a 38), se dictó la sentencia correspondiente en el presente asunto. Por otra parte, como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º, una vez que lo permitan las labores del juzgado expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, previa razón de entrega que se deje en autos. Notifíquese. (3)
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 367/2018-3, promovido por María Guadalupe González Barraza, contra los actos que reclamó del Administrador de la Aduana de Nuevo Laredo; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, María Guadalupe González Barraza, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por el acto que a continuación se transcribe (foja 2): "[.] AUTORIDADES RESPONSABLES Señalo en su doble carácter: Al Administrador de la Aduana de Nuevo Laredo. Autoridad que tiene su domicilio en carretera Nuevo Laredo-Piedras Negras Km. 12.5, Ejido el Canelo, C.P. 88000, Nuevo Laredo, Tamaulipas. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA DE LA AUTORIDAD ÚNICO. La omisión a dar contestación de manera invariable y por escrito, en forma congruente y en breve término, a mi escrito que presenté el 17 de julio de 2018. Asimismo, la falta de notificación de la respuesta en el domicilio señalado para tal efecto. [.]" La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, y señaló como derechos fundamentales vulnerados, lo previsto en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, y mediante proveído de veinticinco de septiembre del presente año, se admitió a trámite quedando registrada con el número 367/2018-3; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 6 a 9). C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XIX, segundo párrafo. Se afirma lo anterior en virtud de que los actos reclamados son de naturaleza omisiva, los cuales carecen de ejecución material, y la demanda se presentó en esta ciudad, lugar donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional, por tanto, este juzgado de Distrito es competente para conocer sobre este asunto. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la íntegra lectura de la demanda de derechos fundamentales, se precisa que los actos reclamados a la autoridad responsable Administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, se hace consistir en lo siguiente: La omisión de dar contestación al escrito de doce de julio de dos mil dieciocho, presentado ante la responsable el diecisiete siguiente, dentro del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera AVM240170694. La omisión de notificar el acuerdo que recayera a la mencionada promoción. En la inteligencia de que la anterior fijación de los actos reclamados, se establecen en función de la interpretación armónica de los datos integrales que emanan del escrito inicial de demanda, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intención de la promovente, es decir, atendiendo a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Tomo XIX, Abril de 2004, Página 255, Materia Común, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan y, por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página sesenta y ocho, del Tomo 76, del mes de Abril de mil novecientos noventa y cuatro, correspondiente a la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dispone: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO.". No es cierta la omisión reclamada atribuida al Administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, que se hizo consistir en la abstención de dar contestación al escrito de doce de julio de dos mil dieciocho, presentado ante la responsable el diecisiete siguiente, dentro del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera AVM240170694, toda vez que al rendir su informe justificado la autoridad responsable negó la existencia del acto reclamado, lo cual se corrobora con las constancias que al efecto exhibió, de las que se desprende que en fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 20 y 21), acordó el escrito relativo, por lo que se impone sobreseer en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la existencia del acto reclamado debe analizarse por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Las consideraciones anteriores encuentran apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de la aludida Segunda Sala, cuyo rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Ahora, se estima necesario invocar las constancias allegadas en fotocopias certificadas por el Administrador Desconcentrado Jurídico de Tamaulipas "3", de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, anexas a su informe justificado de las que destacan, en lo que aquí interesa, las siguientes: 1. Escrito de fecha doce de julio de dos mil dieciocho, signado por la quejosa María Guadalupe González Barraza, recibido ante la responsable el diecisiete siguiente (fojas 26 y 27). 2. Oficio 800-52-00-03-00-2018-(CPP)-11882, de fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho, suscrito por el Jefe de Departamento de la Aduana de Nuevo Laredo, por suplencia en ausencia del Administrador de la Aduana, en cual dio contestación al libelo precisado en el punto anterior (fojas 20 y 21). Copias certificadas que tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de haber sido expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Así entonces, de las constancias reseñadas se colige que el tres de septiembre de dos mil dieciocho, se acordó el escrito de la quejosa de fecha doce de julio del año en curso, recibido ante la responsable el diecisiete siguiente, dentro del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera AVM240170694. Por tanto, si el Administrador Desconcentrado Jurídico de Tamaulipas "3", de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, desde el tres de septiembre de dos mil dieciocho, acordó el aludido escrito de la quejosa, es inconcuso que a la fecha de presentación de la demanda de amparo -veinticuatro de septiembre de esta anualidad- la omisión reclamada en esta sede constitucional era inexistente, pues el Administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, ya había emitido acuerdo en relación con la promoción de la impetrante de garantías. Ante tales consideraciones y con apoyo en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, al haber resultado inexistente la omisión reclamada, atendiendo la fecha en que se presentó la demanda de amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierta la omisión reclamada a la autoridad responsable Administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, se hizo consistir en la abstención de notificar el acuerdo recaído al escrito de doce de julio de dos mil dieciocho, presentado el diecisiete siguiente, dentro del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera AVM240170694, habida cuenta que si bien al rendir su informe justificado negó la existencia de dicha omisión, de sus manifestaciones se advierte la certeza del mismo, pues refirió que la notificación relativa se llevó a cabo hasta el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, es decir, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda; además, ello se corrobora con las documentales que al efecto acompañó adjuntas a su informe, a las cuales en el considerando que precede se les concedió valor probatorio pleno al haber sido expedidas por un funcionario público en ejercicio de su función. QUINTO. Causas de improcedencia. Este órgano jurisdiccional advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a la cual el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, por las razones que a continuación se exponen. El citado numeral textualmente establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Para demostrar la causa de improcedencia precisada, se estima necesario invocar las constancias allegadas en fotocopias certificadas por el Administrador Desconcentrado Jurídico de Tamaulipas "3", de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, anexas a su informe justificado de las que destacan, en lo que aquí interesa, las siguientes: 1. Escrito de fecha doce de julio de dos mil dieciocho, signado por la quejosa María Guadalupe González Barraza, recibido ante la responsable el diecisiete siguiente (fojas 26 y 27). 2. Oficio 800-52-00-03-00-2018-(CPP)-11882, de fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho, suscrito por el Jefe de Departamento de la Aduana de Nuevo Laredo, por suplencia en ausencia del Administrador de la Aduana, en cual dio contestación al libelo precisado en el punto anterior (fojas 20 y 21). 3. Constancias de notificación de veintisiete de septiembre de la presente anualidad, realizada al autorizado del quejoso, respecto del comunicado precisado en el punto inmediato anterior (fojas 22 a 24). De las constancias reseñadas se colige que el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se notificó al autorizado del quejoso el oficio 800-52-00-03-00-2018-(CPP)-11882, de tres de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se acordó el escrito de doce de julio del propio año; circunstancia que hace evidente que la abstención reclamada -omisión de notificar el acuerdo recaído al escrito de doce de julio de dos mil dieciocho, presentado el diecisiete siguiente, dentro del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera AVM240170694- ha cesado sus efectos. Al respecto, también debe tomarse en consideración que la demanda de derechos fundamentales fue presentada el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, esto es, con antelación a que se notificara a la parte quejosa el oficio 800-52-00-03-00-2018-(CPP)-11882, de tres de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se acordó el escrito de doce de julio del propio año, dentro del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera AVM240170694, lo que lleva a concluir que la omisión que en un principio se reclamó ha dejado de existir, pues ya se efectuó la notificación relativa a la ahora impetrante por conducto de su autorizado. Lo anterior, atendiendo a que la demanda se presentó el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, y con posterioridad a ello, es decir, hasta el veintisiete siguiente, se notificó a la quejosa el oficio 800-52-00-03-00-2018-(CPP)-11882, de tres de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se acordó el escrito de doce de julio del propio año. De ahí que, resulta incuestionable que cesaron los efectos de la omisión reclamada, restituyéndose a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental que estimó vulnerado, toda vez que constituye una situación idéntica a la que habría existido si el acto reclamado no se hubiese planteado en el mundo fáctico. Por ende, es que se arriba a la conclusión de que han cesado los efectos de la abstención materia del reclamo, en tanto que dicha causal de improcedencia obedece a que desaparecieron los motivos que concreta y específicamente originaron el juicio de amparo; de ahí que la cesación de los efectos deba ser inmediata, total y no sujeta a condición alguna, a fin de que la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, resulte ociosa por no existir ya el acto, la materia o los efectos reclamados. Ante tales consideraciones y con apoyo en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, respecto de la omisión de notificar el acuerdo recaído al escrito de doce de julio de dos mil dieciocho, presentado el diecisiete siguiente, dentro del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera AVM240170694, toda vez que el veintisiete de septiembre de la presente anualidad, se verificó la notificación relativa -cuya omisión se reclamaba-, por ende, es evidente que han cesado los efectos de la abstención reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, junio de 1999, tomo IX, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." SEXTO. Precisión jurisprudencial. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. SÉPTIMO. Publicación de sentencia. En otro orden, dado que aun cuando por auto admisorio dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece los artículos 66, 67, fracción II, y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no obstante de lo anterior, no hicieron manifestación expresa con relación a lo puntualizado anteriormente. Atento a lo anterior, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68, del ordenamiento legal antes invocado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por María Guadalupe González Barraza, respecto de las omisiones reclamadas al Administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de este fallo. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, ante José Luis Batres Antonio, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
El dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, el secretario da cuenta al juez con el estado que guardan los presentes autos, haciéndose constar que para el día de hoy está señalada la audiencia constitucional en este juicio de amparo, así como con un oficio remitido por la autoridad responsable, con un anexo. Conste.Nuevo Laredo, Tamaulipas, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con cuarenta y tres minutos de esta fecha para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de derechos fundamentales (foja 6). Por otra parte, téngase por recibido el oficio remitido por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, a través del cual remite el diverso oficio 600-60-00-04-2018-02461, signado por Administrador Desconcentrado Jurídico de Tamaulipas "3", de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, mediante el cual rinde informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las documentales que anexa a su informe, sin perjuicio de ser tomadas en consideración en su momento procesal oportuno. Como lo solicita la aludida autoridad responsable, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones y como delegados en términos del artículo 9º del propio ordenamiento, los que indica en su informe. Atento a lo anterior, y en virtud de que el informe justificado citado en líneas precedentes, no fue rendido con la anticipación de ocho días que prevé el numeral 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido; por tanto, se difiere la audiencia programada para el día de hoy y en su lugar se señalan las nueve horas con cuarenta y tres minutos del ocho de noviembre de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.(3)
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