María Guadalupe Gómez Chavarín

Expediente 1200/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1200/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
22/09/2023

Partes del expediente

  • María Guadalupe Gómez Chavarín

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico de la certificación secretarial que antecede, se advierte que el promovente de amparo no recurrido el auto de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se tuvo por desechada la demanda de amparo promovida por María Guadalupe Gómez Chavarín, para todos los efectos legales correspondiente. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En consecuencia, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Así mismo, en términos de los artículos 12, 14 y 20, fracción IV del Acuerdo General antes citado, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo, el expediente relativo es susceptible de destrucción una vez que transcurran TRES AÑOS de haberse dictado el acuerdo de asunto concluido, término que se computara a partir de que surta efectos la notificación de tal declaratoria. Hágase constar lo anterior en la carátula respectiva, en términos del diverso artículo 34. Concluido el plazo señalado, una vez al año, previamente a la realización de la vista de inspección que corresponda, se deberá destruir el expediente en el que se actúa y remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, con las formalidades a las que se refiere los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General señalado. Se hace constar que en presente asunto NO existen documentos originales aportados por las partes, ni se ordenó la formación de anexos. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo que promueve ********************, téngasele solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra de actos del Jueza Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo y otra. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número ********************, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DETERMINACIÓN Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. " Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, se hace consistir en el siguiente: "La resolución, sentencia interlocutoria de fecha 20 veinte de junio del año 2023 dos mil veintitrés, publicada la notificación por lista 22 de junio del 2023, dos mil veintitrés, mediante la cual en su resolutivo PRIMERO se declara improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la suscrita quejosa y por ende valida la notificación realizada por lista en fecha 10 diez de mayo de 2023 dos mil veintitrés, dictada por la Jueza Segunda Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, dentro del expediente de juicio ejecutivo mercantil ********************, promovido por la suscrita quejosa en calidad de consumidor respecto del Dictamen ******************** expedido por la Procuraduría Federal del Consumidor, Subprocuraduría de Servicios, Dirección General de Procedimientos, Dirección de Normativa y Dictámenes, en el expediente número: ********************" ". Sin embargo, el artículo 74 de la Ley de Amparo, autoriza al Juez de Distrito a interpretar la demanda de amparo con el objeto de desentrañar la verdadera intención de la parte quejosa, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en ella y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado y las pruebas aportadas (incluso con la totalidad de la información que obra en el expediente), en congruencia con lo dispuesto por los diversos 108, 115 y 117 del ordenamiento de referencia, según trata la jurisprudencia P./J. 40/2000 y la tesis P. VI/2004 emitidas por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, el acto reclamado lo constituye: a) La resolución, sentencia interlocutoria dictada el veinte de junio de dos mil veintitrés, mediante la cual en su resolutivo PRIMERO se declara improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la aquí quejosa y por ende valida la notificación realizada por lista el diez de mayo de dos mil veintitrés, de la resolución de nueve de la mayo de la presente anualidad, dictado por la Jueza Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, dentro del expediente de juicio ejecutivo mercantil ********************. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, del ordenamiento legal en cita, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto excepcionalmente procede contra actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional, en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intra-procesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo esa premisa, se considera que la determinación impugnada, consistente en una determinación la que se declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido en contra de la notificación que previno a la quejosa en relación a una demanda ejecutivo mercantil, no son actos de imposible reparación, por lo que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la inconforme. En efecto, el acto reclamado no es de aquellos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación, ni con su emisión se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues existe la posibilidad de que la promovente del amparo obtenga una resolución favorable a sus intereses y, en tal evento, ninguna huella quedaría en su esfera jurídica la posible violación procesal que ahora reclama. Asimismo, en caso de que la autoridad responsable emita un fallo en su contra, es factible de impugnarse como violación procedimental a través de diverso medio de defensa que, en su caso, pueda promover contra la sentencia de fondo que se llegue a emitir en el asunto de origen; por tanto, se estima que el presente juicio resulta improcedente. En relación a lo previo, debe mencionarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo en lo que es materia de estudio, que el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, ofrece mayor precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..," lo que implica que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Partiendo de ello, adujo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no resulta procedente el juicio de amparo indirecto cuando se impugnen violaciones procesales consideradas de afectación en grado predominante o exorbitante. En efecto, tomando en consideración que la determinación reclamada consiste en una determinación en la que se declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones, promovido en contra de la notificación que previno a la quejosa en relación a una demanda ejecutivo mercantil, es sostenible válidamente que los mismos no resultan de imposible reparación, por lo que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del inconforme, por ende, no afecta de manera directa alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales, por lo que se concluye que el juicio de amparo en que se actúa deviene improcedente, pues como se dijo, el acto reclamado sólo constituye, en su caso, una posible infracción procesal que puede ser reparada en favor del inconforme al momento de que se emita el fallo definitivo. Así mismo, en caso de que la autoridad responsable emita un fallo en su contra, previa la preparación legal necesaria y después de agotar los recursos ordinarios conducentes, es factible de impugnarse como violación a través del amparo directo que interponga contra la resolución de fondo que se llegue a emitir en el asunto de origen, en términos del artículo 172, fracción III de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, y con apoyo en el diverso artículo 113, todos de la Ley de Amparo, atendiendo a que el auto que por esta vía constitucional se impugna, no ocasiona una afectación de imposible reparación en la esfera jurídica del inconforme, lo que procede es desechar de plano, por manifiesta y notoria improcedencia, la demanda de amparo que se analiza. No pasa inadvertido para este juzgado, que la causa de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de derechos; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de administración de justicia pronta y expedita, el que se admitiera a trámite para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. DOMICILIO. Se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. De igual manera, se toma nota del correo electrónico y número telefónico, a efecto de entablar comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tal y como lo solicita el ocursante, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para digitalizar las constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichos medios será responsabilidad de quien los obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" En otro orden, con fundamento en el artículo 1°, fracción I, último párrafo, del referido Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente

  3. Principal

    TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DEL PROVEIDO DE DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE EL REFERIDO PROVEÍDO A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, EL CUAL ENUNCIA: "Pachuca de Soto, Hidalgo, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo que promueve ********************, téngasele solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra de actos del Jueza Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo y otra. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número ********************, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DETERMINACIÓN Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. " Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, se hace consistir en el siguiente: "La resolución, sentencia interlocutoria de fecha 20 veinte de junio del año 2023 dos mil veintitrés, publicada la notificación por lista 22 de junio del 2023, dos mil veintitrés, mediante la cual en su resolutivo PRIMERO se declara improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la suscrita quejosa y por ende valida la notificación realizada por lista en fecha 10 diez de mayo de 2023 dos mil veintitrés, dictada por la Jueza Segunda Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, dentro del expediente de juicio ejecutivo mercantil ********************, promovido por la suscrita quejosa en calidad de consumidor respecto del Dictamen ******************** expedido por la Procuraduría Federal del Consumidor, Subprocuraduría de Servicios, Dirección General de Procedimientos, Dirección de Normativa y Dictámenes, en el expediente número: ********************" ". Sin embargo, el artículo 74 de la Ley de Amparo, autoriza al Juez de Distrito a interpretar la demanda de amparo con el objeto de desentrañar la verdadera intención de la parte quejosa, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en ella y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado y las pruebas aportadas (incluso con la totalidad de la información que obra en el expediente), en congruencia con lo dispuesto por los diversos 108, 115 y 117 del ordenamiento de referencia, según trata la jurisprudencia P./J. 40/2000 y la tesis P. VI/2004 emitidas por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, el acto reclamado lo constituye: a) La resolución, sentencia interlocutoria dictada el veinte de junio de dos mil veintitrés, mediante la cual en su resolutivo PRIMERO se declara improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la aquí quejosa y por ende valida la notificación realizada por lista el diez de mayo de dos mil veintitrés, de la resolución de nueve de la mayo de la presente anualidad, dictado por la Jueza Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, dentro del expediente de juicio ejecutivo mercantil ********************. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, del ordenamiento legal en cita, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto excepcionalmente procede contra actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional, en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intra-procesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo esa premisa, se considera que la determinación impugnada, consistente en una determinación la que se declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido en contra de la notificación que previno a la quejosa en relación a una demanda ejecutivo mercantil, no son actos de imposible reparación, por lo que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la inconforme. En efecto, el acto reclamado no es de aquellos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación, ni con su emisión se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues existe la posibilidad de que la promovente del amparo obtenga una resolución favorable a sus intereses y, en tal evento, ninguna huella quedaría en su esfera jurídica la posible violación procesal que ahora reclama. Asimismo, en caso de que la autoridad responsable emita un fallo en su contra, es factible de impugnarse como violación procedimental a través de diverso medio de defensa que, en su caso, pueda promover contra la sentencia de fondo que se llegue a emitir en el asunto de origen; por tanto, se estima que el presente juicio resulta improcedente. En relación a lo previo, debe mencionarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo en lo que es materia de estudio, que el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, ofrece mayor precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..," lo que implica que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Partiendo de ello, adujo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no resulta procedente el juicio de amparo indirecto cuando se impugnen violaciones procesales consideradas de afectación en grado predominante o exorbitante. En efecto, tomando en consideración que la determinación reclamada consiste en una determinación en la que se declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones, promovido en contra de la notificación que previno a la quejosa en relación a una demanda ejecutivo mercantil, es sostenible válidamente que los mismos no resultan de imposible reparación, por lo que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del inconforme, por ende, no afecta de manera directa alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales, por lo que se concluye que el juicio de amparo en que se actúa deviene improcedente, pues como se dijo, el acto reclamado sólo constituye, en su caso, una posible infracción procesal que puede ser reparada en favor del inconforme al momento de que se emita el fallo definitivo. Así mismo, en caso de que la autoridad responsable emita un fallo en su contra, previa la preparación legal necesaria y después de agotar los recursos ordinarios conducentes, es factible de impugnarse como violación a través del amparo directo que interponga contra la resolución de fondo que se llegue a emitir en el asunto de origen, en términos del artículo 172, fracción III de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, y con apoyo en el diverso artículo 113, todos de la Ley de Amparo, atendiendo a que el auto que por esta vía constitucional se impugna, no ocasiona una afectación de imposible reparación en la esfera jurídica del inconforme, lo que procede es desechar de plano, por manifiesta y notoria improcedencia, la demanda de amparo que se analiza. No pasa inadvertido para este juzgado, que la causa de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de derechos; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de administración de justicia pronta y expedita, el que se admitiera a trámite para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. DOMICILIO. Se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. De igual manera, se toma nota del correo electrónico y número telefónico, a efecto de entablar comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tal y como lo solicita el ocursante, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para digitalizar las constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichos medios será responsabilidad de quien los obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" En otro orden, con fundamento en el artículo 1°, fracción I, último párrafo, del referido Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.Notifíquese personalmente". NOTIFÍQUESE

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